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El último año del Código Procesal Penal de Neuquén

7 enero 2013 8:19 6 comentarios

papelesEnero de 2014 será muy distinto del plácido enero que transita ahora el Poder Judicial de Neuquén. Ese mes entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (aquí en pdf), que cambiará la forma de investigar y juzgar los delitos en la provincia. La distancia que separa ambas fechas estará, o debería estar, signada por una agitada actividad que incluirá cursos de capacitación y sanción de leyes imprescindibles para la puesta en vigencia.

Todo sucederá en un año electoral y atravesado por el debate que baja desde Nación sobre el rol del Poder Judicial, puesto en discusión como nunca antes.

Algunos de los principales cambios que traerá el nuevo Código serán la investigación puesta en manos de los fiscales, la creación de un colegio de jueces, la publicidad de todas las audiencias, la desaparición del expediente escrito, y dos novedades estelares: una a la que se le ha dado gran brillo, el juicio por jurados, otra más opaca pero de suma importancia, la mediación.

Como el Código Procesal Penal es una herramienta nueva en manos de viejos operadores, acostumbrados desde la facultad de Derecho a manejarse con el antiguo sistema, la capacitación será una de las claves del año.

(Esto, por decir lo menos. Ya planteamos aquí “Lo que no se dice de lo que no cambiará”, e incluyo lo que respondió Leticia Lorenzo. Aquí hay algo más sobre el asunto. Y no puedo dejar de recomendar el más que interesante debate que se produjo en los comentarios de este post).

Adolfo Alvarado Velloso, profesor en derecho procesal que dirigió una maestría en Neuquén por un convenio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, dijo en forma categórica: “En otras partes del país y de Latinoamérica, las reformas procesales fracasaron porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial. Hace falta una nueva generación, con mentalidad nueva. Y mientras tanto, mucha capacitación”.

Otra parte del protagonismo lo tendrán los legisladores, que deben aprobar un paquete de leyes fundamentales para que el nuevo Código empiece a regir.

Se trata de las leyes orgánicas del Poder Judicial, de los ministerios Públicos de la fiscalía y la defensa (aquí, aquí y aquí hay más información y los proyectos que fueron presentados).

Hay otra pata imprescindible: la policía. El juez de Ejecución Penal rionegro Juan Pablo Chirinos dijo en una nota de opinión publicada en “Río Negro” que “la forma en que se investiga depende en gran medida del modo en que se relaciona la Policía con la Justicia”.

Chirinos observa que algunas provincias cambiaron sus códigos sin tocar a la policía, y otras intentan reformar a sus policías sin modificar la ley procesal.

En lo que nos toca, el debate profundo sobre la reforma de la policía neuquina nunca se hizo explícito hasta ahora en la agenda política de la provincia.

Chile y Neuquén: problemas comunes con el Código Procesal Penal

8 octubre 2012 16:10 5 comentarios

Chile implementó hace años un Código Procesal Penal muy parecido al que entrará en vigencia en Neuquén en 2014. El diario La Tercera publicó un informe del CEJA (organismo que tuvo bastante que ver con la reforma, allá y acá) con resultados muy críticos sobre los resultados obtenidos en la investigación de los robos. Por ejemplo, no hay estrategia de persecución penal unificada, falta diálogo y coordinación entre fiscales y policías (¿no les suena a esto?), se prioriza el número de sentencias por sobre la calidad de las investigaciones, y más del 80% de las causas con autores ignorados van a parar al archivo.

Reproduzco la nota porque en Neuquén se suele tomar a Chile como modelo, y los más exagerados aseguran que con el nuevo Código Procesal Penal poco menos que se esclarecerán todos los delitos. Es una entrevista al director ejecutivo de CEJA Chile, Cristian Rego, y el investigador del organismo Eduardo Alcaíno.

“Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos (se refiere a los robos). Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional”, explica Alcaíno.

Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. “Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo”, añade el autor de la investigación.

“La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después. Entonces, claramente las posibilidades de esclarecimiento de delitos son bastante bajas y también muy burocrático porque implica todo un andamiaje para poder finalmente enviarla”, agrega Alcaíno

“Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no”, prosige el investigador del CEJA.

