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“Los chicos del oeste mueren o van presos”. Entrevista a la madre de Brian, asesinado por la policía en Neuquén

30 diciembre 2012 9:28 5 comentarios

 

La noche del día en que enterró a Brian, Elizabeth soñó que lo veía jugando al ping-pong. Todavía no sabe por qué se le vino esa imagen, si su hijo nunca practicó ese deporte. Brian quería ser guardafauna, porque imaginaba que así podría andar libremente por paisajes maravillosos. Callejeaba, como él mismo decía. Tenía tanta energía y ganas de vivir que no podía quedarse quieto. Ruidoso, alegre, estaba lleno de amigos de su edad. Nunca conoció los problemas “de nosotros, los grandes”, dice su madre. En febrero iba a cumplir un sueño: conocer el mar.

Y era buen alumno: “Has demostrado ser muy capaz. Éxitos en la nueva etapa. ¡Felices vacaciones!” es la última anotación del maestro en su boletín, el 18 de diciembre, cuando terminó la primaria como escolta de la bandera y con un premio a su esfuerzo.

Pero no hubo próxima etapa. El día siguiente a las 3 de la mañana su vida feliz y despreocupada se cruzó con el contexto del barrio del oeste en el que vivía. Esa zona de la ciudad donde, dice su madre Elizabeth, “los chicos están condenados a vivir en la miseria y tienen dos opciones de vida: morir o estar presos”. Por eso se pregunta “por qué el gobierno gasta millones de pesos en autos para la policía y ni uno en un lugar para que los chicos no anden todo el día en la calle”.

Brian se había escapado de su casa mientras la madre dormía y se subió con amigos de su edad al auto del padre de uno de ellos. Una travesura tonta: tuvieron que ir a buscar a uno más grande para que lo manejara. Se cruzaron con un patrullero. El que manejaba se asustó. Un policía disparó. La bala le cruzó la cabeza y el futuro.

“Río Negro” visitó a Elizabeth en su casa del barrio San Lorenzo, donde vive rodeada de recuerdos y de afectos familiares. “Los chicos andan ahora como perdidos. Brian era una especie de líder de la manada”, cuenta.

El adolescente, que el 4 de enero cumpliría 15 años, fue asesinado por el oficial subinspector Claudio Salas en la calle Casimiro Gómez al final. El policía confesó ser el autor del disparo, pero dijo que reaccionó ante lo que creyó que era una agresión de parte de los amigos de Brian. Elizabeth lo niega, y asegura que el arma que encontraron en la cupé Fuego del vecino fue plantada.

Ante la pérdida, la mujer aspira a convertir el dolor en proyectos. “No hay lugar para los chicos. Las cosas son inaccesibles, entonces se aburren, andan en las plazas y la policía los corre. No se pueden pagar un gimnasio, una cancha de fútbol 5. No hay espacio para ellos”.

La pobreza “es un dato, y uno se acostumbra a los datos, pierden significado”.

Elizabeth se pregunta: “¿tanto cuesta hacer una plaza con un árbol, un salón con wifi para que los chicos puedan usar las computadoras que les dan en la escuela? ¿Tanto cuesta hacer bajar a los psicólogos que tiene el gobierno encerrados en oficinas para que vengan a charlar con los pibes?”. Por eso quiere reunirse con otros padres y madres del barrio para pensar en soluciones y pedir que llegue la contención a los adolescentes. “No sé si estoy exagerando. Pienso en Brian como un mártir de los chicos del oeste. Es hora de empezar a hacer algo por ellos”.

elizabeth y brian“Acá se permite disparar”

“En Jardines del Rey o en la Plaza de las Banderas, el oficial Salas no habría disparado. Lo hizo en el oeste porque acá se les permite”.

Elizabeth está llena de dolor y de enojo con el policía que mató a su hijo y con otros oficiales que, está convencida, intentaron encubrirlo.

Enumera: rompieron la luneta por la que entró el disparo para borrar rastros, intimidaron a los amigos de Brian para que no declaren en contra de la policía, adujeron que los chicos estaban drogados y “plantaron un arma en el auto para inventar un enfrentamiento”.

