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El último año del Código Procesal Penal de Neuquén

7 enero 2013 8:19 6 comentarios

papelesEnero de 2014 será muy distinto del plácido enero que transita ahora el Poder Judicial de Neuquén. Ese mes entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (aquí en pdf), que cambiará la forma de investigar y juzgar los delitos en la provincia. La distancia que separa ambas fechas estará, o debería estar, signada por una agitada actividad que incluirá cursos de capacitación y sanción de leyes imprescindibles para la puesta en vigencia.

Todo sucederá en un año electoral y atravesado por el debate que baja desde Nación sobre el rol del Poder Judicial, puesto en discusión como nunca antes.

Algunos de los principales cambios que traerá el nuevo Código serán la investigación puesta en manos de los fiscales, la creación de un colegio de jueces, la publicidad de todas las audiencias, la desaparición del expediente escrito, y dos novedades estelares: una a la que se le ha dado gran brillo, el juicio por jurados, otra más opaca pero de suma importancia, la mediación.

Como el Código Procesal Penal es una herramienta nueva en manos de viejos operadores, acostumbrados desde la facultad de Derecho a manejarse con el antiguo sistema, la capacitación será una de las claves del año.

(Esto, por decir lo menos. Ya planteamos aquí “Lo que no se dice de lo que no cambiará”, e incluyo lo que respondió Leticia Lorenzo. Aquí hay algo más sobre el asunto. Y no puedo dejar de recomendar el más que interesante debate que se produjo en los comentarios de este post).

Adolfo Alvarado Velloso, profesor en derecho procesal que dirigió una maestría en Neuquén por un convenio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, dijo en forma categórica: “En otras partes del país y de Latinoamérica, las reformas procesales fracasaron porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial. Hace falta una nueva generación, con mentalidad nueva. Y mientras tanto, mucha capacitación”.

Otra parte del protagonismo lo tendrán los legisladores, que deben aprobar un paquete de leyes fundamentales para que el nuevo Código empiece a regir.

Se trata de las leyes orgánicas del Poder Judicial, de los ministerios Públicos de la fiscalía y la defensa (aquí, aquí y aquí hay más información y los proyectos que fueron presentados).

Hay otra pata imprescindible: la policía. El juez de Ejecución Penal rionegro Juan Pablo Chirinos dijo en una nota de opinión publicada en “Río Negro” que “la forma en que se investiga depende en gran medida del modo en que se relaciona la Policía con la Justicia”.

Chirinos observa que algunas provincias cambiaron sus códigos sin tocar a la policía, y otras intentan reformar a sus policías sin modificar la ley procesal.

En lo que nos toca, el debate profundo sobre la reforma de la policía neuquina nunca se hizo explícito hasta ahora en la agenda política de la provincia.

Chile y Neuquén: problemas comunes con el Código Procesal Penal

8 octubre 2012 16:10 5 comentarios

Chile implementó hace años un Código Procesal Penal muy parecido al que entrará en vigencia en Neuquén en 2014. El diario La Tercera publicó un informe del CEJA (organismo que tuvo bastante que ver con la reforma, allá y acá) con resultados muy críticos sobre los resultados obtenidos en la investigación de los robos. Por ejemplo, no hay estrategia de persecución penal unificada, falta diálogo y coordinación entre fiscales y policías (¿no les suena a esto?), se prioriza el número de sentencias por sobre la calidad de las investigaciones, y más del 80% de las causas con autores ignorados van a parar al archivo.

Reproduzco la nota porque en Neuquén se suele tomar a Chile como modelo, y los más exagerados aseguran que con el nuevo Código Procesal Penal poco menos que se esclarecerán todos los delitos. Es una entrevista al director ejecutivo de CEJA Chile, Cristian Rego, y el investigador del organismo Eduardo Alcaíno.

“Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos (se refiere a los robos). Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional”, explica Alcaíno.

Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. “Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo”, añade el autor de la investigación.

“La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después. Entonces, claramente las posibilidades de esclarecimiento de delitos son bastante bajas y también muy burocrático porque implica todo un andamiaje para poder finalmente enviarla”, agrega Alcaíno

“Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no”, prosige el investigador del CEJA.

“A su vez, también genera hecho de que la relación sea mediante manera escrita. Incluso ni siquiera por correo electrónico, sino que en papel, lo que provoca que las fiscalías tengan muy poco control de lo que hacen o no hacen las policías. Un fiscal no tiene cómo saber si un policía finalmente estás haciendo o no su trabajo. La consecuencia es que la relación entre fiscalías y policías se haya enfriado, por tanto no hay un trabajo en equipo. Los fiscales no se conocen con los funcionarios policiales. Es un trabajo de instituciones más que personal”.

Si bien hay experiencias positivas según este informe, son aisladas y no responden a una política general de Gobierno, por ejemplo, desnudando que no existe una línea de trabajo a seguir y que la coordinación no existe, aparte de la cruda realidad de las metas a ambas instituciones, dejando de lado la calidad en el trabajo de persecución en los delitos.

“Hay algunas experiencias importantes en la Fiscalía Centro Norte, el trabajo que hacen en Santiago Centro y otras, pero lo más importante es que esto es un trabajo meramente excepcional. Es iniciativa de la fiscalía regional o de algún fiscal en específico, pero no hay una política por parte de la Fiscalía Nacional de hacer un trabajo sofisticado, de manera inteligente, de trabajo con la comunidad, con la policía”, sostiene Alcaíno.

Y explica que “todo esto tiene que ver con los incentivos o no que tiene la policía para investigar o darle prioridad a este tipo de delitos. Lo que nosotros pudimos constatar es que el Ministerio Público no tiene incentivos para darle prioridad a este tipo de delitos. Porque a ellos evalúan a la fiscalía a través de Indicadores de Gestión, que son meramente numéricos. O sea, se les pide a los fiscales cierto número al día de determinados asuntos. Les piden determinados números de sentencias. Entonces, como les piden números, los fiscales obviamente como tienen una carga de trabajo importante, lo que hacen es dedicarse a aquellas causas que les toma menor dedicación, las causas más sencillas y las que le van a tomar menos tiempo. Eso se centra en el trabajo de imputados conocidos”.

Por su lado, el director ejecutivo del CEJA y académico de la UDP, Cristián Riego, concluye que “en esta área no hay un protocolo de actuación bien pensado y que se aplique siempre. Lo que se va a hacer es muy al azar. Depende de cada caso, de la policía, de las personas. No hay un protocolo, una línea de procedimiento para decir ‘esto es lo profesional’. Hay azar que en la mayoría de los casos se traduce en no hacer nada al principio y que luego la fiscalía mande a investigar”.

“El problema es que si se les sigue inyectando recursos para que sigan haciendo lo mismo. O sea, poniendo más asistentes, más fiscales, en uno o dos años más vamos a estar hablando absolutamente lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene que generar protocolos de trabajo distintos de manera de focalizar bien sus recursos”, expone

“En ese sentido hay que generar procesos investigativos más innovadores y tomar una visión más global, no de caso a caso. De que detrás de los robos hay en Las Condes, por ejemplo hay un problema delictual y por tanto hay que generar estrategias para evitar eso. Uno podría inyectar recursos, pero no basta. Hay que generar objetivos comunes entre las policías y fiscalías. Aparte, hay que generar incentivos y espacios de rendición de cuentas, que es lo que no existe hoy. Ellos no se responsabilizan ni rinden cuenta. Al final cuando hay fracasos, es el Ministerion Público el que pone la cara”, remata el autor del estudio que se presentará el próximo martes, a las 13 horas en la Facultad de Derecho de la UDP ante autoridades, adadémicos y protagonistas de la escena judicial del país.

Martina pasó por la Legislatura donde no le preguntaron por el cargo que ocupará

18 septiembre 2012 12:52 1 comentario

Gloria Martina recibirá acuerdo legislativo mañana para ser designada jueza de la Cámara Multifueros de Zapala. Hoy navegó sin dificultades por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los diputados le hicieron muchas preguntas pero ninguna, ni una sola, sobre el cargo que ocupará.

Si alguno hubiera introducido el tema de su futura ocupación quizá se habría dado un mínimo debate sobre la Cámara de Zapala, que está desvastada: tiene competencias en todos los fueros y una sola integrante. Ni siquiera tiene fiscal, situación que podría solucionarse pronto cuando aprueben el pliego de Sandra González Taboada.

Las Cámaras Multifueros del interior (las otras están en San Martín de los Andes y Cutral Co) son el talón de Aquiles de la reforma procesal penal. Hasta ahora las propuestas para implementar el nuevo Código fuera de la capital provincial ofrecen soluciones tentativas.

En vez de interesarse por el futuro, los diputados se concentraron en el desempeño actual de Martina como jueza de Familia y Juicios Ejecutivos (curiosa combinación) también en Zapala.

Abundaron las preguntas de formulario sobre los cortes de ruta, el aborto y el Consejo de la Magistratura (¡faltó la despenalización de la marihuana!), a las que la candidata respondió con sobriedad.

Sólo Raúl Podestá (Frente Grande) la interrogó por los dos jury que le pidieron y sobre el concurso que ganó, en el cual quedó como única competidora en la última etapa por la deserción de los demás participantes.

Martina surfeó las preguntas. La batalla la planteó en su momento, ahora todo es concordia.

Debate y taller sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén

14 septiembre 2012 20:44 13 comentarios

Magistrados y funcionarios comenzaron a debatir los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén, complementarios del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en enero de 2014.

El taller-debate comenzó hoy viernes a la tarde y seguirá mañana a la mañana en la sede del Colegio de Abogados. Según se informó está destinado a magistrados y funcionarios del fuero penal de toda la provincia y “consistirá en el debate, sobre la base de ejes temáticos, de los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de revisar, corregir y consensuar todos los aspectos necesarios para su redacción final” previo a su envío a la Legislatura.

El objetivo es “conocer las visiones de los diversos integrantes del Poder Judicial involucrados en la nueva organización” que propone el Código Procesal.

Hay dos proyectos de Ley Orgánica: uno fue elaborado por una comisión creada por el Tribunal Superior de Justicia, y el otro por la Asociación de Magistrados. Tienen puntos en común, pero también divergencias en temas puntuales como por ejemplo la integración del estratégico Tribunal de Impugnaciones y del Colegio de Jueces.

El taller contará con espacios expositivos, a cargo de los proponentes de los proyectos elaborados. Luego, espacios de preguntas y respuestas, destinados a que los participantes puedan consultar puntualmente cuestiones vinculadas a tales proyectos y recibir la visión de los expositores.

Seguidamente se realizarán trabajos grupales, para que los participantes puedan analizar los ejes centrales a considerar para la nueva organización judicial en materia penal y elaborar conclusiones a debatir en plenario, según se informó.

La foto es de Cecilia Maletti.

Proyectos de ley orgánica de Jueces Penales y de Ministerio Público Fiscal de Neuquén

22 agosto 2012 7:30 23 comentarios

La Asociación de Magistrados presentó dos proyectos de leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal: uno regula la actividad de los jueces (aquí), y el otro de los fiscales (aquí). Copias de la iniciativa fueron entregadas al Tribunal Superior de Justicia y a la Legislatura.

En sus líneas generales, el primer proyecto crea un colegio de jueces “horizontal”. Esto significa que todos los magistrados tendrán la misma categoría (equivalente al actual juez de Cámara) y que podrán actuar como jueces de garantías, de tribunales de juicios unipersonales, colegiados o en la dirección de juicio por jurados populares.

El presidente del Colegio de Jueces tendrá entre sus atribuciones elaborar el presupuesto, algo que ahora hace el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto al Tribunal de Impugnación, que entenderá en apelaciones y conflictos de competencia, propone que esté integrado por 6 jueces, cuatro del interior y dos de la capital. Los actuales jueces de Cámara podrán optar por formar parte del mismo, y tendrán prioridad los que hayan sido designados por el Consejo de la Magistratura (en el caso de Neuquén capital hay 4 que quedan afuera).

En la exposición de motivos se destaca que “del simple cotejo del recurso humano existente con el que se necesitaría” para cumplir con el proyecto, “se desprende que la inversión sería mínima”. En En el caso de Neuquén capital habría que crear tres cargos de la categoría de juez de Cámara y ascender a 10 magistrados que ahora son jueces de Instrucción a esa jerarquía.

En la misma materia pero respecto de la ley orgánica del ministerio público fiscal, para cumplir con los requisitos del proyecto habría que crear un cargo de fiscal jefe, 5 de fiscales titulares y 1 adjunto. Así se llegaría a un fiscal cada 9.827,5 habitantes.

