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“Hay fiscales desmotivados y otros con poca formación” dice el nuevo jefe de los fiscales neuquinos, José Gerez

3 junio 2012 8:01 12 comentarios

Versión XXL de la entrevista con el nuevo jefe de los fiscales, José Gerez. La (des)motivación de los fiscales, licencias para capacitarse sí, para ascender no, juicios por jurados sí pero… juventud, aborto, cortes de ruta, fueron algunos de los temas abordados. Participó de la nota y editó el video Federico Aríngoli.

-De 12.810 causas iniciadas en 2011, sólo 12 fueron por delitos cometidos por funcionarios. ¿Por qué pasa esto? ¿Desapareció la corrupción o los fiscales no la investigan?

-La corrupción siempre va a existir. Esa cifra tiene que ver con los casos que llegan a denunciarse, más allá de si falla o no la investigación. Si se denuncia poco, poco se investiga. Esos delitos tienen que investigarse como cualquier otro, con el mismo énfasis. En esto vamos a ser implacables.

-¿Qué opinión tiene del cuerpo de fiscales que trabajarán con usted? Espero que no influya en su respuesta que algunos avalaron su postulación.

-Para nada. Hice un análisis sociológico de la composición del Ministerio Público Fiscal. Encontré gente que todavía tiene compromiso con la administración de justicia, y gente que ha perdido la motivación. Lo vengo advirtiendo desde hace tiempo. Hay gente que tiene un motor pero es propio, no es que el ministerio público haya encendido ese motor. Y gente que ha perdido la motivación, lo cual tiene que ver con la falta de metas y objetivos, con la baja productividad que se tiene en la resolución de las causas, con no tener un horizonte claro, una política de persecución uniforme, y alguien que esté encima del cumplimiento de esa política. Una de las cosas que quiero hacer es trabajar sobre la productividad. La mejor manera es a través de las estadísticas, te muestran los puntos flojos y fuertes. Además de los datos que mencionó antes, de 13.000 causas denunciadas, 8.000 fueron archivadas. Tengo que saber leer qué pasó. También quiero trabajar con niveles de eficiencia y eficacia. Quiero saber cuántas causas se denuncian, cuantas se investigan, cuántas van a juicio, cuántas terminan en sobreseimiento. Esto hace a la eficiencia. Pero además, de las causas que se elevan a juicio quiero saber cuántas reciben condena. Esto habla de eficacia. A mí me gustaría que los fiscales eleven las causas a juicio con certeza, más que con probabilidad. También quiero saber en cuántas causas el fiscal de cámara acusa y en cuántas se abstiene de acusar. Y con el nuevo Código Procesal, por los plazos que impone, diría que tenemos dos años para prepararnos para una justicia exprés.

-En su momento estuvo en contra del nuevo Código Procesal.

-El modelo me parece fantástico, teníamos que dar ese gran paso al sistema acusatorio, aunque el sistema de la sana crítica racional es el mejor que existe sobre la tierra, más allá de la íntima convicción. Estoy de acuerdo con el juicio por jurados, es una deuda con la Constitución, no sé si con la sociedad, veremos cómo funciona en la práctica. Yo había sugerido que tuviera una ley aparte, porque quedó muy reglamentarista. Y no es lo mismo corregir una ley que tocar un Código. Tengo miedo que no podamos cumplir con ese plazo razonable para armar el juicio por jurados.

-¿Qué otra objeción le hizo al Código?

-Habilita al fiscal a detener a una persona por 24 horas. Le da la posibilidad de imponerle una serie de medidas coerctivas que tienen que ser analizadas antes de llegar a la prisión preventiva. Pero si no hay otra opción porque todo hace pensar que va a obstaculizar la investigación o se va a fugar, se puede dictar la prisión preventiva. Tengo 24 horas para fundar una medida tan gravosa como es la prisión preventiva, lo cual lo hace bastante imposible. No es materialmente fácil realizar una autopsia en 24 horas, o un examen forense sobre la víctima de una violación, o un examen de ADN. Los diez días que se manejaban antes le daban holgura al investigador. El plazo es muy corto. Otro tema: yo había planteado que cuando hay diferencia entre la acusación del fiscal y del querellante, que dictamine un fiscal de grado superior. Lo mismo con los archivos, o los criterios de oportunidad.

