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Texto completo del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén

Aquí pueden descargar en formato word el despacho de comisión que debatieron los diputados en general y en particular.

Tiene mínimos cambios respecto del texto aprobado, que se publicará en el blog apenas esté disponible.

Los videos de la sesión están aquí.

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  1. Juan Manuel Salgado
    25 noviembre 2011 8:28 en 8:28 | #1

    La negativa a permitir el juzgamiento interno en las comunidades indígenas es una muestra más de la ilegalidad en que se encuentra la Provincia en cuestiones de derecho indígena. Mal que le pese a los legisladores, este derecho ya está establecido en el artículo 9.1 del Convenio 169 de la O.I.T. (que es norma superior a cualquier disposición provincial) y los jueces que apliquen el derecho correctamente (que por desgracia no son muchos) lo van a aceptar.

  2. Smith
    25 noviembre 2011 13:47 en 13:47 | #2

    El artículo 9.1 del Convenio 169 de la O.I.T. establece que los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente deben ser respetados “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional”. Si no son compatibles, poco importa que el Convenio este por encima de la norma provincial. La cuestión es: ¿Son compatibles todos esos métodos con el sistema jurídico nacional y con los DDHH reconocidos internacionalmente? ¿Cuales son esos metodos? ¿Hay métodos que puedan ser considerados como “tradicionales”? Saludos.

    • Juan Manuel Salgado
      28 noviembre 2011 17:30 en 17:30 | #3

      La pregunta enfoca la cuestión dentro del Convenio 169 de la OIT, que es donde debe debatirse. En ese sentido, no quedan dudas que esta es la norma jerárquicamente superior, guste o no a los legisladores provinciales (por otra parte, el proyecto dice en su art. 1º que las garantías establecidas en los tratados internacionales se aplican directamente).

      En cuanto a lo que pregunta Smith, hace unos diez años aproximadamente, en una discusión de jueces y funcionarios judiciales, el Dr. Emilio Castro, contestando implícitamente una carta que había enviado el Dr. Germán Bidart Campos en la que se refería a la constitucionalidad de la aplicación de los métodos comunitarios de resolución de conflictos, sostuvo que estos métodos no podían admitirse ya que el Convenio 169 subordinaba su aprobación a la “compatibilidad” con el sistema jurídico nacional. A su juicio, la posibilidad de justicia comunitaria era de por sí totalmente incompatible con todo el sistema jurídico nacional, de modo que no cabía su admisión.

      Digamos que esa era una forma rápida de hacer desaparecer el texto de un tratado (que no gusta ideológicamente) mediante una interpretación. Sin embargo, como lo ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio del efecto útil en los tratados implica que una cláusula ha sido establecida para tener algún efecto, no para tener ninguno.

      Unos pocos meses antes, en una comunidad del centro de la provincia, en una disputa entre dos jóvenes, uno de ellos le había producido al otro una lesión ocular que le disminuyó la vista. La comunidad se reunió ante el hecho grave y la familia del agresor (y éste también) pidieron disculpas a la familia de la víctima. Les entregaron, además, una cantidad de animales que fue convenida y aceptada como reparación y se le impuso al agresor que debía acompañar al ofendido al hospital de Zapala todas las veces que éste lo requiriera para su cuidado. Del hecho igualmente se formó una causa penal por lesiones graves. Cuando la comunidad presentó ante el Juzgado de Instrucción el acta de acuerdo comunitario, el Dr. Trova también sostuvo que era inválida pues resultaba “incompatible” con el sistema jurídico nacional. ¿Incompatible con el sistema o con la voluntad de un grupo de funcionarios de mantener su poder sobre las comunidades aun a costa de decisiones irracionales?

      ¿Cuales son los límites a la llamada “justicia comunitaria”? (pongo entre comillas porque esos términos sugieren algo así como “jueces” y no una composición) Los límites son el respeto a los derechos humanos. Este es el sentido de la la referencia al “sistema jurídico nacional”. Una mínima exégesis, que incluiría el cotejo de la norma con el art. 8.2 del Convenio (“los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional”), con el antiguo art. 8 del Convenio 107 de la OIT (que es la base del actual art. 9 del C 169) y con los arts. 34 y 40 de la Declaración (que es pauta interpretativa ineludible), dejan en claro que no se trata de cualquier incompatibilidad sino de aquella que afecte derechos fundamentales, lo que deberá establecerse en cada caso. Así lo he desarrollado con citas en mi libro sobre el Convenio 169, pero no creo que sea del caso explayarme más.

      Se me ocurre, por ejemplo, que los indígenas no podrían castigar a alguno de sus miembros encerrándolos por décadas lejos de sus familias, en lugares fríos, oscuros y húmedos en donde además los guardianes les pegan en forma cotidiana. Ese sería uno de los límites.

      • el té de mediamañana
        29 noviembre 2011 11:24 en 11:24 | #4

        “… los indígenas no podrían castigar a alguno de sus miembros encerrándolos por décadas lejos de sus familias, en lugares fríos, oscuros y húmedos en donde además los guardianes les pegan en forma cotidiana.”

        Porque no tienen servicio penitenciario, todavía.

        ¡Picarón el Dr. Salgado!

    • el té de mediamañana
      29 noviembre 2011 9:03 en 9:03 | #5

      La pregunta es si hay un proceso por el cual las “costumbres” se han establecido y son aceptadas por toda la comunidad.

  3. preguntona
    25 noviembre 2011 15:35 en 15:35 | #6

    claro, nuevo código procesal, pero los delitos de los políticos, peculados, malversaciones, toda la corrupción junta, no será juzgada en juicio por jurados … el pueblo sigue siendo utilizado para cuando les conviene, cuando no, no …
    los meten de protagonistas, para juzgar al ladron de gallinas, pero al ladrón de guante blanco, ese nooooooo … claro, tienen miedo porque el pueblo sabe ver mejor … está cansado de tanta corrupción, entonces, seguro que cada uno que caiga a juicio, será declarado culpable …

  4. pepe
    28 noviembre 2011 18:43 en 18:43 | #7

    El juicio por jurados es un tema de suma complejidad. Particularmente estoy a favor, aunque la verdad es que no existe ningún régimen vigente en Argentina que nos dé una pista de como podrá funcionar. El sistema de Córdoba es muy distinto porque tienen jurado escabino y no jurado anglosajón como el que se sancionó en Neuquén.
    En principio me parece correcta la decisión política de que por ahora sólo sean juzgados los delitos más graves por jurados (tomando como valoración subjetiva de qué es más grave conforme la pena prevista para el delito).
    Ello no implica que si funciona bien se vayan sumando otros delitos en el futuro por reformas parciales al código.
    Que todos los delitos sean juzgado por jurados pueden atentar contra su funcionamiento, porque si no se crea una cultura jurídica y ciudadana de a poco podría resultar un fracaso total. Creo que hay que ir poco a poco, haciendo docencia primero con los operadores del sistema y luego con la ciudadanía.
    Hay que tener en cuenta que organizar un juicio por jurados es mucho más caro y complejo que organizar un juicio con jueces profesionales.
    El país entero estará fijando sus ojos en Neuquén, y lo que aquí resulte puede influir en el resto de las provincias. Ésta es, sin duda, la razón más importante para ir de a poco.
    De cualquier manera, para lo que se preocupan de que los funcionarios públicos sean juzgados por jurados les diría que primero se preocupen en controlar a los fiscales para que esas causas lleguen a ser juzgadas, que es lo que hoy no pasa, y luego que sean juzgadas por jurados.

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