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Posts Tagged ‘protesta social’

Un juez (casi casi) dice que el Poder Judicial no puede resolver un conflicto social

17 octubre 2012 7:03 24 comentarios

El juzgado Laboral 3 rechazó la acción de amparo mediante la cual el Colegio de Abogados de Neuquén pedía que se garantice el normal funcionamiento del servicio de justicia, afectado por medidas de fuerza de los trabajadores afiliados al gremio Sejun. La intervención judicial “ya fue descartada como mecanismo válido y eficiente para resolver un conflicto que a todas luces excede el marco de conocimiento y control jurisdiccional”, dice la resolución del juez Luis Trani (aquí en word).

El magistrado dejó en claro que “percibo diariamente las consecuencias del problema”, en alusión a los trastornos que provocan las medidas de fuerza. “Intento, al igual que muchos, ser parte de la solución. Pero en este caso no será a través de un acto jurisdiccional”, agregó.

Por otra parte, Trani tuvo en cuenta que “el servicio de justicia se ve seriamente afectado y los abogados pueden ver lesionados derechos constitucionales. Pero no es menos cierto que tanto el Tribunal Superior de Justicia como las distintas dependencias judiciales han tomado medidas de emergencia para paliar la situación”.

Mencionó por ejemplo la creación de un comité de crisis y de un protocolo de emergencia, “cuyos puntos centrales coinciden en gran medida con las medidas urgentes peticionadas” por el Colegio en su acción de amparo.

También indicó que “la solución definitiva del conflicto existente actualmente en la justicia no depende sólo del Tribunal Superior de Justicia”.

El presidente del Tribunal, Ricardo Kohon, dijo la semana pasada que no hay fondos propios para afrontar el aumento salarial que reclama el gremio, y el poder Ejecutivo decidió no enviar partidas extras destinadas a sueldos.

Por último, Trani exhortó “a las partes involucradas en la solución del grave conflicto” para que “rápidamente se encuentre una solución justa y razonable”.

(La foto es de Yamil Regules)

Casi 9 años después, echan a los policías que balearon a Alveal

12 julio 2012 8:11 3 comentarios

Pasaron casi 9 años de los hechos y 3 desde la condena. Finalmente ahora el gobierno de Neuquén echó de la Policía a dos cabos que fueron condenados por el ataque a balazos contra Pedro Alveal, quien perdió un ojo.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2003, la sentencia contra los ex policías Néstor Gatica y Elías Cifuentes quedó firme el año pasado, y mediante un decreto que tiene fecha 26 de junio (aquí en pdf) pero recién se conoce ahora, el gobernador Jorge Sapag dispuso la destitución por cesantía de ambos efectivos.

Hay cuatro policías más que fueron condenados por su actuación ese día (Diógenes Martín, Laureano Díaz, Adolfo Padilla, Leonardo Calvin Díaz Pérez, ver aquí), y otro (Daniel Rechini, ver aquí) que también recibió una sentencia en su contra por haber golpeado a Alveal un año después.

De todos ellos, sólo Gatica y Rechini fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo: 5 años y 3 años respectivamente.

Las condenas llevan la accesoria de inhabilitación. En el caso de Gatica y Cifuentes, el decreto 1250 señala que esto “constituye un insalvable impedimento para ejercer funciones policiales y para mantener la estabilidad en sus cargos”, por lo que corresponde “separar inmediatamente a los efectivos de las filas de la repartición policial”.

Alveal es un obrero ceramista que trabaja en Zanon y que tenía 20 años al momento del hecho. Participaba de una movilización en inmediaciones del estadio Ruca Che en contra de una medida dispuesta por el entonces gobernador Jorge Sobisch.

Según se demostró en el juicio oral realizado en 2009, un grupo de policías en moto que trasportaban tiradores lo persiguió varias cuadras, lo acorraló y le dispararon con escopetas desde corta distancia. El ataque está filmado.

Alveal recibió 71 impactos de postas de goma en su cuerpo, y perdió el ojo izquierdo. Herido, fue esposado, cargado a un camión y trasladado a dos comisarías, sin recibir atención médica.

Gatica fue condenado por “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”, y Cifuentes por “abuso de arma de fuego”.

Condena la Cámara Civil al gremio docente por los daños ocasionados en un corte de ruta. Fallo completo

10 abril 2012 8:00 2 comentarios

La sala II de la Cámara Civil de Neuquén condenó al gremio docente ATEN a pagarle 206.558 pesos a la concesionaria del peaje Caminos del Valle, por daños y lucro cesante ocasionados durante un corte de los puentes carreteros entre el 18 y el 29 de setiembre de 2003.

El fallo, que pueden descargar completo al final del post, no está firme, y fue considerado “un peligroso precedente” por el actual titular de ATEN, Hugo Papalardo.

La Cámara lo dictó el 4 de agosto del año pasado pero nadie lo había hecho público hasta ahora.

La sentencia fue dividida. Los jueces estuvieron de acuerdo en que ATEN debe hacerse cargo del lucro cesante de la empresa, pero discreparon respecto de los daños ocasionados en las cabinas del peaje ya que los autores no fueron individualizados.

Al respecto el juez Federico Gigena Basombrío señaló que “el hecho de que no se haya podido identificar a los autores del daño material no puede eximir de responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que su responsabilidad resulta de carácter objetivo y por haber organizado y propiciado el corte de ruta”.

Añadió: “que se produjeran daños era una consecuencia perfectamente previsible, y por tratarse de una consecuencia inmediata, le es imputable (al gremio) al no haber tomado siquiera los recaudos mínimos para evitar mayores daños a terceros”.

En coincidencia votó el camarista Marcelo Medori, quien señaló que “el sindicato asumió la efectivización concreta de la medida, comprensiva del control y la seguridad de las cosas y personas allí existentes, y de ello el riesgo que se incurriera en excesos respecto de la propia modalidad de interrupción del tránsito vehicular, produciendo los daños que luego se comprobaron”.

En minoría quedó la camarista Patricia Clerici, quien detalló que no se pudo individualizar a quienes realizaron los actos vandálicos, “y ni siquiera puede afirmarse que fueron afiliados” a ATEN, ya que del corte participaron otras organizaciones gremiales y sociales.

