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También la Cámara Civil ordenó reincorporar a Mario Alonso, el empleado que irá a juicio por las pintadas contra Sobisch

La Sala II de la Cámara Civil acaba de ratificar que debe ser reincorporado Mario Alonso, el empleado judicial suspendido porque irá a juicio por hacer pintadas contra Jorge Sobisch.

En este post están los antecedentes del caso y el fallo del juez Manuel Ruiz, que declaró nulo el punto 5 del acuerdo 4569 del Tribunal Superior de Justicia del 22 de setiembre pasado que había dispuesto la suspensión sin goce de haberes de Alonso.

El fallo de la Cámara es unánime. Pueden descargarlo completo más abajo en formato word.

Rescato algunos párrafos de la jueza Patricia Clérici y del juez Federico Gigena Basombrío, que lo firman:

“La demandada (el Tribunal Superior, representado por la fiscalía de Estado) sienta su principal argumento para rebatir la ilegitimidad y arbitrariedad manifiestas que encuentra el juez de grado en el acto administrativo emitido por el Tribunal Superior de Justicia en la presunción de legitimidad de que goza todo acto de esa naturaleza de acuerdo con el art. 55 de la Ley 1284, sin hacerse cargo de los contundentes argumentos desarrollados por el a quo en su sentencia en orden a la letra del art. 26 de la Ley 1436, las diferencias entre los institutos de la prisión preventiva y el auto de elevación a juicio, la veda legal a la interpretación analógica en materia penal, y por extensión al campo sancionatorio administrativo y la afectación del debido proceso. Tal falencia resulta suficiente, por sí sola, para rechazar la apelación sin más trámite en lo que a este aspecto refiere, ya que, en definitiva, han quedado firmes todas las bases en que se asienta el resolutorio de primera instancia”.

“No obstante ello, cabe destacar que la presunción de legitimidad que tiene todo acto administrativo regular solamente rige hasta que su nulidad haya sido declarada por autoridad competente”.

“Resulta palmario, por otra parte, que existe una discordancia ente la situación del agente Alonso y la regla legal en la que se ha fundado su suspensión. De la lectura del referido artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial surge, como bien lo ha destacado el a quo, que los recaudos que habilitan la suspensión que la misma prevé son dos: a) imputación de delito doloso, y b) dictado de la prisión preventiva, en tanto que la suspensión cuestionada se funda solamente en el primero de aquellos, encontrándose ausente el dictado de la prisión preventiva”.

“Si bien resultan lógicas las conclusiones del Tribunal Superior de Justicia en orden al grado de probabilidad de que el imputado haya cometido el delito por el que se lo acusa y que determina la elevación a juicio de la causa, “aún admitiendo la existencia de un derecho penal administrativo con cierta autonomía, nuestros autores se pronuncian por la aplicación de la normativa general del Código Penal en ausencia de las disposiciones pertinentes en la ley especial y siempre que sean congruentes con la naturaleza jurídica de la falta…”, por lo que la interpretación analógica que postula la autoridad administrativa no tiene cabida en materia disciplinaria, y menos aún cuando ella se utiliza en perjuicio del agente”.

“La suspensión automática del agente judicial, o cualquier otro funcionario acoto, en virtud de haberse requerido la elevación a juicio, vulnera el principio de inocencia reconocido tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial (…) sin que se advierta en el caso, ya que ni siquiera fue alegado en el Acuerdo Administrativo cuestionado, ni en el proceso, que el hecho de permanecer en funciones por parte del acusado pueda obstaculizar el proceso penal”.

ALONSO – SENTENCIA CÁMARA

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  1. ROBIN
    2 diciembre 2010 23:58 en 23:58

    Impecable el fallo de la Cámara Civil. Me pregunto no habría que condenarlo a pagar costas del juicio de su bolsillo al Fiscal de Estado Gaitan por impulsar una apelación sin sustento jurídico, prevaleciendo únicamente su ánimo de persecusión política contra todos aquellos que cuestionaron a su ex jefe político, también pronto a ir a juicio oral. Saquen la cuenta cuántos jueces, camaristas, vocales, etc., etc. sumen los sueldos de cada uno de ellos para darse cuenta de las barbaridades jurídicas que siguen existiendo en esta provincia.

    • indignado
      4 diciembre 2010 20:45 en 20:45

      Una aclaración: Gaitán es parte del aparato sobichista. Tuvo actuaciones comprometedpras durante el período de bigote. Pero en este caso actúa en representación de la Provincia del Neuquèn, es decir del TSJ, que fue el que cometió la barbaridad legal, política y jurídica de suspender a Alonso. Acá los responsables directos son Labate, Massei, Martínez de Corvalán, Kohon y Tribug.

  2. Fernando
    3 diciembre 2010 12:33 en 12:33

    Felicito a la Camara Civil por un fallo que garantiza los derechos constitucionales tanto desde el punto de vista laboral como penal.

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