La madrugada del 19 de diciembre, cuando buscaba a su hijo de comisaría en comisaría, ningún policía fue capaz de decirle lo que había pasado. “Yo creí que habían chocado”, dice.

“Fue un golpe atrás del otro. Yo pensaba que había sido víctima de la inseguridad, no del que tenía que cuidarlo”.

A Elizabeth le queda un consuelo: “Mi hijo no murió solo como un perro en el fondo del barrio. Se murió en mis brazos, como nació. Eso me llena de paz”.

(La entrevista la hicimos con Laura Loncopan Berti, autora y editora del video, y con Matías Subat. Aquí está la publicación en “Río Negro” con una galería de fotos).

Marcha de la resistencia en Neuquén

8 diciembre 2012 16:26 Deja un comentario

Breide Obeid, a punto de ser designado fiscal en Neuquén. Su currículum

27 noviembre 2012 18:29 6 comentarios

Maximiliano Breide Obeid recibió por mayoría acuerdo de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para ser designado fiscal de Neuquén, por lo que su pliego será tratado en la próxima sesión.

Aquí está en formato pdf el formulario que completó al inscribirse al concurso.

De ahora en adelante, y como una forma de agregar transparencia al proceso, trataremos de publicar siempre en este sitio el formulario del o la ganadora de un concurso, como lo venimos haciendo con los audios de las entrevistas personales.

Durante la entrevista de hoy con los diputados, le preguntaron a Breide Obeid por su padre carapintada y su opinión sobre las causas por delitos de lesa humanidad.

También estuvieron las infaltables preguntas sobre los cortes de ruta, el consejo de la magistratura y la reforma procesal penal.

Según el parte de prensa de la Legislatura, “Breide Obeid dijo que las consignas del examen técnico del concurso -por el cual otros dos candidatos presentaron una medida cautelar en la justicia– fueron claras y consideró que el caso asignado -un robo con armas- no presentaba dificultad para su resolución”.

El candidato explicó que ganó un concurso para el cargo de juez de instrucción penal 4 de Cipolletti, donde se desempeña como secretario desde hace 8 años, y renunció para acceder al de fiscal. La habilitación del pliego fue rechazada por los bloques PJ, UNE – FyPN y Libres del Sur.

Breide Obeid se manifestó en contra de la creación fiscalías especializadas en delitos ambientales por considerar más apropiado formar equipos técnicos interdisciplinarios que asesoren a los fiscales. Sostuvo que todas las explotaciones hidrocarburíferas “tienen un costo ambiental” y advirtió sobre la necesidad de realizar los controles correspondientes. A la vez, dijo que el fiscal debe actuar de oficio ante el riesgo de contaminación.

Además, se expresó a favor del modelo chubutense de Consejo de la Magistratura que incluye a ciudadanos entre sus integrantes y cuestionó que no se considere la antigüedad laboral dentro del poder Judicial en la evaluación de antecedentes.

No obstante, elogió la publicidad de las audiencias y la transparencia y rapidez del proceso.

“Estoy enamorado del Código Procesal Penal de Neuquén. Quiero formar parte y ser protagonista de este gran cambio”, afirmó también.

En otro tramo, Breide Obeid remarcó su posición a favor los Derechos Humanos. El tema surgió a partir del fragmento de un reportaje del diario Página 12 a los directores de un documental sobre hijos de desaparecidos que leyó Jesús Escobar (Libres del Sur), en el que se refieren al testimonio de Breide Obeid que en su carácter de hijo de un militar carapintada, reconoce la posibilidad de que haya existido robo de bebés durante la dictadura aunque niega que haya habido un plan organizado.

“Fue aberrante”, afirmó ante los diputados y dijo que su punto de vista sobre lo ocurrido durante la dictadura “es distinto al de otros hijos de militares”.

Luego, explicó que su padre no tuvo ninguna causa por delitos de lesa humanidad y agregó que por su participación en el levantamiento carapintada, fue condenado a 10 años de prisión.

Mencionó que el fiscal general debería ser elegido en forma directa por los ciudadanos y en relación a los cortes de ruta, se mostró a favor de fijar políticas de persecución penal que se respeten “desde el principio hasta el final”.