En cambio la jueza sí estuvo de acuerdo con sus colegas en que el sindicato debe hacerse cargo del lucro cesante, ya que “existieron decisiones asamblearias que determinaron la ocupación del puente con el consiguiente impedimento del tránsito vehicular” lo que ocasionó perjuicio económico a la concesionaria del peaje.

La medida de fuerza de ATEN se produjo en demanda de un aumento salarial. En esa época el gobernador era Jorge Sobisch, quien se postulaba para la reelección y estaba de licencia, por lo que lo reemplazaba en forma interina quien era su vice, Jorge Sapag.

El corte comenzó el 18 de setiembre a la tarde. Días después se sumó otro en Centenario.

El 28 de setiembre Sobisch ganó la reelección. Esa misma noche la policía se presentó en el puente Neuquén-Cipolletti y los docentes se retiraron.

FALLO CÁMARA CIVIL

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En un año, en dos fiscalías, en la zona más poblada de Neuquén, abrieron 122 causas por cortes de ruta y calles

27 diciembre 2011 9:52 Deja un comentario

Leo en “Río Negro” sobre el siempre controvertido tema de los cortes de ruta: Este año, en solo dos fiscalías del área Neuquén capital, se iniciaron 122 causas judiciales por cortes de ruta. La mayoría de los casos culminan con la suspensión del juicio a prueba lo que implica el cumplimiento de alguna actividad comunitaria por parte del acusado. Organizaciones y gremios rechazan la “criminalización de la protesta social”, mientras que desde la Justicia aseguran que sólo cumplen con lo establecido en el Código Penal.

La Fiscalía Federal, a cargo de Cristina Beute, intervino en 37 causas por interrupciones de tránsito sobre la ruta nacional 22 incluyendo las localidades de Cutral Co, Senillosa, Plottier, Neuquén capital y el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Mientras tanto en el equipo fiscal 2 de la Primera Circunscripción (que incluye Neuquén Capital y ciudades cercanas), se registraron alrededor de 85 causas. “Desde el momento que toma intervención la policía y comienza a tener aspecto de delito ya hay actuación judicial”, explicó la titular de la fiscalía, Gloria Lucero.

Ambas fiscales explicaron que existe un protocolo de actuación que establece que en casos de interrupciones de tránsito primero se debe constatar el hecho, luego se identifica a las personas que lo llevan adelante, se los intima a que cesen la actividad, y si en un plazo determinado no se finaliza la medida se requiere al juez, quien por lo general libra una orden de desalojo.

Tanto Beute como Lucero coincidieron en señalar que la mayoría de estas causas finaliza con probation o suspensión del juicio a prueba, en donde los imputados asumen una obligación de servicio comunitario para alguna entidad pública. Esto sucede porque los acusados, en general, no poseen antecedentes policiales y porque la escala penal admite aplicar esta solución alternativa.

Los cortes de ruta y los piquetes se institucionalizaron como modalidad de protesta hace más de una década en la región. Cutral Co y Plaza Huincul fueron los escenarios desde donde el piquete cobró una relevancia que se expandió a lo largo de todo el país. En la zona es una de las medidas que se toman en situaciones extremas para peticionar a las autoridades por derechos como educación, trabajo, salud y vivienda.

Mariano Pedrero, abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, indicó que en los últimos dos años hay alrededor de 500 procesados en toda la provincia por causas de este tipo. A nivel país el número llega a 5.000, a lo que se suman los cerca de diez asesinados en situaciones de protesta por parte de la represión policial y para-policial.

Pedrero, en consonancia con organizaciones a nivel local y nacional, denunció la criminalización que se realiza de la protesta social. “Se persigue a los trabajadores que luchan y pelean por sus derechos”, sostuvo.

Desde la Justicia, las fiscales destacaron que no hay criminalización ya que lo que se hace es cumplir con lo que establece el Código Penal en su artículo 194. “En todo caso quien criminaliza es el legislador que redactó la norma”, agregó Beute.

“Se llenan la boca hablando de cumplir leyes, si así fuera en la Constitución de Neuquén se prohíbe los despidos en masa y no movieron ni un solo dedo cuando pasó lo de la cerámica Stefani”, replicó el abogado ceramista.

Sobre las causas en las que ha intervenido, Pedrero indicó que hay un total de siete en las que están procesados alrededor de 50 trabajadores de Stefani. Este año lograron el sobreseimiento de cinco obreros de Fasinpat. “Llegamos a esto porque se pone por encima el derecho a peticionar por el trabajo y no la interrupción momentánea del tránsito. Reclamar un derecho no es un delito”, explicó el letrado.

Sobre el tema, Beute opinó que existe una “falta de eficacia para atender a los reclamos y falta de gestión de los conflictos por parte de las autoridades. Pero en la instancia judicial es necesario que se dé el debate”, aunque son pocos los casos que llegan a juicio.

Por su parte, la fiscal Lucero sostuvo que la protesta cesa cuando se comete un delito. “Probablemente haya un problema de falta de conciencia democrática, porque un tema es la protesta social y otra la violencia. Mucha gente se esconde bajo la protesta social para cometer delitos”, manifestó.

La nota es de Melina Fit.

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Declaran inadmisible el pedido de jury contra la jueza que se negó a ordenar el desalojo de una protesta gremial. Resolución completa

5 julio 2011 13:17 14 comentarios

La comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible el pedido de jury contra la jueza Gloria Martina.

Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de Instrucción de Zapala, había sido denunciada por el intendente de la ciudad, Edgardo Sapag, porque se negó a ordenar el desalojo compulsivo de la municipalidad durante una protesta gremial.

La comisión especial consideró que imputarle “mal desempeño” a la jueza por su actitud implicaría comprometer “la garantía constitucional de la inamovilidad e imparcialidad con la que debe protegerse la función del magistrado judicial”. Además la decisión de la jueza no era definitiva ni irreparable; de hecho fue apelada y revocada en una instancia superior.

En otras palabras, la comisión especial ratificó que no se puede remover a un juez por el contenido de sus resoluciones, tal como viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo dictado el martes consta del voto del fiscal Alberto Tribug al que adhieren el diputado radical Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta. Los tres integran la comisión especial que evalúa la admisibilidad o no de los pedidos de jury.

Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 17 de julio del año pasado, cuando un grupo de trabajadores municipales ocupó la intendencia durante una protesta gremial.

