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Neuquén tiene nuevo Código Procesal Penal. ¿Y ahora?

El nuevo Código Procesal Penal recibió elogios unánimes como regalo de nacimiento. Producto de un trabajo que con avances y retrocesos demandó diez años, se lo destaca como el más avanzado del país, pone en línea a la provincia con la Constitución Nacional, y en el terreno de las promesas se asegura que hará a la justicia más eficaz y más transparente. En buena hora si así sucede, porque fue sancionado en uno de los peores momentos de la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos: los diputados sesionaron con la Legislatura vallada y también tiene vallas el edificio donde funcionan las cámaras criminales.

El Código Procesal no es más que una herramienta. Un catálogo de derechos para la víctima de un delito y de garantías para el imputado, así como de obligaciones para los encargados de la investigación y del juicio.

Su puesta en vigencia demandará, al menos, dos años. En ese período habrá que sancionar un paquete de leyes complementarias tan importantes como el Código mismo, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias.

Pero ese no es más que el ajuste fino de la misma herramienta. La clave son los encargados de operarla.

Alfredo Alvarado Velloso, un destacado procesalista que dicta una maestría en Neuquén, dice que hace falta una nueva generación de jueces y fiscales para que la instrumentación del Código tenga una mínima garantía de éxito.

Se refiere a que los actuales están formados en el viejo sistema, el inquisitivo, donde el juez es el rey del proceso.

La afirmación cobra otro sentido en Neuquén, donde el grueso de los magistrados y funcionarios llegaron a sus cargos en una época en la que los ingresos eran en tropel, sin concurso y en muchos casos, sin control legislativo. Fue entre 2004 y 2006, los años más cuestionados del Poder Judicial, durante el último gobierno de Jorge Sobisch.

El nuevo Código pone el protagonismo en manos de los fiscales. Casi todos ingresaron o ascendieron en esa época.

Como dice Leticia Lorenzo, abogada del Inecip y asesora en el proceso de reforma, la próxima discusión que se debe instalar es quién elige a los que persiguen. El debate por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede ser uno de los escenarios apropiados.

El cuadro actual muestra que en la primera circunscripción hay 12 fiscales, 8 de primera instancia y 4 de Cámara.

Sólo 4 de ellos (una fiscal de cámara, tres de primera instancia) pasaron por el Consejo de la Magistratura y recibieron acuerdo legislativo.

El resto fueron designados por el sistema anterior, es decir, en forma directa por la voluntad de un Tribunal Superior de Justicia integrado por vocales elegidos por el ex gobernador Sobisch. Ninguno recibió acuerdo legislativo porque en esa época no se requería.

En el interior provincial la situación no es mejor: hay 3 fiscales en Cutral Co (uno de cámara); uno en Zapala; 2 en Junín (uno de cámara) y 1 en Chos Malal. Ninguno pasó por el Consejo de la Magistratura ni recibió acuerdo legislativo.

Puede argumentarse, y con razón, que así eran las reglas en aquellos años. El problema de fondo es que la mayoría de los fiscales en funciones no han hecho de la investigación de casos de corrupción una bandera; más bien parece interesarles poco ese capítulo del Código Penal.

La corrupción tampoco parece haber estado en la mente de los legisladores que aprobaron, por unanimidad, este Código: Le sacaron lustre a la chapa del juicio por jurados, la estrella de la reforma procesal, pero escamotearon la posibilidad de que ciudadanos comunes decidan si un funcionario cometió un delito desde el ejercicio de su cargo.

Así, sólo los delitos gravísimos serán ventilados por el jurado.

Si se mira a futuro, los nuevos magistrados y funcionarios surgirán de otro organismo bajo permanente controversia: el Consejo de la Magistratura, donde el poder político goza de mayoría y la representación ciudadana directa está ausente.

Los consejeros políticos que asumieron en 2011 fueron designados con los plazos vencidos y han tenido no pocos tropiezos: concursos en los que casi nadie se anota, deserciones masivas, participantes que impugnan las calificaciones, y una posibilidad cercana de que sus decisiones se judicialicen.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá (debería tener, más bien) una fuerte responsabilidad en que la instrumentación del nuevo Código sea un éxito.

Un Tribunal que, a partir de este año, volverá a estar completo con las designaciones de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag quien de esta manera, en cuatro años de gobierno, instaló ya a cuatro de los cinco vocales.

