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El Estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal (declaración de inconstitucionalidad)

Tomen nota los encargados de la reforma procesal penal de Neuquén: la Cámara de Apelaciones de la provincia acaba de declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código actual.

Lo que tanto se le critica al Congreso Nacional (sancionar leyes severas con el único objetivo de acallar las manifestaciones de cierto sector social) también ocurre en Neuquén.

Vamos a un caso: en 2008 se supo que un hombre de 73 años había embarazado a su vecina de 12, y que sin embargo no lo condenaron por abuso sexual con acceso carnal. Fue el famoso caso del coito interfémora.

Hubo una indignada reacción de un sector de la sociedad, que aumentó cuando se supo que los fiscales de Cámara –dos, a falta de uno- dejaron pasar el plazo de recurrir la sentencia y ésta quedó firme.

El caso se conoció en enero de 2008. Para agosto de ese año ya estaba sancionada una ley que modificaba el Código Procesal Penal y ordenaba a la defensoría del Niño constituirse en querellante en aquellos casos en los que hubiera niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.

La ley es la número 2605 e introduce el artículo 96 ter al Código Procesal Penal.

Ese artículo fue declarado inconstitucional por la Cámara Provincial de Apelaciones, en un interesante fallo que pueden descargar más abajo en formato word.

También les dejo la versión taquigráfica de la discusión legislativa en general y en particular que precedió a la aprobación por unanimidad de la ley 2605.

El miembro informante en la Legislatura dijo que “por un lado se declama con entusiasmo sobre los derechos del niño y por el otro se observa un literal abandono en los procesos penales de lo que los propios niños resultan víctimas, por parte del Estado”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones contesta: “de comprobarse ello, se deberían activar los mecanismos correspondientes, que existen, contra el responsable estatal que no defiende debidamente tales intereses en el proceso penal. Este funcionario es el agente fiscal”. (En el caso del coito interfémora, ¿funcionaron?)

“Lo que no puede ni debe hacerse –continúa el fallo- es recurrir a la creación de una figura anómala (…) Queda claro que si al Estado, que cuenta de su lado el ejercicio de la violencia punitiva estatal, se le concede un doble brazo en la persecución penal, la igualdad de armas queda insanablemente menguada”.

La Cámara de Apelaciones señala que desde antes de la sanción de este artículo “el Estado cumplía con la garantía de la tutela judicial efectiva” de los menores víctimas de delitos sexuales.

La declaración de inconstitucionalidad del artículo 96 ter fue firmada por los jueces Richard Trincheri y Héctor Rimaro, con la disidencia de Daniel Varessio, quien votó por su legalidad.

Hace unos días hubo un taller para periodistas (en realidad se pareció más a una disertación con un poquito de debate) sobre la reforma procesal penal. El eje fue, por momentos, el rol de la fiscalía.

El Código Procesal Penal que se está preparando les asigna mucho poder a los fiscales (también lo pueden descargar más abajo), y por lo menos en esa charla no quedó en claro cuál será el contrapeso.

No es que exista una desconfianza en particular hacia los fiscales, por más que se empeñen en no acusar a los funcionarios sospechados de cometer delitos contra la administración pública y sí en pedir penas duras para los que cometen otra clase de delitos. Ni por más que se olviden de apelar cuando la sentencia es, a simple vista, escandalosa.

La cuestión es que los contrapesos son saludables pero deben reunir ciertas características y esencialmente sortear el control de constitucionalidad.

FALLO CÁMARA DE APELACIONES

DEBATE LEGISLATIVO DE LA LEY 2605

ANTEPROYECTO CÓDIGO PROCESAL PENAL

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  1. 19 octubre 2010 16:32 en 16:32

    Respecto del tema de este post, el doctor Héctor Manchini me envió el siguiente comentario:

