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¿La defensoría puede o no ser querellante? Interviene el TSJ, Inaudi le contesta a Trincheri

En pocas y poco ortodoxas palabras: el Tribunal Superior de Justicia se meterá a opinar, aunque por ahora de manera tangencial, en el tema de si la defensoría del Niño puede o no ser querellante en las causas donde hay menores víctimas de abusos sexuales.

La versión larga es: el Tribunal Superior de Justicia ya recibió el recurso de queja de la fiscalía de Cámara, contra la decisión de la Cámara Provincial de Apelaciones de declarar inadmisible un recurso de casación, en contra del fallo que declaró inconstitucional el artículo 96ter del Código Procesal Penal, que obliga a la defensoría del Niño y el Adolescente a constituirse en querellante en los casos en que haya menores víctimas de delitos contra la integridad sexual.

El fiscal que fue en queja al Tribunal Superior es Rómulo Patti. Habrá que ver si se producen excusaciones de los vocales para entender en el asunto, ya que circula muy fuerte la versión de que esa reforma al Código Procesal Penal fue consultada previamente con algunos de ellos por el diputado que más la impulsó, Marcelo Inaudi.

Por ahora el Tribunal tiene que resolver si la casación de la fiscalía fue mal declarada inadmisible por la Cámara de Apelaciones. De acuerdo con lo que fije en este tema colateral, ingresará o no al fondo del asunto.

Para los interesados en conocer los capítulos anteriores, recomiendo leer “El Estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal (declaración de inconstitucionalidad). Es un post que tiene, al final, el fallo completo de la Cámara de Apelaciones y la versión taquigráfica del debate legislativo que precedió a la sanción de la ley 2605, que introduce el artículo 96ter.

El siguiente capítulo fue “No hay doble brazo para la persecución penal, hay mandatos diferentes (casación contra una declaración de inconstitucionalidad)” con la casación de la fiscalía, y el que había sido último hasta ahora: La Defensoría no es querellante: quien podía apelar lo hizo tarde, quien no podía presentó “un galimatías” con la declaración de inadmisibilidad de la casación de la fiscalía.

Relatados estos antecedentes, vamos al otro punto que propone el título del post.

En la sesión legislativa del 10 de noviembre, cuya versión taquigráfica se conoce ahora, el diputado Inaudi le contestó a Trincheri, autor de uno de los votos que declaró la inconstitucionalidad del 96ter.

Más abajo pueden descargar completa, en formato word, la intervención de Inaudi. Yo seleccioné estos párrafos:

“Es alarmante este fallo por dos causas: Primero, porque el doctor Trincheri fue fiscal y decir en un fallo que los derechos del menor están representados por el fiscal, implica lisa y llanamente un verdadero y supino desconocimiento sobre la actuación de un fiscal en todo proceso penal. El fiscal no representa a la víctima, el fiscal representa al Estado, por lo tanto, mal puede decirse que existiría, inclusive, una doble persecución porque está el fiscal de Cámara, que es cierto, pero la figura que incorporamos a través de la Ley 2605, que es un representante de la Defensoría del Niño y el Adolescente, interviene en el juicio, no en representación del Estado, interviene en representación del menor, de la víctima, de ese chico ultrajado que en muchas ocasiones le quedan secuelas de por vida”.

“Ya que estos jueces de manera tan desatinada se lanzaron a opinar sobre la ley que habíamos sancionado, inclusive, dudando de las verdaderas intenciones de los legisladores, me parece que tenemos que estar atentos a ver la suerte que va a correr esta norma que -les reitero- a mi humilde criterio es motivo de orgullo de esta gestión”.

Lo último: Inaudi y Trincheri compartirán hoy lunes a la tarde la mesa “El proceso penal y los medios de prensa” en el contexto de la jornada sobre la reforma procesal que organiza el Colegio de Abogados.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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  1. Hector Luis Manchini
    29 noviembre 2010 8:56 en 8:56

