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Posts Tagged ‘evaluación’

Acción de inconstitucionalidad contra la evaluación de magistrados y funcionarios. Texto completo

6 julio 2010 20:42 3 comentarios

Leo en la página de la Asociación de Magistrados y Funcionarios: Walter Richard Trincheri y Miguel Angel Valero, ambos por derecho propio, y con el patrocinio letrado de Julia Beatriz Buissón de Baggio y Silvio Leandro Baggio, quienes además comparecen en el carácter de apoderados de la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén” presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia la siguiente Acción de Inconstitucionalidad, en la que se reclama:

a.- Se declare la nulidad de la reforma introducida en el inciso 3 del artículo 251 de la Constitución provincial.

b.- Se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley N° 2533.

c.- Se declare la inconstitucionalidad del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura.

Las evaluaciones ya estaban suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, como pueden leer aquí.

Otro post vinculado al tema, aquí.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (word)

También a nivel nacional pierde fuerza la idea de evaluar a los jueces

2 junio 2010 0:18 1 comentario

Leo en Diario Judicial: Durante el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos en la Cámara de Diputados de este martes, los legisladores Diana Conti y Jorge Yoma (ambos del Frente para la Victoria) sorprendieron al expresar públicamente su desacuerdo con la iniciativa del diputado K Alejandro Rossi de evaluar a los jueces periódicamente y anunciaron que presentarán dictámenes propios para reformar el Consejo de la Magistratura.

En los primeros minutos de la reunión, que duró media hora, quedó claro que no se definirían los dictámenes. Así lo expresó el diputado Alejandro Rossi: manifestó que si bien preservaba su idea de tomar examen periódicamente a los jueces, se había replanteado hacerlo cada 7 años y no cada 4, como había propuesto originalmente. Muy cerca suyo estaba sentado el diputado K Carlos Kunkel.

Luego del anuncio de Rossi, pidió la palabra Jorge Yoma, quien ya había hecho público su desacuerdo con la idea de evaluar a los jueces pero ahora anunció que presentará un dictamen propio. “Valoro el trabajo intelectual de Rossi”, dijo el ex embajador argentino en México, al tiempo que aseguró tener una “visión particular” sobre el tema.

Otra sorpresa fue el anuncio de la diputada Diana Conti –actual consejera de la Magistratura- que manifestó que “tras una larga reflexión” y pese al apoyo de la mayoría de la sociedad a la idea de evaluar a los jueces (argumento esgrimido por el ministro de Justicia Julio Alak durante su visita al Congreso el 8 de abril) presentará un dictamen propio porque la idea de los exámenes a los magistrados “no resiste un examen de constitucionalidad”.

El resto de la nota, aquí.

Imagen tomada de aquí.

Suspendió el Tribunal Superior de Justicia las evaluaciones a los magistrados y funcionarios

19 mayo 2010 12:15 17 comentarios

El Tribunal Superior de Justicia suspendió las evaluaciones de los magistrados, al hacer lugar a un amparo presentado por la Asociación de Magistrados.

Consideró que la evaluación “pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales”.

Además rechazó la pretensión del consejero Gustavo Olivera de ser tenido como parte en el proceso.

Y aceptó por mayoría (con disidencia de Ricardo Kohon) la excusación de la vocal Graciela Martínez.

Más abajo pueden descargar el texto completo, cuya parte resolutiva señala:

1º) Rechazar in límine el pedido del Consejero Dr. Gustavo Olivera de ser tenido por parte en estos autos y, en consecuencia, ordenar el desglose y devolución del escrito de fs. 101/109 y la documental que allí se adjunta.
2º) Aceptar la excusación formulada a fs. 111 por la Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
3º) Tener presente lo manifestado por las Dras. Cecilia Pamphile y Luisa A. Bermúdez y hacerles saber que deberán continuar su intervención en los presentes.
4º) Suspender la vigencia del Art. 28 de la Ley 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes en estos autos, en tiempo y forma hábiles.
5º) Imponer las costas en el orden causado en atención a lo dispuesto en el considerando XIII (Arts. 69 del C.P.C y C. y 11 de la Ley 2.130)

Entre los argumentos, señaló el Tribunal Superior que “prima facie se vislumbra que la evaluación periódica de magistrados y funcionarios prevista en la normativa impugnada pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales consagrada en los Arts. 110, 115 y 120 de la Constitución Nacional, 229 de la Constitución Provincial, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

“El régimen aludido deja abierta la posibilidad de que los miembros del Poder Judicial comprendidos sean sometidos a un “estado de evaluación permanente”. Ello surgiría, prima facie , del “seguimiento” dispuesto en el Art. 25 del REID y de la periodicidad prevista, tanto en el Art. 11 del citado Reglamento como en el Art. 28 de la Ley 2.533. Periodicidad que sólo establece una frecuencia mínima de cuatro años, pero no obsta a que el proceso se active cuantas veces se desee”.

