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En un año, en dos fiscalías, en la zona más poblada de Neuquén, abrieron 122 causas por cortes de ruta y calles

Leo en “Río Negro” sobre el siempre controvertido tema de los cortes de ruta: Este año, en solo dos fiscalías del área Neuquén capital, se iniciaron 122 causas judiciales por cortes de ruta. La mayoría de los casos culminan con la suspensión del juicio a prueba lo que implica el cumplimiento de alguna actividad comunitaria por parte del acusado. Organizaciones y gremios rechazan la “criminalización de la protesta social”, mientras que desde la Justicia aseguran que sólo cumplen con lo establecido en el Código Penal.

La Fiscalía Federal, a cargo de Cristina Beute, intervino en 37 causas por interrupciones de tránsito sobre la ruta nacional 22 incluyendo las localidades de Cutral Co, Senillosa, Plottier, Neuquén capital y el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Mientras tanto en el equipo fiscal 2 de la Primera Circunscripción (que incluye Neuquén Capital y ciudades cercanas), se registraron alrededor de 85 causas. “Desde el momento que toma intervención la policía y comienza a tener aspecto de delito ya hay actuación judicial”, explicó la titular de la fiscalía, Gloria Lucero.

Ambas fiscales explicaron que existe un protocolo de actuación que establece que en casos de interrupciones de tránsito primero se debe constatar el hecho, luego se identifica a las personas que lo llevan adelante, se los intima a que cesen la actividad, y si en un plazo determinado no se finaliza la medida se requiere al juez, quien por lo general libra una orden de desalojo.

Tanto Beute como Lucero coincidieron en señalar que la mayoría de estas causas finaliza con probation o suspensión del juicio a prueba, en donde los imputados asumen una obligación de servicio comunitario para alguna entidad pública. Esto sucede porque los acusados, en general, no poseen antecedentes policiales y porque la escala penal admite aplicar esta solución alternativa.

Los cortes de ruta y los piquetes se institucionalizaron como modalidad de protesta hace más de una década en la región. Cutral Co y Plaza Huincul fueron los escenarios desde donde el piquete cobró una relevancia que se expandió a lo largo de todo el país. En la zona es una de las medidas que se toman en situaciones extremas para peticionar a las autoridades por derechos como educación, trabajo, salud y vivienda.

Mariano Pedrero, abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, indicó que en los últimos dos años hay alrededor de 500 procesados en toda la provincia por causas de este tipo. A nivel país el número llega a 5.000, a lo que se suman los cerca de diez asesinados en situaciones de protesta por parte de la represión policial y para-policial.

Pedrero, en consonancia con organizaciones a nivel local y nacional, denunció la criminalización que se realiza de la protesta social. “Se persigue a los trabajadores que luchan y pelean por sus derechos”, sostuvo.

Desde la Justicia, las fiscales destacaron que no hay criminalización ya que lo que se hace es cumplir con lo que establece el Código Penal en su artículo 194. “En todo caso quien criminaliza es el legislador que redactó la norma”, agregó Beute.

“Se llenan la boca hablando de cumplir leyes, si así fuera en la Constitución de Neuquén se prohíbe los despidos en masa y no movieron ni un solo dedo cuando pasó lo de la cerámica Stefani”, replicó el abogado ceramista.

Sobre las causas en las que ha intervenido, Pedrero indicó que hay un total de siete en las que están procesados alrededor de 50 trabajadores de Stefani. Este año lograron el sobreseimiento de cinco obreros de Fasinpat. “Llegamos a esto porque se pone por encima el derecho a peticionar por el trabajo y no la interrupción momentánea del tránsito. Reclamar un derecho no es un delito”, explicó el letrado.

Sobre el tema, Beute opinó que existe una “falta de eficacia para atender a los reclamos y falta de gestión de los conflictos por parte de las autoridades. Pero en la instancia judicial es necesario que se dé el debate”, aunque son pocos los casos que llegan a juicio.

Por su parte, la fiscal Lucero sostuvo que la protesta cesa cuando se comete un delito. “Probablemente haya un problema de falta de conciencia democrática, porque un tema es la protesta social y otra la violencia. Mucha gente se esconde bajo la protesta social para cometer delitos”, manifestó.

La nota es de Melina Fit.

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