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Acción de inconstitucionalidad contra la evaluación de magistrados y funcionarios. Texto completo
Leo en la página de la Asociación de Magistrados y Funcionarios: Walter Richard Trincheri y Miguel Angel Valero, ambos por derecho propio, y con el patrocinio letrado de Julia Beatriz Buissón de Baggio y Silvio Leandro Baggio, quienes además comparecen en el carácter de apoderados de la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén” presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia la siguiente Acción de Inconstitucionalidad, en la que se reclama:
a.- Se declare la nulidad de la reforma introducida en el inciso 3 del artículo 251 de la Constitución provincial.
b.- Se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley N° 2533.
c.- Se declare la inconstitucionalidad del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura.
Las evaluaciones ya estaban suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, como pueden leer aquí.
Otro post vinculado al tema, aquí.
También a nivel nacional pierde fuerza la idea de evaluar a los jueces
Leo en Diario Judicial: Durante el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos en la Cámara de Diputados de este martes, los legisladores Diana Conti y Jorge Yoma (ambos del Frente para la Victoria) sorprendieron al expresar públicamente su desacuerdo con la iniciativa del diputado K Alejandro Rossi de evaluar a los jueces periódicamente y anunciaron que presentarán dictámenes propios para reformar el Consejo de la Magistratura.
En los primeros minutos de la reunión, que duró media hora, quedó claro que no se definirían los dictámenes. Así lo expresó el diputado Alejandro Rossi: manifestó que si bien preservaba su idea de tomar examen periódicamente a los jueces, se había replanteado hacerlo cada 7 años y no cada 4, como había propuesto originalmente. Muy cerca suyo estaba sentado el diputado K Carlos Kunkel.
Luego del anuncio de Rossi, pidió la palabra Jorge Yoma, quien ya había hecho público su desacuerdo con la idea de evaluar a los jueces pero ahora anunció que presentará un dictamen propio. “Valoro el trabajo intelectual de Rossi”, dijo el ex embajador argentino en México, al tiempo que aseguró tener una “visión particular” sobre el tema.
Otra sorpresa fue el anuncio de la diputada Diana Conti –actual consejera de la Magistratura- que manifestó que “tras una larga reflexión” y pese al apoyo de la mayoría de la sociedad a la idea de evaluar a los jueces (argumento esgrimido por el ministro de Justicia Julio Alak durante su visita al Congreso el 8 de abril) presentará un dictamen propio porque la idea de los exámenes a los magistrados “no resiste un examen de constitucionalidad”.
El resto de la nota, aquí.
Imagen tomada de aquí.
Suspendió el Tribunal Superior de Justicia las evaluaciones a los magistrados y funcionarios
El Tribunal Superior de Justicia suspendió las evaluaciones de los magistrados, al hacer lugar a un amparo presentado por la Asociación de Magistrados.
Consideró que la evaluación “pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales”.
Además rechazó la pretensión del consejero Gustavo Olivera de ser tenido como parte en el proceso.
Y aceptó por mayoría (con disidencia de Ricardo Kohon) la excusación de la vocal Graciela Martínez.
Más abajo pueden descargar el texto completo, cuya parte resolutiva señala:
1º) Rechazar in límine el pedido del Consejero Dr. Gustavo Olivera de ser tenido por parte en estos autos y, en consecuencia, ordenar el desglose y devolución del escrito de fs. 101/109 y la documental que allí se adjunta.
2º) Aceptar la excusación formulada a fs. 111 por la Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
3º) Tener presente lo manifestado por las Dras. Cecilia Pamphile y Luisa A. Bermúdez y hacerles saber que deberán continuar su intervención en los presentes.
4º) Suspender la vigencia del Art. 28 de la Ley 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes en estos autos, en tiempo y forma hábiles.
5º) Imponer las costas en el orden causado en atención a lo dispuesto en el considerando XIII (Arts. 69 del C.P.C y C. y 11 de la Ley 2.130)
Entre los argumentos, señaló el Tribunal Superior que “prima facie se vislumbra que la evaluación periódica de magistrados y funcionarios prevista en la normativa impugnada pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales consagrada en los Arts. 110, 115 y 120 de la Constitución Nacional, 229 de la Constitución Provincial, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
“El régimen aludido deja abierta la posibilidad de que los miembros del Poder Judicial comprendidos sean sometidos a un “estado de evaluación permanente”. Ello surgiría, prima facie , del “seguimiento” dispuesto en el Art. 25 del REID y de la periodicidad prevista, tanto en el Art. 11 del citado Reglamento como en el Art. 28 de la Ley 2.533. Periodicidad que sólo establece una frecuencia mínima de cuatro años, pero no obsta a que el proceso se active cuantas veces se desee”.