Propone una cuenta especial  del presupuesto del Poder Judicial, y que el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia integre y presida el Consejo de la Magistratura cuando se deba decidir la designación de un integrante del ministerio público fiscal.

Habrá dos áreas específicas: la de acceso a la justicia y la de investigación y actuación en juicio. La primera de ellas se ocupará de las víctimas y los testigos, pero además concentrará información “para elaborar un mapa del delito que permita generar una política criminal realista”.

El área de investigación “se dividirá en unidades fiscales” que tendrán como prioridad “la eficacia y la eficiencia en la investigación del delito”.

El articulado contempla una rendición pública de la actuación de los fiscales, en audiencias anuales en la Legislatura provincial.

Señala el proyecto que “el fiscal debe tener un rol protagónico, debe tener presencia en la labor policial, empaparse desde el inicio en todos los casos, ordenar las medidas que correspondan”.

(Cabral, Trincheri y Finochietti, en la foto de Matías Subat).

“El gran desafío es que los fiscales no sean burócratas”. Entrevista a Leticia Lorenzo

19 agosto 2012 9:38 2 comentarios

(Versión extendida de la entrevista a Leticia Lorenzo, representante del CEJA y una de las que estará a cargo de la capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén -aquí los módulos-. Espero que no digan ahora que soy un “cejita”).

-Se hizo la primera reunión entre fiscales y policías. ¿Qué opinión tenés sobre cuál es la mejor manera de trabajar entre ambos?

-Me parece que es súper importante que desde ahora se estén haciendo este tipo de reuniones. Se tiene que convertir en algo institucional el sentarse a diagramar desde ahora cómo se van a relacionar y como van a hacer su trabajo en un sistema que a ambas instituciones les pone un nivel de exigencia muy alto. El sistema acusatorio se apoya mucho en la investigación y la fiscalía litigando casos. En mi experiencia las reuniones entre fiscalía y policía se dan cuando ya la implementación arrancó y se empiezan a ver todos los problemas de relación. Que un año y medio antes se hagan estas reuniones me parece fantástico.

Ojala también que cada institución asuma sus propias responsabilidades respetando el ámbito de competencia de la otra, porque la reforma genera la idea en los fiscales de que tienen que pasar a ser investigadores, o la idea en los policías de que tienen que pasar a ser fiscales. Ambas son erradas.

La policia bien o mal tiene una formacion en investigación criminal que la fiscalía no tiene. No hay una universidad en el país que forme a sus abogados para hacer investigación criminal. Creo que los abogados tenemos que asumir que los policías son los que saben de investigación, y los policías tienen que asumir que los fiscales son los que saben de derecho.

¿Para qué está el fiscal al lado del policía? Para indicarle cuál es su límite, adónde no puede llegar, cuáles son los requisitos legales. La reforma exige una fiscalía y una policía que trabajen muy coordinadas pero respetando sus ámbitos de actuación. No soy partidaria de que el fiscal salga a la calle por una cuestión estrictamente técnica: si el fiscal sale a la calle con un policía se convierte en testigo, y en esos casos corre el riesgo de que en medio de un juicio lo llamen a declarar.

-Pero el fiscal no debe ser imparcial.

-No, cuando avanza con un caso es porque está convencido de que tal persona hizo tal cosa, no es un juez. Lo que tiene que ser es objetivo. Un fiscal objetivo, cuando le llega un caso tiene que preguntarse cuáles son las chances de que esta persona realmente haya sido el autor. Eso obliga a pensar en varias hipótesis distintas.

-El fiscal no tiene que estar durante el desarrollo de un hecho, pero ¿y después, no tiene que ir a la escena?

-Sí, ahí sí. Cuando digo que no soy partidaria de los fiscales en la calle me refiero a que esté siguiendo al policía diciéndolo ‘hacé esto o lo otro’. El policía sabe qué hacer, para eso lo formaron. Eso no quiere decir que el fiscal se desentienda, se vaya a su casa, deje el celular prendido y le diga al policía ‘llamame si necesitás algo’.

El fiscal tiene que estar disponible siempre. Supongamos que un policía tiene que hacer un allanamiento porque hay un caso de flagrancia y tiene dudas, ahí sí que el fiscal vaya inmediatamente y lo acompañe.

Lo que no tiene que hacer el fiscal es convertirse en un policía del policía, en términos ‘esto lo hiciste mal’ cuando las cosas ya se hicieron. O convertirse en un policía, y empezar a recoger evidencia, perimetrar el lugar… Si encontramos un muerto y la policía considera que el fiscal debe estar porque no sabe hasta dónde llega su actuación, el fiscal tiene que concurrir.

Lo que no tiene que hacer el fiscal es pensar que es el jefe del policía, que le tiene que dar órdenes desde su escritorio e irse a dormir calentito a su casa, o pensar que él va a hacer las cosas mejor que el policía y empezar a recolectar evidencia, entrevistar a los testigos en el lugar del hecho, porque ahí es donde técnicamente se convierte en testigo.

Los fiscales no tienen que ser burócratas, y ese es el gran desafío. Tienen que ser imaginativos, tienen que tener claro que la objetividad pasa por pensar en todas las posibilidades de investigación al inicio del caso junto con el policía, no pensarlas en su cabeza y después decir ‘esto al policía no se le ocurrió’, y confiar en que la policía va a hacer bien su trabajo dándole las directrices técnico jurídicas que necesite.

No quiero decir que tiene que haber una connivencia, pero sí tiene que haber una relación de equipo. El fiscal tiene que confiar en que la policía es sus brazos, porque sabe dónde investigar, son los que están permanentemente en la calle. Tiene que generar una relación de confianza suficiente para que la policía respete su trabajo y tenga claro que si hace las cosas mal salen perdiendo los dos porque en el juicio se va a caer la evidencia.

-¿Los fiscales deberían rendir cuentas de su actuación en forma periódica?

-Absolutamente y tendría que estar en una ley. La publicidad como principio de los actos de gobierno involucra la rendición de cuentas. Una buena parte de lo que ganamos con la reforma se pierde si las instituciones no asumen el compromiso legal y práctico de rendir cuentas. Como ciudadana quiero saber si esta reforma sirvió para perseguir delitos que nos afectan como sociedad o si se hizo para seguir manteniendo una picadora de carne que mantiene burocracia sin sentido.

-Justamente, así se vería si se están concentrando en los delitos que importan.

-Es el paso siguiente a la rendición de cuentas. Hay que lograr que las instituciones asuman un compromiso de transparencia que se traduzca en una periódica rendición de cuentas. Si el cierre del año judicial es un acto en el que fiscales, jueces y defensores nos cuentan qué hicieron, a toda la sociedad, no en un café entre colegas, si logramos eso, el siguiente paso es que tenemos mucha más base para ver si se está persiguiendo lo que realmente se tiene que perseguir.

Si durante 5 o 6 años vemos que la plata del sistema penal se gasta en perseguir a ladrones de gallinas, hay dos cosas que están mal: primero que no estamos haciendo nada para que deje de haber ladrones de gallinas, y segundo que estamos gastando muchísimo dinero en cuestiones que se podrían resolver por otras vías. La rendición de cuentas funciona como un diagnóstico social y del funcionamiento del estado. Si veo que el 70% de los delitos en Neuquén se producen por menores de edad con problemas de adicción, entonces lo que tengo es un problema de salud pública, no de la justicia penal. La rendición de cuentas puede ser un insumo importante para ver a qué políticas públicas apuesta el estado.

-¿De qué se trata el convenio con el Tribunal Superior de Justicia?

-Es un convenio marco de colaboración técnica en un sentido amplio, y un anexo expecífico que contiene un plan de capacitación para la implementación de la reforma con una estructura concreta para todos los funcionarios de la justicia penal con proyección a este año y el año que viene.

-¿Tenés un diagnóstico de la situación en los juzgados y las fiscalías?

-Lo positivo es que la resistencia o bien no se está manifestando o es mínima. En terminos generales hay una asunción de que se aprobó el Código y que se va a implementar. No hemos encontrado grandes opositores internos sino lo contrario. Donde está el foco de preocupación es que venimos de un sistema muy arraigado a la tradición del expediente y hay muchos desafíos, por un lado abandonar prácticas laborales, también establecer las diferencias entre la Circunscripción de Neuquén y las del interior, que son realidades distintas, entonces hay un desafío importante en generar desde la legislación y desde las prácticas un sistema que le sea cómodo a todos los funcionarios.

-Es un cambio cultural, como se ha dicho tantas veces.

-Exactamente. Se están pensando muchas cosas en ese sentido, no sólo la capacitación dura a los funcionarios. En la reunión que tuvimos con el Tribunal Superior se habló de hacer talleres para otros sectores, por ejemplo el periodismo; que la gente que está trabajando en sistemas acusatorios venga a contar su experiencia; hacer simulacro de juicio por jurados para que la gente empiece a conocer en qué les puede afectar la reforma. La capacitación es parte de ese cambio cultural pero no es lo único y en eso hay una conciencia tomada, el debate está, uno lo ve en los medios.

-¿Cuál te parece que es el principal obstáculo a vencer?

-Las costumbres. No hay gente buena y gente mala sino gente más acostumbrada y menos acostumbrada. Si vengo trabajando desde hace 15 años en un sistema que se basa en un expediente, que se tramita durante meses si no años, y de repente me dicen que tengo que resolver los casos en 24 horas, eso es un cimbronazo muy fuerte a mi propia tradición cultural y a mi práctica laboral. Convencerlos de que este sistema es mejor para la ciudadanía pero también para los funcionarios, de que las cosas se pueden hacer más rápido, incorporar tecnología, usar los recursos de forma adecuada y no usar todos los recursos en todos los casos de la misma manera, es un cambio demasiado drástico para que se dé en forma armónica. El principal obstáculo somos nosotros mismos y nuestra tradición, pero la ventaja es que hay una conciencia bastante instalada de que la reforma se va a implementar y tenemos que adecuarnos a eso. Veremos en 2014 con el primer caso que entre al nuevo sistema cómo realmente funciona en la práctica.

-¿La implementación debería ser escalonada o en simultáneo?

-Por las características de Neuquén en cuanto a la carga procesal del sistema no hay demasiadas dificultades en implementarlo al mismo tiempo. Si se decidiera hacerlo de manera escalonada habría que partir de lo menos a lo más, es decir del interior hacia la capital.

Habrá una fiscalía especializada en violencia de género en Neuquén

17 agosto 2012 8:00 9 comentarios

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, tiene planeado crear una fiscalía especializada en delitos de género, que se ocupará de los casos de abuso y violencia contra la mujer. En contrapartida, desarmará la fiscalía que se dedica a los homicidios.

Los cambios (anticipados en el blog) se darán en el contexto de la reforma procesal penal, pero también tienen relación con que la titular de la fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada, dejará el cargo en breve para asumir como fiscal de Cámara en Zapala.

Antes se había ido otra integrante de esa fiscalía, María Luisa Squetino, quien asumió como jueza correccional también en Zapala.

Gerez considera que González Taboada le imprimió su sello personal a la fiscalía de homicidios, y que todos los fiscales deben dedicarse a investigar ese tipo de delitos.

Ayer dijo a la radio LU5 que “hay ciertos delitos que son específicos y ameritan cierta especialización, como los delitos contra la integridad sexual” cuya “metodología de investigación difiere respeto del resto”.

En cambio “los homicidios pueden ser investigados por cualquier fiscal, es el delito más antiguo de la humanidad, todos están formados para ocuparse de esos casos”.

“De esta manera -agregó Gerez- el fiscal puede salir a la calle, ir a la escena del delito, porque el homicidio amerita la intervencion del fiscal en la escena del crimen”.

En el mismo sentido consideró que “es importante que todos los fiscales investiguen homicidios para no perder la gimnasia. En este momento sólo un equipo fiscal va a la escena del crimen (en alusión al que comanda González Taboada), porque pocos delitos fuera de los asesinatos ameritan la presencia del fiscal en el lugar”.

Las fiscalías especializadas fueron creadas en 2001 y eran siete: General (una suerte de mesa de entradas); Gestión Rápida (para delitos sencillos y casos de flagrancia); Delitos Violentos contra la Propiedad (robos con armas); Delitos Complejos y Criminalidad Organizada; Delitos contra la Administración Pública, Delitos Juveniles y Graves Atentados contra las Personas.

La distribución de la carga de trabajo se hizo despareja, ya que algunas estaban recargadas de casos y otras apenas tenían expedientes. En octubre de 2009 el entonces fiscal del Tribunal Superior, Alberto Tribug, desarmó casi todas: sólo mantuvo la General, Delitos Juveniles y la de Graves Atentados contra las Personas. Uno de los objetivos fue evitar que las causas de delitos contra la administración pública quedaran concentradas en manos de un solo fiscal y que se distribuyan entre todos.

