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Declaran inadmisible el segundo pedido de jury contra la jueza Gloria Martina, de Zapala
El acta respectiva está aquí en formato word.
Aquí algunos antecedentes del caso.
Y ahora tiene la palabra el Consejo de la Magistratura, que debe resolver la continuidad del concurso 40.
¿Para qué sirve la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento?
Hablando de demoras, recién hoy el Jurado de Enjuiciamiento confirmó la declaración de inadmisibilidad de un pedido de jury contra la jueza Gloria Martina que la comisión especial había desestimado ¡en julio del año pasado! (la denuncia había sido presentada en abril de 2011).
Aquí está la resolución completa conocida hoy (atención al voto del diputado emepenista Darío Mattio).
El Jurado se metió a opinar pese a que la ley dice que si la denuncia es rechazada por la comisión especial, se dispondrá el archivo de las actuaciones.
Ahora bien, si ya está confirmado que la comisión especial no es vinculante, ¿cuál es el sentido de que siga existiendo?
Un pedido de jury lleva más de 8 meses sin definición
Desde hace más de ocho meses se tramita, sin llegar a ninguna definición, un pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza de Familia y Juicios Ejecutivos de Zapala, Gloria Martina. La ley fue reformada para evitar que el proceso se dilate en el tiempo, pero los diputados dejaron una grieta en el texto: los plazos empiezan a contarse cuando se abre la causa, algo que todavía no ocurrió.
Martina fue denunciada por el Colegio de Abogados de Zapala a principios de agosto del año pasado. Le atribuyeron mal desempeño, entre otras razones por un supuesto atraso en tramitar las causas.
Anteriormente la había denunciado el exintendente de la ciudad, Edgardo Sapag, porque la jueza no ordenó el desalojo de un grupo de empleados que habían tomado la municipalidad. Ese pedido de jury fue desestimado.
En cambio el del Colegio de Abogados tuvo acogida favorable: el 22 de noviembre de 2011, la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento declaró admisible la denuncia y solicitó que se le abra el proceso a la magistrada.
Pero esta decisión no es vinculante. El Jurado, que tiene siete miembros, puede opinar en el mismo sentido o considerar que no hay mérito para iniciar el jury.
Desde noviembre, los integrantes del Jurado tienen a estudio el expediente y no han resuelto qué hacer. Es más: recién el 29 de marzo último se pusieron de acuerdo respecto de quiénes son los integrantes. Se trata de Graciela Martínez, Ricardo Kohon, Guillermo Labate (por el Tribunal Superior); los diputados Pamela Mucci (Frente y la Participación), Darío Mattio (MPN); y los abogados de la matrícula Omar Busqueta y Andrea Zurita.
Al no haber decidido si abren o no el proceso, los plazos todavía no corren. El espíritu de la ley (procurar una respuesta rápida a denunciantes y denunciado) es el que sufre.
En medio de tanta indefinición, en octubre de 2011 Martina se inscribió para participar en un concurso para ascender a jueza de Cámara. Lo iba ganando con comodidad cuando, justo antes de la última etapa, renunciaron las otras participantes y quedó sola.
La situación es indédita por partida doble: nunca había sucedido que una candidata quedara sola en carrera, y tampoco que esa candidta tuviera un pedido de jury en su contra.
En febrero de este año, en una votación dividida, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender el concurso hasta que se resuelva el jury.
La comisión especial solicitó la apertura del Jurado de Enjuiciamiento para la jueza Martina
La comisión especial del jurado de enjuiciamiento solicitó que se le inicie el proceso de jury a la jueza de Familia y Juicios Ejecutivos de Zapala, Gloria Martina.
La comisión tuvo un pronunciamiento dividido: el abogado Alberto Urbieta y el diputado Marcelo Inaudi votaron por la apertura del jury, mientras que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Tribug, lo hizo en contra.
Ahora el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene siete integrantes, analizará el caso y resolverá si suspende a la magistrada para juzgarla. Mientras tanto, Martina está participando de un concurso en el Consejo de la Magistratura para ascender a jueza de Cámara también en Zapala.
El Jurado de Enjuiciamiento no está obligado a aceptar el dictamen de la comisión especial, como ya lo estableció en el precedente Domínguez: “Notoriamente se advierte (…) que el órgano de juzgamiento no se encuentra compelido a aceptar inexorablemente lo dictaminado por la Comisión Especial, sino que es una “facultad” con la que cuenta la de dar acogida favorable o no a su pretensión” (ver aquí).
El acta completa de la comisión especial está aquí.
La denuncia contra Martina fue presentada por el Colegio de Abogados de esa ciudad con las firmas de José Díaz Villar, Grecia Arratia Ortiz, Diego Koopmann Irízar y Diego Luis Manchini.
El primer voto de la comisión especial fue del abogado Urbieta. Tras analizar la acusación, propuso abrir el proceso por “mal desempeño en las funciones” de Martina debido a “mora en el dictado de providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas”. También le atribuyó “incumplimiento de sus específicos deberes como magistrada”, todo lo cual “permite razonable y fundadamente presumir un intolerable apartamiento de la misión confiada, con un daño al servicio y menoscabo del cargo o investidura que le fue confiado”.