“La situación reseñada conllevaría una inadmisible presión a la que podrían verse sometidos jueces y funcionarios, la cual muy probablemente afectará su desempeño, con el consiguiente impacto en el servicio de justicia”.
“Y esa indeseable consecuencia colisionaría frontalmente, además, con las normas constitucionales invocadas por los actores, que establecen y garantizan el sistema republicano de gobierno, mediante la división de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, y la inamovilidad de jueces y funcionarios. También, quebrantaría el propio objeto y finalidad perseguido en el Reglamento en cuestión, en cuanto dice propiciar y contribuir en todo momento a “la calidad del servicio de justicia preservando la dignidad e independencia de las personas que lo prestan” (Art. 1º)”.
Con un click aquí encontrarán todas las notas publicadas sobre el tema.
El Consejo de la Magistratura evaluará al juez del caso Temux y al juez del caso Fuentealba II
Hoy sortearon la primera tanda de magistrados que serán evaluados por el Consejo de la Magistratura.
Son seis del fuero civil y tres del penal, 70 por ciento de la capital y el resto del interior tomado como distrito único.
El azar marcó a los jueces de Instrucción:
Marcelo Muñoz (el juez del caso Temux)
Cristian Piana (el juez del caso Fuentealba II)
Federico Sommer, de Junín de los Andes.
Y a los jueces y juezas civiles:
Gustavo Belli
Alejandra Bozzano
Elizabeth García Fleiss
Ana Mendos
Ivone San Martín Villablanca (Zapala)
Graciela Rossi (Chos Malal)
Las evaluaciones se harán en el segundo semestre. Los detalles aún son materia de discusión entre los consejeros.
Y está pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad contra las evaluaciones presentada por la Asociación de Magistrados.
El martes sortearán a los primeros jueces que serán evaluados por el Consejo de la Magistratura
En la reunión plenaria del martes, el Consejo de la Magistratura sorteará seis magistrados que serán los primeros en pasar por el proceso de evaluación. A esa definición se llegó después de una votación dividida.
Evaluar es una de las funciones que la Constitución le ha dado al Consejo, y contra la cual hay una acción de inconstitucionalidad, aún sin resolver, iniciada por el presidente de la Asociación de Magistrados.
En el acta que se levantó en la última sesión, y que pueden leer completa aquí el tema se debatió intensamente.
Aun a riesgo de hacer un post interminable (desaconsejado con fervor por todos los blogueros) creo que en este caso se justifica transcribir completo el punto en cuestión, para comodidad de los que quieran leerlo sin tener que hacer click a otro sitio o descargar el documento.
El acta en cuestión es la 19/10, el punto es el 5, y dice así:
El consejero Hugo Altamirano (abogados) refiere que no habiéndose dictado ninguna medida en contra de la manda constitucional, propone seguir avanzando con esta función. Expresa que si bien quedó resuelto el inicio de las evaluaciones en el segundo semestre, se podría ir elaborando el plan de acción con los Magistrados a evaluar, y esa es concretamente su moción sobre el punto.
Seguidamente la presidenta (Graciela Martínez, TSJ) manifiesta que presentó la excusación en la causa que se encuentra en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia.
El consejero Gustavo Olivera (bloque PJ) expresa que mantiene su postura y respecto a la designación de los Magistrados a evaluar entiende que resulta discrecional, sin que ello denote trascendencia, dado que al término de cuatro años todos serán evaluados. En tal sentido, mociona se designen tres Magistrados por cada dos Consejeros coordinadores, que podrían ser seis de primera instancia del fuero civil –quienes experimentan mayor contacto con la población- y tres magistrados del fuero penal de instrucción, realizando un sorteo que represente el 60 % de la capital de la Provincia y el 40% del interior, tomando todo el interior de la Provincia como única Circunscripción a los fines del sorteo.
