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Lo que no se dice de lo que no cambiará (sobre la Reforma Procesal Penal en Neuquén)

A medida que se acerca al momento de su aprobación, la reforma procesal penal, o mejor dicho quienes estuvieron mayoritariamente a cargo de la redacción del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén, van mostrando el verdadero rostro del cambio que nada cambia.

Es habitual escuchar a los voceros políticos de la reforma destacando que “hay acuerdo unánime en la inmensa mayoría de los artículos, salvo dos o tres”.

En sus apariciones mediáticas nunca mencionan cuáles son esos artículos, o apenas dan el título.

Esos artículos en los que hay discrepancia (y en los que se impondrá la mayoría) son, por ejemplo:

1) El juicio por jurados no será para los delitos cometidos desde el poder.

Es decir que los delitos de peculado, cohecho activo y pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales y administración fraudulenta agravada serán, como hasta ahora, sustraídas de la evaluación popular.

Así, el juicio por jurados, uno de los caballitos de batalla preferido por los propagandistas de la reforma, aquel que importará la incorporación ciudadana a la administración de justicia, quedará reservado para los delitos que suelen causar conmoción social (los penados con más de 15 años de prisión, homicidios agravados, robos con armas, graves delitos contra la integridad sexual).

Estos delitos son cometidos, indica la experiencia, por las presas favoritas del sistema penal.

Los otros, antes enumerados y que causan daño extenso a la sociedad (lo que se roba desde el Estado se les roba a todos) quedarán exclusivamente en manos de jueces técnicos designados con los mecanismos que ya conocemos.

¿Cuál fue el fundado e irrebatible fundamento para excluir a los jurados populares del juzgamiento de esta clase de delitos? “Ninguna de esas causas llega a juicio”. Es una declaración oficial, pueden verla aquí.

No llegan, ni llegarán, parece decir.

Este artículo eliminado se complementa con

2) la severa restricción para que personas físicas o jurídicas se presenten como querellantes “contra presuntos responsables de los delitos cuando los mismos afecten gravemente los derechos humanos fundamentales o sean resultantes de corrupción administrativa y haya sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su función o en ocasión de ella”.

Hay diputados que se oponen a la inclusión del querellante en estos casos especiales con el argumento de que “ya existen órganos encargados de llevar adelante la persecución penal y la posibilidad de querella particular”.

Lo más probable es que la aceptación como querellantes en estos casos especiales dependa de que la persona jurídica en cuestión incluya en su objeto estatutario la defensa de los derechos que considere lesionados.

Pero más probable aún es que la aceptación (o no) sea una facultad discrecional del juez designado con los mecanismos que ya conocemos.

Y

3) establece que la duración máxima de todo el proceso no podrá superar los 3 años. “Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado”.

¿Cuántas causas de delitos de corrupción se caerían por la aplicación, hoy, de este mandato? No hace falta pensar en los casos grandes, sino en los pequeños, que afectan por igual a la comunidad.

Es cierto que no se puede mantener una investigación, o un estado de sospecha, abierto por tiempo indeterminado. Pero obligar a dictar el sobreseimiento, conjugado con los dos puntos anteriores, suena a mucho.

En definitiva, el Código Procesal no es más que una herramienta y siempre dependerá de sus operadores el grado de eficacia que se alcance con su uso.

Pero estos detalles apuntalan la presunción de que, con nuevas formas, se buscarán los mismos resultados de siempre.

No es de extrañar, después de todo, que surja de una Legislatura que aceptó muy acotadas causales para la remoción de un vocal del Tribunal Superior de Justicia; que obligó a la prescripción de las causas radicadas en el Tribunal de Cuentas, que designó al abogado de confianza y a la prima del gobernador en el Tribunal de Cuentas… y siguen las leyes.

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  1. milo
    4 noviembre 2011 9:06 en 9:06

    por favor…esta reforma es excesivamente costosa, destinada a la mejora de la carrera de cierto grupo judicial y esta hecha sólo por gente especialmente elegida por un grupo, no representa el pensamiento de la totalidad de los actores judicial respecto a cómo debe ser el proceso penal. Ilustrados funcionarios y magistrados no participaron de su revisión porque no tienen llegada a la cupula del PJ

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