Además, Urbieta le adjudicó “animosidad manifiesta advertida en algunos expedientes en perjuicio de alguna de las partes”.
En cambio Tribug dijo en su voto que “si se pretende un análisis imparcial de la denuncia, no puede omitirse la circunstancia que el volumen de expedientes migrados al Juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos Nº 2 superó ampliamente la capacidad de respuesta posible para quien se incorpora a la función”.
En ese contexto, y con relación a la mora denunciada, “si bien ésta se verifica objetivamente, no se ha producido por desidia o desinterés. Es decir, que falta el elemento que sustente el reproche disciplinario”.
Añadió, con relación al “desconocimiento reiterado y grave del derecho” al que aluden los denunciantes, que “tales cargos sólo traslucen meras discrepancias con las decisiones de la jueza”.
Fijan fecha para que la jueza Martina haga su decargo ante la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento
El próximo 4 de noviembre, la jueza Gloria Martina podrá contestar al pedido de jurado de enjuiciamiento en su contra que presentó el Colegio de Abogados de Zapala, ciudad donde ejerce como titular del juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos.
Así lo dispuso la comisión especial que resolverá si el pedido de jury es admisible o no. Está integrada por Alberto Tribug, Marcelo Inaudi y Ariel Urbieta.
Este es el segundo pedido de jury que enfrenta la magistrada en sus dos años en el cargo. El anterior lo había presentado el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, porque Martina se negó a criminalizar una protesta social, y fue rechazado.
El Colegio de Abogados fundamentó su pedido de jury en la “excesiva demora” en la tramitación de expedientes. “Esos hechos consisten en un mal desempeño por atraso anormal y persistente por una parte y por la otra en tomar decisiones ignorando la ley y los principios irrenunciables en un estado de derecho, como el de escuchar a ambas partes antes de decidir”, aseguró el Colegio en un documento de prensa cuando hizo la denuncia.
La Asociación de Magistrados respalda la actuación de Martina, y denuncia que sufre “una sistemática persecución” porque hay sectores disconformes con sus fallos.
Martina también ha declarado públicamente que sus sentencias “molestan”, y no descartó otras motivaciones.
Actualmente, la jueza se postula en el concurso para cubrir una vacante en la Cámara de Todos los Fueros de Zapala.
Si la comisión especial declara admisible el pedido de los abogados, el expediente pasará a consideración del Jurado que integran vocales del TSJ, legisladores y abogados. En cambio si lo rechazan, el caso pasará al archivo.
El acta de la comisión especial está aquí.
Desestimaron el pedido de jurado de enjuiciamiento contra la fiscal González Taboada
La información oficial será dada a conocer mañana viernes, pero ya tienen el anticipo.
La Asociación de Magistrados denuncia «sistemática persecución» contra la jueza Martina
Copio y pego el comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que
rechaza categóricamente la sistemática persecución que sufre la Juez de Juicios Ejecutivos y Familia Nro.2 de la ciudad de Zapala, Gloria Martina, quien días atrás fue nuevamente denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento, esta vez por el Colegio de Abogados de aquella ciudad.
Como ha sostenido invariablemente esta Asociación, no puede utilizarse la excepcional herramienta del enjuiciamiento político alegando supuesto mal desempeño de un magistrado cuando, en realidad, solamente se trata de una disconformidad con el sentido de sus fallos o con sus criterios o con su metodología de trabajo.
En ningún caso esto último puede ser revisado por el poder de enjuiciamiento o disciplinario. Mas bien, este tipo de denuncias atentan contra la constitucional independencia de la que gozan todos los jueces en el ejercicio de su función con el único límite de respetar estrictamente el ordenamiento jurídico vigente, situación cumplida con creces por Martina, quien hasta el momento sólo ha dado muestras de actuar con el tesón, dedicación y probidad que diariamente debe demostrar todo juez para estar a la altura que las circunstancias exigen a su investidura».
Firman Richard Trincheri, presidente, y Alejandro Cabral, vicepresidente.
¿Una cuestión de cheques detrás de un pedido de jurado de enjuiciamiento?
Dijo hoy lunes la jueza Gloria Martina en La Palangana de FM UNC CALF que antes de su llegada al juzgado
los cheques por honorario no se libraban a nombre de sus beneficiarios. Primero que el Código Civil dice que el que paga mal, paga dos veces. Por supuesto que si el acreedor pagó bien y el juzgado sale pagando mal, ahí obviamente que me hubieran podido pedir la responsabilidad y bien hecho que estaría. Así que le requerí a los profesionales que fueran ellos los acreedores, que eran los verdaderos acreedores, que salieran a nombre de ellos los cheques, salvo que ellos cedieran su derecho, pero cedido en legal forma, es decir con constancia en el expediente, sea a través de un poder para percibir, sea a través de una escritura de cesión de derechos, o para no hacer onerosa la cuestión a través de una cesión judicial”.