El intendente Sapag presentó una denuncia y pidió el desalojo. El fiscal Héctor Trova, “sin haber efectuado ninguna medida probatoria, sólo con la denuncia”, dice la resolución conocida ayer, efectuó el requerimiento de instrucción y le solicitó a la jueza Martina que realice una inspección del lugar e identifique a los manifestantes.

La jueza lo hizo, a través de la policía, y luego desestimó el pedido de desalojo. El fiscal insistió, y Martina volvió a contestarle que el conflicto en cuestión no debía criminalizarse ya que se trataba de una protesta social.

Muchos meses después, el 8 de abril de este año, aterrizó el pedido de jury de Sapag que ayer fue archivado.

El voto de Tribug rescata un párrafo de la Corte: “resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto”.

También dijo Tribug que la decisión que tomó en su momento la jueza “no constituye un actuar que implique un desconocimiento del derecho”.

El acta completa en formato word pueden descargarla aquí.

La foto es de Leo Petricio.

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La jueza Martina defendió su criterio de no criminalizar la protesta social

2 julio 2011 2:51 12 comentarios

La jueza Martina se presentó ante la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento. Aquí la crónica que escribí para el diario:

La jueza Gloria Martina defendió su independencia de criterio y pidió que se rechace el pedido de jurado de enjuiciamiento que formuló en su contra el intendente de Zapala, Edgardo Sapag. “Me están cuestionando por el modo en que dicté el fallo”, dijo la magistrada, en alusión a la resolución mediante la cual se negó a ordenar un desalojo. Agregó que “volvería a firmar la misma resolución”.

Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de instrucción de Zapala, se presentó ayer ante la comisión especial que debe definir si dclara admisible o si rechaza el pedido de jury. Ese cuerpo, integrado por el fiscal Alberto Tribug, el diputado Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta, tiene plazo hasta el 23 de julio para expedirse.

La magistrada recibió el respaldo de organismos de derechos humanos. También de la Asociación de Magistrados, el gremio judicial Sejun, Convocatoria Neuquina, el equipo de violencia familiar del hospital Zapala, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, los descamisados y la biblioteca Elordi, entre otros.

En declaraciones a la prensa luego de su pesentación, Martina consideró que “desde lo ético es importante sostener con el cuerpo lo que uno resuelve en la soledad del despacho. Por eso estoy conforme con haber venido a realizar mi descargo personalmente”.

En julio de 2010, actuando como jueza penal subrogante, Martina se negó a ordenar el desalojo del edificio municipal de Zapala, ocupado por empleados que reclamaban aumento salarial. El intendente Sapag, derrotado en las últimas elecciones, le pidió un jury. Dijo, entre otros argumentos, que fue “la primera vez que un juez de Zapala” adopta el criterio de no criminalizar la protesta social.

Al respecto Martina señaló que “los jueces estamos obligados a fallar conforme la Constitución y la ley, no de acuerdo al criterio de otros jueces. Respeto el criterio de los colegas pero reivindico para mí el derecho de que se me permita disponer del mío”.

Su defensor, Ricardo Mendaña, dijo que este es un caso testigo. “La sociedad quiere jueces con coraje cívico y valentía para sostener criterios. La actitud del intendente de ir contra la jueza simplemente porque tomó una decision adversa constituye un peligroso antecedente. Respetamos otras opiniones, pero el derecho no progresa amordazando jueces y atándoles la mano”.

La resolución completa de la jueza está al final de este post.

La comisión especial volverá a reunirse el martes 5 de julio a las 11. El orden de votación para este caso es el siguiente: Tribug, Urbieta, Inaudi.

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Sentencia absolutoria para los acusados de realizar pintadas contra Sobisch (para descargar)

30 junio 2011 16:28 1 comentario

Ante la falta de acusación fiscal sobre la que se informó aquí, hoy la jueza correccional subrogante de Zapala absolvió a todos los imputados.

No hizo lugar al pedido de la defensa para que se investigue por falso testimonio a los policías.

La sentencia completa en formato word, aquí:

FALLO JUZGADO CORRECCIONAL

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No hubo acusación fiscal en el juicio por las pintadas contra Sobisch

27 junio 2011 13:17 15 comentarios

En las paredes del edificio donde funciona el juzgado correccional de Zapala hay pintadas con diversas consignas. “¿Dónde están las causas contra los autores?”, preguntó irónicamente el abogado Federico Egea. Su inquietud no es retórica: en ese juzgado se realizó un juicio por daño calificado contra cinco personas acusadas de pintar “Sobisch asesino” en el paredón de un edificio público en Chos Malal.

Hoy el fiscal que instruyó el caso durante cuatro años, Marcelo Jofré, se dio cuenta de que no tenía pruebas en contra de los imputados y se abstuvo de acusarlos por lo que todos serán absueltos.

Jofré culpó a los policías que supuestamente vieron a los autores de las pintadas porque con su testimonio en el debate no lo ayudaron a mantener la acusación.

Nunca hubo nada, el fiscal busca echarle la culpa a alguien para justificarse”, dijo Egea, defensor de uno de los imputados, Mario Alonso. “Nunca tuvo un caso. No tenía a los autores, ni siquiera tenía un delito”, agregó.

Lo que tendrá que investigar ahora Jofré es a dos policías para los cuales la defensa pidió una causa por falso testimonio ya que incriminaron a los cinco imputados y en el juicio admitieron que no los pueden reconocer.

Todo esto sucedió en Zapala, la misma ciudad en la que se debate la actuación de la jueza Gloria Martina, quien se negó a criminalizar una protesta social.

Al pedirle un jury, el intendente Edgardo Sapag utilizó como argumento que “es la primera vez que un juez de Zapala adopta esta tesitura”.

Más sobre lo que hemos llamado el caso Alonso, aquí.

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Respaldo a Martina, la jueza con pedido de jury porque se negó a desalojar una protesta de trabajadores

22 junio 2011 20:41 26 comentarios

En las últimas horas surgieron varias expresiones de apoyo a la jueza Gloria Martina, a quien el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, le pidió un jurado de enjuiciamiento porque se negó a ordenar un desalojo.

Este jueves 23 se reunirá la comisión especial que evaluará la admisibilidad de la denuncia. Martina pidió que la escuchen antes de tomar una decisión.

La acusada es jueza de Familia en Zapala. En julio de 2010, subrogando en el juzgado penal por la feria de invierno, se negó a ordenar el desalojo de un grupo de empleados que ocupaban el edificio municipal por un reclamo laboral.