-Con el nuevo Código los fiscales tendrán mucho poder, y sólo 4 han pasado por el control legislativo. La inmensa mayoría fueron designados en la época en que había mucha injerencia del Poder Ejecutivo, del ex gobernador Sobisch, sobre el Poder Judicial. ¿Esto lo preocupa?

-Me preocupa en términos generales la capacitación, va a ser uno de los pilares. Creo en la capacitación inicial, continua y especializada. Yo también advierto que hay fiscales con mayor formación que otros, en términos generales. En la facultad no nos forman para investigar. Además la capacitación es una obligación constitucional. Pero tiene que ser organizada para no resentir el servicio de justicia, que es una función del Estado. Nos debemos a la ciudadanía. Es muy preocupante la cantidad de licencias que se piden los funcionarios durante el año. Estoy de acuerdo con que las pidan para la capacitación, es entendible. No estoy de acuerdo con que los fiscales o jueces pidan licencia para rendir un examen para ascender, porque me parece que ahí sí se resiente el servicio por algo que no se retribuye luego. Sobran las horas del día, y lo digo por experiencia, si uno quiere estudiar para ascender. Levantate más temprano, no duermas la siesta.

-¿El gobernador Sapag le pidió algo en particular al ofrecerle el cargo?

-Me pidió compromiso con la función y con la gente. Me dijo que había reparado en mi edad, en la juventud, porque quería que este proceso de transformación con el nuevo Código Procesal tuviera en cabeza una persona joven, porque los jóvenes tenemos mayor facilidad para entender los cambios de paradigma. Quiero cambiarle el perfil al Ministerio Público Fiscal, no lo quiero aislado, quiero que esté conectado con los organismos públicos y privados, con ONG, asociaciones intermedias. Quiero que sea un actor social que tenga que ver con la formulación de leyes, la victimología, cárceles, criminalidad, o la formulación de políticas públicas que tengan que ver con la víctima, con el imputado, etc.

-¿Tendrá una oficina de prensa?

-Voy a trabajar para la creación de una agencia de información fiscal. Me parece imperioso contar con esa herramienta para que la ciudadanía sepa en tiempo real en qué anda la fiscalía, y también que sepa dónde y cómo hacer una denuncia, cuáles son sus derechos. Y al respecto, cuando dije que quería fiscales en la calle, me refería a que vayan a la escena del crimen.

-¿Usted cree que los jueces sólo deben hablar por sus sentencias https://guillermoberto.wordpress.com/2012/05/25/el-nuevo-fiscal-ante-el-tsj-quiere-que-los-magistrados-solo-hablen-por-sus-sentencias/ ?

-Estoy totalmente a favor de la publicidad de la información. Son actos de gobierno y como tales son publicables. Lo repito por más que parezca un conservador: jueces y fiscales deben hablar a través de sus sentencias y dictámenes. Si el caso amerita una ampliación de información, estoy de acuerdo con hacer conferencias de prensa. La sociedad tiene que saber de boca del funcionario que se están haciendo las cosas. Pero todo en un marco de respeto, guardando la compostura, las buenas prácticas. Estoy totalmente en contra de que entre funcionarios judiciales se desprestigien. Eso confunde a la sociedad. La gente piensa `si entre ellos se tratan de esa manera, ¿qué nos espera cuando nos juzguen a nosotros?’ no le hace bien al sistema, y yo creo que hay que prestigiar al Poder Judicial para que las sentencias tengan verdadera autoridad.