(La foto es de prensa de la Legislatura)

Sylvia Diniz Dias: “Hay que sacar el control de las cárceles de las manos de la policía”

17 septiembre 2012 8:16 Deja un comentario

Sylvia Diniz Dias es directora de la oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Esta es la entrevista que le hice la semana pasada cuando estuvo en Neuquén.

-¿Cuáles son los estándares mínimos que se deben observar para que las cárceles sean más transparentes?

-Hay parámetros mínimos que están en la declaración de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas detenidas. El Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad. Una vez que el Estado priva a alguien de su libertad asume un compromiso bastante específico de garantizarle todos sus derechos fundamentales: a la alimentación sana, a atención médica, a vivir en condiciones de higiene y salubridad, tener acceso a educación, trabajo. Son derechos fundamentales de una vida digna de una persona que está fuera del centro de detención. El Estado tiene una obligación positiva, de adoptar medidas, de garantizar que estos derechos lleguen al detenido. El Estado debe tomar medidas para hacer cumplir estos derechos.

-En general cuesta muchísimo que lo haga.

-Retomo las palabras del relator contra la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que es argentino y sufrió tortura durante la dictadura. Dijo hace pocos meses ante el consejo de derechos humanos de la ONU que no hay en Latinoamérica ningún sistema carcelario que respete los derechos fundamentales de las personas presas. Tanto el Estado como la sociedad civil no ven que la persona detenida no pierde ninguno de sus derechos, sólo el de la libertad. Desafortunadamente la opinión pública no ve que las cárceles son parte del sistema de seguridad. Si una persona va a una cárcel y va a volver a la sociedad, y no vuelve rehabilitado, la seguridad pública no va a ganar nada.

-Educar para la libertad en condiciones de encierro sigue siendo una contradicción.

-Ese es otro debate. Lo que puedo decir es que nosotros promovemos la aplicación de medidas alternativas a la detención. Hay muchos delitos que no son tan graves, la persona no tiene que ir a la cárcel por cualquier cosa. La cárcel es para delitos que realmente demanden una respuesta más dura del Estado, pero para los pequeños delitos se puede pensar en medidas alternativas. Lo más triste es que muchos países tienen ya legislaciones de penas alternativas pero no se aplican, se sigue imponiendo la prisión.

-¿Cuál debe ser la formación del personal penitenciario?

-Deberían ser civiles. Hay que sacar de las manos de la policía y de las fuerzas de seguridad el control de las cárceles. Deberían ser funcionarios de carrera, de carácter civil, que reciban una capacitación especializada en materia penitenciaria, con formación en derechos humanos, y que tengan como objeto de su actuación el trabajo de resocialización y rehabilitación.

-¿Y cómo se puede lograr que la sociedad civil ejerza un mayor control sobre lo que sucede dentro de las cárceles?

-El Estado debería adoptar una cultura de transparencia, de fomentar que la sociedad civil ingrese, participe en la vida de las cárceles. Ese es un tema que preocupa muchísimo en Neuquén, porque vemos una postura de opacidad, de cerrar las cárceles a la sociedad. Hemos escuchado que a diputados les impidieron el ingreso. Eso me parece una señal bastante alarmante. El Estado tiene que invitar a organizaciones no gubernamentales, a grupos de voluntarios, promover actividades culturales. Esas son formas de tener a la sociedad presente y que empiece a entender la dinámica de las cárceles. El Estado debe crear órganos independientes que puedan ingresar sin restricciones y entrevistarse con detenidos, conformado por la sociedad civil. Esa es la manera de tener un tipo de control y producir cambios estructurales.

-Se dice que la tortura es una forma de gobierno dentro de la cárcel.

-La tortura es una forma de dejar claro quién tiene el poder, de que uno está sometido al otro que tiene control total y absoluto. Muchas veces falta la decisión política sostenida desde el más alto nivel de que eso no se acepta. Veo que eso falta en Latinoamérica.

(La foto es de Matías Subat)

Roger Viquez: “Trabajar en prevención de la tortura no es sinónimo de impunidad”

17 septiembre 2012 8:11 Deja un comentario

Roger Viquez es director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica. Esta es las síntesis de la entrevista que le hice cuando estuvo en Neuquén días atrás.