Más abajo pueden descargar completa su resolución.

La gravedad del caso es que se pretende remover a una jueza por el contenido de su sentencia.

La denuncia está a consideración de una comisión que integran el fiscal Alberto Tribug, el diputado Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta.

El caso Martina mantiene dividido al ambiente judicial de Zapala. Hay varios magistrados y funcionarios que no ven con desagrado esta embestida en su contra. Tampoco, al parecer, el colegio de abogados de la ciudad.

Después de todo Martina no proviene del riñón del Poder Judicial, ni siquiera es de la provincia. Llegó de Formosa hace unos años y por lo que me cuentan, desde el juzgado de Familia tomó algunas decisiones que molestaron.

Por algo entre los fundamentos del pedido de jurado de enjuiciamiento, al pie del cual sólo figura la firma del intendente Sapag y no de quien lo escribió, se la cuestiona porque su resolución mediante la cual no se criminaliza la protesta social “modifica criterios judiciales aplicados, siendo la primera vez que un juez de Zapala adopta esta tesitura”.

Entre las adhesiones y respaldos que recibió en las últimas horas figuran el de la Asociación de Magistrados:

La impugnación o cuestionamiento de las decisiones judiciales debe hacerse por los carriles procesales previstos en la ley, sin desnaturalizar aquellos mecanismos constitucionales que han sido previstos exclusivamente para sancionar el mal desempeño de los Jueces y no para  lograr que se cambie algún criterio o resolución jurisdiccional”.

Más abajo pueden descargar el comunicado completo.

Por su parte el gremio judicial Sejun y la organización Convocatoria Neuquina expresaron:

nuestra preocupación frente a las acciones de sectores corporativos del propio poder  judicial, que por fines absolutamente subalternos vienen hostilizando a la jueza Martina a través de denuncias, la promoción de sumarios administrativos y cuestionamientos infundadas, con el propósito de minar progresivamente su credibilidad, su independencia, y su fortaleza anímica.

El comunicado completo también está al final del post para descargar.

El miércoles, en tanto, se publicó una solicitada en el diario en defensa de la jueza. La firman militantes gremiales, sociales y políticos.

Consideramos la denuncia en su contra como una feroz embestida que sufre la jueza, victimizada exclusivamente por su claro perfil independiente y en pro de los derechos humanos. (Martina) demostró desde el inicio de su gestión, un compromiso inclaudicable con la perspectiva de género, con el acompañamiento a sectores marginados de nuestra sociedad, y que públicamente se ha pronunciado a favor de la no sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad de menores. Repudiamos enérgicamente estos actos dirigidos a castigar y disciplinar a jueces independientes”.

RESOLUCIÓN JUEZA MARTINA

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS

CONVOCATORIA Y SEJUN

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“Criminalizar la protesta tiende a disciplinar al vulnerable. En eso no me hago cómplice”. De la jueza denunciada por no ordenar un desalojo

14 junio 2011 20:40 25 comentarios

Aquí está parte de una nota que escribí para el diario, con algunos añadidos que pueden resultar de interés.

La jueza Gloria Martina consideró “un directo y certero ataque a la independencia judicial” el pedido de jury que presentó en su contra el intendente de Zapala, Edgardo Sapag. El motivo fue que la magistrada se negó a desalojar por la fuerza la municipalidad cuando estaba ocupada por empleados en huelga. “Meter el derecho penal en un lugar donde no hay delito es una criminalizacion de la protesta que lo único que tiende es a disciplinar al vulnerable para evitar que su protesta pueda ser escuchada. Yo en eso no me hago cómplice”, afirmó la magistrada.

Martina es jueza de Familia en Zapala. En la feria judicial de invierno de 2010 actuó como subrogante del juzgado de Instrucción, y en esa ocasión los empleados municipales ocuparon el hall del edificio comunal.

El fiscal Héctor Trova le pidió que desaloje “con el uso de la fuerza pública” en dos oportunidades. Pero la magistrada comprobó que la protesta era pacífica, que no se impedía el acceso del público, y que se trataba de un conflicto gremial que debía ser resuelto por la vía de la negociación. En consecuencia, rechazó los pedidos.

El viernes pasado, casi un año después de aquellos acontecimientos, la notificaron de que el intendente Sapag había pedido que le inicien un jury.

Consideró “muy preocupante” que en la denuncia en su contra se consigne que “he sido el primer juez de Zapala que se ha negado a cumplir este requerimiento de desalojo. Ahí hay un ataque directo y certero contra la independencia del juez”.

Martina será defendida en este caso por los abogados Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri.

Hasta aquí los fragmentos de la nota que se publicará mañana miércoles, si el espacio disponible lo permite.

Quizá los memoriosos recuerden el paso de la ahora jueza Martina por el Consejo de la Magistratura (a ese instante pertenece la foto vintage que ilustra el post).

Esta abogada nacida en Chaco y criada en Formosa, donde ejerció la profesión durante 25 años, ya había dejado en claro durante la entrevista personal con los consejeros cuál era su postura ante la protesta social.

Tratamos de no judicializar la pobreza. Tratamos de ver a la gente no como alguien que genera problemas sino que le podemos buscar soluciones”, dijo en ese entonces.

Sobre los cortes de ruta opinó: “En esos casos en que hay tensión entre derechos pueden mantenerse ambos, limitándolos. Por ejemplo limitar el corte de ruta a una mano, o levantarlo cada hora. Las personas tendrán demoras para circular pero no imposibilidad”.

La crónica que publiqué en el blog está aquí y la nota del diario aquí.

Como podrán comprobar si visitan los link, en ese concurso se dio un interesante contrapunto entre dos candidatas con perfiles muy distintos.

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1 a 1 a 1: fallo completo de la Cámara de Apelaciones en el caso de toma de terrenos

18 abril 2011 22:59 17 comentarios

Al final del post pueden descargar el fallo completo, cuya lectura recomiendo. A continuación algunos párrafos:

Voto del juez Daniel Varessio:

“El hecho que da origen a estos actuados ocurrió el día 21 de marzo y el Sr. Juez tenía conocimiento por oficio N° 1212 de la Comisaría decimosexta; no existe constancia alguna de recaudos tomados tanto por la prevención policial como por el juzgado a efectos de impedir que el hecho fuera llevado a consecuencias ulteriores”.