-¿Cuál es su postura ante el corte de ruta?

-Estoy en contra de la criminalización de la protesta social. La aplicación del Código Penal en un corte de ruta debe analizarse teniendo en cuenta que los derechos no son absolutos, sumado a la conservación de la paz social y a que el derecho penal es el último recurso. Hay que agotar la instancia del diálogo. Los gremios también tendrán que entender que los cortes de ruta enervan, todos tenemos que colaborar y cooperar.

-¿Y sobre el aborto?

-Toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde la concepción. Es la postura que está plasmada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay situaciones especiales que quedan al margen de la puniblidad, que son los casos donde se pone en riesgo la vida o la salud de la embarazada. Cuando la víctima es de violación, todo la pone en riesgo de vida.

-En los últimos tiempos se ve mayor violencia en Neuquén y particularmente en los jóvenes, con utilización de armas de fuego. ¿Qué habría que hacer?

-No hay que criminalizar la infancia. En ningún país del mundo bajando la edad de imputabilidad bajó el delito. La discusión seria es qué establecimientos tenemos hoy para reinsertar a ese joven que es producto de un sistema, una consecuencia lógica de la forma como llevó su vida. La discusión previa es qué cárceles tenemos para los adultos, y cómo se reinsertan esas personas. Debemos trabajar en la rehabilitación del delincuente para que salga a la sociedad alguien que pueda encontrar otra oportunidad. Así como en las películas norteamericanas, que sale de la cárcel y va a un Mc Donald, en Argentina sale y vuelve a delinquir. La misma sociedad lo expulsa. No hay una solución mágica.

Debate sobre el aborto en Neuquén con el juez Lozada y el obispo Melani

22 agosto 2011 20:28 Deja un comentario
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El Superior Tribunal de Río Negro dejó firme la resolución del juez Lozada que autorizó un aborto. Fallo completo

13 mayo 2011 21:29 3 comentarios

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro fijó su postura en el caso de la autorización para practicar abortos no punibles contemplados en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal.

Lo hizo al dejar firme la resolución del juez Martín Lozada, quien autorizó la interrupción del embarazo de una adolescente abusada sexualmente en Bariloche (ver aquí).

Esa resolución de Lozada había sido revocada por la Cámara Criminal Primera, que dictó su fallo luego de que el aborto había sido practicado.

Aunque no tenía efectos prácticos, lo hizo con el objetivo de “evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes… permitir que se instale la opinión del A-quo (por Lozada) sería ni más ni menos que legalizar encubiertamente el aborto”.

El fallo del STJ, con el primer voto de Víctor Sodero Nievas y la adhesión con argumentos propios de Alberto Balladini, merece una lectura completa y por eso lo incluyo al final del post en formato word para descargar.

Aquí rescato algunos párrafos:

Encuentro en el caso para el Superior Tribunal el interés en desarrollar o exponer su doctrina legal uniformadora -función de nomofilaquia- en temáticas donde aparecen involucradas y puestas en confrontación garantías constitucionales referidas a diversos bienes jurídicos del Código Penal: el de la vida o salud de las personas, el de la libertad, etc”.

“Son el Estado Constitucional de Derecho y las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos los que hacen necesario adoptar una interpretación amplia en cuanto a los casos de embarazo como resultado de una violación, cuya interrupción se autoriza”.

El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”.

“La protección es para todo supuesto de violación, aun con una prolongación extensa en el tiempo -como en el sub exámine-, para toda mujer, sin la absurda restricción de que deba ser idiota o demente, en la medida en que se actúe contra su libertad sexual, es decir, sin la posibilidad de consentir”.

“Aun cuando hubiese leyes que prohibieran o restringieran en sus alcances la interrupción del embarazo proveniente de una violación, estas serían injustas y contrarias al bloque de constitucionalidad, por ser opuestas a la dignidad humana y a los derechos que resultan de esa dignidad. La interpretación estricta debe ajustarse a la regla de extensión de los derechos humanos”.