    Declaración de inconstitucionalidad que afecta el interés superior el niño

    Desempeñándome como vocal de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, Argentina, llega del Juzgado de Instrucción para ser sometida a audiencia de juicio una causa calificada como abuso sexual gravemente ultrajante.
    De la prueba resultaba que una menor de 16 años de edad había sido abusada en una vivienda por al menos dos sujetos con extrema violencia, con perversidad, sin una pizca de piedad. La menor logra huir, cubierta solamente con una remera en una fría madrugada patagónica ayudada por una amiga. Acude a su casa y realizan la pertinente denuncia. Las pericias comprueban sin duda la gravedad del delito.
    En mi proyecto había previsto una pena muy severa, acorde a la manera en que actuaron los abusadores.
    Mi pretensión punitiva solamente quedó en proyecto.
    Los imputados con asistencia de su defensor en conjunto con el fiscal habían solicitado la suspensión del juicio a prueba sosteniendo que el hecho en cuestión debía calificarse como abuso simple.
    Con mi expresa oposición las mayoría del tribunal decidió finalmente condenar a los dos procesados por el delito de abuso simple a la pena de once meses de prisión en suspenso.
    La víctima de condición humilde no se había constituido como parte querellante ni podido sufragar los honorarios de un abogado que la representara en el juicio.
    La resolución dictada, conforme el articulo 310 bis del C.P.P.N., sólo podía ser apelada por la defensa y el fiscal, Obviamente el defensor no recurrió como naturalmente tampoco lo hizo el fiscal que estuvo de acuerdo con la pena impuesta.
    La victima si quería apelar pero no tenia ni legitimidad ni un abogado que la asistiera en un hipotético recurso en defensa de sus derechos que estimaba burlados.
    Lo narrado viene a cuento pues luego de este hecho la Legislatura del Neuquén sancionó la ley 2605 que incorporó al Código Procesal Penal de Neuquén el artículo 96 ter que prescribe: “En todo proceso seguido por delitos del Título III del Libro Segundo del Código Penal en que sea víctima un niño, niña o adolescente según lo establecido en la ley 2302, desde el primer momento de la investigación se dará intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente, conforme lo establecido en el artículo 59 del Código Civil, en representación de los intereses de la víctima menor con iguales facultades que este Código le acuerda al querellante particular, bajo pena de nulidad. Dicha intervención perdurará durante todo el proceso, aun cuando el representante legal del niño, niña o adolescente opte por presentarse en carácter de querellante particular”.-
    A partir de ésta norma la víctima menor de edad de un delito de abuso ya no está sola, el Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente se encarga de actuar con las mismas funciones del querellante particular, incluso apelar las decisiones que se dicten en aquellos supuestos que el remedio aparezca pertinente.
    En varios trabajo califiqué esta disposición como un indiscutible adelanto en el tema de la protección del interés superior del niño y propuse su incorporación en los códigos de forma del país. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal, con competencia Provincial del Neuquén, no opina lo mismo.
    En efecto con fecha 5 de octubre del 2010, por mayoría resolvió:”…: DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 96 ter del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén (cfr.arts 16,18,28 y75 inc. 22 de la Constitución Nacional), sosteniendo que dicho articulo viola el equilibrio entre las partes en tanto el imputado se ve enfrentado a dos acusadosres, esto es el fiscal y el Defensor del Niño y del Adolescente y así se conculca el principio de igualdad de armas procesal -derivación del principio de igualdad constitucional y el principio de razonabilidad”
    A juicio del que firma esta decisión implica un atraso en toda la materia de defensa del interés superior del niño. El ejemplo dado al principio muestra la importancia de la reforma introducida en el Código de forma Neuquino por la ley 2605.
    Reitero repitiendo argumentaciones anteriores, el fiscal judicial representa al estado no a la víctima, el viejo esquema era una mesa de tres patas, sin equilibrio que logró estabilizarse con la incorporación de la figura del Defensor de la Victima que posee las mismas atribuciones que el Querellante particular.
    Un resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, con competencia Provincial – del Neuquén, desafortunada y contraria a los legítimos intereses del la gran olvidada., esto es, la victima que requiere un especial resguardo del sistema cuando se trata de un menor abusado.

  2. Fernando
    20 octubre 2010 9:29 en 9:29

    Asi como se dan ejemplos de fiscales que no apelaron, tambien se pueden contar historias de defensores que no apelaron, que hacemos ponemos otro defensor independiente?. Si un gobernador no actua bien tenemos uno de repuesto para que firme los decretos que el otro “debio” firmar?. Quien fija cuando y como se debe actuar fuera de las instituciones que deben controlar?.-
    Le pregunto a Hector Manchini: De donde saco que la defensoria de los derechos del niño representa a la victima. La ley no lo dice, no tiene que consultar ni al niño ni a sus padres. Por el contrario el querellante particular depende directamente de la victima, si la victima dice no quiere seguir, el querellante no puede seguir. Eso no lo puede hacer la defensoria, asi que es solo un fiscal de refuerzo. Es como decir que no confian en el fiscal y asi se aseguran, duplican el poder del estado. Es un partido de 15 contra 11 como para graficarlo y el debido proceso es como el fair play.-

  1. 20 octubre 2010 22:21 en 22:21

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