“La situación reseñada conllevaría una inadmisible presión a la que podrían verse sometidos jueces y funcionarios, la cual muy probablemente afectará su desempeño, con el consiguiente impacto en el servicio de justicia”.

“Y esa indeseable consecuencia colisionaría frontalmente, además, con las normas constitucionales invocadas por los actores, que establecen y garantizan el sistema republicano de gobierno, mediante la división de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, y la inamovilidad de jueces y funcionarios. También, quebrantaría el propio objeto y finalidad perseguido en el Reglamento en cuestión, en cuanto dice propiciar y contribuir en todo momento a “la calidad del servicio de justicia preservando la dignidad e independencia de las personas que lo prestan” (Art. 1º)”.

Con un click aquí encontrarán todas las notas publicadas sobre el tema.

SUSPENSION DE LAS EVALUACIONES

El Consejo de la Magistratura evaluará al juez del caso Temux y al juez del caso Fuentealba II

4 mayo 2010 19:03 7 comentarios

Hoy sortearon la primera tanda de magistrados que serán evaluados por el Consejo de la Magistratura.

Son seis del fuero civil y tres del penal, 70 por ciento de la capital y el resto del interior tomado como distrito único.

El azar marcó a los jueces de Instrucción:

Marcelo Muñoz (el juez del caso Temux)

Cristian Piana (el juez del caso Fuentealba II)

Federico Sommer, de Junín de los Andes.

Y a los jueces y juezas civiles:

Gustavo Belli

Alejandra Bozzano

Elizabeth García Fleiss

Ana Mendos

Ivone San Martín Villablanca (Zapala)

Graciela Rossi (Chos Malal)

Las evaluaciones se harán en el segundo semestre. Los detalles aún son materia de discusión entre los consejeros.

Y está pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad contra las evaluaciones presentada por la Asociación de Magistrados.

El martes sortearán a los primeros jueces que serán evaluados por el Consejo de la Magistratura

En la reunión plenaria del martes, el Consejo de la Magistratura sorteará seis magistrados que serán los primeros en pasar por el proceso de evaluación. A esa definición se llegó después de una votación dividida.

Evaluar es una de las funciones que la Constitución le ha dado al Consejo, y contra la cual hay una acción de inconstitucionalidad, aún sin resolver, iniciada por el presidente de la Asociación de Magistrados.

En el acta que se levantó en la última sesión, y que pueden leer completa aquí el tema se debatió intensamente.

Aun a riesgo de hacer un post interminable (desaconsejado con fervor por todos los blogueros) creo que en este caso se justifica transcribir completo el punto en cuestión, para comodidad de los que quieran leerlo sin tener que hacer click a otro sitio o descargar el documento.

El acta en cuestión es la 19/10, el punto es el 5, y dice así:

El consejero Hugo Altamirano (abogados) refiere que no habiéndose dictado ninguna medida en contra de la manda constitucional, propone seguir avanzando con esta función. Expresa que si bien quedó resuelto el inicio de las evaluaciones en el segundo semestre, se podría ir elaborando el plan de acción con los Magistrados a evaluar, y esa es concretamente su moción sobre el punto.

Seguidamente la presidenta (Graciela Martínez, TSJ) manifiesta que presentó la excusación en la causa que se encuentra en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia.

El consejero Gustavo Olivera (bloque PJ) expresa que mantiene su postura y respecto a la designación de los Magistrados a evaluar entiende que resulta discrecional, sin que ello denote trascendencia, dado que al término de cuatro años todos serán evaluados. En tal sentido, mociona se designen tres Magistrados por cada dos Consejeros coordinadores, que podrían ser seis de primera instancia del fuero civil –quienes experimentan mayor contacto con la población- y tres magistrados del fuero penal de instrucción, realizando un sorteo que represente el 60 % de la capital de la Provincia y el 40% del interior, tomando todo el interior de la Provincia como única Circunscripción a los fines del sorteo.

Agrega que lo importante es comenzar a cumplimentar la función constitucional asignada, brindando a la sociedad el mensaje esperado sobre el funcionamiento de la Justicia, a la luz de la evaluación que realizará un órgano participativo por fuera del Poder Judicial.

El consejero Altamirano retoma la palabra y refiere que este Consejo debe demostrar que tiene la vocación y decisión de realizar la función que le fuera impuesta.

Acto seguido la consejera Carla Castiglioni (abogados) comparte la moción vertida por el consejero Olivera.