Ejecución penal: texto completo del proyecto para crear cuatro juzgados en Neuquén

6 agosto 2012 7:46 3 comentarios

En la provincia de Neuquén hay más de 2.100 personas sujetas a algún tipo de control judicial: están presas, o en libertad condicional, con una condena en suspenso o con una probation. Para ocuparse en exclusiva de su situación, el camarista Andrés Repetto presentó un proyecto destinado a crear cuatro juzgado de Ejecución Penal, dos en esta capital, uno en Cutral Co y el restante en Zapala.

El proyecto de Repetto (aquí en word) está en el Tribunal Superior de Justicia que, si lo hace propio, lo enviará a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa ensambla con el nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en enero de 2014.

Hay un proyecto similar, aunque menos detallado, que presentaron los diputados Gabriel Romero y Sergio Gallia para crear dos juzgados de Ejecución Penal, uno con asiento en esta capital y el otro en Zapala.

Repetto señaló en los fundamentos de su iniciativa que la creación de esta figura fue pedida por un grupo de personas privadas de su libertad, y fue sugerida por las cámaras criminales al resolver un hábeas corpus por la situación en la Unidad 11.

En la actualidad, la función la cumplen los mismos tribunales que dictan sentencia.

“La pronta creación de los juzgados de ejecución penal acarrearía una mejor y más ordenada transición hacia la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, añadió el autor del proyecto, “en razón de que estos organismos ya estarían en pleno funcionamiento al entrar en vigencia la nueva normativa procesal, disminuyendo notablemente la complejidad de la migración de expedientes en trámite”.

De acuerdo con las estadísticas que se manejan, y que varían a diario, en Neuquén hay 515 personas privadas de su libertad (346 condenados, 169 procesados); 263 liberados (el número incluye a quienes cumplen prisión domiciliaria); y 1.364 con suspensión del juicio a prueba.

De acuerdo con el proyecto de Repetto, el juez de ejecución penal tendrá competencia sobre “los planteos relacionados con el cumplimiento de las sentencias de condena; las peticiones vinculadas con el respeto de todas las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos en el trato otorgado a los condenados y personas sometidas a medidas de seguridad; las solicitudes que se hagan durante el período de suspensión del juicio a prueba y los planteos relacionados con la extinción de la pena”.

Los jueces con sede en Neuquén intervendrán en las causas que se tramiten en la Primera Circunscripción Judicial; el de Cutral Co tendrá jurisdicción sobre esa ciudad y la zona sur de la provincia; y el de Zapala sobre esa localidad y la zona norte.

La ‘McDonalización’ en el proceso penal, libro de Germán Martín

30 enero 2012 8:16 12 comentarios

“Hay sobreexpectativas con el sistema acusatorio. Se dice que va a mejorar la seguridad, pero yo no lo arriesgaría. En todo el proceso de reforma procesal penal quedó solapado el debate político: ¿hacia dónde hay que apuntar? ¿Qué problemas queremos resolver?”

Las definiciones pertenecen a Germán Martín, quien entre otros títulos es especialista en derecho penal y criminalística en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de Medellín. Además es fiscal de Delitos Juveniles en Neuquén.

Martín acaba de editar “Sistemas, defensas y la ‘McDonalización’ del proceso penal: Un diálogo entre el sistema procesal penal de Río Negro y el de Colombia”.

Explicó que eligió la comparación entre una provincia que tiene un sistema inquisitivo y un país donde se aplica el sistema acusatorio.

-¿Y la McDonalización? –le pregunté.

-Es porque hay una idea productivista del proceso. El sistema inquisitivo funciona como una línea de montaje, es muy ‘Fordiano’. El individuo ingresa por un extremo, se le van agregando elementos al expediente, se lo ‘procesa’ como un producto. En el sistema acusatorio se habla de ‘usuarios’ y se le ofrecen ‘combos’. La idea es hacer más eficiente el sistema, pero se asimila eficiente a la producción de condenas, no a una mejor administración de justicia”.

Martín señaló que “hay una justicia penal negociada. No hay más juicio. Se negocia, el fiscal hace acuerdos con la defensa en base a la presión, al miedo a una condena mayor si van a juicio”.

-¿La justificación no es ahorrar costos al sistema?

-Entonces quiere decir que hay una visión economicista del proceso judicial. Es otro concepto. Si todo se va a negociar, entonces que se haga respetando los principios de publicidad. Que esos acuerdos no se hagan en una oficina entre abogados, sino en público, con presencia de la víctima y del imputado”.

Martín dedica un largo capítulo de su libro a este tema. En uno de sus párrafos plantea: “es probable que nuestros fiscales sólo recurran a la negociación cuando no tengan suficientes elementos probatorios o evidencia física y, por el contrario, opten por el juicio oral cuando posean una investigación sólida. En la situación planteada se deslegitimaría todo el proceso por cuanto se estaría instituyendo la figura sólo en función de las necesidades de una de las partes. Además: ¿Dónde queda el in dubio pro reo? Es decir, si existen dudas, ¿aun así se debería acusar? ¿o ello es sólo para el juzgador?

Código Procesal Penal de Neuquén, publicado

18 enero 2012 15:08 3 comentarios

Con mucha demora (ver aquí y aquí) apareció en el Boletín Oficial de la provincia. Lo pueden descargar en formato pdf:

CODIGO PROCESAL PENAL

Gracias Laura por el aviso.

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Neuquén tiene nuevo Código Procesal Penal. ¿Y ahora?

2 enero 2012 8:36 4 comentarios

El nuevo Código Procesal Penal recibió elogios unánimes como regalo de nacimiento. Producto de un trabajo que con avances y retrocesos demandó diez años, se lo destaca como el más avanzado del país, pone en línea a la provincia con la Constitución Nacional, y en el terreno de las promesas se asegura que hará a la justicia más eficaz y más transparente. En buena hora si así sucede, porque fue sancionado en uno de los peores momentos de la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos: los diputados sesionaron con la Legislatura vallada y también tiene vallas el edificio donde funcionan las cámaras criminales.

El Código Procesal no es más que una herramienta. Un catálogo de derechos para la víctima de un delito y de garantías para el imputado, así como de obligaciones para los encargados de la investigación y del juicio.

Su puesta en vigencia demandará, al menos, dos años. En ese período habrá que sancionar un paquete de leyes complementarias tan importantes como el Código mismo, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias.

Pero ese no es más que el ajuste fino de la misma herramienta. La clave son los encargados de operarla.

Alfredo Alvarado Velloso, un destacado procesalista que dicta una maestría en Neuquén, dice que hace falta una nueva generación de jueces y fiscales para que la instrumentación del Código tenga una mínima garantía de éxito.

Se refiere a que los actuales están formados en el viejo sistema, el inquisitivo, donde el juez es el rey del proceso.

La afirmación cobra otro sentido en Neuquén, donde el grueso de los magistrados y funcionarios llegaron a sus cargos en una época en la que los ingresos eran en tropel, sin concurso y en muchos casos, sin control legislativo. Fue entre 2004 y 2006, los años más cuestionados del Poder Judicial, durante el último gobierno de Jorge Sobisch.

El nuevo Código pone el protagonismo en manos de los fiscales. Casi todos ingresaron o ascendieron en esa época.

Como dice Leticia Lorenzo, abogada del Inecip y asesora en el proceso de reforma, la próxima discusión que se debe instalar es quién elige a los que persiguen. El debate por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede ser uno de los escenarios apropiados.

El cuadro actual muestra que en la primera circunscripción hay 12 fiscales, 8 de primera instancia y 4 de Cámara.

Sólo 4 de ellos (una fiscal de cámara, tres de primera instancia) pasaron por el Consejo de la Magistratura y recibieron acuerdo legislativo.

El resto fueron designados por el sistema anterior, es decir, en forma directa por la voluntad de un Tribunal Superior de Justicia integrado por vocales elegidos por el ex gobernador Sobisch. Ninguno recibió acuerdo legislativo porque en esa época no se requería.

En el interior provincial la situación no es mejor: hay 3 fiscales en Cutral Co (uno de cámara); uno en Zapala; 2 en Junín (uno de cámara) y 1 en Chos Malal. Ninguno pasó por el Consejo de la Magistratura ni recibió acuerdo legislativo.

Puede argumentarse, y con razón, que así eran las reglas en aquellos años. El problema de fondo es que la mayoría de los fiscales en funciones no han hecho de la investigación de casos de corrupción una bandera; más bien parece interesarles poco ese capítulo del Código Penal.

La corrupción tampoco parece haber estado en la mente de los legisladores que aprobaron, por unanimidad, este Código: Le sacaron lustre a la chapa del juicio por jurados, la estrella de la reforma procesal, pero escamotearon la posibilidad de que ciudadanos comunes decidan si un funcionario cometió un delito desde el ejercicio de su cargo.

Así, sólo los delitos gravísimos serán ventilados por el jurado.

Si se mira a futuro, los nuevos magistrados y funcionarios surgirán de otro organismo bajo permanente controversia: el Consejo de la Magistratura, donde el poder político goza de mayoría y la representación ciudadana directa está ausente.

Los consejeros políticos que asumieron en 2011 fueron designados con los plazos vencidos y han tenido no pocos tropiezos: concursos en los que casi nadie se anota, deserciones masivas, participantes que impugnan las calificaciones, y una posibilidad cercana de que sus decisiones se judicialicen.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá (debería tener, más bien) una fuerte responsabilidad en que la instrumentación del nuevo Código sea un éxito.

Un Tribunal que, a partir de este año, volverá a estar completo con las designaciones de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag quien de esta manera, en cuatro años de gobierno, instaló ya a cuatro de los cinco vocales.

La cifra record de diputados que votaron a Moya y Cancela para vocal y defensor respectivamente sepultó los cuestionamientos que recibieron. Quedó en evidencia, por primera vez de manera clara, que el decreto llamado de autolimitación es apenas un formalismo para alegar transparencia allí donde los acuerdos políticos son los que mandan.

Puertas adentro del Poder Judicial reverdecieron las nunca olvidadas divisiones que se remontan, justamente, a aquellos años en los que reinaba el sobischismo.

La conducción de la Asociación de Magistrados, que viene marcando distancia de los actos del gobierno de Sapag, cuestionó a los candidatos por su falta de antecedentes (caso Moya) y porque no responden al perfil que consideran más adecuado para alguien que ejercerá la jefatura de la defensa y, eventualmente, de la fiscalía (caso Cancela).

La Asociación hizo pública su postura. Más discretos, un grupo de magistrados y funcionarios se reunió por su lado y elaboró una serie de notas de respaldo a Cancela.

Un debate similar se produjo entre los abogados: la conducción del Colegio respaldó a los candidatos de Sapag, y un grupo de colegiados le pidió explicaciones por la ausencia de debate previo.

El nuevo Código Procesal Penal, tan elogiado y en el que están depositadas tantas esperanzas, cabalga sobre aquel citado divorcio entre los poderes públicos y los ciudadanos, y estas fracturas internas de los operadores del sistema.

Quizá haga falta algo más que un curso de capacitación para garantizar el éxito de su implementación.

Anexos: el texto del CPP , en formato pdf, y el folleto oficial que se publicó en los medios de comunicación, en el mismo formato.

LEY 2784

FOLLETO

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¿Por qué todavía no está publicado el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén?

29 diciembre 2011 10:08 2 comentarios

Se la consideró una de las leyes más trascendentes de las aprobadas por la Legislatura. Sin embargo, todavía no se hizo público su texto definitivo.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado en general el 23 de noviembre pasado (por unanimidad), y en particular al día siguiente (por mayoría).

Sin embargo, hasta ahora no fue publicado el decreto de promulgación ni el texto completo.

Otras leyes, igualmente trascendentes y sancionadas por la Legislatura con posterioridad, ya están disponibles en el Boletín Oficial y en el sitio web de la cámara.

¿Y el Código Procesal Penal? ¿Quién es el responsable de esta omisión?

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Los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén nacen tras las vallas

29 noviembre 2011 20:51 14 comentarios

Los pliegos de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, postulados por el gobernador Jorge Sapag para ocupar una vocalía y la defensoría del Tribunal Superior de Justicia, ingresaron este martes 29 a la Legislatura.

Para entrar debieron sortear tanto las vallas que rodean el edificio como el rosario de impugnaciones presentados en su contra (por los que hicieron uso del decreto llamado de autolimitación).

