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El TSJ envió los acuerdos sobre los sumarios iniciados a un fiscal adjunto y él contestó las críticas

Desde la secretaria de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se remitió al Consejo de la Magistratura copia certificada de cuatro acuerdos del máximo órgano, de los cuales en dos de ellos el cuerpo resolvió iniciar los sumarios administrativos al fiscal adjunto de Junín de los Andes, Jorge Criado, que concursa para el cargo de juez de instrucción en aquella localidad, y en los dos restantes se dispuso el archivo de los mismos.

El 7 de junio de 2005 los vocales Roberto Fernández, Jorge Sommariva, Eduardo Badano, Eduardo Cía, Ricardo Kohon, el fiscal y el defensor del TSJ, Alberto Tribug y Tomás Gavernet respectivamente, suscribieron el acuerdo 3888, por medio del cual se instruyó el primer sumario cuyo objeto era analizar la conducta de Criado en la causa por el asesinato de las hermanas Olga y Teresa Buamscha. En 2005, Pablo González, detenido en el marco de la investigación por el crimen, denunció apremios ilegales e involucró al funcionario, quien finalmente fue sobreseído.

En el acuerdo 4004 del 3 de marzo de 2006 Cia, Kohon, Fernández y Badano dispusieron el cierre de las actuaciones basándose en “que los hechos invocados como objeto de sumario, han tenido resolución, por lo que al sopesarse aquí la misma conducta, la decisión jurisdiccional debe prevalecer sobre la administrativa”.

El segundo sumario tuvo origen en una nota de este blog y se abrió el 10 de agosto de 2009 (acuerdo 4422) para investigar quién había sido la fuente de la información. Luego se lo redireccionó hacia lo que tenía más sentido: el contenido del post, que reflejaba presuntas irregularidades en la actuación de fiscales de la Cuarta Circunscripción. Nunca se llegó a ninguna conclusión, porque prescribió y lo archivaron el 13 de junio de 2011 (acuerdo 4705).

El lunes 25 de junio Criado presentó un escrito ante el Consejo en el que respondió al aporte formulado por Convocatoria Neuquina y Sejun, en el contexto de lo que se denomina “Participación ciudadana”. Afirmó que las organizaciones carecen de legitimación para impugnar a un candidato, ya que no se ajusta a los objetivos que representan. También cuestionó que no hayan acreditado la personería. El funcionario señaló: “todas mis intervenciones han sido y serán ajustadas a la legalidad y con apego a los derechos y garantías constitucionales que nos tutelan, habré de hacer notar que cualquier ilegalidad en mis intervenciones, tienen un remedio procesal oportuno y el derecho de defensa puede ser ejercido con las nulidades disponibles”. Además recordó que fue sobreseído en sede penal.

(Por L.L.B.)

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  1. juninense
    28 junio 2012 18:56 en 18:56

    Ser sobreseido penalmente, aun si se tratara de una decisión regular (que claramente no lo fue en este caso), no impide revisar la conducta del fiscal para ver si cuenta con las condiciones para ser juez. Cualquiera sabe que no toda conducta ilícita es delito.

    • abrumado
      28 junio 2012 23:24 en 23:24

      También es “cuasidelito”…
      Vd no está preparado para el contenido moral e ideológico del nuevo CPCC.
      Es más ¡tampoco para el antiguo! porque las sanciones o la persecución era limitada en el tiempo.

      Aclaro: me cae antipática la figura pública de ese señor, pero todavía creo en el Derecho.

      • abrumado
        28 junio 2012 23:24 en 23:24

        Rectifico: CPPenal…

  2. abrumado
    28 junio 2012 23:21 en 23:21

    Las absoluciones, no se discuten…
    Entonces tendríamos que revisar por qué la CSJN falló a favor de una candidato a juez muy controvertido.
    Lo contrario sería incluir la revisabilidad de todo; así, un día cambia la política y tenemos la posibilidad de crear nuevas sanciones para causas fenecidas… en fin, el más obseno monumento al Proceso que podemos erigir: matar los principios en que se fundamenta la democrácia.

    ¿Por qué no lo evalúan por lo que hace ahora?

    O simplemente revisen si no debió indicar el en su inscripción “me sumariaron y me encontraron inocente”

    • juninense
      29 junio 2012 9:05 en 9:05

      No se trata de volver a condenar a nadie, sino de no hacerlo juez, que es un cargo que requiere estándares morales mucho más elevados que el de no tener condenas penales. Bastaría con revisar las actuaciones no para saber si hubo delito sino para ver si la actuación del fiscal responde a las exigencias que la sociedad tiene para con un juez.

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