“Nadie puede concebir válidamente sin consentimiento de la otra parte y el hijo por nacer tiene derecho a tener una familia, a conformarla, a tener un padre, que no podría ser uno que actuara por la fuerza”.

“En cuanto a que el embarazo sea la consecuencia de la violación, el requisito debe ser estimado en términos de probabilidad y no de certeza”.

Por su parte Alberto Balladini expresó:

Debe hacerse lugar al recurso de casación, pues -en efecto- la nulidad declarada por la Cámara en lo Criminal responde a un ritualismo inútil, toda vez que -en una evidente contradicción- primero advierte acerca del carácter abstracto del planteo. Por lo tanto, se trata de una nulidad por la nulidad misma o en el solo beneficio de la ley y se opone así a la doctrina legal de este Cuerpo acerca del principio de trascendencia que rige a todo eventual incumplimiento formal”.

“Asimismo, la prueba producida en el incidente tenía suficiente fuerza representativa para determinar -con el mayor alcance exigible- que la menor padecía un abuso sexual crónico intrafamiliar, incluso de larga data, y que no había indicios de una denuncia falaz o mentirosa. También era razonado suponer que el embarazo provenía de tal abuso sexual reiterado en el tiempo.

“La prueba de ADN posterior no enerva lo actuado por el Juez de Instrucción en tanto: i) aunque parezca un argumento redundante, era efectivamente posterior y la actividad del magistrado debe ser analizada según la prueba producida al momento de decidir, la que proporcionaba razón suficiente a la hipótesis de un abuso sexual crónico; ii) la prueba era inadecuada para el incidente y útil para determinar la autoría en la violación, pues la muestra necesaria solo se puede obtener de los restos obtenidos luego de la interrupción del embarazo o luego del nacimiento, con lo que no podía utilizarse para dilucidar la petición”.

Un detalle más, no menos importante por mencionarlo en último término. Como suele suceder, la víctima parece la gran ausente en el proceso penal. La defensora oficial planteó que:

La decisión de la Cámara en lo Criminal ocasiona un grave perjuicio a su asistida, que sigue sufriendo las consecuencias de la judicialización y la publicidad de su caso, cuando las cuestiones contempladas por el art. 86 del Código Penal no necesitan ser sometidas a decisión jurisdiccional”.

También recomiendo releer la nota que en su momento escribió mi colega Andrea Diez, aquí.

El fallo completo, aquí:

FALLO COMPLETO

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Videoconferencia con Carmen Argibay: “Hablemos de lo que no se habla: el aborto”

4 noviembre 2010 11:43 Deja un comentario

Será el 17 de noviembre a las 11.00 en la sala de Comisiones de la Legislatura de Neuquén, Leloir 810.

Organizan:

Unidad de Programas de Extensión Legislativa

Carrera de Especialización en Derecho Administrativo – Fadecs – Universidad Nacional del Comahue

Programa de Salud Sexual y Reproductiva y el Área de Bioética, Ministerio de Salud.

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Carmen Argibay para armar

5 agosto 2010 22:39 3 comentarios

Pasó Carmen Argibay por Neuquén y dio una hora de conferencia de prensa. Antes ustedes propusieron preguntas (algunas pude trasmitirlas, otras no), ahora les dejo un índice para que armen a su gusto el orden de lectura según el interés que le despierten los temas que abordó.

1) Demora en designación de jueces federales. Posibles causas y consecuencias (no arriesgó si hay razones políticas).

2) La terna de candidatos al juzgado federal de Neuquén: firmas, apoyos y otras.

3) Desobediencia de otros poderes a cumplir sentencias de la Corte (dio dos anticipos: habrá un nuevo fallo por el caso del Riachuelo y podrían procesar al gobernador de Santa Cruz por incumplimiento de la orden de reponer al ex Procurador General).