Por su parte, el consejero Oscar Lavaggi (bloque MPN) manifiesta que no está de acuerdo en seguir avanzando con el sorteo y la definición de Magistrados a evaluar, sin antes concluir con la forma y el modo en que se llevarán a cabo las referidas evaluaciones.

Entiende que aún no se han fijado las pautas que ofrezcan las garantías suficientes tanto para el evaluado como para el evaluador. Señala que no intenta distraerse de la manda constitucional y, por el contrario, atendiendo a la trascendencia de la función y al precedente que el ejercicio de la misma dejará, insiste en estandarizar la forma y otorgar las mejores garantías.

El consejero Enry Rebolledo (bloque Apertura Popular) comparte la preocupación del consejero Lavaggi y mociona se trabaje en los puntos que faltan definir sobre la forma a fin de garantizar la trasparencia del proceso y los derechos del evaluado.

En tal sentido, vota por el inicio de las evaluaciones en el siguiente semestre, tal como fue resuelto en sesión pasada, se opone al sorteo de magistrados en la presente sesión, y comparte en seguir trabajando sobre aquellas cuestiones que puedan implicar una debilidad en las garantías del evaluado.

La consejera Norma Lacoste (bloque MPN) también comparte la postura del consejero Rebolledo y recalca que –a su entender- resulta de mayor urgencia e importancia definir qué y cómo se va a evaluar que el sorteo de los futuros evaluados.

Por último, la consejera Corvalán (sic) también adhiere a la postura del Consejero Lavaggi.

Seguidamente, el consejero Altamirano retoma la palabra y –a la luz del resultado de la votación- desea dejar sentada su decepción y frustración ante la decisión adoptada. Solicita se aclare y se proponga alguna moción concreta, refiriendo que hace tres años este Consejo se encuentra en funcionamiento, y desde hace un año se trabaja en el Reglamento de Evaluación, que ya fue aprobado y tiene plena vigencia, razón por la cual se siente comprometido a instar el inicio de esta función sin más dilaciones.

Acto seguido, la Presidenta sugiere que existe el tiempo suficiente para trabajar sobre los aspectos pendientes que refiere el consejero Lavaggi hasta dar comienzo a las evaluaciones en le segundo semestre.

En este estadio el consejero Olivera refiere que la postura del consejero Lavaggi, que sigue la mayoría, impide el cumplimiento de esta función constitucional y resalta que este Consejo está al borde del incumplimiento de una función pública.

El consejero Lavaggi en respuesta a las afirmaciones precedentes expresa que tiene su propia opinión sobre el tema, la que solicita sea respetada, reitera su preocupación por la amplitud del Reglamento que habilita a solicitar al evaluado cualquier documentación, y debido a ello insiste en profundizar sobre la forma de evaluar. Agrega que de ningún modo se opone al inicio de las evaluaciones en el segundo semestre.

La consejera Lacoste comparte la postura del consejero Lavaggi y mociona que al respecto se elabore una propuesta por cada Consejero sobre la forma y contenido de las evaluaciones, a fin de una deliberación final por parte del Cuerpo.

El consejero Olivera retoma la palabra y expresa que existen dos artículos del Reglamento que definen cual es la función y como hacerla, razón por la cual rechaza la dilación planteada por el consejero Lavaggi.

Acto seguido, el consejero Lavaggi reafirma su postura y alega que por resultar diferente a otras no puede dejar de respetarse. Aclara que no tiene intención de dilatar ni entorpecer el ejercicio de la función sino que –a su entender- deben adoptarse algunos recaudos que habiliten su ejercicio con mayor responsabilidad.

La consejera Castiglioni relata que un plenario o reunión de trabajo pasada ya se dialogó sobre este tema y se acordó en trabajar paralelamente en el sorteo y en los lineamientos para evaluar, un tema no resulta excluyente del otro y pueden hacerse en forma concomitante. Sin perjuicio de ello, agrega que en el marco de esta función las garantías están dadas incluso desde la propia Constitución, por lo cual ningún evaluador podría desconocerlas.

El consejero Altamirano coincide con la consejera Castiglioni y solicita se culmine con estas cuestiones que se han discutido hasta el hartazgo.

Por último, el consejero Rebolledo retoma la palabra y señala que su conducta a lo largo de estos tres años, lejos de ser dilatoria ha reflejado su compromiso con la función, de esta forma relata haber fundado desde el primer concurso su voto y haber presentado un proyecto propio de cada Reglamento, los que resultaron de utilidad para la normativa interna del Consejo que luego se aprobó. En ese orden de ideas, mociona que en el próximo plenario se incluya el tema de los magistrados a evaluar y se formulen las propuestas al respecto, debido a que el orden del día no reflejaba el tratamiento y definición de este punto en la presente sesión. Paralelamente, sugiere se continúe trabajando en el modo de concretar las evaluaciones hasta el inicio de las mismas en el segundo semestre, atento que si bien el Reglamento lo indica podría ahondarse sobre el punto y definirse más acabadamente.