Así de simbólico es este momento: la Legislatura que aprobará esos pliegos está vallada (al igual que el edificio donde funcionan las cámaras criminales de Neuquén) pese a que la semana pasada se habló hasta el cansancio de que hay que acercar la justicia a la gente.

Se habló en esa misma Legislatura donde los diputados, también tras las vallas, aprobaron un nuevo Código Procesal Penal que, dijeron, logrará el milagro.

De acuerdo con la información publicada hasta el momento, Moya recibió seis impugnaciones y dos adhesiones, y Cancela cinco impugnaciones y una adhesión.

Se desconoce si hay otras presentaciones, porque no se lo informó hasta hoy martes a la tarde.

Las impugnaciones fueron de la CTA, Convocatoria Neuquina, el Partido Socialista, el abogado Hugo Del Pin, el ex comisario Julio Trepat y la APDH de Neuquén. Las adhesiones, del Colegio de Abogados (a los dos) y del diputado Hugo Prieto (sólo a Moya).

Se expresaron en contra, aunque no formalmente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios (que no fue consultada en forma oficial por el gobierno, como había sucedido con los tres vocales propuestos antes por Sapag) y el obispo Marcelo Melani.

Poca suerte correrán esas expresiones. Ya intentamos explicar aquí que entre la opinión ciudadana y “la ecuación” (léase el acuerdo político) ésta es la que triunfa.

Si quisiera, la Legislatura podría tratar los pliegos este miércoles 30, aprobarlos, y se acabó la historia. Políticamente sería un grave error, y pasivo de reproche hasta por los candidatos que todavía no tuvieron oportunidad de replicar las críticas.

Por afuera del decreto llamado de autolimitación se insinuó un interesante debate respecto del ejercicio profesional de la abogacía. Interesante pero que se merece una serenidad que en este momento escasea. Entonces se volvió inoportuno, porque la conyuntura lo enturbia y sólo logra distraer.

Antes bien, y ya que va a designarse de por vida a dos personas en los cargos más altos del Poder Judicial, debería discutirse cuál es el perfil del juez que quiere la sociedad neuquina.

Sólo voces aisladas intentan instalar, por ahora sin éxito, esa discusión. Como intentaron antes, en oportunidad de tratarse el Código Procesal Penal, que se debata un modelo de justicia que no persiga siempre a los mismos.

Para terminar, Convocatoria Neuquina publicó aquí los antecedentes completos y las declaraciones juradas de Moya y Cancela. El decreto llamado de autolimitación impone que las presenten, pero no contempla que tengan difusión para que la ciudadanía conozca más a sus futuros jueces.

Más vallas.

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Juicio por jurados y reforma procesal penal de Neuquén: opinan Andrés Harfuch y Richard Trincheri

29 noviembre 2011 10:12 4 comentarios

(Versión extendida de las entrevistas publicadas en el diario)

Andrés Harfuch, defensor general de San Martín, provincia de Buenos Aires, profesor de derecho penal en la UBA, y uno de las voces más autorizadas en materia de juicio por jurados, cree que todos los delitos con una pena prevista de más de 6 meses de prisión deberían ser juzgados con ese sistema. “No tiene sentido diferenciar entre los delitos. Creo que es cuestión de tiempo, cuando se pierda el miedo y crezca la confianza ciudadana hacia el sistema, cualquier delito con más de 6 meses de prisión debería entrar a un jurado”.

Esto incluiría los delitos cometidos desde la administración pública, que quedaron afuera del juicio por jurados aprobado en Neuquén la semana pasada como parte de la reforma procesal penal.

Harfuch dijo que “en el juicio por jurados que se implementará en Neuquén, que es el mejor lejos, la determinación de los hechos del caso corresponde al jurado, y todas las cuestiones técnicas, es decir cómo se califica legalmente, si hay circunstancias atenuantes o agravantes, y si hay condena cuál es la pena que corresponde, las responde un juez profesional”.

El especialista recordó que “al imponer el juicio por jurados la Constitución Nacional estableció que la única manera de que las resoluciones judiciales pueden ostentar legitimidad constitucional es si son construidas junto con los ciudadanos. Por ende las resoluciones judiciales tomadas exclusivamente por jueces profesionales tienen una legitimidad parcial”.

“Se puede hacer una encuesta: ¿usted confía en los fallos de los jueces? Y la mayoría va a decir que no, porque hay un conocimiento intuitivo en la sociedad, que tiene una sabiduría colectiva en las cuestiones básicas. ¿Qué va a pensar de un procedimiento en el que no participa para nada?”, agregó.

Respecto de la implementación del sistema en comunidades de poca población, donde puede ser difícil encontrar jurados que no estén contaminados por la información pública sobre un caso determinado, Harfuch señaló que “el juicio por jurados transfiere una porción del éxito del juicio en el defensor y en el fiscal. Hay una regla muy importante: los litigantes tienen amplias facultades de recusar sin causa a varios jurados en un gran interrogatorio antes del juicio. Ahí hay amplísimas posibilidades para evitar jurados parciales. Si hay un fiscal o un defensor incompetente, posiblemente se produzcan otros resultados, pero lo veo difícil”.

Añadió que “el legislador ha querido que el imputado sea juzgado por pares. Porque comparten sus mismos valores, su misma cosmovisión cultural. Lo más atractivo del juicio por jurados es que en el recinto de la deliberación no participa el Estado. Los únicos que van a determinar la culpabilidad o inocencia del imputado son los ciudadanos. Después vendrá la tarea del juez profesional, que antes tiene un poder muy importante al darle instrucciones al jurado”.

“Ahora, el esfuerzo de todos para la implementación”

“No debe perderse de vista que la sanción del Código Procesal es solo una etapa, si bien muy importante. La reforma requiere a partir de ahora el esfuerzo de todos para lograr la implementación del nuevo sistema. A no fallar porque la sociedad espera y el país mira”.

Lo afirmó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén, Richard Trincheri, a propósito de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén.

Trincheri aseguró que “el Código sancionado es superador de todos los existentes en el país y, a no dudarlo, Neuquén a partir de ahora será observado como espejo legislativo a seguir”.

Recordó que en 2003 escribió un artículo titulado “El proyecto olvidado” en el cual se lamentaba por la falta de tratamiento en la Legislatura del proyecto de nuevo Código Procesal Penal que había ingresado en diciembre de 2000.

“Lo más importante de aquél proceso fue el origen de la reforma y la metodología seguida hasta la elevación del proyecto. Se trató inéditamente de una decisión de reforma del Tribunal Superior de Justicia y, a partir de allí, se sucedieron el trabajo de la comisión redactora, la realización en toda la provincia de reuniones, foros, debates y la presentación de un texto preliminar. Luego hubo otra etapa de discusión, con superlativa labor de una comisión consultiva y revisora, de la que participaron abogados, funcionarios y magistrados judiciales, diputados provinciales, un representante de la policía provincial y la secretaria de seguridad ciudadana entre otros”.

Tras el fracaso de ese intento “siguieron largos años de desencuentros” hasta que “la actual composición de la Legislatura decidió hace más de dos años saldar esta deuda con toda la sociedad neuquina. Tomó como base otro proyecto con idénticos lineamientos al anterior, convocó a todas las instituciones relacionadas con la materia para que realizaran aportes y lo que fue la decisión más importante: promovió la conformación de  una comisión interpoderes, con lo cual también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo participaron en la redacción final del proyecto que finalmente la Legislatura discutió y consagró por unanimidad como nuevo Código Procesal Penal”.

Trincheri consideró que “Neuquén cuenta ya con una normativa adaptada a las exigencias de la Constitución Nacional” que “servirá para devolverle credibilidad social y hacerla más eficiente a la hora de responder a las demandas de la ciudadanía”. Resaltó como puntos principales “el juicio oral y público como etapa central del proceso, el fiscal como único responsable de la investigación preparatoria, la víctima con derechos y protagonismo esencial, los jueces como terceros imparciales en todas las etapas hasta la resolución final del caso, y organizados en colegios lo cual traerá horizontalidad y democracia a la organización pero también les permitirá a los magistrados alejarse de las tareas administrativas, los imputados con un elenco de disposiciones respetuoso de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de la amplitud del sistema recursivo y de una  regulación de las medidas de coerción adaptada a las exigencias de los Pactos Internacionales”.

Respecto del juicio por jurados, “la frutilla del postre” según lo definió, dijo que “es una línea central en la realización del programa de fortalecimiento de nuestra República”.

Por último, expresó su reconocimiento a los aportes realizados en las diferentes etapas de este largo proceso por Ricardo Mendaña, Oscar Pandolfi, Marcelo Otharán, Alberto Tribug y “a todos los diputados provinciales que definitivamente han quedado en la historia, especialmente a Marcelo Inaudi, José Russo y Soledad Martínez”.

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La Legislatura aprobó en general la reforma procesal penal de Neuquén

23 noviembre 2011 23:24 10 comentarios

Fue por unanimidad, a las 23:10 de hoy miércoles.

El jueves a partir de las 14 será el debate en particular. Hay sólo tres discrepancias planteadas por una minoría de diputados: la competencia del juicio por jurados (que se extienda a los delitos contra la administración pública); las querellas colectivas en casos especiales (no son admitidas) y la posibilidad de que los pueblos originarios resuelvan internamente algunos de sus conflictos.

Los tres puntos serán rechazados por la mayoría.

La votación en general fue acompañada por un aplauso.

“Somos parte de la historia de esta provincia”, dijo el presidente a cargo de la Cámara, Carlos González.

La transmisión pudo seguirse en vivo desde la página web de la Legislatura, de ahí es la captura de pantalla.

Actualización: a las 19.10 del jueves lo aprobaron en particular como ley 2784.

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A la búsqueda de los que colaboraron con el proyecto alternativo de Código Procesal Penal

10 noviembre 2011 20:31 Deja un comentario

Esto está en el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia

 

 

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE PEDIDO.- VISTO Y CONSIDERANDOEl pedido formulado por el Sr. Fiscal ante el cuerpo, con relación a las publicaciones aparecidas en la Edición de fecha 07 y 08 de noviembre de 2011, página 6 y 13 respectivamente del Diario Rio Negro. Que en las mismas, se informa que el Poder Ejecutivo habría presentado propuesta de modificación de algunos artículos del proyecto de Código Procesal Penal. Mas allá de tal circunstancia, que excede la esfera de competencia del Poder Judicial, resulta relevante la información que indicaría la participación de magistrados judiciales, en la función de asesoramiento de las propuestas de modificación formuladas por el Poder Ejecutivo. Que dado que el Tribunal Superior de Justicia ha trabajado de manera formal, integrando la Comisión Interpoderes creada al efecto, entiende el Sr. Fiscal, que resulta necesario, a fin de dar seriedad a la actuación oficial establecida, dado que se ha tratado de un espacio democrático de participación, realizar un estudio de la realidad de tal información. Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: Pasar a estudio de los Sres. Vocales, la información indicada precedentemente.

 

Se refiere a lo publicado aquí.

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La hora del debate de la reforma procesal penal de Neuquén

8 noviembre 2011 12:17 5 comentarios

Se dice que antes de fin de mes, los diputados de Neuquén debatirán en el recinto el proyecto de Código Procesal Penal. No se conoce el día, menos aún la hora. Pero, teniendo en cuenta la tradición horaria de la Legislatura, es bueno prever ya el asunto. ¿Tratarán el articulado en particular a partir de la medianoche y durante toda la madrugada?

El artículo 196 de la Constitución Provincial dice que “ningún proyecto de Ley (…) podrá ser tratado en el mismo día (…) en general y en particular”.

El espíritu de este artículo, ya incluido en la Constitución de 1957, es permitir que los legisladores se tomen un tiempo para reflexionar sobre el articulado del proyecto que están tratando.

Sin embargo, han logrado burlarlo y distorsionar la manda constitucional: se reúnen al atardecer de un día para debatir en general, y a partir del primer minuto del siguiente para tratarlo en particular.

Por la trascendencia que tiene el Código Procesal Penal, por lo controvertido de su texto (por más que se diga que hay acuerdo en el 90 por ciento), porque se proyectará sobre toda la ciudadanía de la provincia durante muchos años, y porque hace a la transparencia de los actos de gobierno, sería deseable que el debate no transcurra, como habitualmente sucede y se dice, entre gallos y medianoches.

Quizá nadie asista a presenciar la sesión. Pero por lo menos no desalienten a los potenciales interesados con horarios incompatibles con los del ciudadano común.

