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Proyecto de Marcelo Saín para crear un sistema de prevención de la tortura. Texto completo

Lo pueden descargar en formato pdf aquí.

Dice en sus fundamentos:

En la Provincia de Buenos Aires, la tortura y los malos tratos son masivos, sistemáticos y ocurren en todos los ámbitos donde hay personas privadas de libertad.

Del análisis de las denuncias referidas al maltrato en los lugares de encierro –penales, cárceles, comisarías, institutos de menores, comunidades terapéuticas, hospitales psiquiátricos- surgen situaciones recurrentes.

Existen algunas condiciones que favorecen estas prácticas institucionales. En primer lugar, la invisibilización de lo que sucede en los lugares de encierro. La invisibilidad favorece el terror y viceversa. Los/as presos/as solo se atreven a contar lo que les pasa frente a sus defensores, abogados de confianza o funcionarios públicos que les demuestren con su actuación que pueden confiar en ellos.

Sin embargo, cuando se les plantea que realicen la denuncia a la justicia, en la inmensa mayoría de los casos se resisten a hacerlo. Esta decisión es absolutamente comprensible, en tanto carecen de toda protección. Asimismo, la primera y, en la mayoría de los casos, la única medida que toman los jueces cuando reciben una denuncia de torturas –que sistemáticamente los operadores judiciales redefinen como “apremios ilegales”- es ordenar un “resguardo de integridad física”.

En la práctica, esto significa que el/la preso/a denunciante seguirá sometido al personal al que denunció pero “resguardado”, es decir, encerrado durante 23 horas en su celda, sin poder realizar ninguna actividad ni contactarse con sus compañeros. Este régimen implica un verdadero castigo para los/as presos/as y es otro motivo que los desalienta a presentar denuncias o peticiones. En consecuencia, frente a los pocos casos visibles, lo que prima es la impunidad.

Por último: tenía dudas sobre si publicar o no el video de las torturas a los presos en Salta. Siempre se corre el riesgo de que haya quien se asome por puro morbo, o que lo mire y deje allí, en la pantalla, sus emociones. Peor aún, que lo justifique.

Pero como dice Sain, la invisibilidad favorece el terror. De modo que aquí publico esta muestra de bestialidad.

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  1. te audito inaudito
    23 julio 2012 13:01 en 13:01

    Marcelo Sain no es el que fué ministro del interior de Cafiero (h) y el propio cafierito lo tuvo que sacar del cargo? Si es ese, es un teórico muy destacable, pero en la práctica hay consideraciones que no caben demasiado.

    El texto es bueno como autoridad de “control externo”. Vale decir, un órgano que revise con independencia funcional -que no va a ser de criterio porque su composición es de los “interesados” en una determinada facción política-. Esto es, un sano complemento para fiscalizar la actividad estatal y producir la correspondiente denuncia.

    En el contexto de la Pcia de Bs As es convertir en puestos políticos los de las ONGs de DDHH y tener un sueldo estatal con el glamour de la “lucha obrera de San Isidro”.

    Pero también es el pensamiento de los 90, que tiene en común con Carlos Saul: el Estado no sirve, privaticemos la función.

    Hay otros temas que tampoco cierran, como es la diferencia profunda entre la composición demográfica de los distritos y la cantidad de jueces para atender las causas.

    También el Ingreso Bruto por Habitante, en los 16 millones de personas que componen Pcia de Buenos Aires ronda los 10000 pesos, en el 0,5 millon de la Pcia del Nqn ronda -y a veces supera- los 20000 pesos. Conste que tenemos una inmensa cantidad de pobres.

    Capital Federal con el Pcia de Buenos Aires cono urbano, son un desastre social de magnitudes regionales; Neuquen capital -si bien está en vias de ser un desastre demográfico- no alcanza ni por asomo a ser semejante disparate de personas, hechos criminales y miseria.

    De hecho, el Juez de Paz de Moreno -no la localidad cercana a Zapala- tiene jurisdicción sobre 400000 personas, sin juez de primera instancia. Aunque es “letrado” y atiende causas de VIF, pequeñas causas comerciales, y causas civiles de menor cuantía. En fin, atiende más causas que la Cámara Criminal de Neuquen y la Civil juntas -en número-.

    Hasta cierto punto, la existencia de ese control externo en la pcia de Buenos Aires, por el profundo desastre social que és, se justifica. Aún con críticas.

