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Juicio por jurados y reforma procesal penal de Neuquén: opinan Andrés Harfuch y Richard Trincheri

(Versión extendida de las entrevistas publicadas en el diario)

Andrés Harfuch, defensor general de San Martín, provincia de Buenos Aires, profesor de derecho penal en la UBA, y uno de las voces más autorizadas en materia de juicio por jurados, cree que todos los delitos con una pena prevista de más de 6 meses de prisión deberían ser juzgados con ese sistema. “No tiene sentido diferenciar entre los delitos. Creo que es cuestión de tiempo, cuando se pierda el miedo y crezca la confianza ciudadana hacia el sistema, cualquier delito con más de 6 meses de prisión debería entrar a un jurado”.

Esto incluiría los delitos cometidos desde la administración pública, que quedaron afuera del juicio por jurados aprobado en Neuquén la semana pasada como parte de la reforma procesal penal.

Harfuch dijo que “en el juicio por jurados que se implementará en Neuquén, que es el mejor lejos, la determinación de los hechos del caso corresponde al jurado, y todas las cuestiones técnicas, es decir cómo se califica legalmente, si hay circunstancias atenuantes o agravantes, y si hay condena cuál es la pena que corresponde, las responde un juez profesional”.

El especialista recordó que “al imponer el juicio por jurados la Constitución Nacional estableció que la única manera de que las resoluciones judiciales pueden ostentar legitimidad constitucional es si son construidas junto con los ciudadanos. Por ende las resoluciones judiciales tomadas exclusivamente por jueces profesionales tienen una legitimidad parcial”.

“Se puede hacer una encuesta: ¿usted confía en los fallos de los jueces? Y la mayoría va a decir que no, porque hay un conocimiento intuitivo en la sociedad, que tiene una sabiduría colectiva en las cuestiones básicas. ¿Qué va a pensar de un procedimiento en el que no participa para nada?”, agregó.

Respecto de la implementación del sistema en comunidades de poca población, donde puede ser difícil encontrar jurados que no estén contaminados por la información pública sobre un caso determinado, Harfuch señaló que “el juicio por jurados transfiere una porción del éxito del juicio en el defensor y en el fiscal. Hay una regla muy importante: los litigantes tienen amplias facultades de recusar sin causa a varios jurados en un gran interrogatorio antes del juicio. Ahí hay amplísimas posibilidades para evitar jurados parciales. Si hay un fiscal o un defensor incompetente, posiblemente se produzcan otros resultados, pero lo veo difícil”.

Añadió que “el legislador ha querido que el imputado sea juzgado por pares. Porque comparten sus mismos valores, su misma cosmovisión cultural. Lo más atractivo del juicio por jurados es que en el recinto de la deliberación no participa el Estado. Los únicos que van a determinar la culpabilidad o inocencia del imputado son los ciudadanos. Después vendrá la tarea del juez profesional, que antes tiene un poder muy importante al darle instrucciones al jurado”.

“Ahora, el esfuerzo de todos para la implementación”

“No debe perderse de vista que la sanción del Código Procesal es solo una etapa, si bien muy importante. La reforma requiere a partir de ahora el esfuerzo de todos para lograr la implementación del nuevo sistema. A no fallar porque la sociedad espera y el país mira”.

Lo afirmó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén, Richard Trincheri, a propósito de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén.

Trincheri aseguró que “el Código sancionado es superador de todos los existentes en el país y, a no dudarlo, Neuquén a partir de ahora será observado como espejo legislativo a seguir”.

Recordó que en 2003 escribió un artículo titulado “El proyecto olvidado” en el cual se lamentaba por la falta de tratamiento en la Legislatura del proyecto de nuevo Código Procesal Penal que había ingresado en diciembre de 2000.

“Lo más importante de aquél proceso fue el origen de la reforma y la metodología seguida hasta la elevación del proyecto. Se trató inéditamente de una decisión de reforma del Tribunal Superior de Justicia y, a partir de allí, se sucedieron el trabajo de la comisión redactora, la realización en toda la provincia de reuniones, foros, debates y la presentación de un texto preliminar. Luego hubo otra etapa de discusión, con superlativa labor de una comisión consultiva y revisora, de la que participaron abogados, funcionarios y magistrados judiciales, diputados provinciales, un representante de la policía provincial y la secretaria de seguridad ciudadana entre otros”.

