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Piden a Sapag que no use la publicidad oficial para promocionar candidaturas

Un grupo de organizaciones presentaron al gobernador Jorge Sapag y a la vicegobernadora Ana Pechen un documento en el cual afirman que “el uso de la publicidad oficial para promocionar personas o candidaturas constituye un abuso de poder y una violación a la ética en la función pública”.

Las organizaciones son Convocatoria Neuquina Por La Justicia y la Libertad; Sindicato De Prensa De Neuquén; Cooperativa 8300; Foro Ciudadano En Defensa De La Democracia y Grupo Vahlor.

La nota expresa: “En Julio del corriente año, las organizaciones que suscriben este documento, presentamos ante el Poder Ejecutivo Provincial, la Honorable Legislatura y los bloques legislativos, un conjunto de “Observaciones y sugerencias de implementación sobre el esquema de distribución de publicidad oficial presentado por el gobierno de Neuquén”, en el que planteamos la necesidad de sancionar una ley que regule el uso de la publicidad oficial, disponga un registro público de medios, medidas que mejoren la transparencia y el establecimiento de pautas objetivas para su distribución de la publicidad. y para fomentar el pluralismo informativo”.

“En ese documento también señalamos que “la publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión. Es importante que la norma a sancionarse incorpore prevenciones para que la publicidad estatal no sea utilizada como propaganda encubierta. Es recomendable, por ejemplo, que la norma prohíba expresamente las publicidades que contengan la imagen o voz de algún funcionario o candidato; que contengan elementos,símbolos, frases, imágenes o colores que se confundan con los de algún partido político u organización política, o que tengan como finalidad ensalzar los logros de gestión”.

“De esa preocupación y solicitud las autoridades todavía no se han hecho eco, aunque el Gobierno Provincial por imposición de la Corte Suprema en los autos Editorial Río Negro c/Neuquén, Provincia del s/acción de amparo, dictó el decreto 2034/10, regulando solo la distribución de la pauta publicitaria a través de la prensa escrita. En el mismo se define a la publicidad oficial como “el canal de comunicación entre el Estado y la población con el propósito de difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública” (art. 2).

En el art. 5º, se reconocen las siguientes categorías de publicidad oficial: a) publicidad de actos de gobierno, que abarca licitaciones, edictos, dictámenes, etc.; b) publicidad institucional, vinculada con las políticas de seguridad, salud, cultura, etc. y c) publicidad de bienes y servicios, relacionada con bienes y servicios cuya distribución esté a cargo organismos públicos.

A pesar de ello, vemos que existe una intensa campaña publicitaria oficial que excede claramente ese marco y que tiene claros objetivos propagandísticos, cargados con imágenes del actual Gobernador, con su rúbrica y el slogan “Juntos”, que también utiliza el mandatario para promover su candidatura para el año 2011.

“Destacamos que la Ley Nacional de Ética de la Función PúblicaNº 25.188, que rige en el ámbito nacional, dispone en el art. 40 “La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

“Por todo ello solicitamos públicamente al gobierno provincial que suspenda inmediatamente la actual campaña publicitaria pues constituye un claro abuso de poder y una manifiesta violación a la ética en la función pública y reiteramos la necesidad de dictar una ley que regule en forma integral la publicidad oficial”.

“La democracia exige que se respete el derecho a la información de todos los ciudadanos y también reclama normas transparentes que eviten el abuso de poder en la función pública”.

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