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Elección popular de jueces en Bolivia: “hay que explorar nuevas formas de participación”

Algo más sobre la elección de los jueces por el voto popular en Bolivia, tema comentado aquí.

La coordinadora del CEJA Leticia Lorenzo, quien en octubre del año pasado disertó en Neuquén sobre la reforma procesal penal, trabajó en Bolivia. Aproveché su buena predisposición y le envié por correo electrónico tres preguntas básicas para tener más información sobre el proceso que ella sigue desde muy cerca.

Leticia Lorenzo es argentina, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con orientación en derecho penal (2000). Coordinadora de Estudios del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (2008 – 2011). Consultora externa de la Vicepresidencia de la República de Bolivia (2006 – 2007); Consultora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Bolivia (2004 – 2006); Consultora del Equipo de Apoyo Técnico a la Reforma Procesal Penal boliviana en adecuación normativa, reforma institucional y de capacitación (2001 – 2004)

Aquí están las preguntas y las respuestas que me envió también por correo electrónico:

Pregunta: Una de las críticas de los sectores que se oponen a la elección por el voto popular de los magistrados es el riesgo de que los partidos políticos les presten sus aparatos a los candidatos para hacer campaña, y así convertirlos en meros apéndices del sector político. ¿Cómo se puede neutralizar esta situación?

Leticia Lorenzo: En el caso puntual de Bolivia, que es el más cercano y a punto de implementar su primera elección, esto ha sido contemplado por la propia Constitución, que establece en su Art. 183.III que ni lxs postulantes ni personas externas podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas. Establece a la vez que el Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de lxs candidatxs. A su vez, el inciso IV de ese mismo Art. 183 de la Constitución establece que quienes deseen postular a un cargo judicial electivo, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución no podrán pertenecer a organizaciones políticas. Es importante aclarar que si bien este artículo se refiere específicamente a la elección de lxs integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el resto de los cargos que serán de elección popular en el sistema judicial (Magistradxs del Tribunal Agroambiental, Consejerxs del Consejo de la Magistratura y Magistradxs del Tribunal Constitucional Plurinacional) remite a este artículo para establecer el procedimiento.

Si bien aún no está claro cómo se llevará adelante este procedimiento – y como se expone más adelante existen muchas dudas sobre la apertura o no a la participación popular – lo cierto es que a primera vista parece importante diferenciar (como lo ha hecho la Constitución boliviana) la elección de cargos políticos de la elección de cargos judiciales. En tanto la primera está determinada por la campaña que puedan realizar lxs candidatxs, en el caso de la segunda se abre una posibilidad interesante para que el órgano encargado de organizar y llevar adelante la elección tenga como parte de su trabajo la función de organizar distintos espacios de debate donde lxs postulantes puedan participar y debatir sobre sus visiones de la administración de justicia y el rol judicial, acercándose a la ciudadanía, mostrando sus méritos e idoneidad y permitiendo una decisión informada por hechos concretos.

Adicionalmente, me parece importante hacer notar al lector que uno de los grandes temas en debate con relación a los nombramientos judiciales de nuestros tiempos tiene relación con la influencia política existente en las elecciones. Con esto quiero decir que aún en sistemas diseñados para la “elección técnica” (en contrapartida a la elección popular) la mano política es un factor siempre presente (la justicia federal argentina parece uno de los casos emblemáticos de esta situación). Personalmente considero interesante empezar a explorar estas nuevas formas de participación y verificar, en los hechos, si se producen mejoras en la calidad judicial, disminuciones en la influencia política en las designaciones y cambios en la cultura judicial, tradicionalmente alejada de la rendición de cuentas a la sociedad para quien desempeña funciones.

P: La otra crítica es que los jueces, una vez en el cargo, podrían tomar sus resoluciones pensando en su reelección (es decir, en cómo las tomará la ciudadanía que va a votar) antes que en el bien común. ¿De qué manera se podría controlar para que esto no suceda?

LL: Nuevamente en el caso de Bolivia, la Constitución ha procurado controlar esto a través de la prohibición de reelección: el Art. 183.I establece la prohibición de reelección para lxs Magistradxs del Tribunal Supremo de Justicia; el 188.III lo hace para lxs Magistradxs del Tribunal Agroambiental; el 194.III para lxs Consejerxs del Consejo de la Magistratura; y el Art. 200 prohíbe la reelección de lxs Magistradxs del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Pero más allá de la legislación puntual y pensando en términos generales en la posibilidad de elección de miembros del sistema judicial, considero que exista o no reelección, la elección popular debe ir acompañada del diseño de mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de lxs funcionarixs elegidos en el sistema judicial, que periódicamente presenten el trabajo realizado, la adecuación del mismo a la normativa y las tendencias en las decisiones judiciales. Uno de los temas más reclamados en la actualidad hacia el sistema judicial es la falta de predictibilidad; es decir: una persona que concurre a la justicia, así tenga un caso exactamente igual a otro que acaba de decidirse, no tiene certeza de cuál será la posible decisión que el juez tome. Y hasta suele evidenciarse en algunos casos que toman relevancia pública que las decisiones son tomadas pensando más en la opinión mediática que en los hechos concretos presentados en el marco del proceso judicial.