Sometida a consideración esta última moción, el consejero Olivera refiere que la propuesta de su parte ya fue formulada en el presente acto, y compartida por los consejeros Castiglioni y Altamirano, razón por la cual sugiere a los restantes consejeros acerquen cada uno su propuesta para la próxima sesión en la que será deliberado y definido el tema por votación.

En consecuencia, por mayoría

Se resuelve: Incluir en el próximo orden del día la definición de los Funcionarios y/o Magistrados a evaluar y paralelamente trabajar sobre los aspectos prácticos de implementación de la función.

Encuesta sobre la imagen de los jueces

4 abril 2010 12:43 10 comentarios

Leo en Página 12:

Siete de cada diez argentinos consideran que los jueces no son ecuánimes y que la Justicia no funciona bien. Una gran mayoría piensa que los magistrados están politizados y que, además, en los últimos años empeoró la independencia de los jueces respecto del poder político. Más de la mitad de los ciudadanos cree que sería positivo que se les tome un examen cada cuatro años y una mayoría neta considera que, si se toma ese examen, los magistrados no perderían independencia.

Los datos, que surgen de una amplia encuesta sobre la Justicia realizada por la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), que dirige Enrique Zuleta Puceiro, muestran una situación de bajo prestigio del Poder Judicial.

El trabajo de OPSM se realizó entre el 20 y el 26 de marzo, abarcando a 1100 personas de todo el país. Se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y también por zonas y pertenencia a pequeñas y grandes ciudades.

La nota completa está aquí. Click sobre la imagen para verla más grande.

Las evaluciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre

31 marzo 2010 20:21 9 comentarios

Leo en la página de Convocatoria Neuquina:

Las evaluaciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre

Lo resolvió el Consejo de la Magistratura, que se debate en una interna por la aplicación del reglamento. El voto de Graciela Martínez de Corvalán fue determinante.

En una votación reñida, el Consejo de la Magistratura resolvió en su última sesión posponer la evaluación a magistrados y funcionarios hasta el segundo semestre del año.

La postura de la presidenta y representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el cuerpo, Graciela Martínez de Corvalán, resultó vital para determinar la fecha de inicio del proceso.

Tanto los consejeros Enry Rebolledo (bloque Apertura Popular), Oscar Lavaggi y Norma Lacoste (bloque Movimiento Popular Neuquino) sostuvieron que las evaluaciones debían comenzar en la segunda mitad del año, ya que de acuerdo al reglamento, durante el primer semestre el cuerpo establecería un plan de trabajo y notificaría al personal seleccionado.

Quienes se pronunciaron a favor de que la implementación sea durante el primer período fueron Gustavo Olivera (bloque Partido Justicialista), Carla Castiglioni y Hugo Altamirano (representantes de los abogados de la provincia). Hicieron hincapié en la necesidad de respetar el mandato constitucional.

La moción concreta de Olivera fue empezar con la evaluación de seis jueces civiles de primera instancia, cuya elección se realizaría por sorteo, de los cuales cuatro serían de la capital (primera circunscripción) y dos del interior (segunda a quinta circunscripción). En este punto Castiglioni acompañó la propuesta, aunque dijo que podían escogerse magistrados de otro fuero. Altamirano aseguró que ya era tiempo de cumplir, no sólo con el deber de seleccionar, sino también con el de evaluar.

El reglamento fue aprobado por el cuerpo el 17 de diciembre de 2009, y publicado en el boletín oficial de Neuquén el 5 de febrero de 2010.
Corvalán tuvo que desempatar y se pronunció a favor de que se pospusiera la ejecución. Reiteró sus argumentos, expuestos en la sesión del 2 de marzo pasada, referidos a que la normativa del Consejo se superpone con facultades de la Auditoría General del Poder Judicial, y la superintendencia del TSJ.

Altamirano le solicitó una aclaración de su decisión. La presidenta reiteró que “subsidiariamente” adhería a la iniciativa de comenzar en el segundo semestre, pues entendía que era necesaria una revisión. “Yo voto la no aplicación del reglamento”, afirmó.

Hasta aquí la nota en la página de Convocatoria.

Como aporte, recuerdo que aún está pendiente de definición la medida cautelar presentada ante el Tribunal Superior de Justicia por el presidente y el vice de la Asociación de Magistrados contra la aplicación del reglamento.

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