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Duro documento de la Pastoral Social del obispado contra el Ejecutivo y el Judicial por el asesinato de un detenido

La Pastoral Social del obispado de Neuquén le reclamó al Poder Ejecutivo provincial que ponga a disposición de la justicia “a los responsables del ataque y muerte de Cristian Ibazeta”, quien fue asesinado dentro de la Unidad 11. Y al Tribunal Superior le reclamó que “termine con la actitud de espera incomprensible que mantiene” y disponga “medidas urgentes” ante la situación en las cárceles.

Ibazeta fue asesinado a puñaladas dentro de su celda, ubicada a 15 metros de la guardia. El ministro de Coordinación, Gabriel Gastaminza, dijo que no hay policías involucrados y la asociación Zainuco reclamó que se investigue una presunta zona liberada. La víctima había sido testigo clave en un juicio por torturas contra guardiacárceles.

La Pastoral Social, con la firma de Rubén Capitanio y Carla Madaschi entre otros, afirmó que “pareciera que cuando muere un pobre, un excluido, un preso, la sociedad entendiera que es ‘menos muerte’. Por eso queremos y necesitamos reaccionar”.

“Repudiamos toda forma de violencia pero cuando esta se ejerce contra los más débiles, los más abandonados por el sistema social, la sentimos como propia y queremos reaccionar desde las víctimas”, añadió.

El hecho de que la vida de Ibazeta “estuviera bajo la responsabilidad del Estado hace más grave la situación”. En el mismo sentido señaló que “somos testigos de un Poder Ejecutivo que pretende justificarse con incomprensibles y rechazables declaraciones de algunos de sus ministros, declaraciones que son casi como la pryueba de que garantizan la impunidad de los culpables”.

Y el Poder Judicial “pareciera que tiene dos tiempos: uno que marca la urgencia para algunas acciones que debe tomar y otro que le detiene perversamente el actuar ante tanta necesidad del ciudadano común. Este último es el que retrasa siempre la hora para los más pobres”.

Al Ejecutivo también le reclamó “que declare la emergencia carcelaria en la provincia y que esto no sea una formalidad sino una medida concreta que garantice a todos los detenidos, incluso a los culpables de delitos, condiciones de vida mínimamente dignas de acuerdo a sus derechos de personas”.

También, “que sepa distinguir al mal personal policial del que actúa correctamente, sancionando a quien corresponda con la mayor rigurosidad precisamente porque un delito cometido por ellos es más grave que el de cualquier otro ciudadano”. Pidió que al policía que actúa correctamente “se le devuelva el respeto que merece, que debe traducirse también en salario digno para vivir sereno, los elementos que necesita para su actividad y una formación acorde a su profesión de auxiliar de la justicia”.

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