“A su vez, también genera hecho de que la relación sea mediante manera escrita. Incluso ni siquiera por correo electrónico, sino que en papel, lo que provoca que las fiscalías tengan muy poco control de lo que hacen o no hacen las policías. Un fiscal no tiene cómo saber si un policía finalmente estás haciendo o no su trabajo. La consecuencia es que la relación entre fiscalías y policías se haya enfriado, por tanto no hay un trabajo en equipo. Los fiscales no se conocen con los funcionarios policiales. Es un trabajo de instituciones más que personal”.

Si bien hay experiencias positivas según este informe, son aisladas y no responden a una política general de Gobierno, por ejemplo, desnudando que no existe una línea de trabajo a seguir y que la coordinación no existe, aparte de la cruda realidad de las metas a ambas instituciones, dejando de lado la calidad en el trabajo de persecución en los delitos.

“Hay algunas experiencias importantes en la Fiscalía Centro Norte, el trabajo que hacen en Santiago Centro y otras, pero lo más importante es que esto es un trabajo meramente excepcional. Es iniciativa de la fiscalía regional o de algún fiscal en específico, pero no hay una política por parte de la Fiscalía Nacional de hacer un trabajo sofisticado, de manera inteligente, de trabajo con la comunidad, con la policía”, sostiene Alcaíno.

Y explica que “todo esto tiene que ver con los incentivos o no que tiene la policía para investigar o darle prioridad a este tipo de delitos. Lo que nosotros pudimos constatar es que el Ministerio Público no tiene incentivos para darle prioridad a este tipo de delitos. Porque a ellos evalúan a la fiscalía a través de Indicadores de Gestión, que son meramente numéricos. O sea, se les pide a los fiscales cierto número al día de determinados asuntos. Les piden determinados números de sentencias. Entonces, como les piden números, los fiscales obviamente como tienen una carga de trabajo importante, lo que hacen es dedicarse a aquellas causas que les toma menor dedicación, las causas más sencillas y las que le van a tomar menos tiempo. Eso se centra en el trabajo de imputados conocidos”.

Por su lado, el director ejecutivo del CEJA y académico de la UDP, Cristián Riego, concluye que “en esta área no hay un protocolo de actuación bien pensado y que se aplique siempre. Lo que se va a hacer es muy al azar. Depende de cada caso, de la policía, de las personas. No hay un protocolo, una línea de procedimiento para decir ‘esto es lo profesional’. Hay azar que en la mayoría de los casos se traduce en no hacer nada al principio y que luego la fiscalía mande a investigar”.

“El problema es que si se les sigue inyectando recursos para que sigan haciendo lo mismo. O sea, poniendo más asistentes, más fiscales, en uno o dos años más vamos a estar hablando absolutamente lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene que generar protocolos de trabajo distintos de manera de focalizar bien sus recursos”, expone

“En ese sentido hay que generar procesos investigativos más innovadores y tomar una visión más global, no de caso a caso. De que detrás de los robos hay en Las Condes, por ejemplo hay un problema delictual y por tanto hay que generar estrategias para evitar eso. Uno podría inyectar recursos, pero no basta. Hay que generar objetivos comunes entre las policías y fiscalías. Aparte, hay que generar incentivos y espacios de rendición de cuentas, que es lo que no existe hoy. Ellos no se responsabilizan ni rinden cuenta. Al final cuando hay fracasos, es el Ministerion Público el que pone la cara”, remata el autor del estudio que se presentará el próximo martes, a las 13 horas en la Facultad de Derecho de la UDP ante autoridades, adadémicos y protagonistas de la escena judicial del país.

Martina pasó por la Legislatura donde no le preguntaron por el cargo que ocupará

18 septiembre 2012 12:52 1 comentario

Gloria Martina recibirá acuerdo legislativo mañana para ser designada jueza de la Cámara Multifueros de Zapala. Hoy navegó sin dificultades por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los diputados le hicieron muchas preguntas pero ninguna, ni una sola, sobre el cargo que ocupará.

Si alguno hubiera introducido el tema de su futura ocupación quizá se habría dado un mínimo debate sobre la Cámara de Zapala, que está desvastada: tiene competencias en todos los fueros y una sola integrante. Ni siquiera tiene fiscal, situación que podría solucionarse pronto cuando aprueben el pliego de Sandra González Taboada.

Las Cámaras Multifueros del interior (las otras están en San Martín de los Andes y Cutral Co) son el talón de Aquiles de la reforma procesal penal. Hasta ahora las propuestas para implementar el nuevo Código fuera de la capital provincial ofrecen soluciones tentativas.