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El Poder Ejecutivo impulsa reformas de última hora al proyecto de Código Procesal Penal de Neuquén

7 noviembre 2011 8:00 Deja un comentario

Un funcionario del Poder Ejecutivo, un abogado contratado por la fiscalía de Estado y dos jueces de Instrucción elaboraron una propuesta para modificar un número importante de artículos del proyecto de Código Procesal Penal de Neuquén.

Me lo confirmaron una fuente del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo y una del Ejecutivo, si bien cada una con sus matices. Ninguna aceptó formular declaraciones públicas y pidieron reserva de sus nombres.

Según la fuente judicial y una de la Legislatura, la propuesta era modificar entre 110 y 117 artículos (ellos me dijeron también quiénes la habían elaborado).

Algunas de las reformas propuestas eran sustanciales: por ejemplo, quitar el juicio por jurados y dejarlo reservado para una ley complementaria.

La otra fuente legislativa aseguró que la propuesta no contemplaba cambios de fondo. Algo parecido dijo el funcionario del Ejecutivo, y aclaró que “en forma permanente se hacen aportes, pero no fueron de ese volumen”. No mencionaron quiénes fueron los autores.

Oficialmente, los diputados que trabajan en el proyecto de reforma aseguran que antes del 10 de diciembre el Código estará sancionado, y que sólo hay discrepancias en unos pocos artículos de los 272 que conforman el texto.

Añaden que esas diferencias se resolverán en el debate legislativo, cuando el proyecto llegue al recinto.

Sobre esto ya se habló en el blog, aquí y aquí.

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“Con la reforma procesal se puede iniciar un camino de cambio”, por Leticia Lorenzo

5 noviembre 2011 9:00 3 comentarios

Leticia Lorenzo, que no necesita presentación, tuvo la enorme amabilidad de leer un post anterior en el que planteaba “Lo que no se dice que no cambiará con la reforma procesal penal de Neuquén” (ver aquí). No sólo eso, lo contestó y aquí está el correo que me envió, que publico con su autorización.

Tres cuestiones interesantes que plantea, aquí híper sintetizadas.

Una, el juicio por jurados hay que instalarlo “y la siguiente pelea va a ser por su extensión a otros delitos”.

Dos, Leticia corre el velo de otro debate oculto: “¿quién elige al que persigue?”. Advierte: “si no empezamos a ver qué se va a hacer con las leyes orgánicas y cómo se van a organizar las instituciones para implementar la reforma, terminaremos donde estamos”.

Y tres, el costo económico de implementar la reforma. “Con la cantidad de plata que recibe este sistema judicial, decir que la reforma va a ser cara me parece un sinsentido”.

Por supuesto recomiendo la lectura completa, que comienza aquí:

En principio, yo estoy de acuerdo en bastante de lo que decís en tu post. De hecho hace unos años atrás participé en una charla en Rosario en la que Binder nos cuestionó que si no creíamos que se podía perseguir otro tipo de delitos e incidir en donde el poder verdaderamente se manifiesta, la reforma procesal penal no tiene demasiado sentido. Desde entonces y hasta ahora esa es una pregunta que me cuestiona permanentemente, porque con honestidad, no siempre estoy segura que la reforma sea una herramienta útil para cambiar el eje de persecución penal. Por ahora, viene ganando en mi interior la postura que cree que sí, que con la reforma se puede iniciar un camino de cambio, y en ese sentido quisiera hacerte una serie de apreciaciones sobre los puntos que mencionás.
1) El juicio por jurados no será para los delitos cometidos desde el poder. Yo ya estoy empezando a pensarme a mí misma como “la loca de los jurados”. Creo que todos los casos que lleguen a juicio deberían ser juzgados con un jurado pero lamentablemente esa pelea la perdimos, en ese sentido. Sin embargo, viendo la ENORME resistencia que existe a la instalación de los jurados, donde entran moros y cristianos (porque encontrás resistencias en el sistema judicial, en la academia, en los medios) el hecho de que se incorpore el juicio por jurados para algunos delitos me parece una ganancia en varios sentidos:
  1. Por un lado, para incorporar criterio en las decisiones. Un ejemplo concreto: en Córdoba un jurado absolvió a una chica que cometió el mismo “delito” que Romina Tejerina en exactamente el mismo contexto. Entonces, me parece una enorme ganancia empezar a tener esos juicios con jurados populares, que le incorporen un poco de sentido común al sistema judicial.
  2. Por otro lado, porque en la medida en que se constate en la práctica el funcionamiento del jurado, creo que inevitablemente la siguiente pelea va a ser por su extensión a otros delitos, principalmente los que involucran al poder. Nuevamente en el caso de Córdoba, donde tienen una forma de incorporación de los jurados bastante rara (porque son 9 ciudadanos y 3 jueces técnicos que componen el tribunal de enjuiciamiento) hoy en día la discusión que se está dando pasa por ampliar la intervención de los jurados a otros casos y por convertirlo en el jurado clásico (el que se está regulando en Neuquén).
  3. Adicionalmente, porque tener ciudadanos aunque sea en pocos casos, me parece que va a obligar a los funcionarios judiciales a prepararse, preparar y conocer sus casos. El sistema judicial actualmente funciona bastante con la lógica de “entre gitanos no nos vamos a leer la mano” u “hoy por ti mañana por mí”. Tener a personas extrañas a la práctica judicial cotidiana me parece que va a servir para desnudar mucho de lo impune que hay en esa práctica, y creo que eso es una ganancia bastante grande.
2) La restricción a la participación como querellante. Entiendo, aunque no estoy del todo segura, que este es un punto que sigue debatiéndose y en el que la restricción no va a prosperar. Sin embargo, me parece que el tema de “quién persigue” nos lleva a una discusión que nadie está tomando en cuenta y que creo va a ser muy importante para el éxito o fracaso de la reforma: ¿quién elige al que persigue? Porque efectivamente, el argumento para restringir la participación de otras organizaciones en la acusación es generalmente la que vos decís: ya existen órganos estatales de persecución. Ahora, lo que parece no estar en discusión es cómo se elige a los fiscales, concretamente. Y si a los fiscales, que van a ser los encargados de perseguir y que esperaríamos (desearíamos, rogaríamos) que se metan allí donde existe tufillo a que los ciudadanos estamos siendo estafados por los poderosos de turno, los van a elegir justamente los poderosos de turno… bue, ahí sí tengo que coincidir desde la partida con vos y decir que la reforma no va a tener demasiados efectos. Pero no podemos perder de vista que la reforma involucra la necesidad de cambiar a las leyes orgánicas (judicial, ministerio público, defensa pública) en varios sentidos: selección, organización, rendición de cuentas a la sociedad, etc. No son pocos los sistemas en los que los fiscales son electos por voto popular. ¿Por qué no empezar a dar esa discusión en nuestras tierras? ¿Por qué no empezar a discutir sobre la necesidad de incorporar figuras como la del “gran jurado” que es un conjunto de ciudadanos que controla si el fiscal hizo bien su trabajo y tiene materia para hacer una persecución? ¿Por qué no empezar a buscar formas de rendición de cuentas hacia la ciudadanía por parte de jueces, fiscales, defensores? Yo creo que un mecanismo de mejorar la calidad de la justicia puede ser el permitir la intervención de organizaciones como querellantes, pero también creo que hay que ampliar la discusión y empezar a incorporar estos temas al debate, sino siempre nos quedamos en “lo que dice la norma” y nos olvidamos de todas las cuestiones de poder que están involucradas detrás de cada norma. Y acordate de mi en esto: si no empezamos a ver qué se va a hacer con las leyes orgánicas y cómo se van a organizar las instituciones para implementar la reforma, terminaremos donde estamos.
3) Extinción de las causas. Yo entiendo que ese plazo va a ser para los casos que se inicien de acuerdo al nuevo procedimiento y me parece correcto que exista por varias razones:
  1. Los operadores van a tener muchos mecanismos alternativos para utilizar, que esperemos que les permitan separar la paja del trigo terminando lo más chico en forma rápida y ocupándose de lo que requiere investigación con mayor celeridad.
  2. Creo que tener un plazo es un buen mecanismo para controlar cómo está funcionando la justicia, porque si después de dos años vemos que todos los casos se extinguen entonces tenemos que plantearnos qué está funcionando mal: ¿tenemos un plazo muy breve? ¿La burocracia se comió al sistema? ¿Perseguimos causas demasiado complejas para ese plazo? (esta última me parece que es una opción bastante poco sostenible, en nuestra actualidad).
Y ya que hubo un comentario en tu post quisiera referirte algo con relación a eso: con la cantidad de plata que recibe este sistema judicial nuestro, decir que la reforma va a ser cara me parece un sinsentido. Tenemos acá nomás, en Chubut, el ejemplo de una reforma que se hizo optimizando los recursos y creo que eso es lo que tenemos que hacer: empezar a ver qué se hace en la actualidad y qué debería hacerse. Y mi intuición (es sólo una intuición, aclaro, no tengo base fáctica para sostenerlo como un hecho) es que con la plata que hoy tiene el poder judicial podría reformar todos los sistemas hacia la oralidad, modernizar su organización y optimizar las funciones de sus empleados para que no “se frustren” cuando se jubilan, sin mayores necesidades presupuestarias. Sólo es cuestión de ver en qué se gasta la plata y en qué debería usarse.

La otra vez posteaste un artículo que hicimos con Marce. Cada día estoy más convencida de las cosas que ahí decimos. La reforma es una discusión mucho más política que técnica con todos los pros y los contras que ello tiene. Y empezar a dar estos debates en ese plano me parece que es un paso enorme para que el árbol (el futuro CPP) no nos haga olvidar de mirar el bosque.

Lo que no se dice de lo que no cambiará (sobre la Reforma Procesal Penal en Neuquén)

4 noviembre 2011 8:19 1 comentario

A medida que se acerca al momento de su aprobación, la reforma procesal penal, o mejor dicho quienes estuvieron mayoritariamente a cargo de la redacción del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén, van mostrando el verdadero rostro del cambio que nada cambia.

Es habitual escuchar a los voceros políticos de la reforma destacando que “hay acuerdo unánime en la inmensa mayoría de los artículos, salvo dos o tres”.

En sus apariciones mediáticas nunca mencionan cuáles son esos artículos, o apenas dan el título.

Esos artículos en los que hay discrepancia (y en los que se impondrá la mayoría) son, por ejemplo:

1) El juicio por jurados no será para los delitos cometidos desde el poder.

Es decir que los delitos de peculado, cohecho activo y pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales y administración fraudulenta agravada serán, como hasta ahora, sustraídas de la evaluación popular.

Así, el juicio por jurados, uno de los caballitos de batalla preferido por los propagandistas de la reforma, aquel que importará la incorporación ciudadana a la administración de justicia, quedará reservado para los delitos que suelen causar conmoción social (los penados con más de 15 años de prisión, homicidios agravados, robos con armas, graves delitos contra la integridad sexual).

Estos delitos son cometidos, indica la experiencia, por las presas favoritas del sistema penal.

Los otros, antes enumerados y que causan daño extenso a la sociedad (lo que se roba desde el Estado se les roba a todos) quedarán exclusivamente en manos de jueces técnicos designados con los mecanismos que ya conocemos.

¿Cuál fue el fundado e irrebatible fundamento para excluir a los jurados populares del juzgamiento de esta clase de delitos? “Ninguna de esas causas llega a juicio”. Es una declaración oficial, pueden verla aquí.

No llegan, ni llegarán, parece decir.

Este artículo eliminado se complementa con

2) la severa restricción para que personas físicas o jurídicas se presenten como querellantes “contra presuntos responsables de los delitos cuando los mismos afecten gravemente los derechos humanos fundamentales o sean resultantes de corrupción administrativa y haya sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su función o en ocasión de ella”.

Hay diputados que se oponen a la inclusión del querellante en estos casos especiales con el argumento de que “ya existen órganos encargados de llevar adelante la persecución penal y la posibilidad de querella particular”.

Lo más probable es que la aceptación como querellantes en estos casos especiales dependa de que la persona jurídica en cuestión incluya en su objeto estatutario la defensa de los derechos que considere lesionados.

Pero más probable aún es que la aceptación (o no) sea una facultad discrecional del juez designado con los mecanismos que ya conocemos.

Y

3) establece que la duración máxima de todo el proceso no podrá superar los 3 años. “Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado”.

¿Cuántas causas de delitos de corrupción se caerían por la aplicación, hoy, de este mandato? No hace falta pensar en los casos grandes, sino en los pequeños, que afectan por igual a la comunidad.

Es cierto que no se puede mantener una investigación, o un estado de sospecha, abierto por tiempo indeterminado. Pero obligar a dictar el sobreseimiento, conjugado con los dos puntos anteriores, suena a mucho.