4) Apoyo al juez Martín Lozada, amenazado con un posible jury por su fallo autorizando el aborto a una menor de edad. (De paso habló mucho sobre el aborto y pidió que el debate no se frivolice).

5) Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la sobrecarga de trabajo en los juzgados (aplicables a cualquier trabajo).

6) Baja en la edad de imputabilidad (se pronunció en contra).

7) Trata de personas: dijo que hay sospechas fundadas de que las fuerzas de seguridad protegen a las redes.

Aquí la transcripción de sus palabras:

Siempre insisto en que necesitamos jueces. Hay cerca de 200 vacantes. En muchos casos están los concursos hechos, están las ternas. Falta elegir uno y nombrarlo.

No sé dónde están parados los pliegos, lo cierto es que los nombramientos no salen.

No sé si hay una cuestión política atrás. Es algo que no podemos solucionar, sólo podemos protestar, decir que los jueces no dan a basto, no son suficientes.

Si yo estuviera en ese lugar me lo sacaría cuanto antes de encima, para evitar presiones, llamados, propuestas, que eso debe haber también, porque siempre ha ocurrido.

Uno se evita las presiones y cuestiones ajenas a lo que debe ser un nombramiento sacando todo rápidamente.

Esta demora en cubrir vacantes se debe a un poco de ignorancia de las funciones que deben cumplir los jueces y el trabajo que ello implica.

La mayoría de la gente piensa que los jueces vamos, nos sentamos, ponemos la cara, escuchamos o no, y se acabó. No es así, las audiencias son cansadoras, estresantes, y más en los delitos de lesa humanidad.

No se puede estar trabajando en tres juicios al mismo tiempo. Esto es lo que no sé si no se entiende o qué pasa.

(Respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región) Me decían que a lo mejor podían empezarlo antes de fin de año, pero depende de cómo se desarrollen los juicios en los que (los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén) están supliendo.

Los juicios por delitos de lesa humanidad van a llevar todavía mucho tiempo.

(Consultada sobre las firmas en apoyo a la designación de Silvina Domínguez como jueza federal en Neuquén): No conozco a Domínguez, pero si ganó un concurso me parece bien que haya gente que quiera apoyarla. Supongo que los otros candidatos también tendrán quien los apoye.

Una vez que están en la terna ya no es una cuestión de apoyos, sino una decisión del Ejecutivo de a cuál elige de la terna.

No importa el orden, puede ser el primero, el segundo o el tercero, por eso es una terna.

(Sobre el incumplimiento de las sentencias por parte de los otros poderes del Estado): En el tema Riachuelo estamos por sacar un nuevo fallo porque el juez de Quilmes, que es el que tiene delegadas las funciones que le ha dado la Corte, no recibe suficiente apoyo de otras instituciones oficiales.

El día menos pensado ya me veo que vamos a estar nosotros con la palita limpiando el Riachuelo.

Hay fallos que los otros poderes del Estado se toman su tiempo para cumplirlos y a veces hay que insistir para que lo cumplan, pero tenemos el arma de la desobediencia, porque es un delito.

En este momento el gobernador de Santa Cruz no cumplió con la intimación de la Corte de reponer al ex procurador general Sosa en su puesto.

Él dice que no puede, porque la Legislatura no le crea el cargo. No sé, él está intimado, y si no cumple en determinado plazo irá procesado por desobediencia. La Corte no admite más demoras en eso.

(Preguntada por el posible jury contra el juez Martín Lozada): Si está cumpliendo la ley, ¿cómo le van a hacer un juicio político?

El juez dijo ‘la ley permite esto’, y lo permite desde 1922.

Nuestros legisladores de principios de siglo eran más avanzados e inteligentes que muchas de las personas que hacen cuestiones por estos abortos que están permitidos.

Estos abortos están permitidos, son legítimos, legales, tienen motivo para ser legalizados, están en el artículo 86 (del Código Penal) y hay que cumplirlo y no se necesita intervención judicial.

