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Declaran inconstitucionales artículos del Código de Faltas de Neuquén: más derechos a las personas, menos atribuciones a la policía. Fallo completo

(Versión ampliada de la nota que se publica en el diario, con enlaces de interés y el fallo completo)

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró inconstitucionales una serie de artículos del Código de Faltas provincial, lo que se traducirá en mayor respeto por los derechos y garantías de sectores sociales en general en situación de vulnerabilidad. Además le quita a la Policía una herramienta que utilizaba “como método de control social”.

Por ejemplo, fueron eliminados los artículos que permitían meter presas por hasta 30 días a las personas halladas en la vía pública en estado de ebriedad “escandalosa” o “en estado escandaloso bajo acción y efecto de estupefacientes”.

Artículo 55°. Será reprimido con multa equivalente al treinta y cuatro por ciento (34%) del valor jus a tres (3) jus o arresto hasta por diez (10) días, el que por su culpa se encontrare o transitare en lugares públicos en estado de embriaguez escandalosa.

Artículo 56°. Será reprimido con arresto de hasta treinta (30) días, el que por su culpa se encontrare o transitare en lugares públicos en estado escandaloso, bajo acción o efectos de estupefacientes.

Los jueces del Tribunal Superior remarcaron en el fallo:

según quien lo aprecie, un artista callejero, una manifestación de protesta, un recital de rock en la vía pública, un vendedor ambulante, el tráfico vehicular, un acto proselitista, podrían resultar escandalosos y sin embargo se trata de actividades toleradas, amparadas y/o fomentadas, según el caso, por el ordenamiento jurídico. De esta manera se ejemplifica el campo de arbitrariedad que habilita la norma.

“O sea que, la norma resulta a todas luces inconstitucional, toda vez que la ingesta de alcohol o de estupefacientes en sí misma ya se estableció que no puede estar alcanzada por el tipo contravencional, el estado de alteración psíquica resultante no es punible por virtud del principio de reserva y el término escandaloso resulta completamente vago, impreciso y subjetivo, con lo cual atenta contra el principio de tipicidad.

“Lo dicho no implica que este Tribunal desconozca los efectos perniciosos para la salud individual que producen las adicciones, entre ellas las generadas por el alcohol y los estupefacientes. Pero también resulta evidente que la penalización del adicto no ha resultado y no resultará una forma efectiva de curar lo que no es otra cosa que una enfermedad”.

Por otra parte, el fallo del Tribunal le quita a la policía la facultad de tomarle declaración al imputado de una contravención:

Artículo 24°. Inmediatamente el oficial de mayor jerarquía presente en el local recibirá el informe del empleado que hubiere intervenido en el hecho y escuchará al imputado, previo hacerle conocer que puede abstenerse de declarar sin que ello lo perjudique, luego de lo cual dispondrá su libertad, salvo en los casos siguientes:

a) Si no tuviere domicilio conocido dentro de la provincia;

b) Si careciere de documentos de identidad o estos presentaren signos de adulteración y fuere necesario proceder a su identificación.

En caso de que el inculpado se domiciliase fuera de la provincia, procederá su libertad sólo mediante caución personal o real que podrá llegar hasta la suma de dieciocho (18) jus, la que en todo caso se hará efectiva, de no presentarse en la primera oportunidad de cuya comparecencia hubiere sido notificado.

Dijo el Tribunal:

La norma del Código de Faltas dice que el oficial de policía “escuchará al imputado, previo hacerle conocer que puede abstenerse de declarar sin que ello lo perjudique”.

El ámbito de una dependencia policial o la recepción de la declaración por parte de un oficial de policía no satisfacen la garantía constitucional, ya que no aseguran la plena libertad y carencia total de coerción en quien depone bajo tales condiciones.

“Desde dicha perspectiva la norma bajo examen, en cuanto estipula, como una diligencia integrante del proceso de faltas, que los oficiales de policía reciban declaración al acusado, no garantiza suficientemente que no se transgreda la prohibición constitucional de que la confesión directa o indirecta del acusado sea lograda bajo coerción ni permiten un libre ejercicio del derecho a ser oído”.