    Tal como señala el diputado Inaudi el fiscal judicial representa al Estado y el defensor oficial del menor abusado a la vìctima. Ello no significa que pueda recurrir un fallo del Tribunal sólo el defensor de la víctima ya que cada vez que el el fiscal judicial, ya sea en delitos de abusos sexual que afecte a menores como en cualquier otro, estime que la pena impuesta no restablece el equilibrio social desajustado por el delito intempondrá el remedio procesal pertinente acudiendo a una instancia superior para que se haga lugar a su requerimiento que fúe obviado por el tribunal inferior. Esto es, aún cuando el defenor del menor abusado no recurra por negligencia, o por el motivo que fuera, el fiscal siempre lo hará si estima que la sentencia dictada no satisface los intereses del Estado al que representa.
    Se aplica el principio según el cual el interés es la medida de la acción. El
    interés del Estado es que la decisión judicial restablezca el equilibrio social afectado por el crimen, el del defensor oficial del menor abusado procurar que la sentencia sea una justa sanción por los daños sufridos en su integridad sexual
    la victima del ilícito.
    Ambos intereses pueden coincidir en la medida que el fallo no restablece el equilibrio social y no satisface los daños sufrido en su integridad sexual por el menor. En ese caso cada uno por su lado podrá recurrir el fallo que los afecte.
    El ejemplo dado muestra claramente que no no hay dos brazos del Estado que acosen al victimario. Como en cualquier juicio la figura del fiscal es de rigor y la parte querellante una alternativa que puede darse en los trámites ordinarios y que cuando es abusado sexualmente un menor aparece impuesta sabiamwente por la ley, apreciando el interés superior del niño, su vulnerabilidad, su especial situación de indefensión y la naturaleza del delito del que fué víctima

  2. jacinto
    29 noviembre 2010 11:09 en 11:09

    Pregunto de ignorante nomás: si el fiscal judicial representa al Estado y el defensor oficial del menor abusado a la vìctima y se considera que la víctima puede tener intervención en el proceso penal (art. 96bis del Cód. Proc. Penal), entonces el que tiene doble brazo no es el estado sino la víctima. De ser ello así no sería incosntitucional. Alo que voy es que habrái dos intereses: los del estado y los de la víctima y para representar esos dos intereses tengo tres partícipes: Fiscal, Defensor del Niño y vícitma per se, cuál es el que sobra?; o mejor dicho qué interés me está faltando?