Los médicos tienen que asumir su responsabilidad, lo que pasa es que tienen miedo de ir presos porque siempre hay alguno que los denuncia.

Si no tuvieran miedo estos casos dejarían de entrar en tribunales.

Hay que tener una discusión real y poner las cosas en su punto.

La mayoría de los que se oponen a estos abortos están pensando en el aborto de la señorita de Callao y Santa Fe, o que todas las mujeres se van a hacer un aborto como quien va a una fiesta o se cambia el vestido.

Esto es frivolizar temas que son muy serios, que tienen que ver con la salud mental y física de una futura madre que no buscó ese estado sino que es víctima de una violación, de una violencia, de una imposición sobre su voluntad, sobre su cuerpo y sobre un ámbito de determinación que tiene que ser exclusivamente de ella.

Ninguna mujer pasa por un aborto sin consecuencias, psicológicas o físicas. Y me refiero a abortos naturales, espontáneos.

A una persona que le ha pasado tener abortos naturales le cuesta recuperarse. ¿Se imaginan de tomar la decisión de producir el aborto, lo traumático que es?

Lo que no tenemos que confundir son las cuestiones confesionales, religiosas, con las de estad.

Si la iglesia me viene a decir “no quiero que mis fieles aborten”, le digo muy bien, pero yo que no soy su fiel, déjeme hacer lo que me parezca a mí porque no tengo la obligación de seguir sus órdenes o consejos.

Deberíamos empezar por tener educación sexual en las escuelas, con lo cual las mujeres sabrían lo que pasa en sus cuerpos, sabrían qué posibilidades hay de protección, o la anticoncepción de emergencia, que funciona hasta cinco días después de mantener la relación sin protección.

Solo con esto estaríamos disminuyendo en una cantidad enorme la posibilidad de situaciones de aborto.

Hay que tener en claro que el permiso que da una ley para alguna actividad no significa que uno tenga que utilizarlo.

Hace mil años tenemos una ley de matrimonio civil y a mí no se me antojó casarme. Tenía permiso pero no tenía ganas.

Espero que se haga un debate en serio, que no se frivolice ni se banalice.

En muchos casos la gente ignora los casos reales que se dan en lugares muy aislados, con poco acceso a los conocimientos, a las ayudas médicas. ¿Cómo podemos juzgar la situación de una coyita perdida en los Andes que no tiene acceso a una mínima atención médica?

Quienes pueden pagar los abortos, los hacen con plena seguridad. Hay clínicas abortivas en Buenos Aires pero hay que pagarlas, y eso cuesta mucha plata.

Usted no puede decirle a una mujer cuyo único ingreso es como empleada de servicio doméstico, mal pago, en negro, y que si va a tener una criatura pierde el trabajo, que para hacerse un aborto seguro vaya a una clínica que le va a cobrar 5.000 dólares.

Va a la primera partera que se le pone por el camino, en las peores condiciones de higiene y seguridad.

Eso es lo que estamos provocando. Entre los 16 y 25 años, la segunda causa de muerte entre las mujeres es el aborto clandestino.

(Sobre el trabajo, el estrés y los roces en el ámbito laboral): Cuando usted tiene exceso de trabajo y no puede repartirlo en las condiciones normales, sino que tiene que asumir el trabajo de otro, llega un momento que ni el humor ni la salud ni las ganas ni el físico le dan.

Llega un momento que cuando está cansado uno puede decir cualquier cosa y las relaciones humanas se deterioran.

Porque usted tiene que pedirle  un empleado que se quede 8 horas. Si hay buena voluntad se queda, si no hay buena voluntad se produce el choque.