La cifra record de diputados que votaron a Moya y Cancela para vocal y defensor respectivamente sepultó los cuestionamientos que recibieron. Quedó en evidencia, por primera vez de manera clara, que el decreto llamado de autolimitación es apenas un formalismo para alegar transparencia allí donde los acuerdos políticos son los que mandan.

Puertas adentro del Poder Judicial reverdecieron las nunca olvidadas divisiones que se remontan, justamente, a aquellos años en los que reinaba el sobischismo.

La conducción de la Asociación de Magistrados, que viene marcando distancia de los actos del gobierno de Sapag, cuestionó a los candidatos por su falta de antecedentes (caso Moya) y porque no responden al perfil que consideran más adecuado para alguien que ejercerá la jefatura de la defensa y, eventualmente, de la fiscalía (caso Cancela).

La Asociación hizo pública su postura. Más discretos, un grupo de magistrados y funcionarios se reunió por su lado y elaboró una serie de notas de respaldo a Cancela.

Un debate similar se produjo entre los abogados: la conducción del Colegio respaldó a los candidatos de Sapag, y un grupo de colegiados le pidió explicaciones por la ausencia de debate previo.

El nuevo Código Procesal Penal, tan elogiado y en el que están depositadas tantas esperanzas, cabalga sobre aquel citado divorcio entre los poderes públicos y los ciudadanos, y estas fracturas internas de los operadores del sistema.

Quizá haga falta algo más que un curso de capacitación para garantizar el éxito de su implementación.

Anexos: el texto del CPP , en formato pdf, y el folleto oficial que se publicó en los medios de comunicación, en el mismo formato.

LEY 2784

FOLLETO

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  1. 2 enero 2012 14:56 en 14:56 | #1

    El ex diputado Horacio Rachid hizo llegar al diario este comunicado. Como me envió una copia, y aunque no pide expresamente su publicación en el blog, me pareció que correspondía incluirlo como comentario. Aclaro que considero inexacto lo que Rachid expresa en el punto 2, y que conocía otra versión de lo que menciona en el punto 3. Supongo que alguien del Tribunal Superior debería aclararlo.

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de efectuar algunas correcciones al interesante artículo sobre el tema de referencia, cuyo autor, el periodista Guillermo Berto apreciará.
    1.- El Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén se sancionó por unanimidad en general el 23 de noviembre con 32/35 Diputados presentes y por unanimidad en particular de 269/272 artículos, siendo por mayoría de 29 a 3 los restantes 3 artículos, al día siguiente 24 de noviembre. El proceso de consenso de este Código duró diez años, de los cuales los últimos cuatro funcionó una Comisión Interpoderes con mandato que terminó el trabajo fino del proyecto, en un momento óptimo de la relación de los poderes públicos con los ciudadanos, excepto con 45 vándalos de la cúpula del gremio ATE Salud, que intentaron tomar los accesos a Legislatura la semana anterior para evitar la sanción de una Ley de Remuneraciones del sector profesional, cosa que fue impedida por la actuación de los poderes del Estado.
    2.- No hay jueces o fiscales en ejercicio en Neuquén que no hayan recibido nombramiento legislativo. La diferencia desde 2006 es que el proceso de selección y propuesta pasó del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de la Magistratura, creado por Ley a raíz de la Reforma Constitucional del mismo año.
    3.- El Juicio por Jurados populares fue limitado a ciertos casos penales gravísimos, por pedido de los integrantes del Poder Judicial de la Comisión Interpoderes, para posibilitar el gradualismo necesario para evitar el colapso de las estructuras de este poder, material y presupuestariamente. El último dia de funcionamiento de la Comisión, con el preproyecto listo para el trabajo parlamentario, la Dra. Corvalán trajo un intempestiva propuesta de incluir los delitos contra la administración como mandato verbal de los vocales del TSJ, cosa que fue rechazada por extemporaneidad y falta de legitimación.
    4.- La presunta permanente controversia en que se encuentra el Consejo de la Magistratura nunca se legitimó en ningún ámbito, salvo por cuatro proyectos de modificación parcial, de uno de los cuales soy autor, que no recibieron apoyo político parlamentario para que prosperen.
    Sin otro particular más que solicitarle la difusión de estas correcciones, para ajustar conceptualmente con el contexto el artículo del periodista, saludo a Ud. con mi mayor consideración.