-¿Cómo se llegó a crear el organismo que dirige?

-En Costa Rica se instauró en 2009 el Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura basado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Ese protocolo da un mandato de visitar todos los centros de detención, de tal forma que al ingresar a los centros se produce un acto de transparencia. Los países que ratificaron el protocolo facultativo se obligaron a implementar ese mecanismo y darle independencia. Es un acto de rendición de cuentas de los Estados ante las Naciones Unidas. En Costa Rica empezamos a trabajar en 2009 mediante un decreto del Poder Ejecutivo que dejó afuera al Poder Judicial. Ya se aprobó en la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y va a pasar a la agenda legislativa para darle rango de ley. Puedo decir que es fundamental la independencia de trabajo. En este momento la Defensoría de los Habitantes tiene un rango de trabajo de independencia muy interesante, el proyecto de ley establece que el Mecanismo va a tener una desconcentración máxima. Quiere decir que el mecanismo tendrá independencia de criterio y funcionalidad.

-¿Y presupuestaria?

-Administrativamente quedará ligado a la Defensoría de los Habitantes con una partida presupuestaria especial. Tenemos problemas de transporte para vistar los centros, de viáticos, pero la independencia de criterio de elegir dónde vamos es importante. La independencia de sus funcionarios también es importante, porque se pueden designar a personas vinculadas con algún partido político, o con pretensiones personales, y esto así no va a funcionar.

-¿Está dando resultados?

-Sí. Sirve para prever actos de tortura, y sirve para que al Estado no le hagan señalamientos a nivel internacional por casos de torturas. La tortura es el acto más perverso que pueda existir por parte del Estado. Nosotros hacemos inspecciones en los centros de detención, nos quedamos hasta dos días, triangulamos información entrevistando a las personas privadas de su libertad en forma independiente y grupal, entrevistamos a la policía, a los profesionales del cuerpo técnico, al director, más lo que observamos con nuestros sentidos. Hacemos luego informes con recomendaciones al ministro, le pedimos que nos respondan qué van a hacer, le pedimos que lo hagan con puntos y cómas, quién lo va a hacer, si hay presupuesto. Posteriormente volvemos a los centros para hacer seguimiento. Ellos saben que si no lo solucionan, esto va a la prensa. Pero primero agotamos el diálogo.

-¿Qué capacitación debe tener el personal penitenciario?

-En Costa Rica está el ministerio de Seguridad Pública y el ministerio de Justicia. Este ultimo se encarga de las cárceles y tiene su propia escuela de capacitación. La policía tiene la suya. Los cursos son totalmente distintos. A la policía penitenciaria se la capacita en derechos humanos. Nosotros estamos ingresando esporádicamente, esperamos hacerlo con más frecuencia. La policía que se recluta para los centros penitenciarios no viene de la fuerza pública. Son independientes, se colaboran cuando hay un motín, ahí la fuerza pública trabaja en la zona periférica. Pero el conflicto lo resuelve la policía penitenciaria.

El año pasado en una cárcel se dio un caso de tortura por un intento de fuga, y a los 12 o 13 días esta persona apareció muerta en la celda por golpes. Fuimos a hacer la inspección y llevamos al médico de la defensoría. En las demás personas involucradas en la tentativa de fuga detectamos señales de tortura, hicimos un informe muy fuerte, la defensora llamó al ministro, se lo envió a las 7 de la mañana y a las 8 se le entregó a la prensa. La recomendación era cambiar el cien por ciento al personal. Se cumplió, al mediodía el ministro ordenó cambiar a los funcionarios. Hicimos la denuncia ante la fiscalía, se abrió un proceso, entre los varios delitos que se establecieron está el de torturas.

-¿Cómo despertar el interés de la sociedad civil en lo que ocurre dentro de las cárceles?