En toda relación humana siempre hay un desgaste cuando se trabaja mucho tiempo junto. Eso hay que evitarlo, pero no se puede evitar cuando uno está haciendo el trabajo de tres y exigiendo a otra gente, nada más que por el ejemplo, porque no se puede pedir a la gente que sea heroica y sacrifique su familia, sus relaciones, su salud, por algo que no le compete, porque no es culpa del empleado que no nombren jueces.

La gente se enferma, no sólo físicamente, cuando hay exceso de trabajo y de presiones, y tenemos cantidad de empleados en tribunales con licencias psiquiátricas, que se dan a partir de una cantidad de roces, broncas, peleas, que llega un momento que no se pueden tolerar más.

(Sobre la baja en la edad de la imputabilidad): No soy partidaria de bajarla, no creo que tenga ningún resultado.

Hoy bajamos de 16 años a 14, mañana vamos a bajar a 12, y vamos a terminar metiendo a los bebés presos porque van a ser todos culpables, hasta el chiquito que le puso un palo al otro para que se caiga.

(Sobre la trata de personas): En nuestro país es un grave problema, y se está tratando de combatir. Estamos tratando de unificar conceptos y hacer reuniones para ver qué se puede hacer sobre todo en algunas zonas donde es más frecuente.

Esto no es una cuestion sólo de los jueces, hay que coordinar una cantidad de actividades con Gendarmería, Prefectura, Policía, controles de frontera, Aduana.

Los jueces siempre llegamos después, la tarea de prevención hay que hacerla antes. Eso no está en manos nuestras. Podemos ayudar a planificar alguna cosa que tiene que poner en marcha otro poder del Estado.

En muchos casos los jueces desconfían de las fuerzas de seguridad.

En un lugar chico, donde se conoce todo el mundo, muchas veces la sospecha tiene una base de realidad.

Cuando alguien sospecha, por lo menos hay que prestar atención y ver si esa sospecha tiene una base de realidad o es una paranoia. Es muchos casos no es una paranoia.

Además hay una red de trata, uno tiene que armar una red contra otra red. Y siempre hay puntos flojos, y siempre está el tema del presupuesto.

Las redes internacionales tienen mucha plata, y nosotros no.

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El aborto en debate: charla con el juez Martín Lozada en Neuquén

12 mayo 2010 10:00 Deja un comentario
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La lucidez moral de una niña llamada T. (a propósito del aborto autorizado en Bariloche)

20 abril 2010 9:50 9 comentarios

El blog no publica colaboraciones externas. Mejor dicho, no publicaba hasta ahora. Esta nota vale hacer la excepción.

Por Andrea Diez

La lucidez moral de las víctimas suele ser indirectamente proporcional a la capacidad profesional y ética de muchos operadores judiciales. Como si se tratase de una fórmula matemática, el axioma se repite en la vida real toda vez que una mujer denuncia un crimen en la justicia penal.

A una niña llamada T. su tío y su padre la habían violado desde que  tenía 11 años (actualmente tiene 17). Por eso, ella quedó embarazada. Por eso rompió el pacto de silencio y denunció. Y por eso dijo desde el principio – y lo mantuvo hasta el final- : no quiero que este embarazo continúe.

Entonces se desencadenó una serie de pruebas y comprobaciones de la prueba de las que no sabemos aun cómo fue posible que la victima saliera mínimamente entera.

Primero fueron los médicos a dudar de su capacidad de decisión (o más bien, se sienten seguros de tomar otras decisiones sin consultar a nadie, pero no ésta). Y a pesar de que el código penal prevé que no es punible el aborto de una mujer que ha sido violada pidieron autorización a la justicia.

En la sentencia del juez Lozada se lee que esta niña llamada T. debió repetir su historia ante: 1) Una psicóloga y una asistente social de Promoción Familiar, 2) otra psicóloga, además de la anterior, 3) una tercera psicóloga, en la Cámara Gesell 4) una médica y otra asistente social, esta vez del Hospital, 5) el médico forense 6) otra medica ginecóloga, del hospital, 7) el psicólogo forense!.

