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Cada juicio por jurados le costó a Córdoba 28.971 pesos

16 enero 2013 8:37 12 comentarios

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El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo público un interesante informe sobre el funcionamiento de los jurados populares en la provincia desde 2005 a 2011.

Entre cifras sobre cantidad de sentencias dictadas (está completo aquí en pdf) figura también el costo del sistema: empezó con una relación gasto/sentencias de 19.130 pesos, y trepó a 28.971 pesos en 2011. En total ese año gastaron 1.245.766 pesos.

La ley 9182 de juicio por jurados cordobesa (aquí en pdf) establece en su artículo 27:

Compensación y Gastos. Las personas que se desempeñen como jurados, a su pedido, serán resarcidas por el Estado a través de una retribución diaria por el término que demande el cumplimiento de su función, a cuyo fin también deberán computarse las intervenciones personales como jurado que hubiera demandado la tramitación de la causa en forma previa al debate”.

El acuerdo reglamentario 119 del Tribunal Superior de Justicia de la provincia del 22 de mayo de 2012 (aquí en pdf) le puso valor a esa retribución:

Establecer  en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta ($ 240,00), la retribución diaria a abonar a cada ciudadano, a su requerimiento, por el cumplimiento de la función de Jurado Popular”.

El Código Procesal Penal de Neuquén (aquí en pdf) también contempla una remuneración a los jurados en su artículo 46:

La función de jurado es una carga pública obligatoria y será

remunerada de la siguiente manera:

1) Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador.

2) En caso de trabajadores independientes o desempleados, podrán ser retribuidos a su pedido, con la suma de medio JUS diario”.

La cotización actual del jus ronda los 270 pesos.

(La foto es de La Voz del Interior)

El último año del Código Procesal Penal de Neuquén

7 enero 2013 8:19 6 comentarios

papelesEnero de 2014 será muy distinto del plácido enero que transita ahora el Poder Judicial de Neuquén. Ese mes entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (aquí en pdf), que cambiará la forma de investigar y juzgar los delitos en la provincia. La distancia que separa ambas fechas estará, o debería estar, signada por una agitada actividad que incluirá cursos de capacitación y sanción de leyes imprescindibles para la puesta en vigencia.

Todo sucederá en un año electoral y atravesado por el debate que baja desde Nación sobre el rol del Poder Judicial, puesto en discusión como nunca antes.

Algunos de los principales cambios que traerá el nuevo Código serán la investigación puesta en manos de los fiscales, la creación de un colegio de jueces, la publicidad de todas las audiencias, la desaparición del expediente escrito, y dos novedades estelares: una a la que se le ha dado gran brillo, el juicio por jurados, otra más opaca pero de suma importancia, la mediación.

Como el Código Procesal Penal es una herramienta nueva en manos de viejos operadores, acostumbrados desde la facultad de Derecho a manejarse con el antiguo sistema, la capacitación será una de las claves del año.

(Esto, por decir lo menos. Ya planteamos aquí “Lo que no se dice de lo que no cambiará”, e incluyo lo que respondió Leticia Lorenzo. Aquí hay algo más sobre el asunto. Y no puedo dejar de recomendar el más que interesante debate que se produjo en los comentarios de este post).

Adolfo Alvarado Velloso, profesor en derecho procesal que dirigió una maestría en Neuquén por un convenio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, dijo en forma categórica: “En otras partes del país y de Latinoamérica, las reformas procesales fracasaron porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial. Hace falta una nueva generación, con mentalidad nueva. Y mientras tanto, mucha capacitación”.

Otra parte del protagonismo lo tendrán los legisladores, que deben aprobar un paquete de leyes fundamentales para que el nuevo Código empiece a regir.

Se trata de las leyes orgánicas del Poder Judicial, de los ministerios Públicos de la fiscalía y la defensa (aquí, aquí y aquí hay más información y los proyectos que fueron presentados).