    Acá es suficiente la inspección regular por parte de los presidentes de las Cámaras, de los jueces que tienen a cargo a detenidos -note que indico procesados y sentenciados-, que la yuta tenga en claro que los defensores públicos -hasta del niño- tienen acceso irrestricto y pueden pedir que se apersone la máxima autoridad presente en la dependencia, que la secretaría de superintendencia del TSJ revise cuantas veces van a la carcel y haga informes públicos y ante la legislatura. Sin pedir ningún permiso y con la simple exhibición de la credencial. Y de requerir del Servicio Penitenciario o de la Policía, por sí, la custodia que estime correspondiente para su cometido o la seguridad de los detenidos a su cargo.

    Cuando se note que no van, o que yendo hay torturas, si hubo negligencia o complicidad renovamos el personal del Poder Judicial.

    El Juez que se apersona en una cárcel y ve condiciones degradantes tiene el imperativo legal de poner bajo arresto al jefe de la unidad porque no vigila a sus subordinados o es complice de ellos.

    Los presos son del Ejecutivo, pero es el Judicial el que garantiza los derechos fundamentales de los sujetos en particular.

    El objetivo a lograr que la justicia se involucre en las consecuencias y en el cumplimiento de las penas o las detenciones preventivas, y no alegremente mande “oficios”.

    Y si quieren, se designa a Fulano de tal ONG, Mengano de tal otra ONG, como habilitados a presentarse en las cárceles, sin permiso de nadie y verificar condiciones de detención. Pero esto es un “extra”, y se tiene en cuenta la trayectoria profesional -en sentido amplio- de la persona; improvisados o bienintencionados sin formación no, elegir a personas que acrediten trabajo en el área aunque no sean juristas.

    Lo demás será vender sabattelismo a una Pcia que no tiene las condiciones sociales nefastas -gracias a Dios y a la incompetencia usual- de la Pcia de Buenos Aires.

  2. gomez
    25 julio 2012 18:29 en 18:29

    Marcelo Saín le presentó su renuncia a Juan Pablo Cafiero, ministro de seguridad de Felipe Sola, en 2002. Fue porque después del secuestro y luego la aparición del cuerpo de Diego Peralta en una tosquera de Ezpeleta, Saín salió a decir que la explicación de ese hecho aberrante había que buscarla en las cajas negras de la policía y la política bonaerenses. Se refería a cómo los negocios policiales alimentan la recaudación de más de un capitoste del conourbano. Por supuesto, una afirmación así sólo podía generar dos cosas: un avance contra esas estructuras desde el Ministerio y la gobernación; o la renuncia de Saín para no perder en la contienda por la reelección de Felipe, que ya venía en marcha. Por supuesto, Cafiero prefirió pedirle la renuncia a Saín, algo con lo que seguramente el viceministro contaba desde el momento en que dijo lo que dijo.
    Te dejo un link para que te enteres de algo de ese caso.

    http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-96389-2007-12-19.html

    También te recomiendo la lectura de El Leviatán Azul, un libro donde expone sus ideas sobre reforma y profesionalización policial y donde se refiere en detalle a este caso y al del secuestro del padre de Pablo Echarri. En ambos casos, la participación policial es evidente, y la falta de compromiso del poder politico para investigar los vinculos entre organizaciones delictivas, policías y poder politico, también.

    Respecto de tu observación acerca de que darle a las ONG’s participación en el control externo de las cárceles es “convertir en puestos políticos los de las ONGs de DDHH y tener un sueldo estatal con el glamour de la “lucha obrera de San Isidro”” me parece que es una observación que se basa en prejuicios. Hay excelentes especialistas en el tema en esos organismos y muy buenos peronistas en San Isidro. En todo caso, será cuestión de reglamentar esos organismos de control de manera tal que, incluso su regimen de contración y nombramiento de autoridades sea, a su vez, monitoreado por el cuerpo social; pero no puede el tuyo ser un argumento para seguir desatendiendo el problema del encierro en la provincia de Buenos Aires y el resto del país cuando es evidente que hemos llegado a límites realmente terribles de maltrato en esos lugares.

    Tarde o temprano, todo ese maltrato se transforma en un veneno que devuelve a la sociedad seres humanos arruinados y miserabilizados a los cuáles mal podremos pedirles después respeto por la vida ajena.

    Si a pesar de todo eso seguís pensando que un sistema como el que propone Saín en su proyecto es una expresión más de el “menos Estado, privaticemos la función” es porque pertenecés al Poder Judicial y te jode que otros actores sociales puedan cuestionar facultades que –como muy bien explicás- pertenecen al fuero judicial, pero por incapacidad, desidia o carencia de medios, no pueden cumplir con eficacia.

  3. Osvaldo
    29 septiembre 2012 21:55 en 21:55

    Teoría sin Praxis, con los resultados de las Auditorias a la PSA de la que fue creador y jefe desde febrero 2005 al 2010 suficiente para evaluar su gestion. Su Graciosa Magestad muy agradecida!

  1. 21 julio 2012 10:52 en 10:52

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