Cada uno de ellos emitió un informe que, con ligeras variantes, concluye en que la niña T., con absoluta lucidez (la palabra lucidez es empleada en varias oportunidades  por el juez Lozada en su sentencia), no quiere continuar con el embarazo porque éste es consecuencia de la violación de su padre; y que tampoco quiere tenerlo y darlo en adopción.

¿Hacían falta 7 informes diferentes para llegar a esta (lúcida) conclusión? Por supuesto que no.

Solo hacía falta escucharla.

Algo que, evidentemente, no pudo hacer la abogada que, casi como una contradicción absoluta, asegura desempeñarse como “Defensora de menores”. Para ella, la niña T. vivía en “una familia ampliada”,  en lugar de haber vivido una situación crónica de abuso sexual familiar por parte de su padre y de su tío. Y, por si fuera poco, insistió hasta el cansancio en la necesidad de determinar el posible trauma psicológico que le provocaría un aborto, mientras la niña T. decía ante cada uno de los profesionales a los que tuvo que enfrentar que para ella la peor pesadilla no era el aborto, sino justamente el terror de que no se le hicieran .

No era tan difícil de comprender.

“No quiero”, decía la niña T. No quiero ser la madre del hijo de mi padre, quien es a su vez su abuelo.

No quiero un embarazo que me recuerde todos los días la tortura que he vivido.

No quiero este feto, resultado de los abusos que solo ellos podían detener.

¿O acaso alguien lo  querría?

En los últimos años me he topado decenas de veces con esta lucidez moral en las sobrevivientes de violaciones sexuales, tanto en contextos familiares como de conflicto armado; y en las sobrevivientes  de abortos clandestinos.  Es una convicción ética, fundada en la certeza de estar haciendo lo correcto al denunciar a un pariente, al interrumpir un embarazo, o al retirarse de un proceso penal. Se trata de niñas o mujeres que, marcadas a fuego por el dolor y lo inexplicable de la violencia sufrida, asumen sus decisiones con una ética y una dignidad que resulta literalmente insoportable a tantos jueces, fiscales y defensores que pretenden, por el contrario, imponerles otra verdad, la propia, porque la consideran superior.

Para quien esté dispuesto a escucharlas, las decisiones éticas de estas sobrevivientes resultan un ejemplo incomparable de entereza, sanación y búsqueda de sentido a través de la justicia.

A esta niña llamada T. le tocó, por suerte, un juez tan lúcido como ella, quien no sólo resolvió que siendo el embarazo producto de una violación una de las excepciones de punibilidad prevista en la ley, no se requería de autorización judicial para practicarlo, sino que además consideró que con los elementos existentes (relato de la víctima, embarazo, testimoniales de testigos) no había que esperar el resultado del proceso penal para saber que había habido una violación.

Por el contrario, en la sentencia de la cámara que anula la decisión de Lozada para “evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes”, es decir, que otras mujeres y niñas que hayan sufrido violación sexual puedan abortar en un hospital público deben hacerlo en la clandestinidad y calladitas la boca -el juez Alfonso Pavone opinó que la violación de la niña llamada T. no estaba probada. Muy por el contrario, se explayó el juez, es obvio que la ley admite la no punibilidad del aborto cuando se trata de una mujer discapacitada mental  “pues justamente la mujer idiota o demente no tiene consentimiento, por lo tanto probado como digo el acceso carnal y el embarazo, es lógico que ha sido un acto violatorio en los términos del artículo 119”. Traducido, esto significa que para el juez las mujeres que no tienen discapacidad mental tienen que probar, primero, que no han consentido, porque como es sabido los jueces generalmente creen que las niñas de 11 años provocan a sus padres y a sus tíos para que las violen.

Cuánto tendrían para aprender tantos jueces, fiscales y defensores de las palabras y de las experiencias de las víctimas.

Pero para ello se requiere de una altura moral a la que no todos  llegan.

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