Hay otra pata imprescindible: la policía. El juez de Ejecución Penal rionegro Juan Pablo Chirinos dijo en una nota de opinión publicada en “Río Negro” que “la forma en que se investiga depende en gran medida del modo en que se relaciona la Policía con la Justicia”.

Chirinos observa que algunas provincias cambiaron sus códigos sin tocar a la policía, y otras intentan reformar a sus policías sin modificar la ley procesal.

En lo que nos toca, el debate profundo sobre la reforma de la policía neuquina nunca se hizo explícito hasta ahora en la agenda política de la provincia.

Chile y Neuquén: problemas comunes con el Código Procesal Penal

8 octubre 2012 16:10 5 comentarios

Chile implementó hace años un Código Procesal Penal muy parecido al que entrará en vigencia en Neuquén en 2014. El diario La Tercera publicó un informe del CEJA (organismo que tuvo bastante que ver con la reforma, allá y acá) con resultados muy críticos sobre los resultados obtenidos en la investigación de los robos. Por ejemplo, no hay estrategia de persecución penal unificada, falta diálogo y coordinación entre fiscales y policías (¿no les suena a esto?), se prioriza el número de sentencias por sobre la calidad de las investigaciones, y más del 80% de las causas con autores ignorados van a parar al archivo.

Reproduzco la nota porque en Neuquén se suele tomar a Chile como modelo, y los más exagerados aseguran que con el nuevo Código Procesal Penal poco menos que se esclarecerán todos los delitos. Es una entrevista al director ejecutivo de CEJA Chile, Cristian Rego, y el investigador del organismo Eduardo Alcaíno.

“Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos (se refiere a los robos). Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional”, explica Alcaíno.

Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. “Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo”, añade el autor de la investigación.

“La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después. Entonces, claramente las posibilidades de esclarecimiento de delitos son bastante bajas y también muy burocrático porque implica todo un andamiaje para poder finalmente enviarla”, agrega Alcaíno

“Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no”, prosige el investigador del CEJA.

“A su vez, también genera hecho de que la relación sea mediante manera escrita. Incluso ni siquiera por correo electrónico, sino que en papel, lo que provoca que las fiscalías tengan muy poco control de lo que hacen o no hacen las policías. Un fiscal no tiene cómo saber si un policía finalmente estás haciendo o no su trabajo. La consecuencia es que la relación entre fiscalías y policías se haya enfriado, por tanto no hay un trabajo en equipo. Los fiscales no se conocen con los funcionarios policiales. Es un trabajo de instituciones más que personal”.

Si bien hay experiencias positivas según este informe, son aisladas y no responden a una política general de Gobierno, por ejemplo, desnudando que no existe una línea de trabajo a seguir y que la coordinación no existe, aparte de la cruda realidad de las metas a ambas instituciones, dejando de lado la calidad en el trabajo de persecución en los delitos.

“Hay algunas experiencias importantes en la Fiscalía Centro Norte, el trabajo que hacen en Santiago Centro y otras, pero lo más importante es que esto es un trabajo meramente excepcional. Es iniciativa de la fiscalía regional o de algún fiscal en específico, pero no hay una política por parte de la Fiscalía Nacional de hacer un trabajo sofisticado, de manera inteligente, de trabajo con la comunidad, con la policía”, sostiene Alcaíno.

Y explica que “todo esto tiene que ver con los incentivos o no que tiene la policía para investigar o darle prioridad a este tipo de delitos. Lo que nosotros pudimos constatar es que el Ministerio Público no tiene incentivos para darle prioridad a este tipo de delitos. Porque a ellos evalúan a la fiscalía a través de Indicadores de Gestión, que son meramente numéricos. O sea, se les pide a los fiscales cierto número al día de determinados asuntos. Les piden determinados números de sentencias. Entonces, como les piden números, los fiscales obviamente como tienen una carga de trabajo importante, lo que hacen es dedicarse a aquellas causas que les toma menor dedicación, las causas más sencillas y las que le van a tomar menos tiempo. Eso se centra en el trabajo de imputados conocidos”.