  3. Hector Luis Manchini
    29 noviembre 2010 19:25 en 19:25

    Jacinto: La figura de defensor del niño y adolescente víctima de abuso sexual tiene como base – aunque se difunda otra cosa – el artículo de opinión autoria del suscripto publicado en el Diario Río Negro con fecha 30/10/2007 y allí se desarrolla con absoluta claridad la necesidad que el menor de edad ultrajado cuente con un defensor que pasando por encima de las limitaciones del fiscal oficial represente a la víctima violada, normalmente de bajos recurso y sin posibilidad de contratar un abogado particular que la represente y se constituya en parte querellante. En el caso que dio motivo al articulo en cuestión mi impotencia como juez en minoría fue tal que llegue a pedir telefónicamente al Dr. Jorge O. Sommariva presidente del Tribunal o Vocal, que el TSJ actuara utilizando algún resquicio legal como el per saltum. Obviamente todo fue inútil y de allí el artículo que sigue que disipará sus dudas. Creo.
    Juicio abreviado una mesa de tres patas: El Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional de la Provincia del Neuquén prevé la posibilidad de terminar el trámite mediante un juicio abreviado que en su esencia consiste en la celebración de un acuerdo entre el fiscal, el defensor y el imputado, que es sometido a la consideración del tribunal o juez y si se lo admite y lo homologa, finaliza el pleito. En verdad como se ha dicho por gran parte de la doctrina y jurisprudencia, no se trata de un verdadero juicio sino de una mera transacción, en la cual se aprecian los hechos y la prueba por las partes intervinientes y se conviene una pena que en ningún caso puede superar los tres años de prisión, ya que no se admite este tipo de culminación del trámite para aquellos ilícitos que prevean una pena mínima mayor. Es un instituto que fue pensado para aligerar el trabajo de los juzgados atosigados de expedientes y para resolver delitos de escasa gravedad, como por ejemplo las lesiones o las amenazas, quedando el proceso pleno y la consiguiente audiencia de debate con acusación, defensa y un juez o tribunal que dirima el asunto para los supuestos de gravedad. (Exposición de motivos de la Ley Procesal). No obstante lo expuesto, existen delitos que en su forma más leve prevén una pena menor a los tres años, pero que por su entidad no podrían ser materia de este trámite como sucede con el homicidio o el abuso sexual. En la práctica, tales ilícitos son materia de juicio abreviado, circunstancia que determina consecuencias graves. Así, si bien existe la figura del abuso sexual simple, con penas que permitiría resolver el pleito con la herramienta procesal indicada, ello no es aconsejable ya que por la naturaleza del delito que en todos los supuestos genera en las víctimas secuelas irreparables, lo más adecuado es que siempre se desarrolle el proceso común hasta su fin en una audiencia de juicio donde se debata ampliamente el tema y se llegue a la certeza, mediante la aplicación en la valoración de las pruebas producidas, de las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia y sentido común) de lo que ha sucedido realmente, quedándoles a la víctima y al imputado en los supuestos de sentencia arbitraria acudir en Casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia para que resuelva en última instancia. Esto es muy importante pues en el acuerdo que se somete a la consideración del juez o tribunal y que, eventualmente se homologue, no participa la víctima del delito. A partir de ahí el convenio deja de serlo, pues la mesa de la transacción sólo tiene tres patas y de allí su inestabilidad y cuestionamiento. Extrema relevancia adquiere el asunto cuando se trata de un abuso sexual de menores, pues no sólo no es parte la víctima para otorgar su eventual consentimiento, sino que tampoco interviene el Ministerio de Menores y así se arrasa con lo dispuesto en la ley 2.302, que pretende por encima de cualquier otro objetivo satisfacer el interés superior del menor. No es un simple dato la circunstancia que en los supuestos de juicio abreviado no exista posibilidad de Casación. Así por ejemplo en el caso de abuso sexual de menores la víctima no tendrá oportunidad de interponer tal recurso, pues el fiscal que representa al Estado y a los intereses de la sociedad ya ha consentido el acuerdo. Todo lo expuesto plantea un panorama preocupante y motiva la propuesta de modificar la ley de Forma en este punto, requiriendo que en todos los casos o al menos en los supuestos de abuso sexual el acuerdo se celebre con la intervención de la víctima, la que deberá dar su consentimiento y cuando sea menor acuda asistida no sólo por su representante legal sino también por el Ministerio Público de Menores. Si apreciamos que en el 2006, según datos de la Justicia Nacional, seis de cada diez trámites penales se resolvían mediante el juicio abreviado, con una tendencia creciente, ello nos da una idea de la importancia de la cuestión en tanto tal remedio se aparta de las reglas del debido proceso garantizado por la Constitución Nacional y Provincial. Por ello, para satisfacer las mínimas garantías a las partes involucradas, la modificación de la ley en la forma sugerida se impone. (http://www.derechodelavictima.com.ar/blog/index.php?option=com_content&view=article&id=45:juicio-abreviado-mesa&catid=36:favor-victima&Itemid=53)

    • jacinto
      29 noviembre 2010 23:47 en 23:47

      todo muy lindo pero no me queda claro entonces cuál es la diferencia de rol del Defensor del Niño y de la propia vícitma si es que esta última decide ser querellante. O sea, me parece perfecto que si no tiene dinero para un abogado el estado le asigne a alguien que vele por sus intereses, pero si la vícitma se constituye en querellante con su abogado de confianza, qué sentido tiene la intevención de la defensoría del niño? No se superponen sus roles? A mi me parece que sí.

  4. Hector Luis Manchini
    30 noviembre 2010 13:10 en 13:10

    El art. 96 ter del C.P.P.N. dice: En todo proceso seguido por delitos del Título III del Libro Segundo del Código Penal en que sea víctima un niño, niña o adolescente según lo establecido en la ley 2302, desde el primer momento de la investigación se dará intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente, conforme lo establecido en el artículo 59 del Código Civil, en representación de los intereses de la víctima menor con iguales facultades que este Código le acuerda al querellante particular, bajo pena de nulidad. Dicha intervención perdurará durante todo el proceso, aun cuando el representante legal del niño, niña o adolescente opte por presentarse en carácter de querellante particular. (incorporado por ley 2605)
    Si el representante legal del menor opta por presentarse como querellante particular y designa un abogado para que asuma la defensa del menor, estimo que el defensor oficial del menor abusado sexualmente debe dejar de actuar puès la funciòn asistencial y de resguardo del Estado no puede imponerse a la voluntad del particular damnificado corrièndose el risego de controversias y opiniones diferentes en la estrategia de la defensa de los intereses del menor.
    El supuesto desarrollado en el pàrrafo anterior – de caràcter excepcional – no le resta validez ni trascendencia a la norma que es absolutamente vàlida para los demàs casos