Agrega que lo importante es comenzar a cumplimentar la función constitucional asignada, brindando a la sociedad el mensaje esperado sobre el funcionamiento de la Justicia, a la luz de la evaluación que realizará un órgano participativo por fuera del Poder Judicial.
El consejero Altamirano retoma la palabra y refiere que este Consejo debe demostrar que tiene la vocación y decisión de realizar la función que le fuera impuesta.
Acto seguido la consejera Carla Castiglioni (abogados) comparte la moción vertida por el consejero Olivera.
Por su parte, el consejero Oscar Lavaggi (bloque MPN) manifiesta que no está de acuerdo en seguir avanzando con el sorteo y la definición de Magistrados a evaluar, sin antes concluir con la forma y el modo en que se llevarán a cabo las referidas evaluaciones.
Entiende que aún no se han fijado las pautas que ofrezcan las garantías suficientes tanto para el evaluado como para el evaluador. Señala que no intenta distraerse de la manda constitucional y, por el contrario, atendiendo a la trascendencia de la función y al precedente que el ejercicio de la misma dejará, insiste en estandarizar la forma y otorgar las mejores garantías.
El consejero Enry Rebolledo (bloque Apertura Popular) comparte la preocupación del consejero Lavaggi y mociona se trabaje en los puntos que faltan definir sobre la forma a fin de garantizar la trasparencia del proceso y los derechos del evaluado.
En tal sentido, vota por el inicio de las evaluaciones en el siguiente semestre, tal como fue resuelto en sesión pasada, se opone al sorteo de magistrados en la presente sesión, y comparte en seguir trabajando sobre aquellas cuestiones que puedan implicar una debilidad en las garantías del evaluado.
La consejera Norma Lacoste (bloque MPN) también comparte la postura del consejero Rebolledo y recalca que –a su entender- resulta de mayor urgencia e importancia definir qué y cómo se va a evaluar que el sorteo de los futuros evaluados.
Por último, la consejera Corvalán (sic) también adhiere a la postura del Consejero Lavaggi.
Seguidamente, el consejero Altamirano retoma la palabra y –a la luz del resultado de la votación- desea dejar sentada su decepción y frustración ante la decisión adoptada. Solicita se aclare y se proponga alguna moción concreta, refiriendo que hace tres años este Consejo se encuentra en funcionamiento, y desde hace un año se trabaja en el Reglamento de Evaluación, que ya fue aprobado y tiene plena vigencia, razón por la cual se siente comprometido a instar el inicio de esta función sin más dilaciones.
Acto seguido, la Presidenta sugiere que existe el tiempo suficiente para trabajar sobre los aspectos pendientes que refiere el consejero Lavaggi hasta dar comienzo a las evaluaciones en le segundo semestre.
En este estadio el consejero Olivera refiere que la postura del consejero Lavaggi, que sigue la mayoría, impide el cumplimiento de esta función constitucional y resalta que este Consejo está al borde del incumplimiento de una función pública.
El consejero Lavaggi en respuesta a las afirmaciones precedentes expresa que tiene su propia opinión sobre el tema, la que solicita sea respetada, reitera su preocupación por la amplitud del Reglamento que habilita a solicitar al evaluado cualquier documentación, y debido a ello insiste en profundizar sobre la forma de evaluar. Agrega que de ningún modo se opone al inicio de las evaluaciones en el segundo semestre.
La consejera Lacoste comparte la postura del consejero Lavaggi y mociona que al respecto se elabore una propuesta por cada Consejero sobre la forma y contenido de las evaluaciones, a fin de una deliberación final por parte del Cuerpo.
El consejero Olivera retoma la palabra y expresa que existen dos artículos del Reglamento que definen cual es la función y como hacerla, razón por la cual rechaza la dilación planteada por el consejero Lavaggi.
Acto seguido, el consejero Lavaggi reafirma su postura y alega que por resultar diferente a otras no puede dejar de respetarse. Aclara que no tiene intención de dilatar ni entorpecer el ejercicio de la función sino que –a su entender- deben adoptarse algunos recaudos que habiliten su ejercicio con mayor responsabilidad.