En vez de interesarse por el futuro, los diputados se concentraron en el desempeño actual de Martina como jueza de Familia y Juicios Ejecutivos (curiosa combinación) también en Zapala.

Abundaron las preguntas de formulario sobre los cortes de ruta, el aborto y el Consejo de la Magistratura (¡faltó la despenalización de la marihuana!), a las que la candidata respondió con sobriedad.

Sólo Raúl Podestá (Frente Grande) la interrogó por los dos jury que le pidieron y sobre el concurso que ganó, en el cual quedó como única competidora en la última etapa por la deserción de los demás participantes.

Martina surfeó las preguntas. La batalla la planteó en su momento, ahora todo es concordia.

Debate y taller sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén

14 septiembre 2012 20:44 13 comentarios

Magistrados y funcionarios comenzaron a debatir los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén, complementarios del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en enero de 2014.

El taller-debate comenzó hoy viernes a la tarde y seguirá mañana a la mañana en la sede del Colegio de Abogados. Según se informó está destinado a magistrados y funcionarios del fuero penal de toda la provincia y “consistirá en el debate, sobre la base de ejes temáticos, de los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de revisar, corregir y consensuar todos los aspectos necesarios para su redacción final” previo a su envío a la Legislatura.

El objetivo es “conocer las visiones de los diversos integrantes del Poder Judicial involucrados en la nueva organización” que propone el Código Procesal.

Hay dos proyectos de Ley Orgánica: uno fue elaborado por una comisión creada por el Tribunal Superior de Justicia, y el otro por la Asociación de Magistrados. Tienen puntos en común, pero también divergencias en temas puntuales como por ejemplo la integración del estratégico Tribunal de Impugnaciones y del Colegio de Jueces.

El taller contará con espacios expositivos, a cargo de los proponentes de los proyectos elaborados. Luego, espacios de preguntas y respuestas, destinados a que los participantes puedan consultar puntualmente cuestiones vinculadas a tales proyectos y recibir la visión de los expositores.

Seguidamente se realizarán trabajos grupales, para que los participantes puedan analizar los ejes centrales a considerar para la nueva organización judicial en materia penal y elaborar conclusiones a debatir en plenario, según se informó.

La foto es de Cecilia Maletti.

Proyectos de ley orgánica de Jueces Penales y de Ministerio Público Fiscal de Neuquén

22 agosto 2012 7:30 23 comentarios

La Asociación de Magistrados presentó dos proyectos de leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal: uno regula la actividad de los jueces (aquí), y el otro de los fiscales (aquí). Copias de la iniciativa fueron entregadas al Tribunal Superior de Justicia y a la Legislatura.

En sus líneas generales, el primer proyecto crea un colegio de jueces “horizontal”. Esto significa que todos los magistrados tendrán la misma categoría (equivalente al actual juez de Cámara) y que podrán actuar como jueces de garantías, de tribunales de juicios unipersonales, colegiados o en la dirección de juicio por jurados populares.

El presidente del Colegio de Jueces tendrá entre sus atribuciones elaborar el presupuesto, algo que ahora hace el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto al Tribunal de Impugnación, que entenderá en apelaciones y conflictos de competencia, propone que esté integrado por 6 jueces, cuatro del interior y dos de la capital. Los actuales jueces de Cámara podrán optar por formar parte del mismo, y tendrán prioridad los que hayan sido designados por el Consejo de la Magistratura (en el caso de Neuquén capital hay 4 que quedan afuera).

En la exposición de motivos se destaca que “del simple cotejo del recurso humano existente con el que se necesitaría” para cumplir con el proyecto, “se desprende que la inversión sería mínima”. En En el caso de Neuquén capital habría que crear tres cargos de la categoría de juez de Cámara y ascender a 10 magistrados que ahora son jueces de Instrucción a esa jerarquía.

En la misma materia pero respecto de la ley orgánica del ministerio público fiscal, para cumplir con los requisitos del proyecto habría que crear un cargo de fiscal jefe, 5 de fiscales titulares y 1 adjunto. Así se llegaría a un fiscal cada 9.827,5 habitantes.

Propone una cuenta especial  del presupuesto del Poder Judicial, y que el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia integre y presida el Consejo de la Magistratura cuando se deba decidir la designación de un integrante del ministerio público fiscal.