En definitiva, el Código Procesal no es más que una herramienta y siempre dependerá de sus operadores el grado de eficacia que se alcance con su uso.

Pero estos detalles apuntalan la presunción de que, con nuevas formas, se buscarán los mismos resultados de siempre.

No es de extrañar, después de todo, que surja de una Legislatura que aceptó muy acotadas causales para la remoción de un vocal del Tribunal Superior de Justicia; que obligó a la prescripción de las causas radicadas en el Tribunal de Cuentas, que designó al abogado de confianza y a la prima del gobernador en el Tribunal de Cuentas… y siguen las leyes.

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Llega a los barrios de Neuquén el debate de la Reforma Procesal Penal

17 octubre 2011 21:06 Deja un comentario

En el marco de la promoción de la  Participación Ciudadana

INVITAMOS AL TALLER

Justicia y Comunidad

Organizado por el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la Provincia de Neuquén con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia 

Miércoles 19 de octubre de 2011 a las 18:00 hs.

En la capilla Santa Teresa de los Andes

Lago Ruca Choroi y Alferez Sanchez, Villa Ceferino

Traer Mate. Los/as Esperamos!!

Creemos muy importante contar con su participación

para la construcción de una sociedad más justa y democrática!!

 Banco Comunal Villa Ceferino – Fundación Otras Voces

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Para pensar en la reforma procesal penal desde lo político y no sólo desde lo técnico

16 octubre 2011 16:22 1 comentario

“Que la reforma no sea sólo una reforma, un rediseño normativo, sino un cambio de cultura que operará en la realidad”, escribieron los abogados Leticia Lorenzo y Marcelo Medrano en sus “aportes para la reflexión” sobre la reforma del Código Procesal Penal de Neuquén. El documento, que pueden descargar al final del post, será entregado a la comisión legislativa que analiza el tema.

Agregan: “La forma de escuchar al ciudadano, de resolver los conflictos en mayor o menor plazo, con más o menos eficacia y tamiz de violencia; calidad de respuesta e instauración de modelos de referencia sociales. Y lógicamente organización practica, seria y profunda de los actores institucionales que la llevarán a cabo. La reforma pensada en términos culturales significa asignarle un valor desde el punto de vista de construir otros paradigmas de respuesta a la sociedad, para que no termine siendo la disputa de profesionales del derecho (que desde distintos lugares) van definiendo las grandes y pequeñas cuestiones, logros y resultados”.

“En este otro esquema de pensamiento que no es lineal, los operadores (todos) son parte de un engranaje mayor inserto en la sociedad. No los exclusivos protagonistas”.

“Este nos parece el gran desafío. Bajar el modelo de lo jurídico a lo político social, incidir en el sistema proyectando otras lógicas de modelos que sirvan a los procesos conflictuales, que puedan además reestructurar otras instituciones (jurados, consejo de la magistratura, horizontalidades de decisión, relaciones entre partes). Y recordando siempre que el sistema penal debe ser la última y mínima intervención, sin perjuicio de ampliar el conocimiento para más y mejor democracia, más y mejor república, más y mejor justicia social”.

El texto completo, en formato word, aquí abajo.

Gracias a Convocatoria Neuquina por la información.

APORTES REFORMA PROCESAL PENAL

ANTEPROYECTO REFORMA CPP

Víctor Vélez, sobre la reforma procesal penal: “el compromiso político tiene que extenderse a los sistemas de investigación”

27 septiembre 2011 7:48 Deja un comentario

Este es el audio de la entrevista que le hice a Víctor Vélez, juez de Cámara Criminal en Córdoba, en la cual lo consulté sobre algunos aspectos de la reforma procesal penal, temas tratados en este post.

 

Y aquí está la transcripción:

¿Es caro implementar una reforma procesal penal?

Todas las reformas si se hacen bien son caras en el sentido de que hay que poner todo lo que se necesita, porque si la infraestructura no acompaña, eso después se nota. Me parece que la decisión política de poner en marcha una reforma implica la decisión de acompañar con la infraestructura necesaria para que no fracase.

¿En el caso de Córdoba dónde hubo que invertir más, en el recurso humano, la cuestión edilicia o dónde?

Se fueron construyendo paralelamente edificios, o sea que se dedicó esfuerzo y presupuesto a la estructura edilicia, a la capacitación, y después hay que tener en cuenta que hay gastos especiales que se producen cuando se instala y se lleva a cabo el juicio por jurado: el traslado de los jurados, los viáticos en algunos casos si es necesario que permanezcan aislados, aunque en general esto no ha pasado, pero son cosas que hay que hay que ir previendo.

Una reforma implica un cambio cultural. ¿En Córdoba fue recibido con entusiasmo o con resistencia?

Una cosa es lo que pasa hacia fuera y otra es la verdad que no se dice. En el caso del juicio por jurado las oposiciones más férreas han sido las de los jueces y los abogados, en tanto a la gente el procedimiento le resultaba simpático y al principio aprobaba en un 70 por ciento porque todavía no se conocía, ahora la aprobación es mayor. Después del funcionamiento el porcentaje de opositores se bajado, ahora puede haber una oposición velada, no expresa, de un 20 o 30 por ciento en los niveles judiciales y entre los abogados. Pero el apoyo después de la experiencia es mayoritario.

¿A qué se debe el rechazo? ¿Es la natural resistencia al cambio o hay otros factores?

Hay resistencia a la pérdida del poder, porque hay una transferencia importante del poder del estado a favor de los ciudadanos, y hay que cambiar la cultura, que es lo más importante. El proceso es un producto cultural. Cuando se cambia un proceso se cambia una cultura, esto es un desafío que requiere tiempo, esfuerzo y fundamentalmente convicción. Con los años esto se va acentuando, llega un momento en que aquella cultura ya fue y viene esta otra. Y si hubiese un cambio hacia otra cultura, creo que se van a producir los mismos remezones.

La reforma apunta a mejorar la investigación de los delitos comunes, que la gente identifica con la llamada inseguridad, pero parece que no se hace tanto hincapié con los delitos contra la administración pública.

Y sí, la gente en general, como se producen desigualdades, se profundiza el escepticismo y mira a las instituciones como incapaces de solucionarle problemas que son acuciantes. Desde el poder hay que tomar conciencia de eso y procurar en primer lugar que las investigaciones sobre todo de los delitos del poder, de los delitos graves, con mucha trascendencia social, no fracasen y se hagan también los juicios. Desde el punto de vista del Poder Judicial, en mi opinión el jurado aparece como un proceso de construcción de confianza, porque la opinión que los jurados tienen a priori de la justicia es la que en general reflejan las estadísticas, es decir mala, desconfían del Poder Judicial. Porque no conoce, en parte, y porque no tienen ninguna posibilidad de participar. Ahora, cuando ingresan y participan, la opinión es totalmente diferente. Es más, las encuestas han arrojado estadísticas muy alentadoras que se transmiten además de boca en boca y esto es muy útil, porque vivir desconfiando es una cosa, y vivir confiando en las instituciones es otra. Me parece que una sociedad decente es aquella en donde los ciudadanos pueden confiar en sus instituciones.

Con todos los beneficios que pueda tener el juicio por jurados, la realidad es que las causas que llegan a juicio son un ínfimo porcentaje respecto de las que se inician. ¿El problema no está en otro lado?

Eso pasa en todas partes. Ahora, en Neuquén se ha elegido (el juicio por jurados) para un tipo de delitos graves y el jurado es obligatorio, lo mismo que en Córdoba. No ocurre lo mismo en otros lugares. Por ejemplo en Estados Unidos el valor de la vigencia del jurado es testimonial, porque sólo llegan al jurado entre el 7 y 9 por ciento de los problemas penales. Se debe a que el jurado es optativo. Acá será obligatorio.

Me refería a que poquitos casos se esclarecen o reúnen prueba como para llegar a la etapa de juicio oral.

Pero eso no es un déficit del jurado sino de los sistemas de investigación…

Y sí…

… que es donde hay que poner el acento. Argentina tiene un gran déficit en los sistemas de investigación. Digo la experiencia de Córdoba: el 90 por ciento de los casos que llegan a juicio son casos de flagrancia, donde no hay investigación. Acá la voluntad política y el compromiso político también tiene que extenderse fundamentalmente a los sistemas de investigación. Sin investigación no hay juicio. Podemos tener el mejor sistema de enjuiciamiento, pero si no hay investigación no hay juicio.

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Apuntes sobre la reforma procesal penal en Neuquén: presupuesto, juicio por jurados y la cuestión de fondo

23 septiembre 2011 21:03 4 comentarios

El clima para aprobar el nuevo Código Procesal Penal en Neuquén es inmejorable. Los tres poderes del estado ratificaron hoy viernes, en una charla abierta, su compromiso con la reforma.

Pero, diría el profe Romero, hay algunos temas que merecen cuidadosa atención. Y no necesariamente los apenas 8 o 10 artículos en discusión sobre 272 de la norma.

Uno de ellos es de dónde saldrá la plata para instrumentar el nuevo Código. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo informaron que no está previsto aumentar el presupuesto del Poder Judicial.

Otro es que el juicio por jurados, la vidriera de esta reforma como se la definió hoy, será bienvenido porque involucrará a la ciudadanía en el más verticalista, oscuro y menos democrático de los tres poderes del Estado. Pero de lo que se habla menos es cuántas son las causas que llegan a juicio (un ínfimo porcentaje respecto de la cantidad de denuncias que se presentan o investigaciones de oficio que se inician) y de qué calidad.

La vidriera muestra lo que se quiere ofrecer, pero la clave del servicio está en lo que sucede en los fondos del local. Y lo que falla en Neuquén, como en todo el país, es la etapa de investigación.

Hoy hubo una charla sobre la reforma procesal penal de la que participaron Graciela Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Gabriel Gastaminza, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno provincial; Marcelo Inaudi, diputado radical, y Richard Trincheri, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén, organizadora de la actividad.

También disertó el juez de Cámara de Córdoba Víctor Vélez. Le hice una entrevista sobre los temas planteados al comienzo, la podrán leer muy pronto en el blog.

Los primeros intentos de reforma procesal penal comenzaron en 1999. Nunca existió voluntad política para sancionarla, por diferentes razones.

Trincheri, quien participó de aquel intento, se preocupó por transmitir la aprobación de los magistrados y funcionarios al texto que surja finalmente de la Legislatura (dijo que las disidencias son mínimas), pero más le interesó comprometer a los otros panelistas en la sanción e implementación del nuevo Código.

“Hay tres o cuatro cuestiones en discusión. No importa cómo lo resuelvan, nadie podrá decir que los legisladores se equivocaron. Lo que queremos saber es cuál es el compromiso de cada uno de los poderes con la reforma”, dijo en la presentación del panel.

Graciela Martínez fue la única que mencionó el tema del dinero. “Necesitamos presupuesto para esta reforma”, dijo.

Fue la única línea que se dedicó al tema hasta que, desde el público, la dirigente del gremio judicial Marisa Stagnaro les recordó a los panelistas que las mejores intenciones han fracasado o se complica su implementación por falta de apoyo presupuestario (citó como ejemplo la ley de Protección Integral del Niño y el Adolescente y la ley de Violencia Familiar).

En ese momento fue cuando Gastaminza e Inaudi le dijeron al Poder Judicial que tendrá que arreglárselas con el presupuesto actual, autárquico, compuesto por un porcentaje de la coparticipación federal de impuestos.

“Venimos con problemas desde hace dos años”, recordó Graciela Martínez. El representante del Ejecutivo y el del Legislativo no replicaron. Ya habían transmitido su mensaje.

Plata hará falta, y en cantidades. Por ejemplo, el nuevo Código reconvierte la actual división entre jueces de Instrucción y de Cámara en un “colegio de jueces”, donde podrán, indistintamente, actuar como jueces de garantías o de juicio.

¿Cómo van a resolver la diferencia salarial? pregunté a alguien que sigue muy de cerca la reforma. “Se les va a equiparar a todos el sueldo con un juez de Cámara”, me contestó. Lo mismo sucederá con los fiscales y los defensores.

A propósito, habrá que incorporar más fiscales (se pasa al sistema acusatorio puro), y posiblemente defensores.

También habrá que disolver las tres cámaras de todos los fueros que hay en el interior. Posiblemente quede una sola cámara con competencia civil, laboral, etcétera, y los jueces con más perfil de penalistas pasarán al colegio de jueces. Y esto sólo para empezar.

Respecto del juicio por jurados, lo impulsa más el espanto que el amor. Su objetivo parece ser darle legitimidad las decisiones de un Poder Judicial en crisis. Lo dijo Inaudi: “en la medida que es el ciudadano común el que dictamina culpabilidad o inocencia, se logra una legitimidad que no tiene precio”.