¿Este es el motivo oculto por el cual otra vez intentan someterla a un jurado de enjuiciamiento?
Martina es titular del juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos de Zapala. Este año el intendente Edgardo Sapag (quien perdió la elección para renovar mandato y dejará el cargo) firmó un pedido de jury en contra de la magistrada porque se negó a criminalizar una protesta social. El pedido fue rechazado.
Ahora resulta más evidente que Martina tiene en contra a un sector del Colegio de Abogados, que anunció que le pedirá un nuevo jury por presunto mal desempeño.
Durante la entrevista con Marcelo Pascuccio la jueza también dijo:
Lo que molestan son mis resoluciones. Porque, bueno, si usted se fija, el primer jury, aparentemente, delineé el perfil de una revolucionaria izquierdista, que viene ahí a trasgredir todo el orden que estaba fijado, bueno, ningún juez decidió como ella, es una barbaridad, no permite que la municipalidad recaude tasas, ese era el argumento. Hoy usted mira el argumento, y soy una persona absolutamente reaccionaria, maltratadora, totalmente desinteresada de las víctimas, de los vulnerables… (sus propios empleados la defendieron de esas acusaciones) Bueno, ¿quién soy en realidad?, ¿qué es lo que molesta? Lo que molesta son mis resoluciones. Habrá que ir a mirar qué es lo que resuelvo. Es lo que resuelvo lo que molesta. Habrá que mirar qué profesionales no están conformes con la resolución, y bueno, no las apelan por otra parte. Porque el conducto, el carril procesal normal, para que usted se alce contra la resolución de un juez es la apelación, no es el juicio político. El tema es que molestó, evidentemente, y la corporación está molesta”.
En un tiro por elevación hacia algunos colegas, también declaró:
Cuando vamos a debatir qué perfil de juez queremos, debatámoslo en serio y con coherencia, no simplemente para quedar bien en una entrevista personal, o para ganar un concurso, sino que además permitamos que los demás sostengan esos principios desde el ejercicio de la función”.
El nuevo pedido de jury todavía no fue presentado. Al menos hasta hoy lunes, la jueza no fue notificada.
Declaran inadmisible el pedido de jury contra la jueza que se negó a ordenar el desalojo de una protesta gremial. Resolución completa
La comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible el pedido de jury contra la jueza Gloria Martina.
Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de Instrucción de Zapala, había sido denunciada por el intendente de la ciudad, Edgardo Sapag, porque se negó a ordenar el desalojo compulsivo de la municipalidad durante una protesta gremial.
La comisión especial consideró que imputarle “mal desempeño” a la jueza por su actitud implicaría comprometer “la garantía constitucional de la inamovilidad e imparcialidad con la que debe protegerse la función del magistrado judicial”. Además la decisión de la jueza no era definitiva ni irreparable; de hecho fue apelada y revocada en una instancia superior.
En otras palabras, la comisión especial ratificó que no se puede remover a un juez por el contenido de sus resoluciones, tal como viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo dictado el martes consta del voto del fiscal Alberto Tribug al que adhieren el diputado radical Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta. Los tres integran la comisión especial que evalúa la admisibilidad o no de los pedidos de jury.
Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 17 de julio del año pasado, cuando un grupo de trabajadores municipales ocupó la intendencia durante una protesta gremial.
El intendente Sapag presentó una denuncia y pidió el desalojo. El fiscal Héctor Trova, “sin haber efectuado ninguna medida probatoria, sólo con la denuncia”, dice la resolución conocida ayer, efectuó el requerimiento de instrucción y le solicitó a la jueza Martina que realice una inspección del lugar e identifique a los manifestantes.
La jueza lo hizo, a través de la policía, y luego desestimó el pedido de desalojo. El fiscal insistió, y Martina volvió a contestarle que el conflicto en cuestión no debía criminalizarse ya que se trataba de una protesta social.
Muchos meses después, el 8 de abril de este año, aterrizó el pedido de jury de Sapag que ayer fue archivado.
El voto de Tribug rescata un párrafo de la Corte: “resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto”.
También dijo Tribug que la decisión que tomó en su momento la jueza “no constituye un actuar que implique un desconocimiento del derecho”.
El acta completa en formato word pueden descargarla aquí.
La foto es de Leo Petricio.
La jueza Martina defendió su criterio de no criminalizar la protesta social
La jueza Martina se presentó ante la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento. Aquí la crónica que escribí para el diario:
La jueza Gloria Martina defendió su independencia de criterio y pidió que se rechace el pedido de jurado de enjuiciamiento que formuló en su contra el intendente de Zapala, Edgardo Sapag. “Me están cuestionando por el modo en que dicté el fallo”, dijo la magistrada, en alusión a la resolución mediante la cual se negó a ordenar un desalojo. Agregó que “volvería a firmar la misma resolución”.