Habrá dos áreas específicas: la de acceso a la justicia y la de investigación y actuación en juicio. La primera de ellas se ocupará de las víctimas y los testigos, pero además concentrará información “para elaborar un mapa del delito que permita generar una política criminal realista”.

El área de investigación “se dividirá en unidades fiscales” que tendrán como prioridad “la eficacia y la eficiencia en la investigación del delito”.

El articulado contempla una rendición pública de la actuación de los fiscales, en audiencias anuales en la Legislatura provincial.

Señala el proyecto que “el fiscal debe tener un rol protagónico, debe tener presencia en la labor policial, empaparse desde el inicio en todos los casos, ordenar las medidas que correspondan”.

(Cabral, Trincheri y Finochietti, en la foto de Matías Subat).

“El gran desafío es que los fiscales no sean burócratas”. Entrevista a Leticia Lorenzo

19 agosto 2012 9:38 2 comentarios

(Versión extendida de la entrevista a Leticia Lorenzo, representante del CEJA y una de las que estará a cargo de la capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén -aquí los módulos-. Espero que no digan ahora que soy un “cejita”).

-Se hizo la primera reunión entre fiscales y policías. ¿Qué opinión tenés sobre cuál es la mejor manera de trabajar entre ambos?

-Me parece que es súper importante que desde ahora se estén haciendo este tipo de reuniones. Se tiene que convertir en algo institucional el sentarse a diagramar desde ahora cómo se van a relacionar y como van a hacer su trabajo en un sistema que a ambas instituciones les pone un nivel de exigencia muy alto. El sistema acusatorio se apoya mucho en la investigación y la fiscalía litigando casos. En mi experiencia las reuniones entre fiscalía y policía se dan cuando ya la implementación arrancó y se empiezan a ver todos los problemas de relación. Que un año y medio antes se hagan estas reuniones me parece fantástico.

Ojala también que cada institución asuma sus propias responsabilidades respetando el ámbito de competencia de la otra, porque la reforma genera la idea en los fiscales de que tienen que pasar a ser investigadores, o la idea en los policías de que tienen que pasar a ser fiscales. Ambas son erradas.

La policia bien o mal tiene una formacion en investigación criminal que la fiscalía no tiene. No hay una universidad en el país que forme a sus abogados para hacer investigación criminal. Creo que los abogados tenemos que asumir que los policías son los que saben de investigación, y los policías tienen que asumir que los fiscales son los que saben de derecho.

¿Para qué está el fiscal al lado del policía? Para indicarle cuál es su límite, adónde no puede llegar, cuáles son los requisitos legales. La reforma exige una fiscalía y una policía que trabajen muy coordinadas pero respetando sus ámbitos de actuación. No soy partidaria de que el fiscal salga a la calle por una cuestión estrictamente técnica: si el fiscal sale a la calle con un policía se convierte en testigo, y en esos casos corre el riesgo de que en medio de un juicio lo llamen a declarar.

-Pero el fiscal no debe ser imparcial.

-No, cuando avanza con un caso es porque está convencido de que tal persona hizo tal cosa, no es un juez. Lo que tiene que ser es objetivo. Un fiscal objetivo, cuando le llega un caso tiene que preguntarse cuáles son las chances de que esta persona realmente haya sido el autor. Eso obliga a pensar en varias hipótesis distintas.

-El fiscal no tiene que estar durante el desarrollo de un hecho, pero ¿y después, no tiene que ir a la escena?

-Sí, ahí sí. Cuando digo que no soy partidaria de los fiscales en la calle me refiero a que esté siguiendo al policía diciéndolo ‘hacé esto o lo otro’. El policía sabe qué hacer, para eso lo formaron. Eso no quiere decir que el fiscal se desentienda, se vaya a su casa, deje el celular prendido y le diga al policía ‘llamame si necesitás algo’.

El fiscal tiene que estar disponible siempre. Supongamos que un policía tiene que hacer un allanamiento porque hay un caso de flagrancia y tiene dudas, ahí sí que el fiscal vaya inmediatamente y lo acompañe.

Lo que no tiene que hacer el fiscal es convertirse en un policía del policía, en términos ‘esto lo hiciste mal’ cuando las cosas ya se hicieron. O convertirse en un policía, y empezar a recoger evidencia, perimetrar el lugar… Si encontramos un muerto y la policía considera que el fiscal debe estar porque no sabe hasta dónde llega su actuación, el fiscal tiene que concurrir.

