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Neuquén avanza con las videocámaras. ¿Y quién vigila a los que vigilan?

El Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley con la firma del mismísimo Jorge Sapag para regular el uso de videocámaras en espacios públicos abiertos y cerrados.

Supongo que habrá gente a la que no le molesta vivir en una sociedad bajo vigilancia; son los que aceptarán con gusto que haya una cámara en cada esquina vigilando su paso, en algunos casos su rutina, conociendo a qué hora entran al trabajo o salen de él, con quién, dónde estacionan el auto, si dejaron algo en el asiento, y así. Todo lo que ahora temen de algunos grupos sociales estigmatizados, sólo que en una versión electrónica presuntamente aséptica.

La cuestión es quién vigilará a los que nos vigilan.

El proyecto del Ejecutivo fue difundido parcialmente en la página web de la Legislatura, que no logra hacerse de la costumbre de colgar los textos completos.

La información está repleta de frases que parecen destinadas a no alarmar. Por ejemplo dice que “el proyecto complementa medidas dispuestas por el Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana y toma como base preceptos de la Ley Nacional de protección de Datos Personales N° 25.326, que protege datos personales inscriptos en archivos, registros, bancos de datos y otros medios técnicos”.

También aclara que “la iniciativa establece como prioridad encontrar un punto de equilibrio entre el empleo de medios tecnológicos avanzados y el respeto de garantías y derechos de cada ciudadano”.

¿Cómo se logrará eso? El proyecto de ley “obliga a las personas que tengan acceso a registros de datos o grabación a guardar el debido secreto y confidencialidad sobre su contenido. A la vez, prohíbe manipular los soportes originales y las copias del material original almacenado”.

Para mantener la fidelidad de las copias, “su uso debe estar autorizado por orden judicial”. Explica que “toda imagen debe ser captada y grabada con una finalidad específica y explícita, y el almacenamiento debe realizarse en forma continua”.

La autoridad de aplicación, y aquí está una de las claves, “recaerá en el ámbito oficial con competencia en materia de seguridad prevista por la Ley de Ministerios”.

Es decir, el gobierno provincial.

La base de datos que se puede montar con un conjunto de cámaras vigilando los movimientos de la sociedad es demasiado importante para que quede en manos de un gobierno.

Como mínimo sería deseable incluir un control parlamentario, con diputados de la oposición integrando la autoridad de aplicación ya que su poder, según el proyecto de Sapag, será enorme: “Debe otorgar las autorizaciones, la custodia de imágenes y datos obtenidos, su ulterior destino, utilización o destrucción”.

Demasiado para un poder que ya concentra casi todas las decisiones que se toman en la provincia.

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  1. denise
    20 septiembre 2010 20:16 a las 20:16

    muy buena nota, Guillermo. Tiemblo al pensar en lo que se viene.
    Si Orwell viviera… se mudaría a la cordillera.

    • 20 septiembre 2010 20:34 a las 20:34

      ¿Lo decís porque allá aprovechan que no hay cámaras para apropiarse de tierras?

  1. 20 septiembre 2010 21:08 a las 21:08

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