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El cambio de defensor no tiene el poder de resucitar plazos fenecidos (causa: la provincia querella en un corte de ruta)

(Para los interesados en seguir de cerca la saga de la provincia como querellante en un corte de ruta, tema que empezó aquí con la aceptación por parte del juez y siguió aquí con la apelación de los defensores, les dejo esta nota que escribí para el diario. Contiene información adicional a la que se publica en la edición de papel y al final podrán descargar el recurso de la fiscalía de Estado y la resolución de la Cámara de Apelaciones que contiene el concepto que le da título al post).

La provincia de Neuquén podrá seguir siendo querellante en un caso de corte de rutas, ya que la Cámara Provincial de Apelaciones rechazó un recurso presentado por los defensores de los imputados.

Si bien el rechazo del recurso fue por razones formales (lo presentaron fuera de término) el abogado de la fiscalía de Estado José Gerez afirmó que “la cuestión a dilucidar en esta causa es si el corte de ruta es o no delito, y si los imputados pueden ser responsabilizados penalmente por ello. Se intenta desviar la atención discutiendo si el Estado puede ser o no querellante”.

La causa en cuestión se tramita en el juzgado de Villa La Angostura, y se relaciona con un corte de ruta en el acceso al centro de esquí Cerro Bayo. Lo protagonizaron dirigentes de la Asociación de Empleados de Comercio de Bariloche que reclamaban mejoras salariales para los empleados. Ocurrió el 15 y el 16 de julio pasado en la ruta provincial 66, a 500 metros del empalme con la ruta nacional 231.

La aceptación de la provincia como querellante es un hecho muy poco frecuente, aunque según Gerez, “el Estado, como persona jurídica, tiene capacidad de estar y actuar en juicio y, por ende, de constituirse en querellante a través de su fiscalía en todos los procesos donde estén comprometidos la administración, el orden, el interés y la seguridad pública”.

“Restringir la participación del Estado como parte querellante en esta causa afectaría seriamente el derecho a ser oído que garantiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, agregó en el escrito que presentó ante la Cámara de Apelaciones.

El argumento de los defensores de los imputados, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, fue que “la Constitución provincial no dice que la Fiscalía de Estado pueda actuar como querellante; en el marco del proceso penal no está prevista su actuación en esa calidad y, para la defensa patrimonial, el rol previsto en el ordenamiento procesal es el de actor civil”.

Pero el recurso de los defensores fue rechazado por la Cámara ya que se lo presentó tarde. Y si bien ellos asumieron en el cargo cuando los plazos ya estaban vencidos, “el cambio en la provisión de asistencia técnica no tiene el alcance de resucitar plazos de impugnación ya fenecidos”, dice el voto del juez Héctor Rimaro, al que adhieren Daniel Varessio y Richard Trincheri.

PRESENTACIÓN FISCALÍA DE ESTADO

RESOLUCIÓN CÁMARA DE APELACIONES

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