    • jacinto
      30 noviembre 2010 14:27 en 14:27

      Ah bueno, pero coincidimos entonces en que un mismo interés no puede representarse dos veces. Por lo demás no creo que sea excepcional que un padre deje de asumir la defensa de los intereses de su hijo para confiar tal función en un funcionario del estado, debiera ser lo que habitualmente sucede. el problema está en que la gente de escasos recursos muchas veces no puede acceder a un abogado que lo asesore y el posibilite ejercer la defensa de los intereses de sus hijos, por lo que la reforma debió intentar subsanar también eso.
      Por lo demás y siguiendo la línea de análisis del Dr. Manchini, está claro que la norma es inválida en cuanto dispone que la intervención del Defesnor del Niño “perdurará durante todo el proceso, aun cuando el representante legal del niño, niña o adolescente opte por presentarse en carácter de querellante particular.”, pues tal como él lo señala eso equivale a imponer a la voluntad del particular damnificado funciòn asistencial y de resguardo del Estado, que es lo que en definitiva termina ocurriendo.

  5. 30 noviembre 2010 19:35 en 19:35

    Dicen Julio Maier y Alberto Binder (no es invento de Trincheri) que el Ministerio Publico Fiscal no existía antes de la ilustracion como institución en sí. Que antes de esa época simplemente los fiscales eran representantes de los intereses privados del monarca ante las diversas jurisdicciones. Agrega Claus Roxin (no es invento de Trincheri) que por tener el Miniterio Publico Fiscal origen en el derecho francés y hundir sus raíces en la revolución francesa del siglo 18, debe ser considerada herencia del Iluminismo y el organismo cobra vida entonces como medio de liberacion ciudadana y no como instrumento de represión autoritaria.
    Sostiene también Alberto Binder (no es invento de Trincheri)que el fiscal debe contribuir a revalidar el rol de la victima en el proceso, debe colocarse a su lado, asesorándola, conteniendola y resguardando sus derechos para que la titular por excelencia del bien jurídico agredido sea protagonista verdadera de la solucion final dada al caso, sin importar si se constituyó o no en querellante. Sintetiza todo esto Binder(no es invento de Trincheri) diciendo que EL FISCAL ES EL ABOGADO DE LA VICTIMA.
    Nunca se entenderá el rol del fiscal en el proceso si se toma al delito como infraccion a la ley del estado y no como lo que es, un conflicto entre personas. Si Juan lesiona a Pedro debe ser castigado (en caso de no haber otra alternativa)porque dañó la integridad física de Pedro y no porque violentó la ley del estado que pena a quien lesione a otro. Aceptado esto se verá porqué el fiscal representa a la víctima mas que al estado (salvo claro está en aquellos casos de delitos en que se lesiona determinado bien jurídico, por ejemplo la administración pública, en donde las aristas y por ende las discusiones son otras)
    Siguiendo estas enseñanzas, y habiendo trabajado 10 años en la fiscalía neuquina, puedo decir con orgullo que he sido durante todo ese tiempo abogado de las víctimas. De todas las víctimas. y por distribución interna de trabajo me consta que la Dra. Sandra González Taboada y su laborioso grupo (los fiscales adjuntos, el equipo interdisciplinario y los empleados administrativos) durante ese lapso han representado a las víctimas de delitos sexuales (incluidos los menores abusados) con entera dedicación, valentía y humanismo. En menor medida por la cantidad de casos registrados, lo mismo digo de la Dra. Finochietti en Delitos Juveniles. Por esto último sostengo que, además del problema constitucional, la norma sancionada era innecesaria en la práctica.
    Jacinto ha agregado un nuevo reproche a la ley 2605 y a pesar del enorme esfuerzo del distinguido Dr. Manchini (valedero porque tiene lógica y razonabilidad)es un escollo insalvable, al menos con la forma en que está redactado actualmente el art.96 ter del CPPC.: en caso que el representante del menor abusado sexualmente contrate un abogado y se constituya como querellante particular, el imputado no deberá defenderse de 2 acusadores (el fiscal y la defensoria de los derechos del niño) sino de 3 (se le habrá sumado el querellante particular).