La consejera Castiglioni relata que un plenario o reunión de trabajo pasada ya se dialogó sobre este tema y se acordó en trabajar paralelamente en el sorteo y en los lineamientos para evaluar, un tema no resulta excluyente del otro y pueden hacerse en forma concomitante. Sin perjuicio de ello, agrega que en el marco de esta función las garantías están dadas incluso desde la propia Constitución, por lo cual ningún evaluador podría desconocerlas.
El consejero Altamirano coincide con la consejera Castiglioni y solicita se culmine con estas cuestiones que se han discutido hasta el hartazgo.
Por último, el consejero Rebolledo retoma la palabra y señala que su conducta a lo largo de estos tres años, lejos de ser dilatoria ha reflejado su compromiso con la función, de esta forma relata haber fundado desde el primer concurso su voto y haber presentado un proyecto propio de cada Reglamento, los que resultaron de utilidad para la normativa interna del Consejo que luego se aprobó. En ese orden de ideas, mociona que en el próximo plenario se incluya el tema de los magistrados a evaluar y se formulen las propuestas al respecto, debido a que el orden del día no reflejaba el tratamiento y definición de este punto en la presente sesión. Paralelamente, sugiere se continúe trabajando en el modo de concretar las evaluaciones hasta el inicio de las mismas en el segundo semestre, atento que si bien el Reglamento lo indica podría ahondarse sobre el punto y definirse más acabadamente.
Sometida a consideración esta última moción, el consejero Olivera refiere que la propuesta de su parte ya fue formulada en el presente acto, y compartida por los consejeros Castiglioni y Altamirano, razón por la cual sugiere a los restantes consejeros acerquen cada uno su propuesta para la próxima sesión en la que será deliberado y definido el tema por votación.
En consecuencia, por mayoría
Se resuelve: Incluir en el próximo orden del día la definición de los Funcionarios y/o Magistrados a evaluar y paralelamente trabajar sobre los aspectos prácticos de implementación de la función.
Encuesta sobre la imagen de los jueces
Leo en Página 12:
Siete de cada diez argentinos consideran que los jueces no son ecuánimes y que la Justicia no funciona bien. Una gran mayoría piensa que los magistrados están politizados y que, además, en los últimos años empeoró la independencia de los jueces respecto del poder político. Más de la mitad de los ciudadanos cree que sería positivo que se les tome un examen cada cuatro años y una mayoría neta considera que, si se toma ese examen, los magistrados no perderían independencia.
Los datos, que surgen de una amplia encuesta sobre la Justicia realizada por la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), que dirige Enrique Zuleta Puceiro, muestran una situación de bajo prestigio del Poder Judicial.
El trabajo de OPSM se realizó entre el 20 y el 26 de marzo, abarcando a 1100 personas de todo el país. Se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y también por zonas y pertenencia a pequeñas y grandes ciudades.
La nota completa está aquí. Click sobre la imagen para verla más grande.
Las evaluciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre
Leo en la página de Convocatoria Neuquina:
Las evaluaciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre
Lo resolvió el Consejo de la Magistratura, que se debate en una interna por la aplicación del reglamento. El voto de Graciela Martínez de Corvalán fue determinante.
En una votación reñida, el Consejo de la Magistratura resolvió en su última sesión posponer la evaluación a magistrados y funcionarios hasta el segundo semestre del año.
La postura de la presidenta y representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el cuerpo, Graciela Martínez de Corvalán, resultó vital para determinar la fecha de inicio del proceso.
Tanto los consejeros Enry Rebolledo (bloque Apertura Popular), Oscar Lavaggi y Norma Lacoste (bloque Movimiento Popular Neuquino) sostuvieron que las evaluaciones debían comenzar en la segunda mitad del año, ya que de acuerdo al reglamento, durante el primer semestre el cuerpo establecería un plan de trabajo y notificaría al personal seleccionado.
Quienes se pronunciaron a favor de que la implementación sea durante el primer período fueron Gustavo Olivera (bloque Partido Justicialista), Carla Castiglioni y Hugo Altamirano (representantes de los abogados de la provincia). Hicieron hincapié en la necesidad de respetar el mandato constitucional.
La moción concreta de Olivera fue empezar con la evaluación de seis jueces civiles de primera instancia, cuya elección se realizaría por sorteo, de los cuales cuatro serían de la capital (primera circunscripción) y dos del interior (segunda a quinta circunscripción). En este punto Castiglioni acompañó la propuesta, aunque dijo que podían escogerse magistrados de otro fuero. Altamirano aseguró que ya era tiempo de cumplir, no sólo con el deber de seleccionar, sino también con el de evaluar.
