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Posts Tagged ‘protesta social’

Un juez (casi casi) dice que el Poder Judicial no puede resolver un conflicto social

17 octubre 2012 7:03 24 comentarios

El juzgado Laboral 3 rechazó la acción de amparo mediante la cual el Colegio de Abogados de Neuquén pedía que se garantice el normal funcionamiento del servicio de justicia, afectado por medidas de fuerza de los trabajadores afiliados al gremio Sejun. La intervención judicial “ya fue descartada como mecanismo válido y eficiente para resolver un conflicto que a todas luces excede el marco de conocimiento y control jurisdiccional”, dice la resolución del juez Luis Trani (aquí en word).

El magistrado dejó en claro que “percibo diariamente las consecuencias del problema”, en alusión a los trastornos que provocan las medidas de fuerza. “Intento, al igual que muchos, ser parte de la solución. Pero en este caso no será a través de un acto jurisdiccional”, agregó.

Por otra parte, Trani tuvo en cuenta que “el servicio de justicia se ve seriamente afectado y los abogados pueden ver lesionados derechos constitucionales. Pero no es menos cierto que tanto el Tribunal Superior de Justicia como las distintas dependencias judiciales han tomado medidas de emergencia para paliar la situación”.

Mencionó por ejemplo la creación de un comité de crisis y de un protocolo de emergencia, “cuyos puntos centrales coinciden en gran medida con las medidas urgentes peticionadas” por el Colegio en su acción de amparo.

También indicó que “la solución definitiva del conflicto existente actualmente en la justicia no depende sólo del Tribunal Superior de Justicia”.

El presidente del Tribunal, Ricardo Kohon, dijo la semana pasada que no hay fondos propios para afrontar el aumento salarial que reclama el gremio, y el poder Ejecutivo decidió no enviar partidas extras destinadas a sueldos.

Por último, Trani exhortó “a las partes involucradas en la solución del grave conflicto” para que “rápidamente se encuentre una solución justa y razonable”.

(La foto es de Yamil Regules)

Casi 9 años después, echan a los policías que balearon a Alveal

12 julio 2012 8:11 3 comentarios

Pasaron casi 9 años de los hechos y 3 desde la condena. Finalmente ahora el gobierno de Neuquén echó de la Policía a dos cabos que fueron condenados por el ataque a balazos contra Pedro Alveal, quien perdió un ojo.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2003, la sentencia contra los ex policías Néstor Gatica y Elías Cifuentes quedó firme el año pasado, y mediante un decreto que tiene fecha 26 de junio (aquí en pdf) pero recién se conoce ahora, el gobernador Jorge Sapag dispuso la destitución por cesantía de ambos efectivos.

Hay cuatro policías más que fueron condenados por su actuación ese día (Diógenes Martín, Laureano Díaz, Adolfo Padilla, Leonardo Calvin Díaz Pérez, ver aquí), y otro (Daniel Rechini, ver aquí) que también recibió una sentencia en su contra por haber golpeado a Alveal un año después.

De todos ellos, sólo Gatica y Rechini fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo: 5 años y 3 años respectivamente.

Las condenas llevan la accesoria de inhabilitación. En el caso de Gatica y Cifuentes, el decreto 1250 señala que esto “constituye un insalvable impedimento para ejercer funciones policiales y para mantener la estabilidad en sus cargos”, por lo que corresponde “separar inmediatamente a los efectivos de las filas de la repartición policial”.

Alveal es un obrero ceramista que trabaja en Zanon y que tenía 20 años al momento del hecho. Participaba de una movilización en inmediaciones del estadio Ruca Che en contra de una medida dispuesta por el entonces gobernador Jorge Sobisch.

Según se demostró en el juicio oral realizado en 2009, un grupo de policías en moto que trasportaban tiradores lo persiguió varias cuadras, lo acorraló y le dispararon con escopetas desde corta distancia. El ataque está filmado.

Alveal recibió 71 impactos de postas de goma en su cuerpo, y perdió el ojo izquierdo. Herido, fue esposado, cargado a un camión y trasladado a dos comisarías, sin recibir atención médica.

Gatica fue condenado por “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”, y Cifuentes por “abuso de arma de fuego”.