“La potestad de impedir que el delito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores es una función propia, en nuestro ordenamiento procesal, del magistrado instructor a cargo de la investigación de un delito”.

“El fundamento del Sr. Juez en el sentido de motivar su resolución de sobreseimiento en una supuesta falta de tipicidad, o en la existencia de un acuerdo entre propietario y sospechados, o bien, que no existe ninguna prueba que permita suponer que los ocupantes hayan tomado precauciones especiales para impedir que el titular del terreno se oponga u ofrezca resistencia, pierde virtualidad y resulta falaz, ya que el propietario tiene el dominio exclusivo y pleno sobre el inmueble”.

“En lo atinente a la acreditación o no de clandestinidad (uno de los medios comisivos del delito de usurpación), advierto falta de  aplicación de las normas civiles que deben en su interpretación tener un juego armónico con las normas penales, para determinar la tipificación, en su caso (de así corresponder), de una figura delictiva. El presente legajo contiene elementos que pueden prima facie conformar un despojo”.

“Ergo, el veredicto en crisis aparece, a mi juicio, pasible de nulidad“.

Voto del juez Héctor Rimaro:

“Cierto es, como (el magistrado de grado) lo revela, que no toda ocupación constituye delito de usurpación, pero a mi criterio falla al desarrollar la labor axiológica sobre el material probatorio colectado al tiempo que decidió. Este déficit en la apreciación, plasmado en la fundamentación, es el que torna merecedora la revocación del pronunciamiento, más ello dista de estarse ante una situación carente de aquella”.

“Al Ministerio Público Fiscal en su función de tutela del interés social y de la víctima, en particular, no se le dio intervención alguna, siquiera previa al testimonio recibido en sede judicial. Se lo notificó recién, por vez primera, del sobreseimiento ya decretado. Situación evidentemente irregular que no se puede consentir”.

“La mera circunstancia que el bien inmueble ocupado estuviera sin cerramiento, sin cartelería y libre de ocupantes, no implica, necesariamente, que pueda desestimarse la configuración de la hipótesis delictiva de usurpación”.

Resulta auspicioso que las decisiones judiciales respondan, entre otros parámetros, al de celeridad. Sin embargo, esta aspiración -de la que la causa que nos ocupa es paradigma-, no puede sostenerse cuando implica impedimento de acopio informativo, imprescindible para procurar alcanzar una resolución del conflicto penal que responda a cánones de legalidad y justicia”.

“El sobreseimiento en etapa instructoria requiere el arribo de certeza negativa, incompatible cuando quedan pendientes de sustanciación medidas de prueba que pueden significar importante aporte en el proceso de adquisición cognitiva en pos de la reconstrucción histórica de lo acontecido”.

“Propicio al acuerdo (…) revocar por contrario imperio la resolución apelada“.

Voto de Richard Trincheri:

Considero que el Dr. Elosú Larumbe ha dado razones justas y suficientes en la resolución recurrida, lo cual desde mi apreciación permite confirmar tal decisorio. El instructor resolvió correctamente porque de la atenta lectura de lo actuado los medios comisivos del delito de usurpación brillan por su ausencia”.

En la posición de la fiscalía hay una marcada contradicción observable en forma patente. Declama tal organismo haber sufrido una suerte de exclusión por parte del juez en lo actuado pero, al mismo tiempo, surge del expediente que contó con la información que le proporcionó la prevención desde el inicio mismo de la investigación (…) y sin embargo adoptó una posición absolutamente pasiva hasta conocido el sobreseimiento apelado”.

“La posición de la querella es más genuina, justificada y desprovista absolutamente de hipocresías; se trata de víctimas que indudablemente han sufrido y sufren perjuicios patrimoniales por la ocupación, aunque reitero no parece ser este el fuero al que deben ocurrir”.

Ni uno ni otro apelante aportan un solo elemento objetivo, una diligencia a realizar, etc., que nos indique la existencia efectiva de la clandestinidad en el accionar de los ocupantes. Solamente se limitan las partes a expresar su disconformidad con la decisión del magistrado que la tuvo (a la clandestinidad) como ausente pero omiten señalar algún dato que pudiera ser incorporado al expediente y con ello torcer el temperamento adoptado. Las partes no aportan tales datos porque no existen”.

No encuentro motivos para tener abierta una investigación sine die cuando sabemos que hoy o dentro de dos años estará siempre en camino trunco”.

“Concluir de tal manera no es otorgar una carta blanca para ocupar terrenos porque el accionar de los involucrados puede ser repelido en el ámbito del derecho civil”.

“Considero que debe confirmarse el auto recurrido y sobreseer a todos los imputados. Dado el término en el que correspondió la emisión de mi voto, existiendo ya mayoría, y debiendo optar a los fines formales entre las dos soluciones que anteceden, lo hago por la postura de revocar el decisorio“.

(La foto es de Leo Petricio)

RESOLUCIÓN CÁMARA DE APELACIONES

RESOLUCION ELOSU LARUMBE

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La presión sobre la Justicia que a nadie le preocupó

18 abril 2011 14:56 22 comentarios

La Cámara Provincial de Apelaciones dio vuelta hoy el fallo del juez Alfredo Elosu Larumbe sobre la ocupación de un lote privado en Neuquén.

¿Casualidad?

Actualización: todavía no distribuyeron copia del fallo. Pude averiguar que:

El juez Daniel Varessio votó por declarar nula la resolución de Elosu Larumbe.

El juez Héctor Rimaro votó para que sea revocada.

Richard Trincheri votó para que sea ratificada.

Ante este 1 a 1 a 1, y como Trincheri quedó en minoría (los otros dos votos tienen el mismo efecto práctico), adhirió al voto de Rimaro.

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Toma de terrenos: ¿Y si la Cámara de Apelaciones no resuelve como espera el gobierno?

14 abril 2011 8:30 5 comentarios

El gobierno provincial de Neuquén sigue aparentando que se ocupa de las tomas de terreno con su apuesta al desalojo violento. Pero hasta ahora la justicia no oficia de cómplice: en los últimos días se archivaron por lo menos otras dos denuncias por “inexistencia de delito”, y la Cámara Provincial de Apelaciones viene fallando que no se configura el delito de usurpación en estos casos.