-Es un proceso de educación. Nosotros conversamos con la prensa, estos somos, esto estamos haciendo. Es un trabajo formar mecanismos a nivel de sociedad, de promoción en colegios secundarios, en universidades, para ir sensibilizando el tema y que entiendan bien que trabajar en prevención de la tortura no es sinónimo de impunidad, todo lo contrario. Un día en la cárcel no se recupera nunca en la vida. Por eso además requerimos agilidad procesal. En el momento en que el Estado sustrae a una persona de la sociedad y lo pone en una cárcel, es responsable de esa persona. Las cárceles son parte de la sociedad. Cuando a estudiantes universitarios les pregunto ‘qué es una cárcel’, me dicen ‘son rejas’. Pero en una cárcel hay escuelas, un área médica, una cancha de fútbol, áreas recreativas. Es parte de la sociedad. Bien decía un compañero que las cárceles son un espejo donde la sociedad no quiere reflejarse. Los fines de semana hasta 10 mil personas, familiares, están ingresando a las cárceles.

-¿Cómo es el sistema de requisas?

-Dos factores justifican una requisa: el ingreso de teléfonos celulares y de droga. Hace dos años se hizo un reglamento de las requisas y la policía penitenciaria sabe hasta dónde puede llegar. Pasan muchos casos de mujeres que son manipuladas por sus maridos detenidos, y están presas cumpliendo sentencia de hasta diez años por intentar introducir 10 cigarrillos de marihuana en una cárcel. Se han dado varios indultos para que salgan en libertad porque trae un problema para la sociedad, por ejemplo sus niños quedan solos o pierden sus clases.

(La foto es de Matías Subat)

Organizaciones internacionales y nacionales debatirán sobre la tortura en Neuquén

6 septiembre 2012 20:30 Deja un comentario

Será el 12 y 13 de setiembre en el salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue. Además solicitaron entrevistas con funcionarios de los tres poderes del Estado neuquino.

Las organizaciones que enviarán representantes a Neuquén son la Asociación de Prevención de la Tortura (APT), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP), y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Solicitaron entrevistas con el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, la vicegobernadora Ana Pechen, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Kohon, el presidente de Comision de Asuntos Constitucionales, José Russo y el presidente de la Comisiòn de Derechos Humanos, Gabriel Romero.

El miércoles 12 a la tarde habrá un encuentro con las organizaciones locales para debatir sobre la situación en Neuquén, donde hay un proyecto para crear un comité provincial contra la tortura (aquí en pdf).

El jueves 13 a las 18, en el salón Azul de la Universidad, será la charla abierta al público.

La organización está a cargo de la comisión creada a partir del asesinato de Cristian Ibazeta en la Unidad 11.

La policía que tenemos, la policía que ¿queremos?

31 agosto 2012 8:00 14 comentarios

Escribí estas dos notas que se publican hoy en “Río Negro”. La primera es un intento de abordaje sobre las razones de tantos casos de brutalidad policial en Neuquén. La segunda, más insólita, es un pedido de felicitación de un fiscal neuquino a un policía que hirió a balazos a dos presuntos asaltantes. En fin, es lo que hay.

Un policía persigue a un joven por un supuesto problema con su hijo, le dispara por la espalda y lo mata. Otro policía espera a su ex esposa, también agente, a la salida del trabajo, le dispara y la hiere.

Hay más. Un sargento encabeza un operativo y le dispara a corta distancia a un hombre con los brazos en alto. Resultado: le vuela un ojo. Un oficial ayudante irrumpe en una pelea familiar escopeta en mano y le dispara en la cara a una mujer, que también pierde un ojo. Tres policías reducen a un joven y cuando está boca abajo, uno le dispara un escopetazo en la espalda.

Y así podría seguir la enumeración. Los casos de brutalidad policial se multiplican en Neuquén, por razones personales o en operativos supuestamente de prevención o para hacer eso que se llama “restablecer el orden”.

Las razones son múltiples, pero hay una que está en la matriz. La policía sigue siendo una institución militarizada, verticalista y autoritaria, con una capacitación deficitaria en derechos humanos y respeto por los demás.

“Para la policía es lo más normal del mundo parar a un chico por la calle sólo por su aspecto, revisarle los bolsillos, la mochila, maltratarlo. Creen que proceder así está bien. Y desde la justicia no siempre se ponen límites, tenemos que reconocerlo y hacernos cargo”, dice un juez que ha manejado algunas causas por brutalidad policial.

El nuevo plan de seguridad, que recién empieza a caminar, ya está exhibiendo focos de conflictos que antes no existían. Básicamente, el plan consiste en inundar los barrios de patrulleros. Casi todos los días hay reportes oficiales de que son atacados con piedras. Lo que no se cuenta es la contracara: ¿cuánto maltrato dispensan hacia los jóvenes de esos barrios, convertidos en los sospechosos de siempre?

Cada mañana la policía trata de exhibir los buenos resultados de su plan. Con detallados partes informativos consigna que han recuperado celulares, motos, herramientas y elementos de ese tipo que habían sido robados. Pero no se habla de bandas desarticuladas, ni se sigue el hilo de comercialización de los productos robados, ni se combate del delito más sofisticado. El plan de seguridad, hasta ahora, es un método de control destinado a un sector de la población.

A la escasa capacitación en la resolución de conflictos como no sea mediante el uso de la fuerza, se suman el bajo nivel salarial, la recarga horaria y la escasa libertad para elegir la época de licencias.

Así, los hechos se suceden uno tras otro.

Uno de los últimos, esta semana, fue tragicómico: dos efectivos acudieron a ayudar a un hombre que se había golpeado al caer de su moto.

El hombre estaba alcoholizado, según se informó, y no quiso ayuda. Es más, se resistió a que lo auxiliaran. Mordió a un policía y  le fracturó la mano al otro de un puntapié.

Es preocupante que estos dos agentes no hayan podido controlar de manera no violenta ni siquiera a una persona en ese estado.

¿Cómo terminó la historia? Con los dos policías en el hospital y el hombre, golpeado por la caída de la moto, alcoholizado, que necesitaba auxilio médico y no represivo, encerrado en un calabozo.

Felicitaciones

El fiscal Ignacio Di Maggio le pidió a la Jefatura de Policía que “felicite” a un agente que hirió de bala a dos supuestos asaltantes. Lo hizo mediante un oficio que envió al jefe, Raúl Laserna, el 3 de agosto pasado y que se conoció ayer. El policía fue sobreseído de la acusación de “lesiones graves” el 13 de agosto.

El hecho ocurrió el 12 de julio a las 2:45 en la plaza ubicada en Albardón y Godoy. Allí estaba el agente policial de civil con su novia cuando fueron abordados por un joven y una mujer con fines de robo.

En medio de los forcejeos y según la versión del policía, el joven que lo atacaba a él sacó un destornillador, mientras la mujer le provocó cortes con un cuchillo a su novia.

En esas circunstancias extrajo su arma reglamentaria y disparó contra su agresor, alcanzándolo en la zona inguinal. Luego volvió a disparar y alcanzó a la mujer en el abdomen.

El policía fue detenido acusado de lesiones graves. Al prestar declaración indagatoria aseguró que disparó porque no tuvo otra alternativa, y porque temía por la vida de su novia.

El sobreseimiento dictado por el juez Marcelo Muñoz se basa en la versión del policía y en la de su novia para tener por acreditado que actuó con legítima defensa propia y de terceros. En las 14 carillas de la resolución no figura la versión de las víctimas (sobre las cuales, hasta ese momento, no había ninguna acusación formal), y tampoco hace mención a que se haya comprobado la existencia del destornillador.

Además de pedir el sobreseimiento del agente y de acusar por tentativa de robo agravado a los heridos, el fiscal Di Maggio (quien tomó el caso luego de la feria de invierno) le envió una nota a la Jefatura de Policía en la que señala: “es de mi interés destacar la intervención que le cupo al funcionario en la represión de un delito grave, por lo que corresponde felicitarlo dejando constancia de ello en el legajo personal a sus efectos”.

A su vez el abogado de la Jefatura, Gustavo Lucero, le envió una nota al fiscal del Tribunal Superior, José Gerez, en la que destaca “la actitud calificada y ejemplar” de Di Maggio, ya que “hace a la construcción de la política criminal de un estado de derecho y a la legitimación de los buenos funcionarios policiales”.

Actualización: el gobernador Jorge Sapag se refirió a la primera de estas notas en un discurso ante la Policía el 31 de agosto de 2012. El audio pueden escucharlo aquí (la respuesta empieza a partir del minuto 3).

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