Considero que el hecho de tener una elección popular como método de selección de los jueces puede permitir que exista una visión más cercana y preocupada por lo que ocurre al interior del sistema judicial y esto, por sí solo, ya sería un gran avance.

P: Una de las claves del proceso de selección de jueces, sea cual sea el método utilizado (elección directa, consejo de la magistratura) es la participación popular. ¿Quién debe tener a su cargo las políticas destinadas a que la ciudadanía se informe y participe?

LL: Este es el punto más complejo en la experiencia boliviana. Ni la Constitución ni la Ley del Régimen Electoral han establecido las entidades encargadas de promover la participación popular, ni los momentos y formas de esta participación (el único artículo que hace referencia a estos temas es el 199.II, que establece que lxs candidatxs al Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser propuestxs por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígenas originario campsinos). Sin embargo, por una parte la Constitución regula en sus Arts. 241 y 242 el derecho del pueblo a la participación y control social y dentro de esa regulación puede encontrarse el anclaje para afirmar que para la elección de funcionarixs del sistema judicial deben abrirse estos mecanismos. Dentro de la regulación constitucional y electoral boliviana, encuentro que hay dos momentos, con entidades responsables diferentes para la participación:

El primer momento se encuentra a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que tanto la Constitución (Art. 183) como la Ley de Régimen Electoral (Art. 78) establecen que la responsabilidad de realizar una preselección de postulaciones para elaborar la nómina de quienes irán a la votación, es de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentablemente, esta regulación resulta escasa y en estos momentos la mayor expectativa está puesta en cómo se desarrollará esa “preselección”. Al no haberse establecido ninguna previsión en específico, un temor que ronda el proceso de selección está en que la legislatura boliviana recurra a los viejos métodos y realice ese proceso de preselección a partir de un consenso entre partidos, sin participación popular de ningún tipo. Sin embargo, experiencias anteriores de selección no muy lejanas en Bolivia y proyectos de regulación específica existentes (propuestos a partir de las previsiones constitucionales en materia de participación y control social), llevan a pensar que es probable que la Asamblea realice un proceso abierto y amplio, que podría desarrollar las siguientes etapas:

  • Apertura de postulaciones para los cargos;
  • Descarte inicial de los candidatos que no cumplan los requisitos constitucionales establecidos;
  • Publicidad de los candidatos calificados y apertura de un proceso de impugnaciones e impulsos ciudadanos a los candidatos, a partir de criterios preestablecidos (vinculados a la trayectoria e independencia profesional, el compromiso de lxs postulantes con la democracia, los derechos humanos y los valores del estado);
  • Calificación de lxs postulantes de acuerdo a un baremo previamente establecido y sistematización de las impugnaciones e impulsos recibidos;
  • Audiencias públicas con lxs candidatxs calificados;
  • Selección de lxs candidatxs a ser enviados al Órgano Electoral para la elección.

El segundo momento se encuentra a cargo del Tribunal Supremo Electoral y se vinculará ya en forma directa con la votación. Como mencionamos anteriormente, lxs candidatxs están prohibidos por Constitución de hacer campañas. En función a ello es el Órgano Electoral el encargado de difundir la elección y los antecedentes de lxs postulantes existentes.

Consideramos que si la Asamblea Legislativa Plurinacional siguiera el proceso de participación previamente descrito, el mismo debería servir como punto de partida en cuanto a los antecedentes acumulados para la promoción a cargo del Órgano Electoral. De la misma forma, una propuesta existente para esta difusión se orienta a la posibilidad de que el Órgano Electoral organice foros de discusión abiertos en los diferentes departamentos de Bolivia, donde tengan la posibilidad de participar todxs los postulantes, presentando su visión sobre el sistema judicial, su propuesta de trabajo y recibiendo las preguntas e inquietudes de la comunidad. Al tratarse de foros abiertos y con presencia de todxs los candidatxs, organizados por el propio Órgano Electoral, esto no entraría dentro de la categoría “campaña” (dado que no serían impulsados por un candidato en particular) y permitirían un conocimiento mayor de lxs candidatxs por parte de los electores.

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  1. Jose Garcia
    3 mayo 2011 13:18 en 13:18

    En primer lugar quiero destacar que me sorprende en nulo interes que tiene este tema planteado en los concurrentes a este blog, siendo que muchos de ellos son justamente magistrados y funcionarios equiparados al rango de tales. Me sorprende ademas , porque existe algunas organizaciones, por mas pequeñas que sean, que propician este sistema electivo como modo de transparencia en la gestiòn jurisdiccional. A mi criterio podria comenzarse con la eleccion de Fiscales y defensores pùblicos, en tanto son parte dentro del ansiado proceso adversarial que parece no llegar a concretarse nunca, no obstante tantos proyectos que lo proclaman y “duermen” en la Honorable Legislatura. Preservando de este modo a los jueces. Por ejemplo, no veo mal que un partido politico propicie por ejemplo una detrerminada pauta de politica criminal y lleve a su candidato /S a la Fiscalia.En igual sentido , promoviendo una fuerte accion de respaldo a los derechos humanos, propicie a los defensores publicos que mejor entiendad cumplan con esa tarea. En definitiva, mas alla de lo que expongo me gustaria haber provocado la apertura de un debate o punto de partida de opiniones, que me resisto a creer que no se vuelcan por desinteres en lo planteado.-

  1. 30 mayo 2011 15:34 en 15:34

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