Exigen a Sapag que demuestre «un auténtico compromiso con controlar y sancionar la corrupción»

A propósito de la situación en el Tribunal de Cuentas, un grupo de organizaciones entre las que figuran Convocatoria Neuquina, Foro Ciudadano, Vahlor, APDH, Sejun, ATEN, CTA, ATE Salud, ATE Tribunal de Cuentas, Confederación Mapuche y el Observatorio de DDHH de Asuntos Indígenas presentará mañana miércoles en la Legislatura un crítico documento que pueden descargar completo más abajo, y entre cuyos párrafos salientes figuran:

“Consideramos un deber cívico ineludible advertir a las autoridades y a la sociedad en general sobre la progresiva degradación del Tribunal de Cuentas, que es el órgano constitucional que tiene a su cargo la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de los caudales públicos (artículo 258 de la Constitución Provincial) y  “el control externo del sector público provincial y municipal”, con facultades para hacer el juicio administrativo de responsabilidad de los funcionarios”.

El Tribunal de Cuentas “se encuentra en una situación de parálisis desde hace casi un año y el Gobierno no ha hechos los esfuerzos necesarios para procurar resolver la situación, demostrando una absoluta falta de interés en el eficiente funcionamiento de este órgano de control”.

El gobierno provincial “históricamente  ha favorecido la falta de independencia del Tribunal, integrándolo con funcionarios provenientes de los propios equipos de gobierno, es decir de las áreas que el Tribunal debe controlar. Incluso cuenta entre sus miembros al contador Molia, que ha sido condenado administrativamente por el propio Tribunal de Cuentas”.

“Se han adoptado  diversas medidas para recortar el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas. Por un lado varios organismos han ido quedado fuera del control del organismo, tales como el Banco de la Provincia del Neuquén,  Hidenesa, Corfone, entre otros. También han escapado al control oportuno los  fondos autorizados por decretos secretos, tales como los vinculados con los gastos del Programa Integral de Seguridad”.

“Además,  recientemente, el Gobierno  ha vuelto a usar discrecionalmente de la facultad del artículo 260 de la Constitución Provincial, designando  como miembros del Tribunal a dos funcionarios del Poder Ejecutivo (Darío Moya y Ana Esteves) que también son miembros del partido gobernante”.

“Moya  fue designado sin que se conocieran sus antecedentes, y sin que los legisladores pudieran entrevistarlo, vale decir de la cuestionada manera en que antes se elegían los miembros del Tribunal Superior de Justicia, que nos llevó a tener uno de las administraciones judiciales mas desprestigiadas del país”.

“En  el caso de Esteves, a  ello se agrega un vínculo parental muy próximo al Gobernador y a otras altas jerarquías gubernamentales, evidenciando una clara intencionalidad política de “controlar” a los controladores”.

“Reclamamos que se honren verdaderamente los valores de la democracia, se resguarde la ética pública y se demuestre un auténtico compromiso en controlar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.

TRIBUNAL DE CUENTAS