  6. Hector Luis Manchini
    30 noviembre 2010 21:00 en 21:00

    Dr. Richard Trincheri: Siguiendo su criterio deberia suprimirse la figura del querellante particular en todos los casos( para que la queremos si el fiscal es el abogado de la vìctima). No quiero reiterar mi experiencia con el caso en que soy abogado apoderado de mi hijo pero sus apreciaciones me obligan. En efecto mi hijo mayor sufriò lesiones graves por acciòn de dos violentos amigos y conocidos allegados al poder. Desde el 1 de enero del del 2008 hasta el 1 de mayo del mismo año la justicia no llevò un sòlo testigo que supieran del hecho. Sin fiscal real hasta la fecha – pues todos se excusan – los màs que suficientes testigos (màs de 14)los aportò la parte querellante luego de una minuciosa investigaciòn del que habla. El Dr. Dominguez al interrogarlo sobre la ausencia de prueba me contestó que la causa estaba para sobreseer y asì era pues los dos imputados ya habían narrado su novelesca historia acorde su conveniencia. La parte querellante tambièn aportò prueba documental, constancias de estudios mèdicos y certificados entre otros medios.
    Reitero a un mes de cumplir tres años la causa no tiene fiscal (segùn su criterio el defensor de la víctima), ahora hay un defensor subrogante que no sabe de que se trata. Màs allà de que el sistema determinarà la insubsistencia de la acciòn (dejara sin condena a los violentos), el ejemplo sirve para demostrar que la parte querellante es esencial en determinados juicios, como por ejenplo cuando los imputados son amigos del poder y por supuesto cuando la víctima sea un menor de edad abusado sexualmente. Me pasò a mì como Juez y lo narrè en el artìculo de opiniòn “Juicio abreviado. Una mesa de tres patas” reproducido màs arriba en este post. Sin fiscales responsables la parte querellante es esencial, aunque reconozco que aùn asì la desidia de magistrados e incluso secretarios y empleados pueden hacer fracasar el objetivo ùltimo del tràmite penal que es toparse al final con la verdad real pues cuando la polìtica -como sucede en la justicia neuquina – entra por la puerta la justicia salta por la ventana.

  7. gerardo martinez
    30 noviembre 2010 23:38 en 23:38

    richard: escribiste en caliente… eso no se hace no te olvides que tenés el poder jurisdiccional y estás hablando de más, mejor dicho escribiendo de más

  8. 1 diciembre 2010 7:37 en 7:37

    Estimado Dr.:1)Fíjese que yo escribí que pienso que el fiscal debe estar al lado de la víctima siempre, se constituya o no en querellante y realmente coincido con Ud en la necesidad de la existencia del querellante en determinados casos.De ahí que he sostenido desde siempre oralmente en los encuentros académicos y en la facultad( también como redactor del proyecto de CPPC del Colegio de Abogados y el Inecip presentado en la Honorable Legislatura y también desde mis votos en la Cámara)que el querellante debe tener los mismos derechos que el fiscal en el proceso, incluida la facultad de promover o dar inicio a la investigación quiera o no el fiscal. Creo igual que en el futuro se vendrá un apasionante debate sobre la cuestión del derecho a la acusación única de la cual seguramente ud participará opinando en uno u otro sentido, pero ese será otro problema distinto; 2) A ud le consta que he intervenido como juez de cámara en la causa que hace referencia y como ex (buen) juez que Ud fue sabrá que no puedo ni debo opinar de ella en un blog porque estaría adelantando opinión(es mas, creo que la semana anterior resolvimos una incidencia)3) Los fiscales son empleados públicos (como los somos todos los que integramos el Poder Judicial)y esto significa que estamos sometidos al control del ciudadano. Entonces no hay que vacilar en poner en conocimiento de quien corresponda si desde la función judicial no se cumple acabadamente con la misma o con la magistratura.