El reglamento fue aprobado por el cuerpo el 17 de diciembre de 2009, y publicado en el boletín oficial de Neuquén el 5 de febrero de 2010.
Corvalán tuvo que desempatar y se pronunció a favor de que se pospusiera la ejecución. Reiteró sus argumentos, expuestos en la sesión del 2 de marzo pasada, referidos a que la normativa del Consejo se superpone con facultades de la Auditoría General del Poder Judicial, y la superintendencia del TSJ.
Altamirano le solicitó una aclaración de su decisión. La presidenta reiteró que «subsidiariamente» adhería a la iniciativa de comenzar en el segundo semestre, pues entendía que era necesaria una revisión. «Yo voto la no aplicación del reglamento», afirmó.
Hasta aquí la nota en la página de Convocatoria.
Como aporte, recuerdo que aún está pendiente de definición la medida cautelar presentada ante el Tribunal Superior de Justicia por el presidente y el vice de la Asociación de Magistrados contra la aplicación del reglamento.
Los magistrados fueron al TSJ en contra de las evaluaciones
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén presentó una medida cautelar para que el Tribunal Superior de Justicia “ordene la suspensión de la vigencia del art. 28 de la Ley 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, por resultar “manifiestamente inconstitucionales”.
La acción judicial, que figura en la página de la Asociación, está firmada por Walter Richard Trincheri y Miguel Angel Valero, presidente y vice, por derecho propio.
Aclaran que la presentación se realiza “de manera previa a la deducción de la acción de inconstitucionalidad que oportunamente presentaremos”.
La cautelar, que pueden descargar más abajo en formato word, dice en uno de sus párrafos:
“La independencia externa de magistrados y funcionarios requiere que éstos se encuentren exentos de vaivenes políticos, sin amenazas de ninguna índole respecto de su continuidad en el supuesto de tener que decidir en contra de la opinión y/o de los intereses de las circunstanciales mayorías políticas, e incluso de la opinión pública mayoritaria. Es por ello que la misma Constitución Provincial garantiza a los jueces y funcionarios judiciales la inamovilidad en el cargo, y el modo en que se determinarán la existencia de las causales previstas normativamente”.
“Es por ello que enfatizamos que establecer una periodicidad en la evaluación de idoneidad y desempeño de cuatro años como mínimo, agravada por el procedimiento inquisitivo plasmado en el reglamento, conculca la garantía de inamovilidad y afecta directamente a la independencia externa de la judicatura”.
Más sobre el debate por la evaluación de los magistrados
La semana pasada el blog anticipó: “Todos quieren evaluar a los magistrados” y publicó el texto completo del proyecto del oficialismo para reformar al Consejo de la Magistratura nacional.
El tema tiene inocultable ligazón con Neuquén: uno de los firmantes es el diputado Hugo Prieto, a quien los magistrados de la provincia llaman “el padre” del Consejo de la Magistratura neuquino.
En los fundamentos del «proyecto K», como gustan llamar algunos, están las razones por las cuales se pretende realizar esta evaluación cuya constitucionalidad ha dado origen a acalorados debates.
“Los mecanismos de evaluación de la idoneidad, si bien no son un procedimiento ordinario, tampoco son ajenos a nuestro país, ya que en la Provincia de Neuquén -artículo 251 de la Constitución de Neuquén y artículos 14 inc. c. 28 de la ley 2533- y en la Provincia de Chubut – artículo 192 de la Constitución de Chubut-, estos sistemas de evaluación periódica existen”, dice el proyecto del oficialismo.
En otro párrafo menciona: “Dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura, la Constitución Nacional enumera la de asegurar ‘la eficaz prestación de los servicios de justicia’ (art. 114 inc. 6). Para lograr este objetivo, es menester que se asegure la idoneidad de los jueces, y, uno de los mecanismos para lograr tal cometido, es la evaluación periódica de los magistrados del Poder Judicial”.
