La mayoría de los actos violentos fueron ejercidos por varones en el ámbito doméstico, y el 55% de las mujeres víctimas ya habían realizado denuncias previas sin obtener resultados satisfactorios.

Socorro Violeta es el sistema de ayuda legal a víctimas de violencia de género articulado entre la colectiva feminista La Revuelta y los gremios Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén y Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Lleva tres años de funcionamiento.

Al final pueden descargar en formato word su informe 2011 “construido sobre los datos volcados en las protocolas de atención, instrumento de sistematización que fue re-estructurado” para la atención en ese período.

Más información, aquí. Y un informe muy interesante de Belén Spinetta, aquí.

INFORME 2011 SOCORRO VIOLETA

¿Es posible que Acuña, actual integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Movimiento Popular Neuquino, reemplace a Moya, futuro vocal del Tribunal Superior de Justicia?

Como posible, todo es posible. El cargo es inamovible como el de un juez, y no temporal como el de un consejero.

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia” como dice la Constitución.

Sea con Acuña o con otra persona, el gobernador Jorge Sapag debe cubrir la vacante que deja Moya en el TdC.

Un detalle a tener en cuenta es que el candidato o la candidata que postule necesita acuerdo legislativo, pero la Constitución también contempla el consentimiento tácito: si en 30 días la Cámara no trata en pliego, la designación se produce en forma automática. (Inciso 23 del artículo 189, referido a las atribuciones de la cámara de diputados: “Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiere expedido”).

¿Y qué pasaría en el Consejo de la Magistratura si el candidato fuera efectivamente Acuña? Lo reemplazaría Karina Miguel, conocida por ser la primera abogada gitana de la región.

El caso que por estos días se investiga en Neuquén (ver aquí) es el de un suboficial con 23 años de antigüedad (le faltan dos para jubilarse) que baleó por la espalda a un joven ya reducido, boca abajo y a punto de ser esposado.

Algunos procuran agigantar la supuesta peligrosidad del herido, como si eso justificara que lo hayan baleado cuando estaba indefenso.

Al prestar declaración indagatoria (un acto de defensa en el que no está obligado a decir la verdad) el policía le dijo al juez que el disparo se le escapó cuando ya estaba a punto de guardar la pistola en la cartuchera que lleva pegada al muslo.

No sabemos con qué excusa ingresó con el arma cargada y sin seguro en un ambiente cerrado, junto con otros policías, para reducir a un joven que sólo tenía en su mano un cuchillo y que no había lastimado a nadie.

Supongamos que el muchacho en cuestión era realmente peligroso. Que estaba alterado. ¿Cuatro policías no pudieron reducirlo en una habitación utilizando un método racional y proporcional a la situación y al peligro potencial que representaba este joven?

Hay muchos antecedentes de casos similares, y las excusas son siempre las mismas.

Por ejemplo en setiembre de 2006, durante el juicio oral contra un policía que mató a una persona de un disparo por la espalda (ver aquí), se escucharon declaraciones como estas:

Llevo 8 años en la policía. No se nos da adiestramiento sobre cómo reducir a una persona o en el uso del arma. En mis ocho años, si fui a tirar tres veces es mucho”.

“Yo trabajo 12 horas diarias haciendo prevención, al otro día ocho horas de adicional. Tengo una familia, cuatro hijos… el poco tiempo libre se lo dedico a ellos o a descansar”.

El gobierno provincial jamás tomó nota de esta gravísima falencia. Al contrario, la minimizó. La redujo a una estrategia de defensa alejada de la realidad.

En respuesta a esas declaraciones vertidas en un juicio oral, el entonces secretario de Seguridad de Jorge Sobisch, Raúl Pascuarelli, dijo:

La fuerza está capacitada, por más que algunos digan, como estrategia defensista en algún proceso judicial, lo contrario” (ver aquí).

Siete meses después de estas declaraciones, el cabo José Darío Poblete asesinó al maestro Carlos Fuentealba disparándole por la espalda una granada de gas lacrimógeno.