Mal no le viene al gobierno, porque como se dijo aquí, no sabría qué hacer con una orden de desalojo.

Además tiene oportunidad de correr el eje de la disputa: focaliza el debate en torno de decisiones judiciales y esquiva el abordaje de la cuestión de fondo, que implica soluciones más complejas que el uso del garrote.

Por eso el martes, en vez de ir a la Legislatura un equipo de funcionarios del área de vivienda o de acción social, la voz cantante la tuvo el secretario de Seguridad. Y los medios cosecharon su mensaje, destinado a infundir temor, porque supuestamente se descuida la prevención debido a la cantidad de policías destinados a vigilar los terrenos.

Por eso el gobierno amplifica el debate en torno de la calidad de los ocupantes de parcelas en la ciudad y se silencia toda referencia a los empresarios que se hicieron de vastas extensiones de tierras bajo modalidades que sí merecen investigación judicial.

Por eso manda a la fiscalía de Estado a constituirse en Amicus curiae de la Cámara Provincial de Apelaciones para influir en su decisión en el tema “usurpaciones”, pero no es querellante en esos otros casos en los que se presume que existió perjuicio para el Estado por la cesión o venta a precio irrisorio de tierras fiscales.

En su presentación, la fiscalía de Estado dijo que:

el gobierno no puede ser indiferente a la generación de precedentes que avancen en sentido contrario a los derechos y garantías constitucionalmente protegidos, en este caso el derecho de propiedad”.

La fiscalía de Estado representa al Estado, no al gobierno como dice el texto. Y entre los derechos protegidos por la Constitución, también figura el acceso a la vivienda. Pero de eso no se habla.

Sobre la Cámara Provincial de Apelaciones están puestos los ojos en estas horas. Antes de semana santa se conocerá el fallo en lo que se ha constituido un caso testigo: la toma del lote de José Jaureguiberry, que para el juez Alfredo Elosu Larumbe no constituyó delito.

Habrá que ver si los jueces de las Cámara se apartan de sus fallos anteriores, en los cuales determinaron que la vía penal no es la correspondiente para estos casos.

Conseguí una serie de resoluciones de la Cámara en ese sentido. Los fallos fueron divididos: Richard Trincheri y Héctor Rimaro formaron mayoría, contra la opinión en minoría de Daniel Varessio.

Hay un párrafo muy interesante en un fallo del 20 de agosto de 2009 respecto de una toma de terrenos de Corfone:

la problemática habitacional necesita de otras acciones para ser revertida, y que no son las que se ejercen en el plano judicial”.

Lo escribió el camarista Héctor Rimaro, quien también se preocupó por aclarar:

Lo dicho (que no se configura el delito de usurpación) no implica desprotección a la víctima por parte del Poder Judicial sino, simplemente, que los derechos deben hacerse valer en la órbita pertinente. A mayor claridad, el ordenamiento civil prevé vías adecuadas para obtener la restitución del bien que ha sido objeto de ilegítima ocupación sin necesidad de interpretar, forzadamente, que esa ocupación es delito”.

Posiblemente si el fallo en el caso Jaureguiberry es contrario a sus intereses, la provincia intente llegar al Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto seguirá pasando el tiempo y librando la batalla en el territorio equivocado.

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La toma, el desalojo y las preguntas que no se plantean

2 abril 2011 16:02 11 comentarios

Un repaso a los temas que han dominado la agenda en los últimos años nos permite comprobar que los asuntos tratados nunca están contextualizados, no se presentan los antecedentes que permiten comprenderlos y menos aún comparaciones para poder valorarlos en su justa medida (…)

“El doctor en Ciencias de la Comunicación Vicente Romano destaca que la información se presenta descontextualizada, esto es, incomprensible. Se ofrecen unas cifras pero se callan otras. Se presentan determinados hechos y no se discuten los motivos ni las condiciones sociales que los provocan”.

Pascual Serrano: Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo.

En los últimos días las radios neuquinas se concentraron el discutir la resolución del juez Alfredo Elosu Larumbe (en este post la pueden descargar completa) quien dictaminó que no hubo delito en una ocupación en particular de un terreno privado en particular.

Pero dejaron pasar, una vez más, la oportunidad de profundizar sobre las causas de las ocupaciones.

Con el foco puesto en el concepto binario desalojo sí/desalojo no, entrevistaron por ejemplo a Marcelo Inaudi, diputado radical y abogado, quien se limitó a responder desde lo técnico:

Si el juez estimó que para ocupar, para ingresar al terreno, no medió violencia, no medió clandestinidad, entonces no hay delito, y en ese caso el juez tendría razón”.

Las radios también procuraron una identificación de la audiencia con el foco que querían darle a la noticia.

En Neuquén son minoría quienes tienen un terreno baldío; pero son más los que tienen una casa. Qué mejor entonces que establecer un paralelo caprichoso entre la ocupación de un lote con el de una vivienda.

Eso estuvo a cargo del contador Marcelo Bermúdez, concejal del Pro:

Lo que yo veo es que este juez interpreta estas condiciones siempre a favor de los delincuentes, es decir, si el juez interpreta la violencia para una usurpación en el hecho de que por ejemplo usted está en su casa y viene un usurpador y le pega y se hace de la casa, bueno, es una interpretación. Ahora, si vienen 300 personas a su casa, seguramente usted no va a enfrentar a esas 300 personas, se va a ir y para este juez la interpretación va a sr que no hubo violencia porque usted se fue y dejó a estos muchachos que le tomen la casa”.

El efecto está logrado, el miedo ahora alcanza a más personas. La casa es sagrada, en Neuquén aún se recuerda el caso de Raúl Pilli, quien se quemó a lo bonzo durante un desalojo, o el del canillita Rubén Arias, muerto en similares circunstancias.

En Neuquén la policía ni siquiera puede hacer un allanamiento sin que termine todo en una batalla campal, menos estaría en condiciones de desalojar pacíficamente un lote donde están asentadas 200 familias.

Pero el foco tampoco estuvo ahí.

Otro de los entrevistados fue el juez del Tribunal Superior de Justicia Oscar Massei. Aunque se lo convocó para que se moviera dentro del eje desalojo sí/desalojo no, Massei mencionó sin que se lo preguntaran otras facetas a tener en cuenta:

Hay responsabilidad de los municipios, de los propietarios. La municipalidad tiene que obligar a que se cerquen todos los baldíos, esto es una obligación, lo dice una ordenanza que no se cumple”.