Por su lado, el director ejecutivo del CEJA y académico de la UDP, Cristián Riego, concluye que “en esta área no hay un protocolo de actuación bien pensado y que se aplique siempre. Lo que se va a hacer es muy al azar. Depende de cada caso, de la policía, de las personas. No hay un protocolo, una línea de procedimiento para decir ‘esto es lo profesional’. Hay azar que en la mayoría de los casos se traduce en no hacer nada al principio y que luego la fiscalía mande a investigar”.

“El problema es que si se les sigue inyectando recursos para que sigan haciendo lo mismo. O sea, poniendo más asistentes, más fiscales, en uno o dos años más vamos a estar hablando absolutamente lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene que generar protocolos de trabajo distintos de manera de focalizar bien sus recursos”, expone

“En ese sentido hay que generar procesos investigativos más innovadores y tomar una visión más global, no de caso a caso. De que detrás de los robos hay en Las Condes, por ejemplo hay un problema delictual y por tanto hay que generar estrategias para evitar eso. Uno podría inyectar recursos, pero no basta. Hay que generar objetivos comunes entre las policías y fiscalías. Aparte, hay que generar incentivos y espacios de rendición de cuentas, que es lo que no existe hoy. Ellos no se responsabilizan ni rinden cuenta. Al final cuando hay fracasos, es el Ministerion Público el que pone la cara”, remata el autor del estudio que se presentará el próximo martes, a las 13 horas en la Facultad de Derecho de la UDP ante autoridades, adadémicos y protagonistas de la escena judicial del país.

El rol de la fiscalía en la causa de la zona liberada

7 agosto 2012 23:26 6 comentarios

¿Puede una causa penal llegar a juicio oral con el requerimiento de elevación sólo de la querella, mientras que la fiscalía insta el sobreseimiento?

Es lo que se debate en el caso de la zona liberada, que tiene como imputado al ex gobernador Jorge Sobisch.

Y para comprender cómo se llegó a debatir este asunto ante el Tribunal Superior de Justicia, hay que tener en cuenta que dos fiscales (tres, si contamos al jefe de todos los fiscales) instaron el sobreseimiento del ex gobernador, o plantearon que es inconstitucional el último párrafo del artículo 313 del Código Procesal Penal (que permite llegar a juicio con el único requerimiento de la querella), o las dos cosas.

El próximo viernes 17 la sala penal del Tribunal Superior de Justicia definirá si puede hacerse o no el juicio contra Sobisch.

La causa prescribirá en noviembre.

Hoy martes hubo una audiencia en la cual los abogados de la querella y de la defensa plantearon más argumentos ante los vocales Graciela Martínez, Guillermo Labate y Oscar Massei, quienes deben tomar la decisión.

La defensa, ejercida por Laura Cancela, formuló un planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 313 del Código Procesal Penal.

Recordó que dos fiscales pidieron el sobreseimiento de Sobisch, no hicieron el requerimiento de elevación a juicio, “y eso debe ser vinculante para el juez”.

Si le hacen lugar a su planteo, se caerá todo el proceso.

Ricardo Mendaña, uno de los querellantes, observó que en la audiencia no estaba presente el fiscal ante el TSJ, José Gerez, a pesar de que se estaba tratando un pedido de declaración de inconstitucionalidad de una ley.

Tras un breve cuarto intermedio, la vocal Corvalán dijo que Gerez estaba notificado de la audiencia, y que si no asistió fue por el “manifiesto desinterés” de la fiscalía en este caso.

A continuación, Mendaña reseñó el desempeño de los fiscales que intervinieron en la causa, que comenzó el 30 de marzo de 2006 cuando la policía liberó la zona en Plaza Huincul y permitió que supuestos obreros de la Uocra desalojaran a golpes un piquete docente. Según la acusación, Sobisch le dio la orden de no intervenir.

