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Pedido de indagatorias por el trabajo esclavo en Neuquén

Escribí esta nota que se publica hoy en el diario:

La fiscalía federal pidió la indagatoria del dueño y del capataz de la empresa constructora Ecam por emplear a obreros paraguayos sin documentación, sin estar registrados y pagándoles menos que los salarios de convenio. Además los trabajadores y sus familias vivían en condiciones extremas de hacinamiento en un predio por el cual debían pagar alquiler, y hasta se tenían que comprar las herramientas para sus tareas.

Los pedidos de indagatoria de la fiscal Cristina Beute trascendieron ayer, y deberá resolverlos la jueza federal Carolina Pandolfi. Los imputados son Carlos Eduardo Giménez, esposo de una ex funcionaria de Jorge Sobisch, dueño de la empresa, y Marciano Martínez, capataz, de nacionalidad paraguaya que también actuaba como enlace entre los trabajadores explotados y la firma.

De acuerdo con la información obtenida de fuentes con acceso a la causa, la imputación de la fiscal es por trata de personas y por violación al orden migratorio. Tras una investigación que comenzó en setiembre del año pasado, habría existido un aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores, y se promovía la permanencia de los extranjeros indocumentados en el país para obtener un beneficio.

El caso se descubrió casi por casualidad, a raíz de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Así fue que la justicia provincial allanó un inquilinato ubicado en Primeros Pinos 236 donde había 70 personas de nacionalidad paraguaya, entre hombres, mujeres y niños, casi todos familiares entre sí.

La explotación sexual quedó descartada, pero se comenzó a investigar una presunta explotación laboral.

El trabajo de la fiscalía permitió detectar que había 30 personas viviendo en forma ilegal, 15 de ellos trabajadores.

Por otra parte, se comprobó que Giménez era inquilino del predio, y se lo subalquilaba a los ciudadanos paraguayos. Les daba trabajo en su empresa, pero algunos se tenían que comprar sus propias herramientas, la jornada laboral excedía lo establecido por ley y el salario era inferior a los de convenio. Además no se les practicaban los descuentos para aportes jubilatorios ni tenían cobertura de ART.

La empresa Ecam los tenía empleados para obras privadas, pero en los registros del gobierno figura que fue contratada por el Estado en el pasado.

El predio donde vivían hacinados, “colgados” del servicio eléctrico, sin gas y ni comodidades de higiene y habitabilidad.

Los antecedentes aquí, aquí y aquí.

El video es del blog Quimeras.

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