Martina, jueza de Familia y Juicios Ejecutivos, y subrogante en el juzgado de instrucción de Zapala, se presentó ayer ante la comisión especial que debe definir si dclara admisible o si rechaza el pedido de jury. Ese cuerpo, integrado por el fiscal Alberto Tribug, el diputado Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta, tiene plazo hasta el 23 de julio para expedirse.
La magistrada recibió el respaldo de organismos de derechos humanos. También de la Asociación de Magistrados, el gremio judicial Sejun, Convocatoria Neuquina, el equipo de violencia familiar del hospital Zapala, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, los descamisados y la biblioteca Elordi, entre otros.
En declaraciones a la prensa luego de su pesentación, Martina consideró que “desde lo ético es importante sostener con el cuerpo lo que uno resuelve en la soledad del despacho. Por eso estoy conforme con haber venido a realizar mi descargo personalmente”.
En julio de 2010, actuando como jueza penal subrogante, Martina se negó a ordenar el desalojo del edificio municipal de Zapala, ocupado por empleados que reclamaban aumento salarial. El intendente Sapag, derrotado en las últimas elecciones, le pidió un jury. Dijo, entre otros argumentos, que fue “la primera vez que un juez de Zapala” adopta el criterio de no criminalizar la protesta social.
Al respecto Martina señaló que “los jueces estamos obligados a fallar conforme la Constitución y la ley, no de acuerdo al criterio de otros jueces. Respeto el criterio de los colegas pero reivindico para mí el derecho de que se me permita disponer del mío”.
Su defensor, Ricardo Mendaña, dijo que este es un caso testigo. “La sociedad quiere jueces con coraje cívico y valentía para sostener criterios. La actitud del intendente de ir contra la jueza simplemente porque tomó una decision adversa constituye un peligroso antecedente. Respetamos otras opiniones, pero el derecho no progresa amordazando jueces y atándoles la mano”.
La resolución completa de la jueza está al final de este post.
La comisión especial volverá a reunirse el martes 5 de julio a las 11. El orden de votación para este caso es el siguiente: Tribug, Urbieta, Inaudi.
Respaldo a Martina, la jueza con pedido de jury porque se negó a desalojar una protesta de trabajadores
En las últimas horas surgieron varias expresiones de apoyo a la jueza Gloria Martina, a quien el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, le pidió un jurado de enjuiciamiento porque se negó a ordenar un desalojo.
Este jueves 23 se reunirá la comisión especial que evaluará la admisibilidad de la denuncia. Martina pidió que la escuchen antes de tomar una decisión.
La acusada es jueza de Familia en Zapala. En julio de 2010, subrogando en el juzgado penal por la feria de invierno, se negó a ordenar el desalojo de un grupo de empleados que ocupaban el edificio municipal por un reclamo laboral.
Más abajo pueden descargar completa su resolución.
La gravedad del caso es que se pretende remover a una jueza por el contenido de su sentencia.
La denuncia está a consideración de una comisión que integran el fiscal Alberto Tribug, el diputado Marcelo Inaudi y el abogado Ariel Urbieta.
El caso Martina mantiene dividido al ambiente judicial de Zapala. Hay varios magistrados y funcionarios que no ven con desagrado esta embestida en su contra. Tampoco, al parecer, el colegio de abogados de la ciudad.
Después de todo Martina no proviene del riñón del Poder Judicial, ni siquiera es de la provincia. Llegó de Formosa hace unos años y por lo que me cuentan, desde el juzgado de Familia tomó algunas decisiones que molestaron.
Por algo entre los fundamentos del pedido de jurado de enjuiciamiento, al pie del cual sólo figura la firma del intendente Sapag y no de quien lo escribió, se la cuestiona porque su resolución mediante la cual no se criminaliza la protesta social “modifica criterios judiciales aplicados, siendo la primera vez que un juez de Zapala adopta esta tesitura”.
Entre las adhesiones y respaldos que recibió en las últimas horas figuran el de la Asociación de Magistrados:
La impugnación o cuestionamiento de las decisiones judiciales debe hacerse por los carriles procesales previstos en la ley, sin desnaturalizar aquellos mecanismos constitucionales que han sido previstos exclusivamente para sancionar el mal desempeño de los Jueces y no para lograr que se cambie algún criterio o resolución jurisdiccional”.
Más abajo pueden descargar el comunicado completo.
Por su parte el gremio judicial Sejun y la organización Convocatoria Neuquina expresaron:
nuestra preocupación frente a las acciones de sectores corporativos del propio poder judicial, que por fines absolutamente subalternos vienen hostilizando a la jueza Martina a través de denuncias, la promoción de sumarios administrativos y cuestionamientos infundadas, con el propósito de minar progresivamente su credibilidad, su independencia, y su fortaleza anímica.
El comunicado completo también está al final del post para descargar.
El miércoles, en tanto, se publicó una solicitada en el diario en defensa de la jueza. La firman militantes gremiales, sociales y políticos.