“En este caso faltó independencia de la fiscalía respecto del poder político, de eso hay sobradas muestras”. Remarcó que “la fiscal Gloria Lucero pidió medidas inconducentes que sólo provocaron demoras” mientras que Ignacio Di Maggioanunció que pediría el sobreseimiento de Sobisch antes de intervenir en el expediente” (ver aquí).

Añadió que la eventual prescripción de la causa “debería ser motivo de frustración para todo el servicio de justicia”.

A su turno Gustavo Palmieri recordó que es la primera vez desde que el Código tiene vigencia, que se pide la inconstitucionalidad de este artículo.

“En otro casos, donde el imputado no era Sobisch, a la fiscalía no le interesó su posible inconstitucionalidad”, dijo. Citó un ejemplo concreto, en el cual se llegó incluso a una condena que fue confirmada por el Tribunal Superior.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, los integrantes de la sala penal fijaron la fecha de lectura de su resolución para el 17 de agosto.

Lo que resuelvan trascenderá esta causa en particular, y definirá si los expedientes pueden llegar a la etapa de juicio oral sólo con la acusación de la querella y sin imputación fiscal.

Pocos avances con las leyes que necesita el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén

25 junio 2012 7:40 5 comentarios

El Código Procesal Penal (aquí en pdf) necesita cuatro leyes fundamentales: la ley orgánica del Poder Judicial; la del Ministerio Público Fiscal, la del Ministerio Público de la Defensa y la de la Policía.

De la primera de esas leyes hay un borrador que, en cuanto esté listo, será elevado al Tribunal Superior. De la segunda, la Asociación de Magistrados ya le presentó un texto a Ricardo Kohon. Las otras dos son aún apenas una intención.

Hablé con dos jueces con rango de camaristas sobre el tema. Expresaron su preocupación porque ya pasaron más de seis meses desde la sanción del nuevo Código Procesal y se han producido pocos movimientos que apunten a su puesta en marcha. “Apenas hubo un par de cursos de capacitación de los que participaron unos pocos”, coincidieron.

El Código entrará en vigencia en enero de 2014. “Falta un año y medio que se pasa volando. Hay que intensificar las capacitaciones, y no sabemos cuánto va a tardar la Legislatura en aprobar las leyes que necesitamos”, me dijeron.

Y así me enteré que la Ciudad Judicial estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco. O, para poner un ejemplo más cercano, en la cárcel de Senillosa: una enorme estructura que no se puede utilizar. Es que se está construyendo en base a los planos de 2005 y no contempla las necesidades que tendrá la justicia neuquina a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal en 2011. Por ejemplo, no estaba prevista una sala lo suficientemente amplia para que se realice un juicio por jurados.

En el Poder Judicial lo advirtieron semanas atrás y pidieron la paralización de algunas obras y la readecuación de ciertos sectores. Incluso se creó, por disposición del Tribunal Superior de Justicia, una “comisión edilicia”, que tendrá como misión “evaluar con anticipación las adecuaciones que pudieran ser necesarias en cuanto a distribución de los espacios físicos y demás aspectos inherentes a la utilización del nuevo edificio”.

Así consta en un decreto firmado el 13 de junio por el presidente del Tribunal, Ricardo Kohon (aquí en word).

Uno de los jueces mencionados antes me contó que “la obra responde a la época actual, con seis juzgados de Instrucción, más otros tres proyectados, tres cámaras criminales… nada de eso va a existir cuando entre en vigencia el nuevo Código”.

Agregó que “ni siquiera estaba prevista una sala lo suficientemente amplia como para que puedan estar los jurados”.

El otro magistrado lo atribuyó a que “los planos se hicieron en 2005. Tan reformistas que decían que eran los vocales de esa época y proyectaron un edificio que iba a ser viejo antes de inaugurarlo”, ironizó.

Como primera medida se frenaron algunos trabajos, por ejemplo la colocación de paneles divisorios en ciertos sectores.