    Horacio Alejandro Rachid
    Diputado M.C. 2003/2011

  2. Hector Luis Manchini
    3 enero 2012 10:28 en 10:28 | #2

    El Sr. Rachid expresa dos afirmaciones con las que me atrevo a disentir respecto de la presentaciòn de la Dra Corvalan efectuada en nombre de todo el TSJ solicitando que los delitos contra la administraciòn pùblica sean incluìdos en la decisiòn del Juicio por Jurados. En primer lugar si hasta ahì habìa un preproyecto por supuesto que habìa tiempo para incluir los delitos màs graves que son aquellos que cometen los funcionarios en ejercicio de sus labor especìfìca en tanto agravian al pueblo todo, y en cuanto a la legitimaciòn no se me ocurre un organismo con mayor legitimaciòn que el TSJ para determinar que crìmenes seràn juzgadps de una u otra manera.
    Que ademàs los delitos contra la admisisreaciòn se encuentran especialmente comprendidos en E.E.U.U. que tiene un sistema como el que pretende traducir el nuevo
    C.P.P.N y jamàs debieron ser dejados de la lado, si es que sinceramente el gobierno pretende la participaciòn del pueblo en la cosa pùblica y el juzgamiento de las acciòn de sus funcionarios.
    A tìtulo de ejemplo van dos casos de juzgamiento y condena de gobernadores en el paìs del norte:”El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, que establece como gran primicia el juicio por jurados del cual están rigurosamente excluidos los funcionarios públicos – obviamente los gobernadores que se vayan sucediendo – sin dar un motivo convincente para tal exclusión, pues el sistema anglosajón adoptado por la ley de forma, vigente en los países imperialistas, responsables exclusivos y excluyentes de todos nuestros males, no sólo los incluye sino que los juzga, los sanciona y los encarcela.

    En ese sentido el diario Clarín On Line del 15/11/2012 pone de manifiesto lo siguiente: “Rod Blagojevich, arrestado en diciembre de 2008, fue condenado a 14 años de cárcel tras haber sido hallado culpable en 17 de los 20 cargos por corrupción. Además, deberá pagar una multa de 20 mil .El ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich fue condenado hoy a 14 años de prisión por tratar de vender la banca que Barack Obama dejó vacante cuando asumió la Presidencia de los Estados Unidos. La pena, que va acompañada por una multa de 20 mil dólares, fue impuesta por el juez de distrito James Zagel, luego de que el jurado lo hallara culpable en 17 de los 20 cargos por corrupción. El demócrata Blagojevich, de 54 años, fue arrestado en diciembre de 2008, semanas después de que Obama ganara las elecciones presidenciales. Y fue expulsado de su cargo en enero de 2009 por la Asamblea General de Illinois luego de que se conoció que intentó vender la banca de Obama para financiar sus campañas políticas.

    Aparece de interés para los argentinos, en virtud de los argumentos dados en juicios como estos, lo expuesto en una parte por el juez Luis Zagel que reconoció la actitud de Blagojevich de asumir la responsabilidad de sus acciones -algo que el ex gobernador hizo en su alegato ante el jurado antes de la sentencia-, pero dijo que eso no mitigaba la gravedad de su delito. “Cuando el que se comporta mal es el gobernador, todo el edificio de Illinois se destruye y desfigura y no es fácil de reparar”, señaló el magistrado (la cursiva me pertenece). El dos veces gobernador recibió la pena más dura, lejos, de los cuatro mandatarios estatales de Illinois enviados a prisión en las últimas cuatro décadas.

    La nota agrega: Se trata del segundo gobernador consecutivo en ser encarcelado, luego del republicano George Ryan, quien fue condenado a 6 años y medio de cárcel. No obstante, Blagojevich aún no fue enviado a la cárcel, ya que las autoridades federales están definiendo su lugar de reclusión.”

    ¡¡¡Que se embromen, por ser imperialistas sometedores y no seguir el modelo de la Argentina feudal!!!(Ver. http://www.derechodelavictima.com.ar).

  3. jorge garcia
    3 enero 2012 12:27 en 12:27 | #3

    habria que jubilar a los que quieran retirarse del sistema, como se hizo en chile, y que queden los que sean aptos para este nuevo, moderno, eficiente, y efectivo sistema, nacido al amparo nuevamente de nombres y apellidos, en fin la historia de nunca acabar…

    • Violencia Rivas
      3 enero 2012 17:19 en 17:19 | #4

      se van a jubilar los que puedan trabajar afuera, o sea como abogado de la matricula, los demás que son mayoria se van a quedar adentro y que son los que menos aptos estan para cualquier tarea, parafraseando al ejercito ITS.
      Va a ser peor el remedio que la enfermedad.

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