Consideramos la denuncia en su contra como una feroz embestida que sufre la jueza, victimizada exclusivamente por su claro perfil independiente y en pro de los derechos humanos. (Martina) demostró desde el inicio de su gestión, un compromiso inclaudicable con la perspectiva de género, con el acompañamiento a sectores marginados de nuestra sociedad, y que públicamente se ha pronunciado a favor de la no sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad de menores. Repudiamos enérgicamente estos actos dirigidos a castigar y disciplinar a jueces independientes”.
«Criminalizar la protesta tiende a disciplinar al vulnerable. En eso no me hago cómplice». De la jueza denunciada por no ordenar un desalojo
Aquí está parte de una nota que escribí para el diario, con algunos añadidos que pueden resultar de interés.
La jueza Gloria Martina consideró “un directo y certero ataque a la independencia judicial” el pedido de jury que presentó en su contra el intendente de Zapala, Edgardo Sapag. El motivo fue que la magistrada se negó a desalojar por la fuerza la municipalidad cuando estaba ocupada por empleados en huelga. “Meter el derecho penal en un lugar donde no hay delito es una criminalizacion de la protesta que lo único que tiende es a disciplinar al vulnerable para evitar que su protesta pueda ser escuchada. Yo en eso no me hago cómplice”, afirmó la magistrada.
Martina es jueza de Familia en Zapala. En la feria judicial de invierno de 2010 actuó como subrogante del juzgado de Instrucción, y en esa ocasión los empleados municipales ocuparon el hall del edificio comunal.
El fiscal Héctor Trova le pidió que desaloje “con el uso de la fuerza pública” en dos oportunidades. Pero la magistrada comprobó que la protesta era pacífica, que no se impedía el acceso del público, y que se trataba de un conflicto gremial que debía ser resuelto por la vía de la negociación. En consecuencia, rechazó los pedidos.
El viernes pasado, casi un año después de aquellos acontecimientos, la notificaron de que el intendente Sapag había pedido que le inicien un jury.
Consideró “muy preocupante” que en la denuncia en su contra se consigne que “he sido el primer juez de Zapala que se ha negado a cumplir este requerimiento de desalojo. Ahí hay un ataque directo y certero contra la independencia del juez”.
Martina será defendida en este caso por los abogados Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri.
Hasta aquí los fragmentos de la nota que se publicará mañana miércoles, si el espacio disponible lo permite.
Quizá los memoriosos recuerden el paso de la ahora jueza Martina por el Consejo de la Magistratura (a ese instante pertenece la foto vintage que ilustra el post).
Esta abogada nacida en Chaco y criada en Formosa, donde ejerció la profesión durante 25 años, ya había dejado en claro durante la entrevista personal con los consejeros cuál era su postura ante la protesta social.
“Tratamos de no judicializar la pobreza. Tratamos de ver a la gente no como alguien que genera problemas sino que le podemos buscar soluciones”, dijo en ese entonces.
Sobre los cortes de ruta opinó: “En esos casos en que hay tensión entre derechos pueden mantenerse ambos, limitándolos. Por ejemplo limitar el corte de ruta a una mano, o levantarlo cada hora. Las personas tendrán demoras para circular pero no imposibilidad”.
La crónica que publiqué en el blog está aquí y la nota del diario aquí.
Como podrán comprobar si visitan los link, en ese concurso se dio un interesante contrapunto entre dos candidatas con perfiles muy distintos.
Jurado de Enjuiciamiento modelo 2011
La Legislatura designó hoy a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento para el período 2011/2012.
Los diputados fueron designados por acuerdo entre los bloques, y los abogados por sorteo.
De la misma manera designaron a los integrantes de la comisión especial que declara admisibles o no los pedidos de jury (ley 2698).
En esta comisión, su creador Marcelo Inaudi quedó como integrante por la Legislatura.
Los representantes del Tribunal Superior de Justicia en el Jurado son Graciela Martínez (Presidenta), Ricardo Kohon y Guillermo Labate (Vocales), y en la comisión especial, Alberto Tribug.
Los designados ayer son:
Diputados titulares:
Darío Mattio (MPN)
Miguel Guidali (PJ)
Suplentes:
Juan Oltolina (UCR)
Horacio Rachid (Opción Federal)
Abogados titulares:
Claudia Mirabito
Omar Busqueta
Suplentes:
Josefa Zurita
Hernán Elizondo
Comisión especial:
Diputado titular:
Marcelo Inaudi (UCR)
Suplentes:
Ariel Sandoval (MPN)
Andrea Obregón (MPN)
Abogado titular:
Ariel Urbieta
Suplentes:
Javier Volpe
Martin Brasili
La imagen es una captura de pantalla de la página web de la Legislatura, que trasmitió en vivo la sesión.
Golpe de gracia a la ley que modificó el Jurado de Enjuiciamiento: declaran inadmisible la denuncia contra Domínguez
El Jurado de Enjuiciamiento acaba de darle un golpe mortal a la ley que modificó el mecanismo de aceptación de las denuncias contra magistrados y funcionarios.