Lo que no tiene que hacer el fiscal es pensar que es el jefe del policía, que le tiene que dar órdenes desde su escritorio e irse a dormir calentito a su casa, o pensar que él va a hacer las cosas mejor que el policía y empezar a recolectar evidencia, entrevistar a los testigos en el lugar del hecho, porque ahí es donde técnicamente se convierte en testigo.

Los fiscales no tienen que ser burócratas, y ese es el gran desafío. Tienen que ser imaginativos, tienen que tener claro que la objetividad pasa por pensar en todas las posibilidades de investigación al inicio del caso junto con el policía, no pensarlas en su cabeza y después decir ‘esto al policía no se le ocurrió’, y confiar en que la policía va a hacer bien su trabajo dándole las directrices técnico jurídicas que necesite.

No quiero decir que tiene que haber una connivencia, pero sí tiene que haber una relación de equipo. El fiscal tiene que confiar en que la policía es sus brazos, porque sabe dónde investigar, son los que están permanentemente en la calle. Tiene que generar una relación de confianza suficiente para que la policía respete su trabajo y tenga claro que si hace las cosas mal salen perdiendo los dos porque en el juicio se va a caer la evidencia.

-¿Los fiscales deberían rendir cuentas de su actuación en forma periódica?

-Absolutamente y tendría que estar en una ley. La publicidad como principio de los actos de gobierno involucra la rendición de cuentas. Una buena parte de lo que ganamos con la reforma se pierde si las instituciones no asumen el compromiso legal y práctico de rendir cuentas. Como ciudadana quiero saber si esta reforma sirvió para perseguir delitos que nos afectan como sociedad o si se hizo para seguir manteniendo una picadora de carne que mantiene burocracia sin sentido.

-Justamente, así se vería si se están concentrando en los delitos que importan.

-Es el paso siguiente a la rendición de cuentas. Hay que lograr que las instituciones asuman un compromiso de transparencia que se traduzca en una periódica rendición de cuentas. Si el cierre del año judicial es un acto en el que fiscales, jueces y defensores nos cuentan qué hicieron, a toda la sociedad, no en un café entre colegas, si logramos eso, el siguiente paso es que tenemos mucha más base para ver si se está persiguiendo lo que realmente se tiene que perseguir.

Si durante 5 o 6 años vemos que la plata del sistema penal se gasta en perseguir a ladrones de gallinas, hay dos cosas que están mal: primero que no estamos haciendo nada para que deje de haber ladrones de gallinas, y segundo que estamos gastando muchísimo dinero en cuestiones que se podrían resolver por otras vías. La rendición de cuentas funciona como un diagnóstico social y del funcionamiento del estado. Si veo que el 70% de los delitos en Neuquén se producen por menores de edad con problemas de adicción, entonces lo que tengo es un problema de salud pública, no de la justicia penal. La rendición de cuentas puede ser un insumo importante para ver a qué políticas públicas apuesta el estado.

-¿De qué se trata el convenio con el Tribunal Superior de Justicia?

-Es un convenio marco de colaboración técnica en un sentido amplio, y un anexo expecífico que contiene un plan de capacitación para la implementación de la reforma con una estructura concreta para todos los funcionarios de la justicia penal con proyección a este año y el año que viene.

-¿Tenés un diagnóstico de la situación en los juzgados y las fiscalías?

-Lo positivo es que la resistencia o bien no se está manifestando o es mínima. En terminos generales hay una asunción de que se aprobó el Código y que se va a implementar. No hemos encontrado grandes opositores internos sino lo contrario. Donde está el foco de preocupación es que venimos de un sistema muy arraigado a la tradición del expediente y hay muchos desafíos, por un lado abandonar prácticas laborales, también establecer las diferencias entre la Circunscripción de Neuquén y las del interior, que son realidades distintas, entonces hay un desafío importante en generar desde la legislación y desde las prácticas un sistema que le sea cómodo a todos los funcionarios.

-Es un cambio cultural, como se ha dicho tantas veces.