Condena la Cámara Civil al gremio docente por los daños ocasionados en un corte de ruta. Fallo completo

10 abril 2012 8:00 2 comentarios

La sala II de la Cámara Civil de Neuquén condenó al gremio docente ATEN a pagarle 206.558 pesos a la concesionaria del peaje Caminos del Valle, por daños y lucro cesante ocasionados durante un corte de los puentes carreteros entre el 18 y el 29 de setiembre de 2003.

El fallo, que pueden descargar completo al final del post, no está firme, y fue considerado “un peligroso precedente” por el actual titular de ATEN, Hugo Papalardo.

La Cámara lo dictó el 4 de agosto del año pasado pero nadie lo había hecho público hasta ahora.

La sentencia fue dividida. Los jueces estuvieron de acuerdo en que ATEN debe hacerse cargo del lucro cesante de la empresa, pero discreparon respecto de los daños ocasionados en las cabinas del peaje ya que los autores no fueron individualizados.

Al respecto el juez Federico Gigena Basombrío señaló que “el hecho de que no se haya podido identificar a los autores del daño material no puede eximir de responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que su responsabilidad resulta de carácter objetivo y por haber organizado y propiciado el corte de ruta”.

Añadió: “que se produjeran daños era una consecuencia perfectamente previsible, y por tratarse de una consecuencia inmediata, le es imputable (al gremio) al no haber tomado siquiera los recaudos mínimos para evitar mayores daños a terceros”.

En coincidencia votó el camarista Marcelo Medori, quien señaló que “el sindicato asumió la efectivización concreta de la medida, comprensiva del control y la seguridad de las cosas y personas allí existentes, y de ello el riesgo que se incurriera en excesos respecto de la propia modalidad de interrupción del tránsito vehicular, produciendo los daños que luego se comprobaron”.

En minoría quedó la camarista Patricia Clerici, quien detalló que no se pudo individualizar a quienes realizaron los actos vandálicos, “y ni siquiera puede afirmarse que fueron afiliados” a ATEN, ya que del corte participaron otras organizaciones gremiales y sociales.

En cambio la jueza sí estuvo de acuerdo con sus colegas en que el sindicato debe hacerse cargo del lucro cesante, ya que “existieron decisiones asamblearias que determinaron la ocupación del puente con el consiguiente impedimento del tránsito vehicular” lo que ocasionó perjuicio económico a la concesionaria del peaje.

La medida de fuerza de ATEN se produjo en demanda de un aumento salarial. En esa época el gobernador era Jorge Sobisch, quien se postulaba para la reelección y estaba de licencia, por lo que lo reemplazaba en forma interina quien era su vice, Jorge Sapag.

El corte comenzó el 18 de setiembre a la tarde. Días después se sumó otro en Centenario.

El 28 de setiembre Sobisch ganó la reelección. Esa misma noche la policía se presentó en el puente Neuquén-Cipolletti y los docentes se retiraron.

FALLO CÁMARA CIVIL

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En un año, en dos fiscalías, en la zona más poblada de Neuquén, abrieron 122 causas por cortes de ruta y calles

27 diciembre 2011 9:52 Deja un comentario

Leo en “Río Negro” sobre el siempre controvertido tema de los cortes de ruta: Este año, en solo dos fiscalías del área Neuquén capital, se iniciaron 122 causas judiciales por cortes de ruta. La mayoría de los casos culminan con la suspensión del juicio a prueba lo que implica el cumplimiento de alguna actividad comunitaria por parte del acusado. Organizaciones y gremios rechazan la “criminalización de la protesta social”, mientras que desde la Justicia aseguran que sólo cumplen con lo establecido en el Código Penal.

La Fiscalía Federal, a cargo de Cristina Beute, intervino en 37 causas por interrupciones de tránsito sobre la ruta nacional 22 incluyendo las localidades de Cutral Co, Senillosa, Plottier, Neuquén capital y el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Mientras tanto en el equipo fiscal 2 de la Primera Circunscripción (que incluye Neuquén Capital y ciudades cercanas), se registraron alrededor de 85 causas. “Desde el momento que toma intervención la policía y comienza a tener aspecto de delito ya hay actuación judicial”, explicó la titular de la fiscalía, Gloria Lucero.

