Reflexiones a favor y en contra del juicio por jurados

Como aporte al debate sobre juicio por jurados, ante la posible incorporación de esta figura al Código Procesal Penal de Neuquén, publico los párrafos que considero más relevantes de un informe realizado por el diario La Nación en 2007, y una entrevista de Página 12 a Raúl Zaffaroni en 2006. Más abajo están los links a las notas completas.

Hay preguntas que afloran de manera ineludible al analizar la implementación del juicio por jurados. Por ejemplo: ¿qué nivel de compromiso mostrarán personas que deben pasar varios días recluidas en un hotel, lejos de su familia y de sus obligaciones, cuando más del 50 por ciento de los votantes se excusa a la hora de ser fiscal de mesa? ¿Qué autoridad para ser jurado tiene una persona que paga una coima en la calle? ¿Puede acaso juzgar a otro? ¿Serían en la Argentina más influenciables los ciudadanos por parte de los medios, los acusados y los familiares de las víctimas que en países donde están aislados casi completamente?

El analista Rosendo Fraga, director del centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría, tiene sus dudas al respecto. «En general -dijo a LA NACION-, la gente apoya los juicios por jurados porque percibe este sistema como más democrático y participativo, y porque a través del cine y la TV se ha popularizado. Pero este apoyo es una actitud teórica que en el momento de los hechos puede revertirse. Convocados para integrar un jurado, muchos se resistirían por las incomodidades que implica.»

En una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la mayoría de los entrevistados opinó que la convocatoria para integrar un jurado debería ser voluntaria: el 64% se inclinó por esa opción frente a un 32,1% que sostuvo que debía ser obligatorio.

Peores fueron los resultados a la hora de evaluar la relación del juicio por jurado con la cultura de nuestro país: el 66,3% consideró que el sistema no se adapta a la cultura de los argentinos. Así y todo, si debe elegir entre un juez profesional y un vecino, la mayoría prefiere ser juzgada por sus pares (46,8% frente a un 30,9% que elegiría a un juez y a un 18,3% que dijo que dependía del caso). La mayoría (56,5%) opinó además que la justicia funcionaría mejor si se implementara el juicio por jurados, y que así habría menos corrupción (66,3%).

Con la sanción de la ley 9182, Córdoba fue la primera provincia del país en cumplir con el mandato constitucional, y la Cámara del Crimen de San Francisco, el primer tribunal en llevar adelante un juicio de estas características. Sólo que no son doce los ciudadanos sentados en un estrado sino ocho más tres jueces de carrera, ya que se optó por el llamado jurado escabinado, o impuro. La gente debe fallar en casos de corrupción, homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, entre otros delitos.

«La gente aprendió que el que condena no es el juez sino las pruebas, y que la sociedad toda debe comprometerse para que el Poder Judicial pueda responder al reclamo de justicia que impera en todo el país ante la proliferación de hechos cada vez más violentos», dijo Eduardo Soria, coordinador de la Oficina de Jurados Populares de Córdoba.

La experiencia cordobesa parece ser altamente exitosa. Así surge de una encuesta realizada por Laura Croccia, del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que depende del Poder Judicial, entre 121 personas que actuaron como jurados en juicios penales. El 97% de los encuestados calificó el hecho de haber participado como jurado como una experiencia muy positiva o positiva (66% y 31%, respectivamente), y la mayoría mejoró su opinión sobre la justicia luego de haber participado como jurado: el 19% tiene una opinión excelente, el 52% muy buena y el 27% buena.

Ni a un juez ni a un tribunal civil se les puede exigir infalibilidad. La clave del jurado, dicen sus adeptos, es que es más difícil que se equivoquen doce personas que una.

¿Cómo se detendrá la voracidad mediática en casos tan populares como, por citar un ejemplo actual, el de María Marta García Belsunce? Evidentemente, de aprobarse el sistema, los ciudadanos deberán soportar fuertes presiones de los medios de comunicación, sin olvidar la que ejercerán los acusados y los familiares de las víctimas. Hernán Gullco, director del área de litigios de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), no reniega de esa realidad. Razona que tampoco los jueces viven dentro de una burbuja y, por lo tanto, debería protegérselos de influencias indebidas.

Históricamente, cierto sector progresista ha hecho públicos sus temores a que el jurado sea muy severo contra los imputados, y especialmente con los pobres. «Esto no merece el menor análisis -dice el abogado Ricardo Caballero, coautor del libro Justicia y Participación , el juicio por jurado en materia penal -. El pueblo de Río Cuarto no salió a pedir el linchamiento del pintor imputado injustamente por el crimen de la mujer del country de Villa Golf (Nora Dalmasso), ¡salió a pedir un juicio justo! No hay que temer a las valoraciones de la gente».

Un apasionado defensor del juicio popular, Gabriel Nardiello, fiscal criminal en lo correccional, reconoce que no va a ser fácil torcer décadas de desinterés por la cosa pública. «La falta de compromiso con la democracia nos costó muertos. El argentino es así porque siente que, haga lo que haga, las cosas no van a cambiar, pero cuando se dé cuenta de que su intervención va a cambiar las cosas, se va a comprometer.»

La nota completa pueden leerla aquí.

Y esta es la opinión de Raúl Zaffaroni sobre el tema.

–¿Qué le parece el juicio por jurados? ¿Puede funcionar en Argentina?

–El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos. ¿La Constitución impone el jurado clásico o, en una interpretación progresiva, lo que manda es alguna forma de participación popular, de las que se han introducido en el mundo en los últimos 150 años? Me inclino por una interpretación progresiva en el último sentido, o sea, por los escabinos, una mayoría técnica y una minoría de ciudadanos legos ejerciendo control con su voto. En los Estados Unidos sólo un tres por ciento de los casos van al jurado, al resto los extorsionan con la “negociación”: si no acepta lo que el fiscal ofrece declarándose culpable, lo mandan al jurado, donde lo destruyen, salvo que lo defienda un abogado muy prestigioso, al que pocos pueden pagar.

–¿Los procesos con jurados son más rápidos?

–Nadie crea que el jurado hace más rápidos los juicios, por el contrario, es más complicado reunirlo y es más caro. Yo sé que hay una propaganda que va por el mundo, que quiere una justicia “express”, expeditiva, rápida, prêt-à-porter, sin papeles ni nada. Me parece una barbaridad, por mucho que la vendan en envase atractivo. En el fondo no es más que una suerte de linchamiento rápido de los pobres. Con signo diametralmente opuesto en lo político me suena al viejo “paredón, paredón”. No son chorizos lo que fabricamos, y sí así fuera, deben venir con buena carne y bien atados.

La nota completa, aquí.