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Ratificaron las condenas contra seis policías pero no aplicaron la figura de torturas. Fallo completo

En fallo dividido, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena contra seis policías por la violenta represión ejercida en la Unidad 11 en abril de 2004, pero no les aplicó la figura de torturas. La Asociación Zainuco, querellante en la causa, expresó su rechazo a la resolución, y anticipó que presentará un recurso para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esto es una vergüenza, una estafa. Ustedes son responsables de la impunidad”, les gritó la presidenta de Zainuco, Gladys Rodríguez, a los vocales Graciela Martínez, Evaldo Moya y Guillermo Labate apenas terminó la lectura de la parte resolutiva del fallo.

Afirmó que “han vuelto a asesinar a Cristian Ibazeta”, en alusión al preso que fue testigo en la causa y que murió apuñalado en su celda en mayo pasado.

Ibazeta aparece mencionado 14 veces en las 82 carillas que tiene la resolución. Está aquí en word.

Una movilización integrada por organismos de derechos humanos, gremios y familiares de víctimas de la violencia policial se instaló frente a la sede del Tribunal.

La vocal Martínez le contestó a Rodríguez que “aquí juzgamos otro hecho. Esa causa (por el crimen de Ibazeta) está en pleno trámite.

Martínez fue la autora del primer voto, muy extenso, al que adhirió Moya sin aportar un solo fundamento propio.

Respecto de la existencia o no de torturas, Corvalán señaló que “conforme a los hechos probados, las lesiones documentadas, la individualización de los autores con indicación específica de las conductas realizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran intensidad sea físico o psíquico, sistemático, ni que se haya prolongado en el tiempo, como requiere el delito de tortura, la calificación ‘imposición de severidades y vejaciones’ escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”.

En cambio Labate, quien quedó en minoría, expresó en su voto: “El contexto general, los internos tirados en el piso, mojados y esposados, dan la pauta de que fueron víctimas de un sometimiento cruel e inhumano, contrario a la dignidad de éstos”.

Añadió que “la golpiza de gran intensidad recibida por los internos, con golpes de puño, puntapiés y mediante la utilización de bastones reglamentarios, obligándolos a que adoptaran posiciones humillantes, cuando se encontraban esposados, considero que es apta para configurar el delito de imposición de torturas”.

Los condenados son José Antonio Corillán (4 años de cumplimiento efectivo); Juan Carlos Aravena (3 años y 3 meses de cumplimiento efectivo); Marcelo Covati (3 años de ejecución condicional), José Osés (3 años condicional); Walter Crespo (3 años condicional) y René Fuentes (3 años condicional).

Las figuras aplicadas son severidades y vejaciones agravado por haber sido cometido con violencia. Además se los inhabilitó para ejercer como policías por el doble de tiempo de la condena.

La foto es de 8300.

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  1. Mutatis Mutandi
    4 agosto 2012 11:36 en 11:36

    Tex.: “….al que adhirió Moya sin aportar un solo fundamento propio”… el Vocal Moya no escribió una sola línea en este fallo??? ah bueno!!! increible los magistrados designados por este Gobernador… podrian decirle a Moya que su función no se limita a cobrar la suculenta suma de dinero que cobran los vocales…que tambien su deber moral es expedirse sobre temas que conmueven y preocupan a la sociedad neuquina.. y no solo aparecer como un simple levantamanos que es en definitiva lo que representa su adhesión… (cambiando lo que haya que cambiar).

  2. El sueño de la razón produce monstruos
    5 agosto 2012 4:57 en 4:57

    Lo siento, pero estoy de acuerdo con los fundamentos del fallo… Las plena aplicación de las garantías corresponde para TODO proceso penal, aún si el imputado goza de el repudio público o no lo hace. El hecho de que lo esté no implica que considere que debe tratarse así a CUALQUIER otro reo, pero el criterio pro hómine, la aplicatividad de la norma punitiva más benigna y las presunciones de inocencia constitucionales del art. 18 y los tratados del 75,22 obligan a actuar de esta manera. La dictadura fué la peor atrocidad de nuestro país, pero sin embargo… ¿como fueron juzgados los hdp de los genocidas ??? con la operatividad total de las garantías procesales, sólo por lo que pudo ser probado y en el marco del mayor raciocinio. ¿Esto está mal? NO. Es lo que corresponde y es lo que nos hace ser mejores que ellos… No se puede combatir a los caníbales comiéndoselos…

  3. manuel
    7 agosto 2012 13:33 en 13:33

    ” no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran intensidad sea físico o psíquico, sistemático, ni que se haya prolongado en el tiempo”:
    Esta frase es de antología.
    Podríamos incorporarla como glosa al Malleus Maleficarum, comentando las amplísimas posibilidades, en los primeros días de detención …, cuando el “encartado” está fresco como una lechuga. No hubo necesidad de pentonaval, ni casa parecida, y además -fuera del raro caso del testigo, que fue ultimado en su celda, y que es otra historia-,: todos sobrevivieron. Me siento, mejor que ellos!.

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