“No es casual cuando ocurren estos hechos. Si usted hace un análisis de los últimos diez años, se da cuenta de que cuando llegan estas etapas (electorales) empiezan todas estas situaciones que apuntan a generarle inconvenientes a quien está gobernando”.

No hubo repreguntas a Massei sobre estos aspectos del problema.

Una de las pocas voces oficiales que hablaron por radio fue el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Gabriel Gastaminza, quien se mantuvo dentro del eje propuesto:

Podemos colaborar en atender las necesidades reales y legítimas, pero paralelamente con mucha firmeza, planteando la condena hacia la ocupación ilegal de terrenos, porque si no es imposible vivir en una sociedad organizada”.

También dentro del oficialismo, se entrevistó a la diputada nacional Alicia Comelli, a quien se dejó hablar como si no perteneciera o no hubiera ejercido cargos dentro del Movimiento Popular Neuquino que gobierna la provincia desde la década del 60:

El derecho a la vivienda es un principio rector. Debe involucrar a través de políticas públicas desde el municipio, loteos sociales, desde la provincia, la Nación, todos, pero no pretender que sea el Código Penal el que resuelva los problemas de falta de viviendas que realmente existen”.

En todos estos días, entonces, las radios se concentraron en convocar a voceros que analizaran la situación desde el planteo desalojo sí/desalojo no. Y a quienes rozaron otros aspectos, no les pidieron profundidad.

En ningún momento se interpeló la política de viviendas de los gobiernos del MPN. No se convocó a ningún funcionario de Acción Social para conocer la situación de las familias que no tienen acceso a la vivienda. No se intentó explicar por qué los alquileres en Neuquén cotizan como en Puerto Madero. Ni en cuántas manos está la tierra. Ni la política de impuestos hacia la tierra improductiva. Ni se habló de la especulación inmobiliaria. Ni de la distribución del ingreso en una provincia con presupuesto de emirato. Ni tantos otros ítems que se podrían haber abordado.

Es difícil predecir si el Estado cambiará sus políticas por la mera formulación de estas preguntas. Pero en la medida que no se planteen, los problemas seguirán invisibilizados.

La ilustración corresponde a la cierta vez que un juez ordenó un desalojo de un terreno privado, en abril de 2006. La información pueden leerla aquí.

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Otra vez el gobierno de Neuquén quiere usar el Código Penal para ocultar el foco del problema social

31 marzo 2011 11:48 27 comentarios

Volvemos a ocuparnos de la toma de terrenos. Y, especifiquemos, de las tomas que hacen aquellas personas que reclaman una vivienda, no de las ocupaciones de empresarios, como esta de 200 hectáreas en Picún Leufú por la que nadie se indigna ni pide intervención judicial.

Leí estas declaraciones del subsecretario de Seguridad, Guillermo Pellini: “Estamos atados de pies y manos”, porque la Justicia no ordenó el desalojo de la toma en el oeste de la ciudad de Neuquén.

Después lo escuché quejándose por radio del mismo tema.

Me preguntó qué haría si tuviera esa orden a su disposición. ¿Iría con la policía a desalojar a 200 familias? ¿Sabe cómo manejar una situación así? ¿Tiene la gente capacitada para eso? ¿Es la solución que realmente considera la más conveniente? ¿Lo haría Pellini, quien no firmó el acta acuerdo (ninguna provincia lo hizo) propuesta por el gobierno nacional para definir la forma de actuar de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas?

A esta altura, una orden de desalojo es lo peor que le podría pasar al gobierno de Neuquén porque no la podría ejecutar, y caería en el incumplimiento de una orden judicial.

¿Entonces cuál es la solución?

Como en tantos otros conflictos, la solución es que el Estado intervenga antes de que los conflictos lleguen a este punto.

Porque una provincia que este año tendrá ingresos por 7.096 millones de pesos para una población de 550.000 habitantes y que es aliada del gobierno nacional, no puede darse el lujo de tener semejante déficit habitacional. Cargo que comparten la administración Sapag y los ocho años de sobischismo que le precedieron.

¿O no sabe el gobierno que tiene en sus registros 25.000 pedidos de vivienda?

Entonces, seguir esperando que las respuestas aparezcan desde el Código Penal no sólo es equivocado, sino que intenta ocultar el verdadero foco del problema.

Aquí abajo pueden descargar, en formato word, la resolución del juez Alfredo Elosu Larumbe que explica por qué no hay delito en la ocupación del predio de Juan Jaureguiberry, que anticipé en esta nota publicada en el diario.

RESOLUCIÓN JUEZ ELOSU LARUMBE

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Reincorporaron a Mario Alonso, el empleado judicial que irá a juicio por las pintadas contra Sobisch

13 diciembre 2010 12:09 Deja un comentario

El Tribunal Superior de Justicia reincorporó a Mario Alonso, el empleado que había sido suspendido porque irá a juicio oral acusado de hacer pintadas contra Jorge Sobisch.

Los antecedentes del caso están aquí.

Recordarán que Alonso fue suspendido por una interpretación que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la ley orgánica del Poder Judicial.

Dos fallos le dieron la razón a Alonso: uno del juez laboral Manuel Ruiz, confirmado luego por la sala II de la Cámara Civil.

El punto 12 del acuerdo del TSJ del 9 de diciembre pasado (ver aquí)que recién se publicó hoy, dice:

“Visto y considerando la resolución dictada por la Excma. Cámara Civil local, en la que confirma lo resuelto por el Juzgado Laboral N° 4, en los autos “ALONSO MARIO ANGEL CONTRA PROVINCIA DEL NEUQUEN SOBRE ACCIÓN DE AMPARO”, Expte. N° 427522/2010 del registro del Juzgado Laboral N° 4.- Que en el pronunciamiento de primera instancia se hace lugar a la acción incoada, dejándose sin efecto el Acto administrativo de suspensión y ordenándose la reincorporación del agente. Por ello, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente, por lo que de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Disponer la reincorporación del Sr. Mario Ángel Alonso a su categoría de revista, a partir del viernes 10 de diciembre del año en curso. 2°) Disponer que por la Administración General, se abone al nombrado los salarios correspondientes a partir de la fecha de suspensión, debiendo adicionarse al momento de la liquidación los intereses que se calcularán tomando en cuenta la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén”.

