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Muerte digna: texto completo del dictamen fiscal en el caso del neuquino Marcelo Diez

Leo en “Río Negro”: El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) José Gerez consideró que Marcelo Diez, quien se encuentra en estado vegetativo persistente desde 1994, está “desahuciado en situación terminal, alimentado e hidratado artificialmente” y en ese contexto de acuerdo a la nueva normativa de muerte digna debería dejar de ser asistido con procedimientos antibióticos e hidratación.

El dictamen de Gerez no es vinculante pero su opinión puede ser la antesala de la definición que deben adoptar los jueces del Tribunal Superior de Justicia a partir de los cambios que introdujo la ley 26742 (aquí junto con el decreto reglamentario) que modificó los términos de la ley 26529, de los Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud.

El dictamen completo del fiscal está aquí en pdf. Transcribo algunos párrafos:

“Surge latente la tensión entre los derechos a la dignidad de la persona humana, a la autonomía de la voluntad, a la integridad corporal, a la intimidad y a la libertad, por una parte, y a la vida como valor supremo, por la otra.

Desde una perspectiva ética, religiosa y legal, esta tensión entre derechos ha hecho que fuera muy difícil para los operadores jurídicos involucrados la toma de decisiones en casos como el presente.

Encontrándose en curso este proceso, se sancionó la  Ley 26.742, que incorpora una modificación a la Ley 26.529 sobre “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, y, más recientemente, se dictó el Decreto reglamentario de éstas (Decreto Nº 1089/12).

La enmienda, se refiriere a procedimientos específicos que antes no se consignaban y que suscitaban dudas acerca de la viabilidad ética de rehusarlos o interrumpirlos como el de autos.

La nueva normativa brinda un marco legal que ampara en la toma de decisiones a los médicos y los familiares de las personas que se encuentran en estado de salud irreversible.

Los informes médicos y bioéticos detallados denotan que MAD se encuentra en la situación prevista en el artículo 4 inciso g) de la Ley, en atención a que, padece un estado vegetativo permanente irreversible y que se encuentra desahuciado en situación terminal, alimentado e hidratado artificialmente.

Se ha sancionado una ley que, como ya expuse, contemplaría la situación de autos. Sin duda, se podrá estar de acuerdo o no con la misma desde una óptica ética o religiosa, pero lo que no puede desconocerse es su vigencia y operatividad, por lo cual merece ser cumplida, especialmente cuando no impone, sino que faculta.

Los pacientes y sus representantes -según el caso- tienen el derecho personalísimo a decidir –siempre en el marco de la ley-. Por otro lado, los profesionales de la salud también tienen el derecho personalísimo condicional a la objeción de conciencia, es decir no cumplir con determinada manda legal por estar en contra de un valor central y esencial de vida.

Si se atiende ahora al tenor de la cuestión de inaplicabilidad de Ley que concretamente se trae a esta instancia (no aplicación de pactos de raigambre constitucional en función del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que garantizan el derecho a la dignidad de la persona humana, lo que dicen, les ha sido vulnerado al rechazarse la solicitud del retiro de las medidas de soporte vital en el cuerpo de MAD), y ponderando que los fallos de ese tribunal deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevivientes a la interposición del recurso de casación (cfr. CSJN FALLOS: 327:4199, 328:4448; 1122 Y 339, 329:5023, 4925, 4717, 4309 Y 4007; 330:5, 240, 640 Y 642, entre muchos otros), propongo que el debate puntual se declare abstracto (Cfr. en especial CSJN Rachid, María de la Cruz y otro c/registro Nacional de Estado Civil y capacidad de las personas s/medidas precautoria); toda vez que, en atención al principio constitucional de reserva (art. 19, CN), quienes se encuentren en la situación descripta por la ley no pueden ni deben ser obligadas a solicitar una autorización judicial, dado que la ley no lo manda”.

La posición de una de las hermanas de Marcelo, aquí.

La sentencia de la Cámara Civil, aquí  en word.

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  1. roberto
    26 julio 2012 17:52 en 17:52

    Si antes no había ley y ahora hay una que está “vigente y operativa” como dice Gerez, para qué hay que esperar que se pronuncie el TSJ? Por qué no lo desconectan ya mismo y listo? Digo, porque sería como que las personas del mismo sexo que promovieron un amparo en 2009 tuvieran que esperar el fallo judicial pese a que ahora la ley les permite casarse. Si la ley está vigente y aplicable que se aplique y punto, no hay por qué esperar que el TSJ falle.

    • comounsentido
      26 julio 2012 18:31 en 18:31

      +claro echale agua

    • Ignacio
      28 julio 2012 21:33 en 21:33

      La única explicación que encuentro es que los médicos no quieran jugarse desconectando al paciente. Querrán que resuelva el Tribunal como para asegurarse que no meten la pata? De otro modo no se explica por qué se sigue esperando.

  2. Josúe
    30 julio 2012 15:55 en 15:55

    Yo lo conoci a marcelo de joven universitario en buenos aires cuando estudiaba para contador, era amigo de mi mejor amigo, los momentos que comparti fue una excelente persona. Es dificil opinar desde un sentimiento, pero creo que si los medicos no lo desconectan es porque ven un vestigio de vida, para eso estudiaron, nose porque tenemos que recurrir a un abogado para que autorice cortarle la vida. Tengamos en cuenta que los padres no estan, ya fallecieron, que hubieran decidido ellos?, como hacen los que tienen hijos discapacitados? tambien van a poder plantear que los desconecten? Otro tema que se puede incluir aqui es el tema del aborto sin ser religioso, debemos matar a una vida que esta por nacer? A mi me parece que el tema medico debe ser vinculante, los demas vamos a opinar desde la calle y despojado de cualquier sentimiento.
    Dios Bendiga a Marcelo

  3. Josúe
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