Antes, Graciela Martínez había admitido: “hay una crisis de confianza en la justicia. Se nos adjudica que somos poco independientes, lentos, corporativos”.

La incorporación de ciudadanos comunes a los jurados, se repite, es bienvenida, pero no resolverá los problemas de fondo: las fallas en la investigación.

Además, en toda charla sobre el tema se hace foco en lo que la ciudadanía entiende por “inseguridad”, esto es, delitos contra las personas y contra los bienes. Pero ¿hay algo previsto para mejorar la investigación de los delitos contra la administración pública? Las causas emblemáticas de los últimos años (cámara oculta, manejo de subsidios en Centenario, zona liberada) languidecen, para no hablar de todas las que prescribieron.

Se habla mucho de la posibilidad de crear una “policía judicial” pero ¿qué hay de un buen gabinete contable para hurgar en el manejo de los fondos públicos?

La reforma procesal penal, si uno escucha a los encargados de impulsarla, es un hecho. Demorará alrededor de dos años más su puesta en marcha. Se verá entonces si es una solución de fondo que “acercará a la gente a la justicia y una justicia más eficaz a la gente”, o sólo una enorme y costosa lavada de cara.

La foto la tomé del sitio Quiero ser Jurado en Facebook.

PROYECTO CÓDIGO PROCESAL PENAL

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Disertación sobre la reforma procesal penal en Neuquén

21 septiembre 2011 19:47 Deja un comentario

Click en la imagen para verla más grande.

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Vuelve el debate sobre la presencia de la defensoría del Niño como querellante en causas por abuso sexual infantil

24 agosto 2011 14:37 3 comentarios

Leo en el sitio web de la Legislatura que el equipo de la defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente pidió que en el futuro Código Procesal Penal se incluya la figura del “menor querellante”, contemplada ahora en el artículo 96ter que fue declarado inconstitucional por la Cámara Provincial de Apelaciones.

Nara Osés dijo ante los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales que es necesaria la participación de menores víctimas de delito de abuso sexual en los procesos penales como parte querellante.

Osés defendió su incorporación al sostener que el artículo otorga una “garantía fundamental al incluir la voz del niño dentro del proceso judicial”. A la vez, descartó argumentos de inconstitucionalidad al señalar que en ningún caso implica un “doble ataque al imputado” al observar que la Defensoría representa al niño y la Fiscalía al Estado.

En el blog hay varias publicaciones sobre la controversia que suscita este artículo.

Aquí está la última nota publicada sobre el tema, con enlaces a los post anteriores. En casi todos pueden descargar los interesados las resoluciones completas emitidas por los organismos que intervinieron.

La cuestión comenzó en octubre del año pasado con “El Estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal”. Se refiere a la declaración de inconstitucionalidad, y el comienzo del post alertaba ya por entonces: “Tomen nota los encargados de la reforma procesal penal de Neuquén: la Cámara de Apelaciones de la provincia acaba de declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código actual.”.

Siguió con “No hay doble brazo para la persecución penal, hay mandatos diferentes (casación contra una declaración de inconstitucionalidad)” con el recurso de casación que presentó el fiscal Rómulo Patti.

Luego vino “La Defensoría no es querellante: quien podía apelar lo hizo tarde, quien no podía presentó “un galimatías”. Reseña que la Cámara de Apelaciones rechazó la casación de Patti, mientras que la Defensoría, directa afectada por la declaración de inconstitucionalidad, presentó el recurso fuera de término.

Y, anteúltimo capítulo, “¿La defensoría puede o no ser querellante? Interviene el TSJ” referido al recurso de queja que presentó el fiscal Rómulo Patti.

Hoy me enteré que el Tribunal Superior de Justicia rechazó la queja con dos argumentos. El primero, que la declaración de inconstitucionalidad “no genera gravamen ni perjuicio irreparable al ministerio público fiscal ya que su contenido no resulta desfavorable a sus intereses.

Patti también había invocado la “gravedad institucional”, y ahí aparece el segundo argumento de la sala penal del TSJ: “la demostración de la existencia (de la gravedad institucional) constituye una carga que se pone en cabeza de quien la invoca (…) Patti no satisfizo este recaudo. Y no lo ha hecho desde que la lectura de la impugnación demuestra que el recurrente se ha limitado a reseñar los antecedentes de la causa, sin precisar qué otros expediente se encontrarían en las mismas condiciones conforme los motivos alegados”.

Una aclaración: la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara de Apelaciones no borró para siempre al artículo 96ter. Luego se conocieron fallos de cámara criminal en los que se aceptó a la defensoría como querellante.

Pero es evidente que alguna influencia provocó en quienes redactaron la reforma procesal penal, puesto que no lo incluyeron.

La imagen está tomada de un power point que la defensoría presentó ante los diputados, y la foto es de Leo Petricio.

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Jorge Sapag busca el voto de los abogados

14 febrero 2011 22:28 3 comentarios

Jorge Sapag estuvo el lunes al mediodía con integrantes del Colegio de Abogados de la provincia. La información oficial, distribuida a través de prensa de la gobernación pese a que fue un acto netamente de campaña (en esto copia los vicios de su antecesor), es escueta: reseña que habló del diálogo, la relación con el gobierno nacional, las regalías…

Pero un abogado que asistió a la charla me contó que habló de otras cosas. Nada espectacular, y sin embargo el equipo de prensa del gobernador, y el mismo Sapag, intentaron que nada se filtrara.

Dijo Sapag ante los abogados que tratará que este año se apruebe en la Legislatura la reforma procesal penal, y mencionó también la reforma del Consejo de la Magistratura (parece que nada se dijo sobre cuándo los diputados designarán a sus representantes; el plazo se les venció el 27 de enero).

También mencionó la importancia de que haya abogados en la Legislatura. Recordar que lleva en la lista a Juan Pablo Prezzoli, como abogado y como joven. (Podría sacar un aviso recordando a los abogados que pueden votar, y en vez de “afirmativo”, rematarlo con “será justicia” o algo así).

Hablando de su rival interno, aludió a Jorge Sobisch al menos en dos ocasiones. Por un lado dijo que a diferencia de su antiguo socio y hoy circunstancial adversario, él se maneja con plataformas electorales y no improvisa.

Por el otro, insistió en su llamado a los independientes porque, afirmó, el que gane la interna del 20 de febrero será el próximo gobernador.

La galería de fotos es del sitio oficial del gobernador, del gobierno, del candidato, de todos ellos. Click para verlas más grandes.

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Lavado de dinero y reforma procesal penal

6 enero 2011 13:45 Deja un comentario

Cuando al gobernador Jorge Sapag le preguntaron por el lavado de dinero en Neuquén y las leyes que son necesarias para combatirlo, respondió que “es resorte de los tres poderes del Estado y de los ciudadanos. Hablaré con (el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate) para que me dé más datos y ver qué normativa es necesaria”.

Hoy leo en “Río Negro”:

“Una cuestión a debatir por parte de los responsables de ejecutar la política en materia de legislación procesal penal, que en el caso de la provincia del Neuquén es el Poder Legislativo, sería analizar la posibilidad de que, en aquellas cuestiones que se vinculen exclusivamente con el lavado de activos en los términos que establece el artículo 278 inciso 1 del Código Penal, se modifique el Código Procesal Penal vigente –en su parte pertinente– estableciendo que las conclusiones de los informes que produzcan los peritos intervinientes –quienes deberán surgir de una lista especial conformada por profesionales en Ciencias Económicas que acrediten experiencia en la materia y un sólido conocimiento acerca de la sistematicidad de este género delictivo– tengan el carácter de vinculantes para el juez interviniente en la causa. Esto es así por cuanto, y como lo ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia, la aplicación de las reglas de la sana crítica debe basarse en “las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento judicial” (T 321:2990), entendimiento éste que, por los motivos antes mencionados y para el caso concreto del lavado de activos, los jueces no pueden materializar en su plenitud por no tener –utilizando la expresión de Tiedemann– frecuentemente la instrucción suficiente en las disciplinas que las cuestiones penales económicas involucran”.

La nota completa, aquí.

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Libro: Código Procesal Penal de Río Negro anotado y comentado

21 diciembre 2010 8:00 Deja un comentario

Leo en “Río Negro”: El juez de la Cámara Criminal Tercera de Roca, Fernando Sánchez Freytes, publicó un Código Procesal Penal de Río Negro anotado y comentado.

“Desde el año ‘87 en que se sancionó este Código, nunca se hizo un libro que analice norma por norma, anotada y comentada abajo”, remarcó el autor.

Este primer tomo fue editado por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (PubliFadecs). El segundo se estima que estará en circulación a mediados de 2011.

Es el resultado de cuatro años de trabajo en los que Sánchez Freytes analizó y puso en relación el Código Procesal Penal con las fuentes doctrinarias tradicionales y modernas y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de Casación Penal, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y el Tribunal Superior de Córdoba, entre otros.

“Lo novedoso es que en todas las normas rionegrinas se analiza  cómo impactan los Pactos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos”, en una obra destinada a estudiantes universitarios y operadores del ámbito judicial.

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La compleja relación entre la prensa y la justicia: todo lo que se dijo en la jornada en Neuquén

29 noviembre 2010 21:01 6 comentarios

Más capacitación a los jueces y a los periodistas para que conozcan sus respectivas necesidades, acuerdo mínimo de convivencia durante la cobertura de casos de alto impacto público, fortalecimiento de la oficina de prensa del Poder Judicial… fueron algunas de las ideas que se manejaron durante la jornada de la reforma procesal penal y la prensa que se realizó hoy.

Todos los expositores reconocieron que hay interferencias en la relación, cuando no franca incompatibilidad entre los objetivos del trabajo de unos y otros. Pero también admitieron que es necesario resolverlo porque la sociedad necesita estar informada, de modo que hay que limpiar los canales para que la información, que es un bien público, fluya con mayor naturalidad.

Se habló además del divorcio entre la justicia y la sociedad, las causas y las posibles soluciones. De lo difícil que es acceder a la justicia, y de las causas de corrupción.

Aquí hay un resumen de las intervenciones de los panelistas, en el orden en que expusieron (el post es largo, pero creo que vale la pena):

Cecilia Luzuriaga de Valdecantos (Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Neuquén): “Hay una suerte de divorcio entre la prensa y la justicia, tenemos que tratar de encontrar un camino que podamos difundir las decisiones judiciales sin menoscabar la actividad de los jueces”.

Graciela Martínez (vocal del Tribunal Superior de Justicia): “El control de la prensa es una gran herramienta (pero hay que distinguir) cuáles son los conflictos entre los derechos personales y el derecho a la información (y encontrar) los canales adecuados para comunicar las decisiones” que toma el Poder Judicial.

“El Poder Judicial debe tener definido claramente su rol en el estado de derecho y poner límites al resto de los poderes”.

“Con un proceso penal más justo, más breve, con intervención de la ciudadanía” el Poder Judicial “recuperará la credibilidad”.

José Russo (diputado del Movimiento Popular Neuquino, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales): “Cuando una organización que tiene el fin específico de producir determinado servicio o bien, no lo produce, lo que le sucede -además de comerse a sus integrantes- es que empieza a implosionar y termina destruyéndose”.

“Si la sociedad cree que no hay justicia, y la justicia cree que no es capaz de brindar el servicio, tendríamos un serio inconveniente en el futuro no muy lejano”.

“El elemento más importante que tiene la democracia es la difusión. Nosotros nos tenemos que preparar para la difusión cumpliendo las leyes de acceso a la información y transformándonos en comunicadores hábiles, sencillos, trasparentes”.

“Los medios se tienen que adecuar no a los intereses propios de las empresas, sino poner por delante a la gente”.

Gabriel Gastaminza (subsecretario de Derechos Humanos de la provincia): “Esta reforma debe estar dirigida a la gente (…) Queremos un código que respete los derechos humanos absolutamente, no sólo del imputado sino también de la víctima”.

Débora González (oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia): “la preocupación por la comunicación del Poder Judicial es reciente (…) Todas las oficinas de prensa tienen el objetivo de constituir al Poder Judicial como fuente de información y llegar a la comunidad (…) antes el periodista tenía que solicitar por nota formal la información o entrevista con el magistrado o funcionario ante la secretaría de Superintendencia”.

“En 2008 la oficina pasa a denominarse Área de Prensa y Comunicación Institucional. El objetivo era revertir las carencias en los canales de comunicación y llegar de la mejor manera a los periodistas y la comunidad (…) El secretismo que guardó por mucho tiempo el Poder Judicial obligó a los periodistas a buscar otras fuentes de información”.