-Exactamente. Se están pensando muchas cosas en ese sentido, no sólo la capacitación dura a los funcionarios. En la reunión que tuvimos con el Tribunal Superior se habló de hacer talleres para otros sectores, por ejemplo el periodismo; que la gente que está trabajando en sistemas acusatorios venga a contar su experiencia; hacer simulacro de juicio por jurados para que la gente empiece a conocer en qué les puede afectar la reforma. La capacitación es parte de ese cambio cultural pero no es lo único y en eso hay una conciencia tomada, el debate está, uno lo ve en los medios.

-¿Cuál te parece que es el principal obstáculo a vencer?

-Las costumbres. No hay gente buena y gente mala sino gente más acostumbrada y menos acostumbrada. Si vengo trabajando desde hace 15 años en un sistema que se basa en un expediente, que se tramita durante meses si no años, y de repente me dicen que tengo que resolver los casos en 24 horas, eso es un cimbronazo muy fuerte a mi propia tradición cultural y a mi práctica laboral. Convencerlos de que este sistema es mejor para la ciudadanía pero también para los funcionarios, de que las cosas se pueden hacer más rápido, incorporar tecnología, usar los recursos de forma adecuada y no usar todos los recursos en todos los casos de la misma manera, es un cambio demasiado drástico para que se dé en forma armónica. El principal obstáculo somos nosotros mismos y nuestra tradición, pero la ventaja es que hay una conciencia bastante instalada de que la reforma se va a implementar y tenemos que adecuarnos a eso. Veremos en 2014 con el primer caso que entre al nuevo sistema cómo realmente funciona en la práctica.

-¿La implementación debería ser escalonada o en simultáneo?

-Por las características de Neuquén en cuanto a la carga procesal del sistema no hay demasiadas dificultades en implementarlo al mismo tiempo. Si se decidiera hacerlo de manera escalonada habría que partir de lo menos a lo más, es decir del interior hacia la capital.

Habrá una fiscalía especializada en violencia de género en Neuquén

17 agosto 2012 8:00 9 comentarios

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, tiene planeado crear una fiscalía especializada en delitos de género, que se ocupará de los casos de abuso y violencia contra la mujer. En contrapartida, desarmará la fiscalía que se dedica a los homicidios.

Los cambios (anticipados en el blog) se darán en el contexto de la reforma procesal penal, pero también tienen relación con que la titular de la fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada, dejará el cargo en breve para asumir como fiscal de Cámara en Zapala.

Antes se había ido otra integrante de esa fiscalía, María Luisa Squetino, quien asumió como jueza correccional también en Zapala.

Gerez considera que González Taboada le imprimió su sello personal a la fiscalía de homicidios, y que todos los fiscales deben dedicarse a investigar ese tipo de delitos.

Ayer dijo a la radio LU5 que “hay ciertos delitos que son específicos y ameritan cierta especialización, como los delitos contra la integridad sexual” cuya “metodología de investigación difiere respeto del resto”.

En cambio “los homicidios pueden ser investigados por cualquier fiscal, es el delito más antiguo de la humanidad, todos están formados para ocuparse de esos casos”.

“De esta manera -agregó Gerez- el fiscal puede salir a la calle, ir a la escena del delito, porque el homicidio amerita la intervencion del fiscal en la escena del crimen”.

En el mismo sentido consideró que “es importante que todos los fiscales investiguen homicidios para no perder la gimnasia. En este momento sólo un equipo fiscal va a la escena del crimen (en alusión al que comanda González Taboada), porque pocos delitos fuera de los asesinatos ameritan la presencia del fiscal en el lugar”.

Las fiscalías especializadas fueron creadas en 2001 y eran siete: General (una suerte de mesa de entradas); Gestión Rápida (para delitos sencillos y casos de flagrancia); Delitos Violentos contra la Propiedad (robos con armas); Delitos Complejos y Criminalidad Organizada; Delitos contra la Administración Pública, Delitos Juveniles y Graves Atentados contra las Personas.

La distribución de la carga de trabajo se hizo despareja, ya que algunas estaban recargadas de casos y otras apenas tenían expedientes. En octubre de 2009 el entonces fiscal del Tribunal Superior, Alberto Tribug, desarmó casi todas: sólo mantuvo la General, Delitos Juveniles y la de Graves Atentados contra las Personas. Uno de los objetivos fue evitar que las causas de delitos contra la administración pública quedaran concentradas en manos de un solo fiscal y que se distribuyan entre todos.

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