Sobre la constitucionalidad, dice en sus fundamentos: “En el artículo 1º de la Constitución Nacional, la Argentina adopta el sistema republicano de gobierno, que tiene como uno de sus pilares la periodicidad en los cargos. No obstante los jueces se presentan como una excepción ya que el art. 110 de la Constitución establece que ‘los Jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta’. (…) Siendo los magistrados del Poder Judicial una excepción al principio de periodicidad de los cargos, es menester articular procedimientos institucionales que examinen si su buena conducta se mantiene”.
Hasta aquí la cita nacional.
Busqué en el archivo el debate en la Convención Constituyente de 2006 para repasar cómo se dio en Neuquén el debate sobre la evaluación de los magistrados. Y me encontré con que apenas se discutió.
Aquí abajo está el diario de sesiones respectivo (formato pdf), el punto comienza en la página 106.
DEBATE EN LA CONSTITUYENTE 2006
Otras lecturas conexas:
“ONG piden una reforma democrática del Consejo de la Magistratura nacional. Sostienen que la reforma de 2006 tuvo serios déficits de legitimidad y configuró un retroceso respecto de un estado de situación que ya era deficiente. En este documento subrayaron la necesidad de que en esta oportunidad el debate fuera amplio y profundo, con tiempo suficiente como para que todos los actores interesados en realizar aportes sean escuchados sustantivamente a fin de iniciar un proceso serio de relegitimación del sistema de justicia.
Las ONG son ADC, ACIJ, CELS, CIPPEC, Poder Ciudadano y la Asociación de Usuarios y Consumidores. El texto completo, aquí.
Y el fin de semana aludió al tema Horacio Verbitsky en su columna en Página/12:
“La reflexión del diputado Alejandro Rossi sobre la composición del Poder Judicial suena algo anacrónica, sin registrar los cambios producidos en la magistratura desde que Roberto Bergalli la describió en una obra ya clásica. Pero el parangón de esa lectura ingenua con la Alemania nazi que hizo el presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo es de una desmesura y una agresividad tan ostensibles que cuesta entender el espacio que la Corte Suprema le otorgó en la página del Centro de Información Judicial, sin el menor comentario, como si compartiera su contenido. El riesgo de sobreactuar la independencia del gobierno se corporiza en esta página web, demasiado parecida a alguno de los diarios de la oposición y en cuyo foro de lectores ni siquiera hay que identificarse para publicar opiniones denigrantes contra las autoridades”.
La nota completa, aquí.
Todos quieren evaluar a los magistrados
Leo en Diario Judicial que a nivel nacional se está instalando un debate sobre el que se habla mucho por aquí:
“Proponen evaluar la idoneidad de los jueces cada 4 años. Es parte de un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura del diputado oficialista Alejandro Rossi, quien esta semana sugirió que se debería investigar la vida privada de los magistrados.
«También establece que sean removidos los magistrados que no obtengan un 60% del puntaje total en las pruebas de oposición. Y determina que los abogados sean elegidos por el voto popular.
La nota completa, aquí.
A propósito: el viernes hubo reunión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén. Conversaron sobre la situación del reglamento de evaluaciones y de la próxima presentación de la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (y si les va mal, otra vez a la Corte Suprema).
La fuente con la que hablé, de la conducción de la Asociación de Magistrados, me dijo que en su opinión los integrantes del Consejo de la Magistratura (salvo la presidencia) no están para nada dispuestos a poner el freno a las evaluaciones. Habrá que ver.
La presidenta le puso freno a la evaluación de magistrados y funcionarios
El Consejo de la Magistratura debió frenar la evaluación de magistrados y funcionarios, sin fecha cierta para su ejecución. Y en buena medida eso se debe a las cuatro carillas con objeciones al reglamento que les hizo llegar la nueva presidenta del cuerpo, Graciela Martínez. (Las pueden encontrar completas más abajo, están incluidas en el Acta número 8. Allí también constan las respuestas de los consejeros).
La vocal del TSJ les hizo notar a los consejeros que su reglamento de evaluación se superpone con las facultades de superintendencia del Tribunal Superior de Justicia y con las funciones de la Auditoría, entre otras fallas.
Su ejecución práctica podría provocar el absurdo de que tres organismos (TSJ, Auditoría y Consejo de la Magistratura) opinen distinto sobre el desempeño de un mismo magistrado.
La Corte Suprema había dado un aval implícito a la evaluación, que la Asociación de Magistrados sigue calificando de inconstitucional y por eso irá con un recurso y una medida cautelar al Tribunal Superior.