“Otro de los objetivos fue democratizar la información: tratar a todos los periodistas de la misma manera”.

“La página web (http://www.jusneuquen.gov.ar) ha permitido llegar a otros periodistas y a la comunidad directamente (…) allí están los acuerdos completos, los decretos, licitaciones, el registro de adopciones, etcétera”.

“Otro objetivo es coordinar y armonizar la función de los magistrados con el trabajo de los periodistas. Esto parece imposible pero estamos en el camino. Se trata de encontrar puntos de encuentro”.

“La oficina de prensa no tiene como objetivo difundir la información que genera el Poder Judicial en su conjunto (…) En el caso de la justicia de Instrucción, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que sean los propios magistrados quienes difundan la información, porque ellos pueden merituar cuál pueden suministrar sin entorpecer la investigación”

“La oficina está en proceso de desarrollo, lo importante es que hay interés político del Tribunal por mejorar la comunicación. Entre otros objetivos se plantea:

“Mejorar los dispositivos de comunicación, disminuir el margen de discrecionalidad, mejorar la calidad de la información y simplificar el lenguaje”.

“Crear espacios para debatir los temas que nos preocupan, para que nos conozcamos”.

“Favorecer el acceso de la gente al quehacer del Poder Judicial. Hay una diversidad de medios que tienen que ver con la comunicación no masiva que debemos utilizar: por ejemplo el acercamiento de los jueces a las escuelas”.

Capacitar a los periodistas en procesos jurídicos para poder clarificar conceptos”.

Capacitar a los magistrados en el trabajo periodístico para que pierdan el miedo de hablar con periodistas, los que lo tienen”.

Gustavo Lucero (abogado, miembro del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados): “¿De qué manera la actividad judicial se torna transparente a los ojos de la gente? El vínculo son los medios de comunicación”.

“Cuando hablamos de Poder Judicial y prensa empiezan a jugar ciertos derechos e intereses (…) Desde el lado de la prensa hay mayor margen para recabar información y propalarla (…) Desde el lado del imputado, quizá no le guste mucho que avancen los medios. Y la víctima, en algunos casos puede estar muy interesada, en otros quizá no”.

“Procesalmente tenemos derechos que respetar: la presunción de inocencia, el respeto al honor, el derecho a la intimidad, la protección de los menores”.

“¿Cuáles deberían ser los canales de información? El tema de quién es el interlocutor es bastante crítico (…) Alguien podría decir que la información la tendría que centralizar el Poder Judicial, o que la maneje la policía, o que la manejen las partes, el querellante, el defensor. Si lo que buscamos es trasmitir información objetiva o que tenga rigor científico, corremos ciertos riesgos, pueden jugar ciertos intereses (…) no es de extrañar que detrás de una información jurídica se escondan intereses políticos”.

“En la etapa de instrucción el sumario sólo es público para las partes. ¿Es justo eso? (…) ¿Conviene mantener este sistema, o que todo se haga público?

“Son temas que se tienen que discutir. ¿Existe formación en los interlocutores? ¿Los jueces están preparados, capacitados para manejarse con los medios de prensa? ¿Los miembros de la policía están capacitados, tuvieron formación para manejarse con los medios de prensa?”

“Las demandas de los periodistas deben siempre ser atendidas, aunque no puedan ser satisfechas totalmente”.

Alicia Comelli (diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino): “La experiencia mediática es un elemento de la construcción de la realidad social (…) Los medios han adquirido una importancia vital en la construcción en el ideario social de lo que es el delito”.

“Esto no es a favor ni en contra de los medios. Será por la incapacidad de la justicia para comunicarse”.

“A veces distorsionamos realidades, más cuando el tema es de alto impacto. La primera causa de muerte en el país siguen siendo los accidentes de tránsito, no los homicidios”.

“La reforma procesal está impuesta por un cambio ideológico de la Argentina, por la responsabilidad que tenemos ante la sociedad internacional, la necesidad de estadísticas confiables, encuestas de victimización, y legislación que preserve al testigo de identidad reservada pero también pueda dar información a los medios sin generar el conflicto que se produce entre el ocultismo del Poder Judicial y la necesidad de la prensa”.

Richard Trincheri (juez de Cámara, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios): “Cecilia Luzuriaga mencionó el divorcio entre prensa y justicia. El problema es más grave para la justicia, porque está divorciada de la sociedad directamente”.

“No tenemos la culpa los jueces de hoy ni de ayer. Son los orígenes del sistema inquisitivo, que por naturaleza impone que todo sea secreto. ¿De qué publicidad vamos a hablar, si la regla es que todo sea secreto?

“A esto le agregamos después el lenguaje de la justicia, que a veces es como un lenguaje esotérico, con tiempos verbales que no se utilizan ni para los más complejos negocios (…) Así, el ciudadano común necesita de un abogado no sólo para que lo asista, sino para que le haga de traductor”.

“Si uno mira un caso descrito con el lenguaje de un ciudadano común, y después mira lo que puso el escribiente en el acta, verá que el caso es otro (…) Eso pasa porque los abogados nos negamos a llamar las cosas por su nombre. Un objeto simple como una hoja es folio o foja. Ni hablar de los autos, ¿por que no se le dice expediente?. Agregamos tecnicismos que siguen agregando problemas”.

Los edificios judiciales están diseñados, y no es nada inocente ni neutro, para que la ciudadanía no puede acceder, y si accede que tenga muchísimos problemas para encontrar la sala de audiencia, para que se moleste, y finalmente se termine yendo”.

“Cuando la institución judicial deja de tomar al delito como un ámbito de resolución de conflictos, y se toma al delito como infracción a la ley del Estado, ya no es el problema de la lesión de Juan a Pedro, sino la lesión al Estado. Entonces la justicia ya no es un ámbito para buscar resolución a los conflictos, sino un ámbito de imponer obediencia, de infundir temor, y así el divorcio se acentúa”.

“A pesar de que está establecido que los juicios son públicos, salvo algún hecho puntual, no va gente a los juicios. Las salas de audiencia no están diseñadas para que vaya el público. Hasta al abogado le cuesta trabajar. El edificio está preparado para recibir la petición del abogado y vuelva a buscar la respuesta por escrito, no para que litigue”.

“Hay tensiones. Por un lado el derecho a la información y por el otro el derecho a la intimidad, el principio de inocencia. ¿Como se soluciona? Enfrentando la cuestión, discutiendo con tranquilidad, pero con determinadas premisas (…) Tiene que haber libertad (pero) a veces los periodistas van más allá de la noticia”.

“Bidart Campos decía que el hecho que haya una causa en trámite no puede negar el derecho a informar. En la medida que el periodista actúe con prudencia, no se puede negar el derecho a informar. El juez también debe actuar con prudencia y con cautela”.

“Además del divorcio, hay un malestar del ciudadano con la justicia. Hay falta de credibilidad. Pero los medios se han encargado de que ese descontento social tome nueva fuerza y se legitime (…) Si no fuera por los medios, los funcionarios seguirían actuando como siempre, dice Alberto Binder”.

“¿Que pediría yo como juez, convencido reformista, a los medios?: Que hagan una publicidad sobre la reforma procesal penal como un todo integrador, todo lo que se cambia con el pasaje de un sistema inquisitivo reformado a un sistema acusatorio y adversarial. Eso va a despertar a todos los dirigentes, a los legisladores, que van a entender que la reforma no sólo es necesaria sino urgente”.

“Cuando logremos eso vamos a tener una justicia mejor, más cercana a la gente, más eficaz y eficiente, donde se investiguen todos los delitos, no sólo los convencionales. Y una vez llegado ese momento habrá una justicia mejor, y habrá contribuido a eso la prensa”.

Alicia Miller (diario Río Negro, integrante de Fopea): “Los periodistas tenemos en claro que el derecho a la información no nos habilita a violar derechos constitucionales como la presunción de inocencia (…) Debemos combatir con el secretismo del Poder Judicial, que hoy suele tomar otras formas. Por ejemplo, seleccionar a qué periodista se recibe para una nota y a cual no, o no recibir a ninguno, porque hay periodistas que cometen errores, y entonces para que nadie cometa errores no reciben a nadie”.

“Los periodistas no somos abogados, aunque sería bueno que hubiera una capacitación en leyes más profunda. Pero no es imprescindible para hacer un periodismo de calidad”.

“Se requiere que existan procedimientos lo más reglado posible para evitar la discrecionalidad. Tiene que haber mayor acceso a la información, no mayor secreto”.

“También conspiran contra el periodismo de calidad el riesgo de autocensura por el hostigamiento mediante cartas documentos, amenazas de pedidos de indemnización económica (por las publicaciones), la precarización laboral, los modos informales de contratación de periodistas, la escasa solvencia económica de los medios de prensa”.

“Las mayores fricciones, los mayores desencuentros, se producen cuando la investigación de un caso de delitos de interés público está en sus inicios. Ahí es cuando los magistrados suelen tener mayor disgusto porque les cae la avalancha de reporteros que altera la vida tribunalicia”.

Encontrar el punto medio entre el secretismo judicial y la irresponsabilidad periodística de tirar datos sin confirmar es posible. Hay que usar técnicas que ya se usan en otras partes del mundo, y capacitar a los jueces y a los periodistas. Tiene que haber normas de uso, que no implican normas rígidas. Incluso el off the record es algo que se puede normalizar sin mayores riesgos”.

“Los periodistas somos una molestia, pero una molestia inevitable”.

Luego de las exposiciones se abrió una ronda de preguntas.

Miguel Valero (defensor de Cámara): “La prensa comete violaciones al principio de inocencia. Ejemplo: Favale ya es el autor de la muerte de Ferreyra. Si Favale es absuelto, hay una frustración, sensación de impunidad, otro culpable suelto, y no que Favale sea inocente como lo dispuso un tribunal (…) La mayoría de las sentencias absolutorias se trasmiten como una frustración, como que hay impunidad. A tal punto que después de la sentencia absolutoria se entrevista a la familia de la victima, no al imputado. También se busca información en el juez y en el fiscal, muy excepcionalmente se busca la versión del imputado y de la defensa. Esto no creo que se deba a una falta de capacitación, ¿es una cuestión ideológica de la empresa?”

Miller: “Para todo hay ejemplo, para lo que debió hacerse y lo que no (…) Los medios on line plantean una imprudencia que no defiendo, pero la urgencia conspira contra el rigor y la precisión (…) Es posible hacer buen periodismo aun así (…) Sí creo que hay problemas de capacitación específica en temas procesales. Y hay funcionarios que por temor a que el periodista cometa errores cierran el círculo de la información, nos expulsan y tenemos que buscarla en otro lado”.

“Los males se solucionan con más información, no con menos, aun cuando esa mayor información sea con pedido de reserva (…) La unión de capacitación con información con reglas claras es lo único constitucionalmente aceptable”.

Adalberto Caldelari, ex presidente de la Legislatura de Río Negro, ahora en la comisión vecinal de Valentina Sur: “La experiencia indica que en los casos de corrupción no se llega a nada. Hay una sola condenada, María Julia Alsogaray, y creo que porque se equivocaron (…) Mi idea es que dentro de (los delitos en los que pueda intervenir) el juicio por jurados se incluya el enriquecimiento sin causa y la violación de los deberes de funcionario publico, con lo cual se saca de la esfera de la Cámara una de las situaciones más difíciles que tienen que decidir”.

Trincheri: “No fue sólo Alsogaray, también fue condenado Gostanián, se investigó a Erman González… El común denominador es que se los investigó cuando ya no estaban en el poder. Esto le da una pauta hasta dónde se puede creer en la independencia real de la justicia”.

“En Neuquén es una materia pendiente investigar los delitos que se cometen desde el poder. Esto es responsabilidad de la fiscalía y de la ciudadanía. Todos sabemos que hay corrupción, y está muy arraigado el ‘roba pero hace’, y por eso no nos comprometemos a aportar información”

“La experiencia que tengo es que hay mucho que no se va a investigar hasta que no dejen el poder”.

María Dolores Finochietti (fiscal de Cámara): “Todos tienen la misma inquietud: quien controla a los fiscales (…) Las herramientas dentro del sistema tienen que venir del buen sistema de selección y la posibilidad de la víctima de controlar la actividad del fiscal”.

Miller: “En los casos de corrupción es cuando mejor se puede configurar la importancia de la información publica. Es importante el rol de control de los medios al trasmitirle a la ciudadanía información del expediente. Es difícil que fracase una causa de corrupción que es conocida por la ciudadanía”.

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