Al rechazar hoy la denuncia contra el juez Oscar Domínguez (después de analizar el caso durante un año) dijo el Jurado: “Notoriamente se advierte (…) que el órgano de juzgamiento no se encuentra compelido a aceptar inexorablemente lo dictaminado por la Comisión Especial, sino que es una “facultad” con la que cuenta la de dar acogida favorable o no a su pretensión”.
La denuncia contra Domínguez había sido declarada admisible por la comisión especial.
Ya en julio pasado me preguntaba en este post qué pasaría ante la declaración de admisibilidad de la denuncia contra Domínguez por parte de la comisión especial.
“¿El Jurado de Enjuiciamiento debe, inexorablemente, abrir el proceso y suspender al juez? ¿O el dictamen de la comisión especial no es vinculante? Si es vinculante, ¿por qué no lo suspende ya?”, me preguntaba.
Ahora resulta que el pronunciamiento de la Comisión Especial no es vinculante.
Y si no lo es, ¿para qué sirve?
Más aún: ¿qué pasa con todos las denuncias que declaró inadmisibles? ¿Llegaron a conocimiento del Jurado? ¿Las revisó?
El fallo del Jurado de Enjuiciamiento de hoy está aquí.
La ley 2698 que creó la Comisión Especial fue impulsada por los diputados Horacio Rachid y Marcelo Inaudi, quien viene coleccionando malas experiencias con las leyes que propone (ver el post siguiente).
Avatares de un pedido de jury que no le interesa a nadie
Hace más de un año que se presentó una denuncia por presunto mal desempeño contra un juez de la provincia.
Hace casi cuatro meses que una comisión especial consideró que correspondía abrir el proceso de jurado de enjuiciamiento contra ese magistrado.
Sin embargo todavía no se tomó ninguna decisión.
El asunto parece no importarle mucho a nadie. Está por completo afuera de la agenda de diputados, abogados y miembros del Poder Judicial (los tres sectores que integran el jurado de enjuiciamiento). Y da la impresión de que el grueso de la sociedad ni se ha enterado siquiera.
El juez en cuestión es Oscar Domínguez, de Zapala. El Jurado debía reunirse hoy para tomar una decisión pero faltó uno de sus integrantes, el diputado José Luis Sáez, casualmente también de Zapala.
De acuerdo con la cronología publicada en la página oficial del Poder Judicial, la primera reunión para considerar la denuncia contra Domínguez se realizó el 23 de marzo de 2010.
El 20 de julio, la comisión especial creada por la ley 2698 solicitaron la apertura del proceso.
Desde entonces el Jurado se reunió pocas veces, casi siempre debido a ausencias de sus integrantes.
En el caso de María Alejandra Giunti (representante de los abogados) fue por su embarazo y al haberse agotado la lista de suplentes no había a quien convocar. Pero a nadie se le ocurrió hacer interpretaciones de textos legales, o dictar nuevos, para salvar el inconveniente. Quizá en este caso no se podía. Quizá a nadie le interesa el tema.
La duración del proceso y la actuación del diputado Sáez fueron criticadas en su momento por la Asociación de Magistrados en otro jury (ver aquí).
En el caso Domínguez el tiempo sigue pasando y… nada.
Acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento
El 22 de julio pasado escribí: “es cada vez más fuerte la versión de que habrá una acción de inconstitucionalidad” contra la ley que creó la Comisión Especial para que se encargue de declarar la admisibilidad o no de los pedidos de jury. «Podría suceder más o menos en simultáneo con la apertura del proceso contra el juez de Zapala Oscar Domínguez».
Hoy leo en la página del Poder Judicial: “En el día de hoy se reunió el Jurado de Enjuiciamiento que entiende en autos “D.O. sobre Jurado de Enjuiciamiento” Expte. N° 25/2009. En la oportunidad se pasó a estudio la presentación realizada por Oscar Domínguez que, entre otros aspectos, plantea la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 2698 que modificó el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento”.
“Se fijó, además, como próxima fecha de reunión el 2 de Noviembre de 2010 a las 12.30 hs.”
“El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por Oscar Massei e integrado por Ricardo Kohon y Guillermo Labate (subrogante), los diputados José Luis Saez (UCR) y Jorge Della Gáspera (MPN) y los abogados María Alejandra Giunti y Jorge Brillo”.
Habrá que esperar al 2 de noviembre. Ya sé, también escribí que el jury iba a producir definiciones después de la feria de invierno y lo hará (si lo hace) cerca de la feria de verano, pero existieron problemas de integración del jurado que estiraron los tiempos.
Declaran inadmisible el pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra dos fiscales
La comisión especial que analiza los pedidos de jurado de enjuiciamiento desestimó hoy una denuncia contra los fiscales Santiago Terán y Marisa Czajka presentada por la Petrolera Piedra del Águila SA.
Según podrán leer en el acta 12 (click aquí) la acusación contra los fiscales se remontaba a su desempeño en una causa por presunta usurpación por parte de una comunidad mapuche.