Además, a partir de esta sentencia, los familiares del imputado podrán declarar en su favor, cosa que hasta ahora tenían prohibida.

Artículo 43°. Si el acusado no reconociere su culpabilidad, se fijará audiencia para el juecio, dentro del término de tres (3) días, la que se notificará bajo apercibimiento de detención en caso de no comparecer. Si fuera detenido por no comparecer se fijará nueva fecha de audiencia.

En la audiencia el acusado podrá ofrecer pruebas. En ningún caso podrán declarar como testigos los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de los contraventores.

Los demás parientes hasta el cuarto grado podrán hacerlo, previa advenrtencia de que pueden abstenerse, si así lo desearen.

Dijo el Tribunal:

“la norma constituye una restricción inconstitucional del derecho de defensa, ya que la Carta Magna proscribe que los parientes mencionados declaren en contra del imputado, pero no a su favor”.

Respecto de si el imputado goza del derecho de asistencia letrada:

Artículo 44°. El debate será oral y público, salvo que razones de moralidad u orden público aconsejen que se realice a puertas cerradas, de lo que se dejará constancia.

El acusado podrá hacerse asistir por un abogado.

El Tribunal dijo:

no cabe declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 44 del Código de Faltas, el cual debe ser interpretado como una obligación del Estado de proveer al imputado una efectiva defensa técnica, que es de la única forma en que puede leerse esa norma, a la luz de las garantías procesales aplicables

El Código Contravencional permitía, en uno de sus artículos, que el juez de Paz condenara o absolviera sin dar explicaciones.

Artículo 45°. El juez procederá a la recepción de la prueba y luego de escuchar al acusado con la prevención que expresa el artículo 24°, y en su caso al abogado defensor, condenará o absolverá por simple decreto, disponiendo las confiscaciones o restituciones de efectos si procediese.

Si la pena fuera de multa, la resolución contendrá expresamente el emplazamiento a que se refiere el artículo 3°.

Esa práctica no continuará:

la frase “por simple decreto” debe ser abrogada porque puede producir la apariencia de que se ha legislado una inadmisible excepción a la garantía constitucional de la imprescindible motivación de las sentencias (artículo 238 de la CP) y, en general, de los actos de gobierno (artículo 1 de la CP)

Finalmente, fue declarado inconstitucional un artículo que reprimía “con arresto hasta por diez días” a quien “siendo capaz para trabajar, se entregue a la mendicidad o a la vagancia”.

Artículo 66°. Será reprimido con arresto hasta por diez (10) días el que siendo capaz para trabajar, se entregue a la mendicidad o a la vagancia.

Al respecto los jueces dijeron:

se vulnera el principio de lesividad porque el tipo contravencional se funda justamente en dichas teorías peligrosistas que intentan prevenir la comisión de delitos, aplicando sanciones a  estados alejados del principio de ejecución, por presumir una probabilidad (o certeza) de que un vagabundo o mendigo cometan ilícitos.

Por otra parte, la norma impugnada resulta también contraria al principio de reserva, ya que intenta imponer un deber de trabajar que no está enunciado en la Constitución, que reconoce sí un derecho al trabajo.

De esa forma se está vulnerando el ámbito constitucionalmente protegido de autodeterminación.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en pleno, integrado por Graciela Martínez de Corvalán (autora del voto principal), Guillermo Labate, Oscar Massei, Ana Lía Zapperi (subrogante) y Ricardo Kohon, quien votó parcialmente en disidencia.

Diez años de espera

Diez años tardó el Tribunal Superior de Justicia en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una serie de artículos del Código de Faltas de Neuquén. La acción fue presentada en 2002 por Andrés Repetto y Fernando Diez, defensores oficiales y docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Los autores fueron alumnos de derecho.

Repetto, hoy juez de Cámara, explicó los fundamentos del que podría ser uno de los puntos más conflictivos: la prohibición a la policía para que detenga a ebrios en la vía pública en situación “escandalosa”.

“Es por el principio de lesividad que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, dijo Repetto. “Para punir una conducta debe haber una acción lesiva a terceros, pero no se puede meter presa a una persona porque molesta en el paisaje”.