El Consejo había avanzado, tras una ronda de consultas con magistrados y funcionarios, con la elaboración del reglamento y su publicación en el Boletín Oficial.
Ahora, según se resolvió por mayoría en la reunión del Consejo de la Magistratura del martes, se abrió un nuevo espacio de “búsqueda de consensos” y por eso, en los hechos, la aplicación de la evaluación quedó suspendida sin fecha.
ACTA 8/2010 (formato word)
Está firme la evaluación de magistrados y funcionarios
La evaluación de magistrados y funcionarios de Neuquén sigue firme.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para entender en una demanda de inconstitucional promovida por la Asociación de Magistrados de Neuquén contra esa facultad del Consejo de la Magistratura.
Fue con los votos de Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni quedaron en minoría.
La AMyF no informó sobre este fallo pero hay razones para sospechar que lo conocía, porque la semana pasada su conducción anticipó que iría con su planteo al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Eso es, precisamente, lo que le recomendó la Corte.
Extraigo algunos párrafos de la sentencia que está completa más abajo:
“Aducen (los demandantes) que el sometimiento obligatorio de los magistrados y funcionarios que representan a dicha evaluación periódica y genérica es incompatible con el principio de inamovilidad constitucional, que sólo está supeditado al requisito de su buena conducta, y que únicamente puede ser apreciado por el Jurado de Enjuiciamiento, y no por el Consejo, previa denuncia o acusación, lo cual viola en forma directa los arts. 1°, 5°, 18, 31 y 110 de la Constitución Nacional y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y el resto de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional enunciados en el art. 75, inc. 22, de esa Ley Fundamental”.
“El Tribunal considera que tanto la inclusión del Consejo de la Magistratura en el diseño institucional de la provincia demandada, como las funciones que el poder constituyente le ha asignado a ese órgano -entre la que se encuentra la de evaluar periódicamente la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial- son asuntos que conciernen al procedimiento jurídico político de organización de ese Estado que resultan ajenos, en el sub lite, al control y la intervención de esta Corte a través de su competencia originaria (Fallos: 326:3105 y 3113; 329:224, 937 y 5814), por cuanto el cuestionamiento que de ellos se formula no remite directa y exclusivamente a la aplicación de prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, sino al examen detemas de índole local y de competencia de los poderes locales (Fallos: 240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232; 292:625)
“Esta circunstancia determina que sean los jueces provinciales quienes deban expedirse al respecto, ya que es imposible resolver ese planteo sin pronunciarse sobre cada una de las disposiciones en virtud de las cuales el poder constituyente de la provincia estableció la mentada atribución, interpretándolas en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles (arg. Fallos: 122:244; 306:1310; 311:1588, entre otros).
“Por lo tanto se resuelve: Declarar la incompetencia de la Corte para entender en la cuestión propuesta por vía de su jurisdicción originaria.
En su parte resolutiva, el fallo de la minoría dice:
“Declarar que esta causa corresponde a la competencia establecida en el art. 117 de la Constitución Nacional; II. Correr traslado de la demanda, la que se sustanciará por el trámite del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días al Gobernador de la Provincia del Neuquén, y al señor Fiscal de Estado; III. Rechazar la medida cautelar pedida.
Anexo: Reglamento de evaluación de los magistrados y funcionarios.
Magistrados versus abogados
Richard Trincheri, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo hoy que “la persona que ideó el proyecto de Consejo de la Magistratura que en definitiva sancionaron los convencionales, es una persona que no tiene mucho, por así decirlo, entre comillas, simpatía por los jueces. Ideó este mecanismo, se sancionó y hoy estamos sufriendo las consecuencias”.
Aludió, por supuesto, a Hugo Prieto, ex convencional quiroguista (del cual hoy está distanciado) y aliado con el bloque de convencionales del sobischismo (que integraban, entre otros, la actual consejera Carla Castiglioni, quien perdió en la elección del Colegio de Abogados pero igual es vicepresidenta del Consejo).
Con estas declaraciones de Trincheri se vuelve a instalar el debate: ¿Hubo en la convención una pulseada Asociación de Magistrados versus Colegio de Abogados?
Y más aún, ¿sigue vigente ese enfrentamiento?
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