Imagen tomada de aquí.

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También la Cámara Civil ordenó reincorporar a Mario Alonso, el empleado que irá a juicio por las pintadas contra Sobisch

2 diciembre 2010 12:58 3 comentarios

La Sala II de la Cámara Civil acaba de ratificar que debe ser reincorporado Mario Alonso, el empleado judicial suspendido porque irá a juicio por hacer pintadas contra Jorge Sobisch.

En este post están los antecedentes del caso y el fallo del juez Manuel Ruiz, que declaró nulo el punto 5 del acuerdo 4569 del Tribunal Superior de Justicia del 22 de setiembre pasado que había dispuesto la suspensión sin goce de haberes de Alonso.

El fallo de la Cámara es unánime. Pueden descargarlo completo más abajo en formato word.

Rescato algunos párrafos de la jueza Patricia Clérici y del juez Federico Gigena Basombrío, que lo firman:

“La demandada (el Tribunal Superior, representado por la fiscalía de Estado) sienta su principal argumento para rebatir la ilegitimidad y arbitrariedad manifiestas que encuentra el juez de grado en el acto administrativo emitido por el Tribunal Superior de Justicia en la presunción de legitimidad de que goza todo acto de esa naturaleza de acuerdo con el art. 55 de la Ley 1284, sin hacerse cargo de los contundentes argumentos desarrollados por el a quo en su sentencia en orden a la letra del art. 26 de la Ley 1436, las diferencias entre los institutos de la prisión preventiva y el auto de elevación a juicio, la veda legal a la interpretación analógica en materia penal, y por extensión al campo sancionatorio administrativo y la afectación del debido proceso. Tal falencia resulta suficiente, por sí sola, para rechazar la apelación sin más trámite en lo que a este aspecto refiere, ya que, en definitiva, han quedado firmes todas las bases en que se asienta el resolutorio de primera instancia”.

“No obstante ello, cabe destacar que la presunción de legitimidad que tiene todo acto administrativo regular solamente rige hasta que su nulidad haya sido declarada por autoridad competente”.

“Resulta palmario, por otra parte, que existe una discordancia ente la situación del agente Alonso y la regla legal en la que se ha fundado su suspensión. De la lectura del referido artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial surge, como bien lo ha destacado el a quo, que los recaudos que habilitan la suspensión que la misma prevé son dos: a) imputación de delito doloso, y b) dictado de la prisión preventiva, en tanto que la suspensión cuestionada se funda solamente en el primero de aquellos, encontrándose ausente el dictado de la prisión preventiva”.

“Si bien resultan lógicas las conclusiones del Tribunal Superior de Justicia en orden al grado de probabilidad de que el imputado haya cometido el delito por el que se lo acusa y que determina la elevación a juicio de la causa, “aún admitiendo la existencia de un derecho penal administrativo con cierta autonomía, nuestros autores se pronuncian por la aplicación de la normativa general del Código Penal en ausencia de las disposiciones pertinentes en la ley especial y siempre que sean congruentes con la naturaleza jurídica de la falta…”, por lo que la interpretación analógica que postula la autoridad administrativa no tiene cabida en materia disciplinaria, y menos aún cuando ella se utiliza en perjuicio del agente”.

“La suspensión automática del agente judicial, o cualquier otro funcionario acoto, en virtud de haberse requerido la elevación a juicio, vulnera el principio de inocencia reconocido tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial (…) sin que se advierta en el caso, ya que ni siquiera fue alegado en el Acuerdo Administrativo cuestionado, ni en el proceso, que el hecho de permanecer en funciones por parte del acusado pueda obstaculizar el proceso penal”.

ALONSO – SENTENCIA CÁMARA

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Ordenan reincorporar a Mario Alonso, el empleado que irá a juicio por hacer pintadas contra Sobsich

29 octubre 2010 18:24 17 comentarios

Un juez laboral acaba de disponer que se reintegre en su puesto a Mario Alonso, el empleado judicial de Chos Malal suspendido porque será sometido a juicio debido a que realizó pintadas contra Jorge Sobisch horas después del asesinato de Carlos Fuentealba.

El juez es Manuel Ruiz (foto), quien hizo lugar a la acción de amparo presentada por Alonso (tema comentado en este post donde encontrarán el texto completo del recurso que en su momento presentó patrocinado por el abogado Federico Egea).

El sindicalista fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia mediante el acuerdo 4659 que aplicó el artículo 26 de la ley orgánica del Poder Judicial.

Ese artículo impone la suspensión cuando exista auto de prisión preventiva, supuesto que no se da en este caso. El TSJ equiparó esa privación de la libertad dispuesta por el estado en casos excepcionales con la elevación a juicio de la causa por un delito ínfimo.

El juez Ruiz, en el capítulo 8 de su resolución, marca con firmeza: “Evidentemente el Juez o Tribunal en su caso debe valorar al aplicar una norma como la presente con la mayor prudencia y razonabilidad”.

“Sin duda, más allá, de los casos en que el encartado se encuentre sometido a prisión preventiva existirán situaciones excepcionales donde las características del delito imputado impiden su retorno a la función como medida preventiva hasta que se resuelva la causa a su favor. Así por ejemplo un asesino serial o alguien acusado de cohecho, o malversación de fondos públicos”.

Pero no es el caso de autos donde la imputación refiere a haber dañado la propiedad pública haciendo pintadas referenciadas al entonces Gobernador y el fallecido maestro Fuentealba ya que no existe peligro ni para las personas ni para los bienes del lugar de trabajo”.

En la parte resolutiva hace lugar a la demanda de Alonso “y en consecuencia, se declara la nulidad por arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas” del Punto 5 del acuerdo del Tribunal Superior de Justicia 4569 del 22 de setiembre pasado “en cuanto lo suspenden preventivamente de sus funciones y sin goce de haberes; por resultar la resolución atacada ostensiblemente atentatoria a lo dispuesto por la Constitución Nacional, Normas de Derecho Internacional y la Constitución Provincial y la Ley 1284”.

“Dispónese la reincorporación del actor a su trabajo y el pago de salarios devengados y no percibidos en el término de dos días hábiles contados a partir de su notificación. Costas a cargo de la demandada vencida”.

SENTENCIA MARIO ALONSO

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