Es inconcebible que los policías sigan portando armas fuera de todo control civil.

Sin capacitación sistemática y obligatoria, sin evaluaciones psíquicas y físicas periódicas, sin rendir cuentas ante nadie.

Así, se les van a seguir escapando disparos. Y siempre para el mismo lado.

CODIGO PROCESAL PENAL

Gracias Laura por el aviso.

Para verlo completo en formato pdf, click aquí abajo:

PRESUPUESTO PODER JUDICIAL

¿Cuál es la noticia desde el punto de vista periodístico? ¿Lo que reveló Sodero Nievas, o la acción de haberlo revelado?

Los diarios de hoy martes reaccionaron de diferente manera. Para algunos fue lo primero, para otros lo segundo.

En estas primeras horas posteriores a la muerte de Soria hay necesidad de conocer qué pasó, cómo pasó y quién fue el responsable, si es que lo hay. La conmoción social y la gravedad institucional del caso así lo demandan.

De modo que la primera respuesta debería ser: lo más importante es lo que reveló Sodero Nievas, aún con sus claroscuros.

Pero no debe perderse de vista otro punto sustancial. ¿Cómo hizo Sodero Nievas para acceder a la información contenida en un sumario que, en teoría, aún es secreto?

La investigación está en manos de otro juez y de un fiscal. ¿A través de qué vía se enteró Sodero Nievas de sus detalles?

Esta es la pregunta que habrá que responder cuando las aguas se calmen un poco.

Todos sabemos que hay jueces y fiscales de primera instancia que realizan consultas a los de Cámara, e incluso a los del Superior Tribunal, cuando tienen una causa compleja en sus manos. Rara vez esas consultas quedan registradas en el expediente.

La costumbre no significa que sea aceptable, más bien todo lo contrario.

¿Qué garantía tiene el ciudadano común de que su situación la está resolviendo el magistrado que tiene enfrente? ¿Y si en realidad la decisión la tomó otro juez, que para más datos se ocupará de la instancia de apelación de esa decisión que lo está afectando?

La irrupción mediática de Sodero Nievas abre una gran oportunidad de instalar este debate.

Y agrego el imperdible cruce de Sodero Nievas con Ricardo Canaletti y Fernando Carnota en TN:

El Código Procesal no es más que una herramienta. Un catálogo de derechos para la víctima de un delito y de garantías para el imputado, así como de obligaciones para los encargados de la investigación y del juicio.

Su puesta en vigencia demandará, al menos, dos años. En ese período habrá que sancionar un paquete de leyes complementarias tan importantes como el Código mismo, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias.

Pero ese no es más que el ajuste fino de la misma herramienta. La clave son los encargados de operarla.

Alfredo Alvarado Velloso, un destacado procesalista que dicta una maestría en Neuquén, dice que hace falta una nueva generación de jueces y fiscales para que la instrumentación del Código tenga una mínima garantía de éxito.

Se refiere a que los actuales están formados en el viejo sistema, el inquisitivo, donde el juez es el rey del proceso.

La afirmación cobra otro sentido en Neuquén, donde el grueso de los magistrados y funcionarios llegaron a sus cargos en una época en la que los ingresos eran en tropel, sin concurso y en muchos casos, sin control legislativo. Fue entre 2004 y 2006, los años más cuestionados del Poder Judicial, durante el último gobierno de Jorge Sobisch.

El nuevo Código pone el protagonismo en manos de los fiscales. Casi todos ingresaron o ascendieron en esa época.

Como dice Leticia Lorenzo, abogada del Inecip y asesora en el proceso de reforma, la próxima discusión que se debe instalar es quién elige a los que persiguen. El debate por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede ser uno de los escenarios apropiados.

El cuadro actual muestra que en la primera circunscripción hay 12 fiscales, 8 de primera instancia y 4 de Cámara.

Sólo 4 de ellos (una fiscal de cámara, tres de primera instancia) pasaron por el Consejo de la Magistratura y recibieron acuerdo legislativo.