  9. Hector Luis Manchini
    1 diciembre 2010 11:41 en 11:41

    Estimado Dr.Trincheri: Mi concepto respecto de su capacidad profesional y ética es inmejorable. Quizás lo único rescatable en esta justicia neuquina. Jamás pretendí llevarlo a provocar alguna expresión sobre la causa de mi hijo. Sólo la puse de ejemplo pues es una cuestión donde me tocó suplir a la figura del fiscal ausente en la soledad del desierto. Hecha la necesaria aclaración sostengo, según mi modesto entender, que no interesa la forma del trámite procesal mientras se respeten los derechos y garantías del victimario pero sustancialmente de la víctima que es en todos los casos la inocente afectada por la acción del delincuente, es la gran olvidada y ese olvido del sistema hace que en la mayoría de los casos baje los brazos, se resigne con su mala suerte y la justicia no será su aliada sino la que legítimo su dolor por las lesiones, el abuso sexual, etc.- Quizás por eso Dr., los ciudadanos hemos dejado de creer en la justicia de los tribunales, porque sabemos que es tiempo perdido,maltrato, reiterar el dolor una y mil veces, porque no importa cuantos masters o posgrados tenga un juez, si interesa que sea laborioso, activo,, salga con el fiscal a buscar la verdad (los testigos no acuden solos)y por sobre todas las cosas demuestre una absoluta independencia en su actuaciòn cotidiana, recaudo hoy ausente en la justicia neuqina y que frustra cualquier posibilidad de queja o control. Ante todo lo vivido, verguenza pùblica y notoria (Vignaroli, Dominguez, etc) que sentido tiene promover un juicio polìtico o una modesta investigaciòn ante la actuaciòn irregular de un magistrado o funcionario. Siempre triunfò y triunfarà la impunidad. Mis respetos Dr. y no haga caso a los que lo quieren resguardar en el silencio. El mayor beneficio de la libertad es sin dudad la expresiòn sin condiciones, el dialogo, que nos pueda ayudar a alcazar una conclusiòn ùtil.

  10. Hector Luis Manchini
    1 diciembre 2010 11:52 en 11:52

    Sr. Gerardo Martinez: Sus expresiones me hicieron acordar al tiempo del silencio bajo pena de perder vida, trabajo, bienes, familia..- Si señor a los tristes años de la dictadura militar. Que riesgo puede correr quien se exprese libremente. sea un ciudadano de a pie o un magistrado, si vivimos en una democracia repùblicana, en libertad, sin condiciones. Salvo que no sea asì y en su esencia la realidad es pura escenografìa, es un discurso sin contenido y nos gobierna el absolutismo màs extremo.

  11. gerardo martinez
    1 diciembre 2010 23:19 en 23:19

    la verdad que es muy cómico el debate entre dos juristas en este espacio, a Héctor Luis ya lo conociamos de sus intereses aportes a la ciencia penal, ahora Walter Richard… realmente la magistratura de esta provincia, con otras, dan vergüenza. Si quieren debatir vayan a los ámbitos académicos, en aquellos en que el actual camarista perdió el concurso por un defensor adjunto y en el que Héctor Luis jamás pisó… por favor…

    • jacinto
      2 diciembre 2010 13:55 en 13:55

      no censuro que no te caigan bien quienes opinan en el foro, pero cuestionar la utilización del mismo como ámbito de debate es demasiado. Sobre todo porque quienes no podemos acceder tan fácilmente a los congresos académicos perderíamos la posibilidad de intercambiar ideas y opiniones con quienes ejercen o han ejercido la judicatura, cosa que a mí por lo menos me interesa.

  12. 3 diciembre 2010 15:19 en 15:19

    “gerardo martinez”seguramente sos uno de los favorecidos por la dedocracia del peor tsj que pudimos conseguir y por eso no estàs en condiciones de debatir jurìdicamente por el blog.Claro, tampoco en condiciones de ascender y de ahì tu enojo. Y aparece muy claro que sos un resentido ademàs de autoritario si se tiene en cuenta tu comentario en la parte del blog sobre Prensa y proceso penal. Te faltò comentar el caso en que un amigo tuyo(actual juez de instruccion) le ganò un concurso tecnico y por antecedentes al mismìsimo daniel cesano, comparandolos a los dos el actual juez(tu amigo) no es ni siquiera un estudiante avanzado de abogacìa frente a cesano y? Cesano no podrìa opinar en el blog?…