A criterio de la empresa, “la figura penal imputada en autos a los enrostrados de la causa referida, usurpación, es ‘materialmente extraña’, considerando que debía haberse calificado el hecho en forma diferente, es decir como coacción agravada. Endilga esta circunstancia a que el Ministerio público ‘no realizó siquiera una lectura integral y contextual de los testimonios obrantes’ y que por esta razón, en definitiva, se terminó sobreseyendo a los imputados”.
“En relación con el Fiscal de Cámara, expresa que al recibir el expediente en consulta, incurrió en un grosero incumplimiento funcional por no haber modificado la posición del Fiscal de Primera instancia y en función de los términos utilizados en el escrito”.
Al parecer los escritos entre las partes en esa causa fueron durísimos.
Dice el acta 12 que “el denunciante alega que en la opinión vertida por el Fiscal de Cámara, surgen frases injuriantes”, mientras que la fiscal se quejó por “la falta de decoro a la investidura que la funcionaria representa, ofendiendo y desacreditando la actuación del Ministerio Público con términos injuriantes y calumniantes por parte del denunciante”.
La comisión especial que declaró inadmisible el pedido de jury estuvo integrada por Alejandra Bozzano (subrogante), el diputado Daniel Baum y la abogada Paola Carranza.
Si no saqué mal las cuentas, el único jury que queda sin resolver es el del juez Oscar Domínguez, que fue declarado admisible por la comisión especial y mantenido en reserva por estar involucrado un menor de edad. Problemas de integración del Jurado son los que estarían dilatando una resolución.
Desestiman pedido de jury contra el fiscal de Estado presentado por una comunidad mapuche
La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible una denuncia contra el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, presentada por la comunidad mapuche Mellao Morales.
El caso está atravesado por el conflicto de la mina Campana Mahuida, y la Comisión Especial consideró que “la conducta y desempeño del Dr. Gaitán no nos parece plausible (sic) de reproche atento que al cumplir con la defensa de los intereses del Estado, su actuación fue objetivamente correcta”.
“Adviértase –agrega- que hemos considerado calificarla como objetivamente correcta, por cuanto ha sido en cumplimiento de una facultad discrecional de actuar, fortaleciendo la garantía institucional de independencia de conformidad a lo aludido anteriormente”.
Pero la resolución está además impregnado de cierta desconfianza que genera la ley 2698 que creó justamente la Comisión Especial para que se encargue de declarar la admisibilidad o no de los pedidos de jury.
Varios de sus párrafos (aquí está completa) aluden al tema.
De paso comento que es cada vez más fuerte la versión de que habrá una acción de inconstitucionalidad contra esta ley.
Podría suceder más o menos en simultáneo con la apertura del proceso contra el juez de Zapala Oscar Domínguez, que debería resolverse la semana próxima.
Ahí se verá entonces hasta dónde llega la solidez de otro artículo, el artículo 39, que contempla la posibilidad de suspender los plazos para resolver el caso si se suscita un conflicto de poderes. (Se contemplan 90 días hábiles prorrogables por otros 60).
Y una hipótesis para terminar: si se llegara a declarar la inconstitucionalidad de la ley, ¿qué pasará con los pedidos de jury que ya fueron desestimados por la Comisión Especial? ¿Los autores tendrán una segunda oportunidad o ya es cosa juzgada?
Siguen los problemas de interpretación de la ley que modificó al Jurado de Enjuiciamiento
Ya decía yo que venía con dudas la aplicación de la ley que reformó el Jurado de Enjuiciamiento.
Hoy se tuvo que reunir de emergencia la Comisión Especial para rectificar lo que había escrito la semana pasada, en el punto referido a “decretar la admisibilidad (de la denuncia) y en consecuencia la apertura” del proceso contra el juez Oscar Domínguez, de Zapala.
Informa la página oficial del Poder Judicial que “los integrantes de la Comisión Especial consideraron que se trata de un error susceptible de ser subsanado por la vía escogida, toda vez que el interesado no se encuentra notificado”.
“Entendieron que una recta interpretación de la normativa prevista en el art. 18 inc. 3) de la Ley 2698, atribuye a la Comisión la facultad de “solicitar la apertura” del proceso constitucional pero no la de decretar la admisibilidad y apertura del mismo como se había resuelto, atribución que se encuentra en cabeza del órgano constitucional correspondiente”.
“Por otro lado, quedará en cabeza del Jurado de Enjuiciamiento la función de notificar, en los términos del art. 19 de la Ley 2698 al interesado, ‘cuando el Jurado Disponga la apertura’, si así lo decidiera dicho cuerpo”.
Vuelvo a las preguntas: Si el dictamen de la comisión especial no es vinculante, ¿cómo hará el Jurado para decidir si abre o el proceso o no, sin cometer el pecado de leer los antecedentes del caso?
Un usuario del blog dejó este anticipo: “ya hay una entidad que está trabajando para plantear la inconstitucionalidad de la ley, que, sin dudas, es un mamarracho jurídico increíble”. Esa entidad sería la Asociación de Magistrados.