-Se suele argumentar que un ebrio o alguien que consume estupefacientes puede cometer un delito.

-Cuando lo haga veremos, y se aplicará el Código Penal. Para una persona ebria en la calle está la prevención, es alguien víctima de su propio estilo de vida. Hay que ayudarlo”.

Repetto dijo que la policía “ha hecho uso y abuso del Código Contravencional como herramienta de control social”.

El año pasado la Legislatura ya había derogado o modificado otra serie de artículos del Código que resultaban discriminatorios hacia ciertas preferencias sexuales (ver aquí).

El fallo completo, aquí abajo en word.

FALLO CODIGO DE FALTAS

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  1. Hector Luis Manchini
    20 abril 2012 9:11 en 9:11

    El artículo 55 se aplicaba con demasiada frecuente. Eso dió motivo a una carta de lectores del suscripto donde se propiciaba la inconstitucionalidad de esa norma en noviembre del 2010 que fue publicada por el diario Rio Negro bajo el titulo”El alclcoholico no es un delincuente sino un enfermo” y decía así: artículo 55 del Código de Faltas prescribe que será reprimido con multa equivalente al 34% del valor jus, a tres jus o arresto de hasta por diez días al que por su culpa se encontrare o transitare en lugares públicos en estado de embriaguez escandalosa. El artículo citado con el párrafo anterior colisiona frontalmente con lo dispuesto en el artículo 65, primer párrafo, de la Constitución provincial, según el cual “tampoco podrá ser constituido nadie en prisión sin en virtud de orden escrita de juez competente”, aquí aparece oportuno detenernos en la aplicación práctica de la disposición contravencional. La misma establece sin duda una pena de prisión al ebrio; se le colocan esposas, se lo priva de su libertad ambulatoria, se lo introduce en un calabozo, se le sacan los cordones, el cinturón, en suma, es un preso como cualquier otro. Es necesario dejar absolutamente en claro que el alcohólico no es un delincuente sino un enfermo y en tal sentido lo que corresponde es ayudarlo y no encerrarlo. En un trascendente fallo comentado por el diario “La Nación” de fecha 20 de setiembre de 2006 se pone de manifiesto que el juez Mario Juliano del Juzgado Correccional de Necochea decretó la inconstitucionalidad del art. 72 del Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires afirmando que “no se advierten razones valederas para que la ley opte por la represión de la ebriedad, presuntamente por resultar agresiva para la moralidad pública y las buenas costumbres y no haga lo propio con la obesidad o con los que sufren la bulimia y la anorexia o con los que padecen insomnio y así sucesivamente, una serie interminable de supuestos completamente inocuos para terceros y únicamente lesivos para quien los padece”. (www.lanacion.com.ar del 20/9/2006) En la nota que hemos hecho referencia, el periodista Hernán Cappiello hace un justo análisis de los principios resguardados por el art. 19 de la Constitución nacional según el cual las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública quedan sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Lo expuesto en el acápite anterior implica que las únicas acciones que pueden ser examinadas por los magistrados son aquellas que ocasionen lesiones a bienes de importancia social o personal, como así también que el Estado no puede imponer al resto de la sociedad un modelo moral al cual deben ajustarse los individuos. El primer concepto se refiere al principio de lesividad y el segundo a lo que se conoce como derecho a la intimidad o principio de reserva, agregando el autor citado “la acción de embriagarse” -ingerir bebidas alcohólicas hasta el punto de hacer dificultoso o imposible el control de la persona y los actos-, es un comportamiento personal que desde un punto de vista objetivo sólo puede ser agresivo para quien lo sufre. De tal modo que la acción de beber moderadamente o en exceso forma parte de la forma de conducción de la vida que cada uno escoge y que lejos de contravencionalización debería ser merecedor de ayuda y auxilio y por tanto completamente amparado por el principio de reserva del art. 19 de la Constitución nacional. En cualquier caso se destaca que la aplicación de la normativa del art. 55, tal como sucede con la norma similar de carácter contravencional de la provincia de Buenos Aires, es absolutamente ineficaz y en los hechos puede resultar altamente peligrosa ya que el ebrio por su patología no se comporta como una persona sobria y por ello todas las acciones que se llevan a cabo por la autoridad policial, como colocarle esposas, sujetarlo sobre el piso y demás medios tendientes a someterlo, pueden causar daños psicológicos, psiquiátricos y físicos de enorme envergadura. Lo aconsejable en estos supuestos -y apreciando que el ebrio es un enfermo y no un delincuente- es que se lo lleve a una unidad asistencial adecuada, como por ejemplo a la guardia de un hospital pero jamás encerrarlo como un criminal común (Ver más en http://www.derecho de la victima .com.ar.) Aplaudo la resolución del TSJ neuquino.