Tras el fracaso de ese intento “siguieron largos años de desencuentros” hasta que “la actual composición de la Legislatura decidió hace más de dos años saldar esta deuda con toda la sociedad neuquina. Tomó como base otro proyecto con idénticos lineamientos al anterior, convocó a todas las instituciones relacionadas con la materia para que realizaran aportes y lo que fue la decisión más importante: promovió la conformación de  una comisión interpoderes, con lo cual también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo participaron en la redacción final del proyecto que finalmente la Legislatura discutió y consagró por unanimidad como nuevo Código Procesal Penal”.

Trincheri consideró que “Neuquén cuenta ya con una normativa adaptada a las exigencias de la Constitución Nacional” que “servirá para devolverle credibilidad social y hacerla más eficiente a la hora de responder a las demandas de la ciudadanía”. Resaltó como puntos principales “el juicio oral y público como etapa central del proceso, el fiscal como único responsable de la investigación preparatoria, la víctima con derechos y protagonismo esencial, los jueces como terceros imparciales en todas las etapas hasta la resolución final del caso, y organizados en colegios lo cual traerá horizontalidad y democracia a la organización pero también les permitirá a los magistrados alejarse de las tareas administrativas, los imputados con un elenco de disposiciones respetuoso de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de la amplitud del sistema recursivo y de una  regulación de las medidas de coerción adaptada a las exigencias de los Pactos Internacionales”.

Respecto del juicio por jurados, “la frutilla del postre” según lo definió, dijo que “es una línea central en la realización del programa de fortalecimiento de nuestra República”.

Por último, expresó su reconocimiento a los aportes realizados en las diferentes etapas de este largo proceso por Ricardo Mendaña, Oscar Pandolfi, Marcelo Otharán, Alberto Tribug y “a todos los diputados provinciales que definitivamente han quedado en la historia, especialmente a Marcelo Inaudi, José Russo y Soledad Martínez”.

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  1. Tano
    29 noviembre 2011 19:19 en 19:19

    Se sigue arruinando el sistema judicial neuquino! la culpabilidad ahora va a ser interpretada por el pueblo, que en su mayoría está influenciado por conceptos erroneos de noticieros y por la bronca.eso si ahora no quiero escuchar que se diga que no se hace justicia!

    • Violencia Rivas
      29 noviembre 2011 22:37 en 22:37

      Nada más que agregar. ¡¡¡Chapeaux!!!

  2. Tano
    1 diciembre 2011 22:57 en 22:57

    Y otra cosita más ahora los quiero ver a los que propulsaron la incorporación del juicio por jurados cuando los jueces garantistas y abolicionistas ( de la escuela iusfilosofica de Zafaroni) apliquen las sentencias de los “imputados declarados culpables por el pueblo”.Eso si que va a ser un verdadero circo romano! donde el pueblo seguramente se manifestará pidiiendo que la ley penal sea más dura, en vez de pedir la aplicación efectiva de la ya existente.Nadie habla del garantismo que se olvido de aplicar el art 40 y 41 del código penal.El camino mas facil del garantismo es decir: ” que el delincuente es una victima de la sociedad” que en gran cantidad de casos lo puede ser, pero no es un tema del derecho penal hacer un juzgamiento moral de la sociedad y sus componentes, en todo caso es cuestión del estado que por mandato constitucional tiene el deber de dar cada ciudadano condiciones reales de buen vivir y apuntar el bien común! el derecho penal tiene como misión sancionar a que componente de la sociedad que a afectado los bienes jurídicos de protegidos y la resocialización del mismo.Que hoy por hoy nos es posible porque sumado al garantismo que es una maquina de largar tipos peligrosos a la calle, el estado no se encarga de que las carceles sean un lugar digno para cualquier ser humano.
    Atentamente es mi humilde opinión!
    Pd; ojalá algún día logremos componer una clase dirigente que tome su responsabilidad política de recomponer el tejido social y que deje al derecho penal ocuparse del area que le corresponde!

    • Monica Perez
      2 diciembre 2011 0:22 en 0:22

      ojala del árabe, “Si D-os quisiera”, y yo creo que D-os quiere el problema es el libre albedrio de todos los humanos y en especial de los politicos, que bien pareciera que su intencion, discernimiento y voluntad no se inclina hacia el lado del bien, o de lo mejor.
      Así que si bien estoy segura que D-os quiere no me olvido que estamos en el podio de los paises más corruptos, y que quiere que le diga tano, ¡¡Si D-os quisiera!!

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