Todavía no se sabe si este retoque provocará otra demora en el final de obra. Lo último que se supo es que la empresa prevé terminar la construcción el 30 de setiembre, pero habrían surgido otros problemas de infraestructura que podrían demorarla más aún.

La foto es de Matías Subat.

¿Candidato encubierto a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia?

26 marzo 2012 7:06 4 comentarios

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia neuquino, Alberto Tribug, ha renunciado. Mientras su cargo esté vacante, lo subrogará el defensor Ricardo Cancela. ¿Será temporario este reemplazo o Cancela es, en los hechos, el candidato de Jorge Sapag para la fiscalía?

Al gobernador Sapag se le fueron estirando los plazos a medida que avanzó su gestión: cada vez tardó más en postular a un integrante del Tribunal Superior de Justicia. Por eso propuse, en un post anterior, estar atentos al tiempo que demorará en proponer al o a la reemplazante del fiscal Tribug.

De acuerdo con el artículo 236 de la Constitución Provincial, “los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y demás jueces y funcionarios de los ministerios públicos, deberán ser designados dentro de los sesenta días de producida la vacancia del cargo. Si se tratare de los de vocal del Tribunal Superior, su fiscal o defensor y transcurriera el término indicado sin ser provista la vacante, el Tribunal Superior procederá a efectuar la designación correspondiente con carácter interino”.

Sólo al comienzo de su primer mandato JAS cumplió con este mandato constitucional.

Los dos primeros vocales que propuso, en 2008, fueron Guillermo Labate y Marcelo Benavides (quien luego desistió) a 51 días de las renuncias de Roberto Fernández y Jorge Sommariva.

Pero al último, Evaldo Moya, lo postuló 678 días después de la renuncia de Felipe Cía.

Acaso el decreto de autolimitación tenga algo que ver. Aunque es poco probable: como mencioné en este post, a los diputados parecen importarle poco la cantidad de adhesiones o impugnaciones que reciba el candidato o candidata en cuestión.

Antes bien la razón de los plazos que se estiran puede ser la ecuación, término acuñado por JAS para referirse a la búsqueda de acuerdos políticos a fin de lograr en la Legislatura los dos tercios que necesita para que su candidato acceda al cargo (artículo 239 de la Constitución).

En esa búsqueda, los actores algo ofrecen, algo reciben, algo resignan. Y así nace un funcionario judicial en un cargo vitalicio, que tendrá (en el caso de la vacante que deja Tribug) la responsabilidad de diseñar una estrategia de persecución del delito en la provincia aplicando el nuevo Código Procesal Penal.

Como se dijo, mientras el puesto esté vacante el fiscal subrogante será Cancela, el ex abogado de Jorge Sobisch a quien Sapag propuso como defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes.

Se repite el interrogante: ¿Será temporaria esta subrogancia? ¿O, en los hechos, Cancela era el candidato encubierto de Sapag para la fiscalía del Tribunal?

De paso: ya puede decirse que JAS batió la marca de su antecesor. JOS designó a cinco vocales del Tribunal Superior; y el actual gobernador (con el apoyo de la Legislatura mandato 2007/2011) a cuatro vocales, el defensor ante el cuerpo y ahora está en condiciones de sumar al fiscal.

Anexo: días que transcurrieron entre que se produjo la vacante y JAS propuso al reemplazante:

Guillermo Labate por Roberto Fernández: 51 días.

Marcelo Benavides por Jorge Sommariva: 51 días.

Graciela Martínez por Jorge Sommariva: 147 días (61 días después de la renuncia de Benavides)

Oscar Massei por Eduardo Badano: 81 días.

Ricardo Cancela por Tomás Gavernet: 380 días.

Evaldo Moya por Felipe Cía: 678 días.

Las cuentas las saqué con esta práctica calculadora.

En la foto, JAS y Ricardo Kohon, el único vocal superviviente de la era JOS.

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Código Procesal Penal de Neuquén, publicado

18 enero 2012 15:08 3 comentarios
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