El resto fueron designados por el sistema anterior, es decir, en forma directa por la voluntad de un Tribunal Superior de Justicia integrado por vocales elegidos por el ex gobernador Sobisch. Ninguno recibió acuerdo legislativo porque en esa época no se requería.

En el interior provincial la situación no es mejor: hay 3 fiscales en Cutral Co (uno de cámara); uno en Zapala; 2 en Junín (uno de cámara) y 1 en Chos Malal. Ninguno pasó por el Consejo de la Magistratura ni recibió acuerdo legislativo.

Puede argumentarse, y con razón, que así eran las reglas en aquellos años. El problema de fondo es que la mayoría de los fiscales en funciones no han hecho de la investigación de casos de corrupción una bandera; más bien parece interesarles poco ese capítulo del Código Penal.

La corrupción tampoco parece haber estado en la mente de los legisladores que aprobaron, por unanimidad, este Código: Le sacaron lustre a la chapa del juicio por jurados, la estrella de la reforma procesal, pero escamotearon la posibilidad de que ciudadanos comunes decidan si un funcionario cometió un delito desde el ejercicio de su cargo.

Así, sólo los delitos gravísimos serán ventilados por el jurado.

Si se mira a futuro, los nuevos magistrados y funcionarios surgirán de otro organismo bajo permanente controversia: el Consejo de la Magistratura, donde el poder político goza de mayoría y la representación ciudadana directa está ausente.

Los consejeros políticos que asumieron en 2011 fueron designados con los plazos vencidos y han tenido no pocos tropiezos: concursos en los que casi nadie se anota, deserciones masivas, participantes que impugnan las calificaciones, y una posibilidad cercana de que sus decisiones se judicialicen.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá (debería tener, más bien) una fuerte responsabilidad en que la instrumentación del nuevo Código sea un éxito.

Un Tribunal que, a partir de este año, volverá a estar completo con las designaciones de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag quien de esta manera, en cuatro años de gobierno, instaló ya a cuatro de los cinco vocales.

La cifra record de diputados que votaron a Moya y Cancela para vocal y defensor respectivamente sepultó los cuestionamientos que recibieron. Quedó en evidencia, por primera vez de manera clara, que el decreto llamado de autolimitación es apenas un formalismo para alegar transparencia allí donde los acuerdos políticos son los que mandan.

Puertas adentro del Poder Judicial reverdecieron las nunca olvidadas divisiones que se remontan, justamente, a aquellos años en los que reinaba el sobischismo.

La conducción de la Asociación de Magistrados, que viene marcando distancia de los actos del gobierno de Sapag, cuestionó a los candidatos por su falta de antecedentes (caso Moya) y porque no responden al perfil que consideran más adecuado para alguien que ejercerá la jefatura de la defensa y, eventualmente, de la fiscalía (caso Cancela).

La Asociación hizo pública su postura. Más discretos, un grupo de magistrados y funcionarios se reunió por su lado y elaboró una serie de notas de respaldo a Cancela.

Un debate similar se produjo entre los abogados: la conducción del Colegio respaldó a los candidatos de Sapag, y un grupo de colegiados le pidió explicaciones por la ausencia de debate previo.

El nuevo Código Procesal Penal, tan elogiado y en el que están depositadas tantas esperanzas, cabalga sobre aquel citado divorcio entre los poderes públicos y los ciudadanos, y estas fracturas internas de los operadores del sistema.

Quizá haga falta algo más que un curso de capacitación para garantizar el éxito de su implementación.

Anexos: el texto del CPP , en formato pdf, y el folleto oficial que se publicó en los medios de comunicación, en el mismo formato.

LEY 2784

FOLLETO

Que además está reglamentado por la ley 2239, que pueden descargar aquí en formato word.

En consecuencia, el vicegobernador Alberto Weretilneck completará el mandato hasta 2015.

El detalle de los feriados, aquí.

FALLO COMPLETO

Esta fue la transmisión de la lectura del veredicto: