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Posts Tagged ‘Niñez y Adolescencia’

Declaran inconstitucional la prisión perpetua a menores de edad. Fallo completo

21 agosto 2012 18:37 Deja un comentario

Leo en el CIJ:

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa resolvió hacer lugar a tres recursos de revisión deducidos por la Defensa Pública Oficial en favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, en los que se invocó el informe 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aquí) que concluyó que el Estado Argentino había violado el derecho al recurso y la Convención sobre los Derechos del Niño al imponer penas de prisión y reclusión perpetuas a quienes eran menores de edad al momento de los hechos, entre otras violaciones a derechos de orden fundamental.

El fallo completo está aquí en pdf.

Sobre el tema nos ocupamos aquí con esta síntesis de Claudia Cesaroni:

Hay 5 jóvenes, que hoy andan por los 30 años, presos desde que tenían 16 o 17. Fueron condenados a prisión perpetua, entre 1999 y 2002, por la Justicia Nacional de Menores (tres casos) y la justicia de menores de Mendoza (dos casos). En Mendoza eran tres, pero uno de ellos apareció colgado en la Penitenciaría, a los 20 años. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2002.

La CIDH recomendó en noviembre de 2010 que el Estado argentino resuelva el caso, pero Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez, César Alberto Mendoza (sin relación de parentesco con Lucas), Cristián Saúl Roldán Cajal y Diego Arce, siguen presos. ¿Hasta cuándo? ¿Hay que esperar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Todos ellos sufrieron malos tratos y torturas, en las cárceles federales y en las cárceles mendocinas.

Se los condenó a penas prohibidas.

Ningún otro país de América Latina ni de Europa permite penas de prisión perpetua a niños, es decir, a personas menores de 18 años al momento de cometer los delitos.

El gobierno democrático debe reparar, de una vez por todas y sin más dilaciones, lo que jueces nefastos hicieron, siguiendo oleadas manoduristas levantadas por políticos como Ruckauf: las primeras condenas, aplicadas en abril de 1999, fueron impuestas en plena campaña electoral por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, bajo la consigna de “meter bala a los delincuentes”.

En cuanto al fallo conocido hoy martes, la doctora Ledesma, que lideró la votación a la que adhirieron sus colegas Slokar y Figueroa, puntualizó que

“el presente caso ha puesto de manifiesto la falta de adecuación de las normas del Código Procesal Penal de la Nación y de las leyes del derecho penal juvenil respecto de los principios de la Constitución Nacional y de los que rigen en el derecho internacional (que han sido mencionados a lo largo de esta sentencia).  Esta circunstancia -que en el caso concreto se ha cristalizado en efectos irreparables para las víctimas-  impone la necesidad de una reforma integral del sistema que permita el adecuado cumplimiento de los derechos de orden superior que han sido lesionados para evitar que se produzcan situaciones análogas en el futuro.”

El sitio creado por Cesaroni en Facebook, aquí.

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El Estado no puede aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una adolescente para abrir una investigación criminal

15 julio 2012 9:00 3 comentarios

Por Laura Loncopan Berti

La fiscalía para Delitos Juveniles de Neuquén dispuso el archivo de las actuaciones originadas en la denuncia del personal médico del Hospital Plottier, en ocasión de la atención requerida por familiares de una adolescente que dio a luz a un bebe en el baño de su casa, cuya muerte se produjo luego de nacer.

La joven nunca les dijo a sus padres que estaba embarazada. Ni aún después de parir. Ellos la vieron ensangrentada y la llevaron de inmediato al hospital. Allí se reveló lo sucedido. El cuerpo del bebe fue hallado en el baño. Su muerte ocurrió, según las constancias, “sin violencia, por omisión”.

Para el fiscal Germán Martin “se ha violado el derecho a la no autoincriminación” estipulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

A su entender “estamos frente a la discusión de hasta dónde el Estado en su faz persecutoria penal puede avanzar sobre el cuerpo de un ciudadano/a para, a partir de allí, iniciar una investigación criminal o para obtener evidencias”.

En este caso el representante del Ministerio Público sostuvo que “existió un avasallamiento” de la médica que asistió a la joven en su intimidad.

“Aclaro que tal vulneración de la médica se hace en función de su obligación de intervención hospitalaria frente a la necesidad urgente de una paciente. No obstante la aclaración, considero que para realizar actos –análisis o exámenes médicos- que signifiquen una intromisión en el ámbito privado e íntimo de una persona, que puedan –o que se sospecha que puedan-, incriminar al paciente, los profesionales de la salud deberían solicitar autorización judicial”, aseguró.

Martin clausuró las actuaciones pues argumentó que la joven “se encuentra es una situación de “violencia o coacción” que “limita su consentimiento”. “De otra forma el Estado la estará orientando (coaccionando) a la imputada a elegir en su domicilio su propia muerte frente a la necesidad de atención médica”, agregó.

“En otras palabras, el Estado no se puede aprovechar de la especial situación de vulnerabilidad de la imputada para utilizarla para fines de investigación criminal en contra suya (mediante la inspección de su cuerpo y de su testimonio, esto último en violación del Art.62 inc.7 ley 2302)”, destacó.

Asimismo citó el fallo plenario “Natividad Frías” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal del 26 de agosto de 1966. En ese entonces, la Cámara resolvió que: “No puede instruirse sumario criminal en contra de una mujer que haya causado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión o empleo –oficial o no-, pero sí corresponde hacerlo en todos los casos respecto de sus coautores, instigadores o cómplices”.

El fiscal afirmó que “la repulsión al hecho/delito investigado” no es “excusa para vulnerar derechos y garantías protegidos desde el origen mismo del derecho penal y para pervertir el sentido constitucional de éste.” Señaló que insistir en una acusación que muy probablemente sea declarada nula “es una exposición innecesaria de la imputada y un desgaste innecesario de recursos públicos”.

Finalmente desestimó que la médica interviniente haya violado el secreto profesional, regulado en el artículo 156 del Código Penal, “en tanto puede razonablemente entender que existe “justa causa” en los términos del artículo citado” ya que “al momento no se conocía si el ser recién nacido se encontraba con vida o no”.

La última novedad del caso es que se presume que el embarazo fue producto de una violación, por lo que se tramita una investigación en otra agencia fiscal.

Anexos:

Resolución completa de la fiscalía, en word.

El plenario Natividad Frías, en pdf.

Un caso similar resuelto por la Cámara Criminal Primera de Neuquén en 2005, aquí.

El aporte de la APP como Amicus en una causa similar que se tramita en la provincia de Buenos Aires,  aquí en word.

Estigmatizar, esa vieja costumbre de los medios

28 mayo 2012 23:23 Deja un comentario

 

¿A nadie le preocupa la situación de este pibe de 16 años, que quedará marcado para siempre por responsabilidad de la estupidez y la ignorancia de cierto periodismo?

Es constitucional la figura del “menor-querellante”, dice el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

15 noviembre 2011 12:38 26 comentarios

La figura del defensor o defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes como querellante en las causas por delitos contra la integridad sexual “no contradice la normativa nacional y supranacional que rige la materia”.

Esa facultad otorgada a la defensoría “configura un tema de política criminal, razón por la cual, su participación en delitos cuyas víctimas sean menores de edad, esté o no regulada en el rito local, no contradice la normativa nacional y supranacional”.

Así lo expresa un fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que parece poner fin a la controversia iniciada cuando la Cámara Provincial de Apelaciones decretó la inconstitucionalidad del artículo 96 ter del Código Procesal Penal con aquella ya famosa definición: “El estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal” (ver aquí).

La postura del Tribunal fue fijada en la causa “R.,E.E. y R.,V.N. sobre abuso sexual con acceso carnal agravado”, al rechazar un planteo de la defensa de los imputados.

Se conoce justo cuando está a punto de comenzar el debate legislativo del nuevo Código Procesal Penal, que incluye la figura del “menor querellante”, como se la conoce (un resumen de todo lo publicado en el blog sobre el tema, aquí).

Con los votos de Graciela Martínez y Guillermo Labate, la sala penal del TSJ expresó:

El 27/08/08 se sancionó la Ley 2605 que incorporó el Art. 96 ter al C.P.P. y C. que expresamente admite, en casos de delitos contra la integridad sexual, la intervención del Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, en representación de los intereses de la víctima menor, con las mismas facultades reconocidas al querellante particular, y aún cuando los representantes legales de la víctima se presenten en ese carácter.

La intervención que se debe dar a la Defensoría del Niño y del Adolescente es obligatoria por cuanto, su no intervención se encuentra conminada con sanción de nulidad -absoluta-. Asimismo, atento la remisión que hace el texto de la ley al artículo 59 del Código Civil. En tal sentido, el legislador neuquino consideró ‘necesaria’ y ‘esencial’ dicha intervención en las causas penales donde las víctimas por delitos contra la integridad sexual son menores de edad; convirtiendo así al respectivo funcionario en un sujeto imprescindible en este tipo de procesos, sin perjuicio de tener las facultades de un sujeto eventual, tal como lo es el querellante particular.

Igualmente, su falta de intervención conlleva la violación de garantías constitucionales previstas en tratados internacionales constitucionalizados -Art. 75, inc. 22, de la C.N.-, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la que se establece que: ‘Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño’.

En síntesis, la intervención necesaria en la ley ha sido prevista para resguardar los ‘intereses de la víctima menor’, por lo que su no intervención violenta la norma constitucional apuntada.

Atento lo dicho, de la interpretación armónica e integradora de la totalidad de la normativa que rige la protección de los derechos de niños/as y adolescentes se deduce que la incorporación de esta figura no se contrapone con la misma, sino que coadyuva a hacer efectivos los derechos y garantías previstos en ella. “Por un lado traduce la garantía de la defensa en juicio y debido proceso prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, y asimismo responde a las pautas de la Convención de los Derechos en cuanto una mayor protección y defensa de los derechos, responde al ‘interés superior del Niño’ (art. 3 CDN), posibilita y garantiza ‘el derecho a ser oído’ (art. 12 CDN) como asimismo integra el contenido de la ‘protección y asistencia especial’ que debe garantizar el Estado (art. 20 y cc. CDN).

En el mismo sentido las (…) Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, donde se estableció que: ‘Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo’.

Por su parte, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061, mantuvo la figura del asesor de incapaces y no la consideró incompatible con el Sistema de Protección Integral de Derechos, ya que no derogó ni modificó ninguno de los artículos del Código Civil que disponen su intervención, aún habiendo creado la figura del abogado del Niño. Así lo declara expresamente el Decreto 415/06 Reglamentario de la Ley 26.061 al decir: ‘El derecho a la asistencia letrada previsto por el inc. c del art. 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar” (Cfr. Casey, María Inés: “Los niños víctimas de delitos y el rol del asesor de incapaces en el proceso penal”, publicado en LLNOA 2011 (febrero), 1)..

En consecuencia, la figura del Defensor del Niño/a y Adolescente -Art. 96 ter del C.P.P. y C.-, incorporada por Ley 2605 no contraviene la normativa constitucional y supranacional que rige la materia..

Sin perjuicio de lo expuesto, somos de opinión que la figura del Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente prevista en el Art. 96 ter del C.P.P. y C. configura un tema de política criminal, razón por la cual, su participación en los delitos cuyas víctimas sean menores de edad -esté o no regulada en el rito local- no contradice la normativa nacional y supranacional mencionada ut supra”.

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Sobre el archivo de los sumarios en el caso del “coito interfémora”

12 septiembre 2011 17:08 8 comentarios

Texto de Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta:

Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance intentando dar vuelta la inhumanidad y el desprecio contenido en las páginas que sentenciaron contra la niña. Amplios sectores de la región y del país expresaron su repudio a tamaña aberración. La sentencia circuló y circuló, fue motivo de debate en foros y eventos internacionales. Sin embargo, los artilugios de la (in)justicia no dejaban posibilidades. Cosa juzgada, cosa no apelada, cosa archivada parecía ser el devenir que hoy encuentra su sello final. Excusas, seguro plantan miles. Los artilugios corporativos sobran.

Reparar es una responsabilidad ineludible del sistema de justicia.  No hacerlo impacta sobre unas víctimas concretas, pero también sobre otras que pretenden denunciar, porque cuando no hay reparaciones sobreviene el desaliento, la desazón para acudir al laberinto judicial y triunfa así el poderío de quienes delinquen contra los cuerpos de niñas y niños.

Cosas de la impunidad que campea y arrecia en tiempos ventosos en este Neuquén corroído por formas de ejercicio masculino -encarnado también en mujeres- que sigue haciendo de las suyas. La niña ¿a quién le importa la pobre niña? La justicia no se ha hecho para ella. Que lo vuelva a saber y que reactualice así su trauma, ahora con el sello y la firma y la investidura del Tribunal Superior de (In)Justicia.

Transcribo un párrafo de la sentencia. Las negritas son mías. Si hay misoginia y culpabilización para la niña, que se note: “Habría dicho también que Muñoz le ponía el pene (en sus palabras) “sobre”, no “en” ni “dentro” de su «vagina» […] Finalmente: es obvio que si R. quedó embarazada, estaba en un momento fértil. No podemos saber si estaba ovulando o a qué tiempo de la ovulación se produjo el hecho. Pero si, como lo relata reiteradamente, hubo algunos acercamientos con meros tocamientos y luego un cambio en la actitud de él, siendo que esto no ocurría en casa de la adolescente sino en la de él, a la que ella concurría por gusto y no por obligación, podemos suponer que hubo en ella algún grado de complacencia. […] En cuanto nos interesa: en tal caso sería bastante posible que hubiera habido algún grado relevante de excitación (que pudo, incluso, haber concurrido con la sorpresa del cambio de actitud, a su paralización frente al ataque), lo que posibilitaría la lubricación de la vagina y facilitaría el desplazamiento de los espermatozoides […]”

El texto completo, para descargar en formato word, aquí abajo:

“TSJ, otro sello de impunidad”

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Vuelve el debate sobre la presencia de la defensoría del Niño como querellante en causas por abuso sexual infantil

24 agosto 2011 14:37 3 comentarios

Leo en el sitio web de la Legislatura que el equipo de la defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente pidió que en el futuro Código Procesal Penal se incluya la figura del “menor querellante”, contemplada ahora en el artículo 96ter que fue declarado inconstitucional por la Cámara Provincial de Apelaciones.

Nara Osés dijo ante los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales que es necesaria la participación de menores víctimas de delito de abuso sexual en los procesos penales como parte querellante.

Osés defendió su incorporación al sostener que el artículo otorga una “garantía fundamental al incluir la voz del niño dentro del proceso judicial”. A la vez, descartó argumentos de inconstitucionalidad al señalar que en ningún caso implica un “doble ataque al imputado” al observar que la Defensoría representa al niño y la Fiscalía al Estado.

En el blog hay varias publicaciones sobre la controversia que suscita este artículo.

Aquí está la última nota publicada sobre el tema, con enlaces a los post anteriores. En casi todos pueden descargar los interesados las resoluciones completas emitidas por los organismos que intervinieron.

La cuestión comenzó en octubre del año pasado con “El Estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal”. Se refiere a la declaración de inconstitucionalidad, y el comienzo del post alertaba ya por entonces: “Tomen nota los encargados de la reforma procesal penal de Neuquén: la Cámara de Apelaciones de la provincia acaba de declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código actual.”.

Siguió con “No hay doble brazo para la persecución penal, hay mandatos diferentes (casación contra una declaración de inconstitucionalidad)” con el recurso de casación que presentó el fiscal Rómulo Patti.

Luego vino “La Defensoría no es querellante: quien podía apelar lo hizo tarde, quien no podía presentó “un galimatías”. Reseña que la Cámara de Apelaciones rechazó la casación de Patti, mientras que la Defensoría, directa afectada por la declaración de inconstitucionalidad, presentó el recurso fuera de término.

Y, anteúltimo capítulo, “¿La defensoría puede o no ser querellante? Interviene el TSJ” referido al recurso de queja que presentó el fiscal Rómulo Patti.

Hoy me enteré que el Tribunal Superior de Justicia rechazó la queja con dos argumentos. El primero, que la declaración de inconstitucionalidad “no genera gravamen ni perjuicio irreparable al ministerio público fiscal ya que su contenido no resulta desfavorable a sus intereses.

Patti también había invocado la “gravedad institucional”, y ahí aparece el segundo argumento de la sala penal del TSJ: “la demostración de la existencia (de la gravedad institucional) constituye una carga que se pone en cabeza de quien la invoca (…) Patti no satisfizo este recaudo. Y no lo ha hecho desde que la lectura de la impugnación demuestra que el recurrente se ha limitado a reseñar los antecedentes de la causa, sin precisar qué otros expediente se encontrarían en las mismas condiciones conforme los motivos alegados”.

Una aclaración: la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara de Apelaciones no borró para siempre al artículo 96ter. Luego se conocieron fallos de cámara criminal en los que se aceptó a la defensoría como querellante.

Pero es evidente que alguna influencia provocó en quienes redactaron la reforma procesal penal, puesto que no lo incluyeron.

La imagen está tomada de un power point que la defensoría presentó ante los diputados, y la foto es de Leo Petricio.

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Claudia Cesaroni: “quienes tenemos otra mirada debemos discutir lo que instalan los medios”

7 agosto 2011 16:10 Deja un comentario

Claudia Cesaroni es abogada, magíster en Criminología, y conocida, entre sus muchos trabajos, por las “Diez razones para no bajar la edad de imputabilidad” (ver aquí).

Estuvo en Cipolletti donde dictó, junto con el periodista Horacio Cecchi, un seminario de posgrado sobre “Crimen, delito y políticas de seguridad” (y que contó con una muy buena asistencia).

Sobre esos temas gira la entrevista que le hice.

¿Percibís una diferente reacción en los medios y en la sociedad cuando el presunto autor de un delito es un adolescente respecto de cuando es un adulto?

La reacción es distinta, pero no sólo en los casos penales. En general cuando se trata de niños o adolescentes, por ejemplo estudiantes que reclaman, me parece que la idea es que el castigo resuelve las cosas. Entonces cuando quienes se alzan contra cierto orden encima son menores de edad, es más escandaloso y solivianta más a determinadas voces. Hay una imagen de una infancia santificada, rodeada de virtudes de inocencia. Cuando los pibes se corren de esa imagen son monstruos que matan, o monstruitos que toman una escuela. Se despierta un escándalo mayor porque no cumplen un rol que supuestamente deberían cumplir: de obediencia, o de una niñez que debería comportarse de otra manera.

¿Se mezcla con la idea de que los niños son el futuro?

Claro. Se ha dicho muchas veces y vale la pena remarcarlo: hay niños y hay menores. Para los primeros están el día del niño, las vacaciones en Disney o donde puedan pagarlas, las clases de guitarra, de inglés, para que se desarrollen y crezcan. Para los menores hay palos y a la bolsa, institutos, dureza. Y a los niños que no quieren ir a la escuela sólo a estudiar y a planificar el viaje de egresados, que discuten poder en las escuelas, también es complicado soportarlos. El grado de restricciones, reglamentaciones, limitaciones que se imponen en las escuelas secundarias, contra lo que muchas veces se cree que los chicos hacen lo que quieren. Todavía existen las expulsiones por cuestiones de indisciplina. Es un incumplimiento de la Constitución para abajo de un montón de normas. Si hay que garantizar la educación, no se puede afrontar un acto de indisciplina con una expulsión. A los pibes que se corren de cierta mirada sobre lo que debería ser un adolescente, se los interpela en televisión o se los muestra, se los exhibe, violando toda la normativa existente.

¿Tienen voz esos adolescentes, tienen canales donde reconocerse y expresarse?

Los de clase media tienen algún recurso para defenderse, los acusados de delitos ni siquiera tienen voz, salvo cuando se los exhibe como pieza de zoológico, drogándose, o con la cara tapada, con capuchas, como sujetos monstruosos que hablan con lenguaje tumbero.

Así se contribuye a consolidar el arquetipo.

Claro, se busca generar miedo, rechazo, una situación de lejanía total con ese sujeto.

¿En qué lugares pueden expresarse los niños, niñas y adolescentes?

No puedo decir si existe un lugar donde sean tratados mejor. Hay algunas experiencias en programas de televisión, como los del canal Encuentro o Paka Paka, donde los pibes aparecen como protagonistas, mediando. Pero masivamente, no.

¿Y cuando ingresan al sistema penal?

Hay instancias formales. Hay una cantidad de normas internacionales, nacionales y locales, pero el problema son las prácticas concretas. Yo participé de una investigación oficial en 2007, y por ejemplo, se les preguntó a los privados de libertad si ellos podían hacer peticiones. En general la respuesta era casi siempre negativa. Eso pasa también con los presos adultos. A veces ni saben a quién le tienen que pedir algo. No saben quién es el juez, no saben por qué están ahí. Los pibes tienen menos recursos. Un pibe de 14 o 16 años piensa que lo mandó la policía, a veces ni sabe que tiene que intervenir un juez, si lo sabe, no tiene manera de comunicarse. Las normas a las que tiene que atenerse, cuáles son sus derechos, tampoco lo saben. Además en muchas instituciones hay una legalidad entre comillas que es la que impone la autoridad.

¿En esto tienen responsabilidad los operadores judiciales?

Sin duda. En todos estos temas la justicia tiene una enorme responsabilidad. Es un entramado. Para citar un ejemplo: a mí en estos días me asombra la cantidad de personas que nos estamos solidarizando con Zaffaroni, y al mismo tiempo, en la provincia de Salta, donde murieron brutalmente asesinadas dos jóvenes francesas, fueron detenidas personas que denunciaron torturas que están descriptas y podrían corresponder a cualquier campo de concentración de la dictadura, y no merecieron ninguna respuesta. Entonces no es sólo lo que los medios construyen. Es también cómo quienes tenemos otra mirada sobre estos temas, no discutimos esa agenda. Estaría mucho mejor que estuviéramos más escandalizados por esa otra noticia, que no generó respuesta y es muy grave, estamos hablando de torturas. A veces hay como un cierto facilismo de acusar que determinados temas son construidos por los medios, pero tenemos que hacer autocrítica quienes estamos del lado de la defensa de la libertad, de los derechos humanos, que no somos capaces de instalar algunos temas y discutirlos. Que se deje pasar que tres personas que, según da toda la sensación, son perejiles, y aunque no lo fueran, aunque uno fuera el autor material de la muerte de las chicas, es terrible que los hayan torturado. La culpa no es solamente entonces de los grandes medios, sino también de quienes tenemos otra mirada y no somos capaces de escandalizarnos frente a esos hechos.

¿Por qué ante un determinado problema la reacción que se impone es aplicar la mano dura? ¿Da rédito, es facilista, es más barato?

Ni siquiera es más barato en términos económicos. Tiene que ver con cierta superficialidad y liviandad en tomar estos temas. Si hay que discutir sobre la cura del cáncer a nadie se le ocurriría preguntarle a un familiar de un enfermo, sino que se procura un oncólogo. Ahora, para hablar de problemas vinculados al crimen, al delito o a la inseguridad, que es una idea que engloba miles de cosas, sí se acude a la víctima o a sus familiares. Y las respuestas tienen que ver más con el deseo de venganza. Uno no puede meterse con el dolor de la víctima, pero cuando el dolor se transforma en un programa político sí hay que discutirlo desde otro lugar. El caso típico son las leyes que se sancionaron luego de la muerte horrible de Axel Blumberg. Recuerdo que en esa época, cuando pretendíamos discutir, nos decían ‘¿cómo vas a discutir con el dolor de un padre?’. El problema es que no discuto el dolor, discuto lo que se hace con la excusa del dolor. Y lo que se hizo fue destruir el Código Penal, imponer sanciones de 50 años de prisión, etcétera. En estos días, en Noruega, después del atentado, hay gente que está planteando que es muy leve la pena de 21 años que se le puede aplicar como máximo al autor. El primer ministro noruego dijo que esto no se puede discutir en este momento, aunque es probable que la reforma salga dentro de un año, lo que va a demostrar otra vez que son remedios que se aplican después de que las cosas suceden. Volviendo a la pregunta, tiene que ver con facilismo, liviandad. Es más complejo analizar las causas en profundad. Plantear cómo se resuelve ‘la inseguridad’ es como preguntarse cómo se resuelve ‘la enfermedad`. Hay múltiples enfermedades, múltiples remedios, múltiples medidas preventivas. De ninguna manera se puede plantear una solución. Se ofrecen soluciones que aparentemente resuelven un aspecto de la inseguridad y casi siempre eso genera nuevos problemas. El caso más claro es llenar la calle de policías, gendarmes, prefectos como se hizo en una zona postergada de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente alguien me responderá: ‘la gente está de acuerdo’. Yo me pregunto si los adolescentes se sienten más seguros. Claro, hay un sector de los vecinos que seguramente se siente más tranquilo, pero también hay quienes dicen ‘con los militares vivíamos mejor’. Son fuerzas de seguridad creadas para otra función, y circular por determinadas zonas es ahora circular por una ciudad sitiada. Se plantea esto como solución y luego tenés que en una semana los dos homicidios más importantes son cometidos por policías, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Florencio Varela.

También hay que discutir la capacitación de esta policía que se manda a la calle.

Sí, pero no sólo qué preparación tiene para usar sus armas. El otro problema es que se dice que mató a un inocente. Si hubiera matado a un ladrón también estaría mal, porque no hay pena de muerte. Y está naturalizada la idea de que un policía corre a un ladrón y lo puede matar. Entonces hay una cantidad de muertes que pasan inadvertidas. Por otra parte, hay un elenco estable de opinólogos que son llamados a los medios para que digan algo dentro de lo que el medio quiere decir. Si es un caso de gatillo fácil llaman a organismos de derechos humanos, pero si es un motín en la cárcel los organismos pueden ser molestos y llaman a otro. Es difícil analizar integralmente la problemática. Lo que pasa en la cárcel no son motines sino reclamos no escuchados, pero difícilmente se analice por qué estalla una cárcel, como tampoco se analiza por qué ese policía actúa como actúa. Tal vez está dormido porque trabaja 24 horas por 24 horas, o se lo obliga a que use el arma y si no se lo sanciona… eso tampoco se analiza. Se llama a alguien, dice dos o tres cosas que entran en la lógica de lo que el medio quiere instalar, y difícilmente se convoca a alguien que haya estudiado durante cinco años la actuación de la policía en determinado lugar. Por ejemplo, hace más de 5 años que está la Gendarmería en dos barrios, Ejército de los Andes y La Cava. No hay estudios a lo largo del tiempo que indiquen, primero, si hay una disminución del delito; segundo, cuál es la percepción que tiene las población conforme la edad, la ubicación y otros parámetros. Entonces uno pregunta, ¿es una medida eficiente en términos estadísticos? No puedo contestar. Pueden decir que la gente está encantada, o que está aterrorizada. La señora de 60 para arriba conversa con el gendarme, los pibes de 20 para abajo le tiran piedras… no lo sé. La única posibilidad de saber algo sobre eso es un programa del estilo Policías en Acción, que es nauseabundo, una especie de show del Fuerte Apache. Eso también me parece que tiene que ver con que es mucho más complejo producir investigación, leerse un texto de muchas páginas, meterse en el barro. Eso cuesta tiempo, dinero, y parece que no interesa.

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