  13. Silvia
    4 diciembre 2010 9:44 en 9:44

    A pesar de las idas y vueltas en los comentarios de este blog, lo único que debe quedar claro es que el art. 96 ter es claramente inconstitucional. Si bien el Fiscal es cierto que representa a las víctimas de cualquier delito, entre ellos el de los menores víctimas de abusos sexuales, lo más cierto y peligroso de todo este cuestionamiento es creer que el fiscal no puede representarlos porque a veces en la búsqueda de la verdad objetiva que debe primar en cualquier proceso tiene que admitir que no siempre asiste razón a la víctima. Entonces claro, cuando en esos casos el fiscal actúa en consecuencia y esto se ve en los juicios orales, el fiscal no sirve. SEÑORES NO SIEMPRE SE DEBE PARTIR DE LA PREMISA LA CULPABILIDAD DE LOS IMPUTADOS- Y este es el gran problema en este tema, CREER QUE SIEMPRE HAY CULPABLES, CUANDO A VECES NO LOS HAY. Quiénes tanto opinan sobre este tema debieran informarse un poquito más, leer sobre la enorme cantidad de falsas denuncias, la precariedad de las pruebas que se ofrecen en esas causas, la poca preparación que tienen en el tema las grandes peritos del poder judicial, en fin, una serie de circunstancias que conocen solamente los que tienen la posibilidad de que pasen por sus manos ese tipo de causas, y fundamentalmente el gran problema de este poder judicial en materia de los juicios orales: los cambiantes criterios de los camaristas según, por ejemplo, los abogados defensores que tengan sentados en el debate. A algunos le tienen miedo, a otros bronca, aplican el criterio de la imparcialidad grosera y burdamente en algunos casos, mientras en otros violan constantemente el derecho de defensa, y en otros y esto es lo mas grave continúan siendo jueces cuando los une una gran amistad con ellos, lo que deriva indefectiblemente en la absolución de sus representados. Pasa que estos temas nunca llegan a tener luz. Si tengo conocimiento que hay en este momento una casación en el T.S.J. donde un abogado particular del que también tengo el nombre pero no me parece oportuno volcarlo en este comentario está cuestionando fuertemente a una de las cámaras de la primera circunscripcion judicial justamente por ese motivo. También ha llegado a mi conocimiento que otro abogado particular está elaborando un pedido de jurado de enjuiciamiento por manipulación de criterios, según causas y conveniencias contra un camarista también de esta circunscripción judicial. Ojalá quiénes tienen en sus manos las decisiones se jueguen, abran los cuestionamientos y no se escuden cobardemente en el famoso cuentito de que los jueces no pueden ser cuestionados por los criterios que vuelcan en su sentencias. Obviamente que esto debe ser así cuando de criterios serios se trata, cuando estamos hablando de derecho de fondo, pero de ninguna manera cuando estamos hablando de tomar posturas procesales disímiles en casos absolutamente similares en pos de la conveniencia de alguna de las partes, en realidad de alguno de los amigos que representan a esa parte.

  14. Hector Luis Manchini
    4 diciembre 2010 19:44 en 19:44

    Silvia: No entiendo bien porque -a tu criterio – serìa inconstitucional el art. 96 ter. ¿Tambièn serìa inconstitucional la figura del querellante particular del art. 70 del C.P.P.N..-Serìas tan amable de aclarar el punto. Gracias.

  15. Pomelo
    4 diciembre 2010 19:59 en 19:59

    vamos a ver un pobre ser humano sin recursos economicos cuya hija/o es abusado de la peor manera, el/la imputado/a tiene un defensor pagado por el estado, o sea todos nosotros, me preguntaron a mi si yo queria que mi dinero fuera para defender violadores o abusadores no, bien continuemos, el estado decía entonces, paga para defender a una persona que le marcó la vida a un menor para siempre, resulta que el fiscal que es compañero de trabajo del defensor, entre charla y charla, se ponen de acuerdo y arreglan la pena y “bueno en que lo dejamos a ver 3 años”, “y si dale le bajo la calificacion y listo”, le proponen a los jueces, que se ahorran el voto etc. etc., “si dale me esperan a comer”, bueno y ya esta listo se va el violador por la misma puerta por la que entró así feliz de la vida sentimiento que no comparte su victima claro esta. En fin el padre pobre tiene un tramontina a mano y se cae unas 5 veces con el en la mano arriba del violador, ¿y ahora? quien es el responsable. Además el estado acusa (fiscal) y defiende (defensor oficial) y ¿a la persona dañada quien la defenderá?. No cuenten con el chapulin ya se retiró. Y estoy en un todo de acuerdo que no solo en sede penal los jueces varian su veredicto segun el abogado en frente y no estoy seguro que sea por amor, odio o bronca quizas otras miles de razones tal vez

    • jacinto
      5 diciembre 2010 12:37 en 12:37

      y vos decís que metiendo otro funcionario público en el medio (defensor de niño) eso se arregla?

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