    • Rodolfo Salazar
      11 junio 2012 9:51 en 9:51

      “El artículo 55 se aplicaba con demasiada frecuente” (frecuencia). vale, la intención. Y esta perfecto, el alcoholismo es una enfermedad. Ahora bien, el Estado, no se ocupa de las personas que vagan en ese estado en la via pública causando daños, o molestias a terceras pesonas, en definitiva perturbando la paz social. Justamente con este fallo, deragando los articulos del Código de faltas, se deberia exigir al organo estatal corerspondeinte, el funcionamiento apra acojer a estos enfermos a traves de la salud pública. Caso contrario el remedio es peor que la enfermedad…. Ah me olvidaba, estas personas enfermas no pueden ingresar a los barrios privados,con seguridad, donde viven los que “fallan”, y derogan, sin ocuparse de que las leyes se apliquen sin distinción de raza, credo o “status social”. Concluyo que hace mucho tiempo que la venda de la justicia no deja ver, la realidad social, y si la justicia seria tal, no habria barrrio privados, ya que los habitantes sabriamos convivir y el que no, seria encausado por la verdadera “Justicfia”. Se sigue parchando y parchando, sin soluciones de fondo y todo sigue siendo un “Descontrol Social”

  2. luna
    20 abril 2012 20:36 en 20:36

    bien por el TSJ y por quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad.

  3. plasticola
    26 mayo 2012 10:44 en 10:44

    ahora cuando llamen a los policias por un borracho en la calle que este molestando toda la noche en la vereda de tu casa, se la van a tener que bancar, ojala sea en la casa de los capos que lo pensaron y decidieron por unos pocos, estoy de acuerdo en que son enfermos, pero dejarlos ahì no es la soluciòn, es algo asi como decirles, seguì alcolizandote, y que los vecinos que estan durmiendo porque son laburantes, que se desvelen che…. piensen please, antes de ejecutar.

  4. Dany
    5 junio 2012 14:31 en 14:31

    Y a donde más se los va a llevar??…..haber todos los letrados que opinan??….viven Uds. en Barrios marginales, donde en las esquinas se juntan los vagos a tomar, y para ir al mercado de al lado de la esquina, hay que pasar por entre medio de cinco a diez tipos tomados, que increpan o generan un ambiente de temeridad, vociferando estupideces o molestando por el solo hecho de pasar por allí???…qué dicen a eso??….porque los vagos existen!!…..y los tomadores también, sean o no habituales en eso……quienes actualmente deciden, lo hacen desde atrás de un escritorio, trasladándose en autos lujosos, bien pagos, y viven en barrios cerrados o bien preparados en cuanto a infraestructura y bienestar……e intentan dar un perfil SOLIDARIO y de PROTECTOR de los derechos ajenos, cuando bien los que disfrutan de esos derechos, son ellos, y a la mayoría de la población se les niega por falta de recursos……deberían recorrer las Comisarías, Acción Social, Salud Mental del Hospital Regional, etc…..y fijarse dónde van a meter a los “enfermos” según ellos…no digo que no existen los enfermos, pero algunos, en su mayoría, se hacen los tontos nada más, porque tomando agarran coraje para robar o para molestar…..consulten con algún policía……no solo Uds. Los letrados son Funcionarios o profesionales aptos para emitir opinión de la realidad social, los demás sabemos algo de la realidad, de la realidad de la calle, no la que les llega en PAPELES nada más!!!

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