Ambas fiscales explicaron que existe un protocolo de actuación que establece que en casos de interrupciones de tránsito primero se debe constatar el hecho, luego se identifica a las personas que lo llevan adelante, se los intima a que cesen la actividad, y si en un plazo determinado no se finaliza la medida se requiere al juez, quien por lo general libra una orden de desalojo.

Tanto Beute como Lucero coincidieron en señalar que la mayoría de estas causas finaliza con probation o suspensión del juicio a prueba, en donde los imputados asumen una obligación de servicio comunitario para alguna entidad pública. Esto sucede porque los acusados, en general, no poseen antecedentes policiales y porque la escala penal admite aplicar esta solución alternativa.

Los cortes de ruta y los piquetes se institucionalizaron como modalidad de protesta hace más de una década en la región. Cutral Co y Plaza Huincul fueron los escenarios desde donde el piquete cobró una relevancia que se expandió a lo largo de todo el país. En la zona es una de las medidas que se toman en situaciones extremas para peticionar a las autoridades por derechos como educación, trabajo, salud y vivienda.

Mariano Pedrero, abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, indicó que en los últimos dos años hay alrededor de 500 procesados en toda la provincia por causas de este tipo. A nivel país el número llega a 5.000, a lo que se suman los cerca de diez asesinados en situaciones de protesta por parte de la represión policial y para-policial.

Pedrero, en consonancia con organizaciones a nivel local y nacional, denunció la criminalización que se realiza de la protesta social. “Se persigue a los trabajadores que luchan y pelean por sus derechos”, sostuvo.

Desde la Justicia, las fiscales destacaron que no hay criminalización ya que lo que se hace es cumplir con lo que establece el Código Penal en su artículo 194. “En todo caso quien criminaliza es el legislador que redactó la norma”, agregó Beute.

“Se llenan la boca hablando de cumplir leyes, si así fuera en la Constitución de Neuquén se prohíbe los despidos en masa y no movieron ni un solo dedo cuando pasó lo de la cerámica Stefani”, replicó el abogado ceramista.

Sobre las causas en las que ha intervenido, Pedrero indicó que hay un total de siete en las que están procesados alrededor de 50 trabajadores de Stefani. Este año lograron el sobreseimiento de cinco obreros de Fasinpat. “Llegamos a esto porque se pone por encima el derecho a peticionar por el trabajo y no la interrupción momentánea del tránsito. Reclamar un derecho no es un delito”, explicó el letrado.

Sobre el tema, Beute opinó que existe una “falta de eficacia para atender a los reclamos y falta de gestión de los conflictos por parte de las autoridades. Pero en la instancia judicial es necesario que se dé el debate”, aunque son pocos los casos que llegan a juicio.

Por su parte, la fiscal Lucero sostuvo que la protesta cesa cuando se comete un delito. “Probablemente haya un problema de falta de conciencia democrática, porque un tema es la protesta social y otra la violencia. Mucha gente se esconde bajo la protesta social para cometer delitos”, manifestó.

La nota es de Melina Fit.

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Declaran inadmisible el pedido de jury contra la jueza que se negó a ordenar el desalojo de una protesta gremial. Resolución completa

5 julio 2011 13:17 14 comentarios

La comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible el pedido de jury contra la jueza Gloria Martina.

Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de Instrucción de Zapala, había sido denunciada por el intendente de la ciudad, Edgardo Sapag, porque se negó a ordenar el desalojo compulsivo de la municipalidad durante una protesta gremial.

La comisión especial consideró que imputarle “mal desempeño” a la jueza por su actitud implicaría comprometer “la garantía constitucional de la inamovilidad e imparcialidad con la que debe protegerse la función del magistrado judicial”. Además la decisión de la jueza no era definitiva ni irreparable; de hecho fue apelada y revocada en una instancia superior.

En otras palabras, la comisión especial ratificó que no se puede remover a un juez por el contenido de sus resoluciones, tal como viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo dictado el martes consta del voto del fiscal Alberto Tribug al que adhieren el diputado radical Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta. Los tres integran la comisión especial que evalúa la admisibilidad o no de los pedidos de jury.

Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 17 de julio del año pasado, cuando un grupo de trabajadores municipales ocupó la intendencia durante una protesta gremial.

El intendente Sapag presentó una denuncia y pidió el desalojo. El fiscal Héctor Trova, “sin haber efectuado ninguna medida probatoria, sólo con la denuncia”, dice la resolución conocida ayer, efectuó el requerimiento de instrucción y le solicitó a la jueza Martina que realice una inspección del lugar e identifique a los manifestantes.

La jueza lo hizo, a través de la policía, y luego desestimó el pedido de desalojo. El fiscal insistió, y Martina volvió a contestarle que el conflicto en cuestión no debía criminalizarse ya que se trataba de una protesta social.

Muchos meses después, el 8 de abril de este año, aterrizó el pedido de jury de Sapag que ayer fue archivado.

El voto de Tribug rescata un párrafo de la Corte: “resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto”.

También dijo Tribug que la decisión que tomó en su momento la jueza “no constituye un actuar que implique un desconocimiento del derecho”.

El acta completa en formato word pueden descargarla aquí.

La foto es de Leo Petricio.

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La jueza Martina defendió su criterio de no criminalizar la protesta social

2 julio 2011 2:51 12 comentarios

La jueza Martina se presentó ante la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento. Aquí la crónica que escribí para el diario:

La jueza Gloria Martina defendió su independencia de criterio y pidió que se rechace el pedido de jurado de enjuiciamiento que formuló en su contra el intendente de Zapala, Edgardo Sapag. “Me están cuestionando por el modo en que dicté el fallo”, dijo la magistrada, en alusión a la resolución mediante la cual se negó a ordenar un desalojo. Agregó que “volvería a firmar la misma resolución”.

Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de instrucción de Zapala, se presentó ayer ante la comisión especial que debe definir si dclara admisible o si rechaza el pedido de jury. Ese cuerpo, integrado por el fiscal Alberto Tribug, el diputado Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta, tiene plazo hasta el 23 de julio para expedirse.

La magistrada recibió el respaldo de organismos de derechos humanos. También de la Asociación de Magistrados, el gremio judicial Sejun, Convocatoria Neuquina, el equipo de violencia familiar del hospital Zapala, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, los descamisados y la biblioteca Elordi, entre otros.

En declaraciones a la prensa luego de su pesentación, Martina consideró que “desde lo ético es importante sostener con el cuerpo lo que uno resuelve en la soledad del despacho. Por eso estoy conforme con haber venido a realizar mi descargo personalmente”.

En julio de 2010, actuando como jueza penal subrogante, Martina se negó a ordenar el desalojo del edificio municipal de Zapala, ocupado por empleados que reclamaban aumento salarial. El intendente Sapag, derrotado en las últimas elecciones, le pidió un jury. Dijo, entre otros argumentos, que fue “la primera vez que un juez de Zapala” adopta el criterio de no criminalizar la protesta social.

Al respecto Martina señaló que “los jueces estamos obligados a fallar conforme la Constitución y la ley, no de acuerdo al criterio de otros jueces. Respeto el criterio de los colegas pero reivindico para mí el derecho de que se me permita disponer del mío”.

Su defensor, Ricardo Mendaña, dijo que este es un caso testigo. “La sociedad quiere jueces con coraje cívico y valentía para sostener criterios. La actitud del intendente de ir contra la jueza simplemente porque tomó una decision adversa constituye un peligroso antecedente. Respetamos otras opiniones, pero el derecho no progresa amordazando jueces y atándoles la mano”.

La resolución completa de la jueza está al final de este post.

La comisión especial volverá a reunirse el martes 5 de julio a las 11. El orden de votación para este caso es el siguiente: Tribug, Urbieta, Inaudi.

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Sentencia absolutoria para los acusados de realizar pintadas contra Sobisch (para descargar)

30 junio 2011 16:28 1 comentario

Ante la falta de acusación fiscal sobre la que se informó aquí, hoy la jueza correccional subrogante de Zapala absolvió a todos los imputados.

No hizo lugar al pedido de la defensa para que se investigue por falso testimonio a los policías.

La sentencia completa en formato word, aquí:

FALLO JUZGADO CORRECCIONAL

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