En medio de este laberinto, le sigo dando crédito a la fuente que me dijo que la semana que viene el Jurado notificará a Domínguez, lo suspenderá y abrirá el proceso.
Aunque está visto que puede pasar eso, o lo contrario.
Por último: celebro que el Poder Judicial esté cumpliendo con la saludable obligación de publicar los capítulos de esa saga, incluso de sus marchas, contramarchas y rectificaciones.
La semana próxima suspenderán al juez Domínguez de Zapala
Tenía algunas dudas con la ley que modifica en forma parcial el modo de funcionar del Jurado de Enjuiciamiento, y las reflejé en este post.
Hablé con una fuente judicial que hizo una interpretación de la ley, en base a lo cual escribí esta nota que se publica hoy en “Río Negro”:
La semana próxima, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria de invierno, el Jurado de Enjuiciamiento suspenderá en el cargo al juez de Instrucción de Zapala, Oscar Domínguez. Así trascendió de fuentes vinculadas con la causa, que señalaron que es vinculante el dictamen de la comisión especial que declaró admisible una denuncia contra el magistrado.
El tenor de la causa no se conoce porque la comisión especial que se analizó el tema la semana pasada resolvió “la reserva de la totalidad del trámite y sus resoluciones, por encontrarse involucrado un menor de edad y en función de la temática del expediente”.
Es la primera vez que se expide en forma positiva la comisión especial creada por una ley promulgada en mayo pasado. Su misión es pronunciarse sobre la admisibilidad o no de las denuncias contra magistrados y funcionarios, para evitar que el Jurado de Enjuiciamiento pierda su imparcialidad.
Las fuentes judiciales consultadas por “Río Negro” explicaron que cuando la comisión declara admisible una denuncia y requiere la suspensión del magistrado en cuestión, el Jurado está obligado a hacerlo.
Aclaró que la comisión especial tiene días corridos para expedirse, mientras que los plazos del Jurado se miden en días hábiles. Por eso recién se reunirá cuando termine la feria, le notificará al juez Domínguez que está suspendido en el cargo y le recortará el sueldo a la mitad.
El expediente pasará al fiscal -en este caso será un subrogante legal del fiscal Alberto Tribug, porque integra la comisión especial- que tendrá seis días para formular la acusación. El mismo plazo dispondrá la defensa para hacer su trabajo.
La comisión especial debe pronunciarse aún sobre otros pedidos de jury que fueron planteados contra los fiscales Santiago Terán y Marisa Czajka, el juez Federico Sommer y el fiscal de Estado Raúl Gaitán.
El Jurado de Enjuiciamiento que entenderá en el caso está integrado por Oscar Massei (presidente); Ricardo Kohon; Guillermo Labate (subrogante), los tres por el TSJ; José Luís Sáez y Jorge Della Gáspera (por la Legislatura), María Alejandra Giunti y Jorge Brillo (por los abogados).
En la práctica se ven las dudas que genera la ley que reformó al Jurado de Enjuiciamiento
La ley que reformó parcialmente al funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento empieza a mostrar grietas.
Hoy la comisión especial creada por esa ley declaró admisible la apertura del Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Instrucción de Zapala, Oscar Domínguez. También dispuso reservar las actuaciones “por encontrarse involucrado un menor de edad y en función de la temática del expediente”.
¿Qué pasará ahora? ¿El Jurado de Enjuiciamiento debe, inexorablemente, abrir el proceso y suspender al juez? ¿O el dictamen de la comisión especial no es vinculante? Si es vinculante, ¿por qué no lo suspende ya?
El texto de la ley (más abajo está el enlace) dice:
“Si existieren motivos suficientes para llevar adelante los procedimientos (la comisión) deberá cumplir con los siguientes recaudos:
a) Solicitar la apertura del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento, describiendo cada uno de los hechos que puedan constituir mal desempeño o comisión de delito y expresando los fundamentos que respaldan los cargos; y
b) Requerir al Jurado de enjuiciamiento la suspensión del denunciado”.
El artículo siguiente menciona:
“Cuando el Jurado de enjuiciamiento disponga la apertura del procedimiento, se notificará al magistrado o funcionario imputado y al fiscal, corriendo traslado a éste para que formule acusación, en el término de seis días”.
Por esas grietas se podría filtrar una acción de inconstitucionalidad, según se rumorea.
Esta ley fue impulsada por los diputados Horacio Rachid y Marcelo Inaudi. Su declarado objetivo fue evitar el riesgo de que el Jurado prejuzgue al decidir sobre la admisibilidad o no de una denuncia, y luego sustanciar todo el proceso hasta la sentencia.
(Con este criterio habría que crear un Tribunal Superior de Justicia paralelo, porque los vocales declaran la admisibilidad o no de los recursos de casación sobre los que luego entienden).
Busqué en la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobó la ley y sólo encontré esta referencia de Inaudi: “Esta comisión especial va a estar integrada por un juez del Tribunal Superior de Justicia, que no sea de los tres que ya integran el Jurado, por un diputado designado por esta Legislatura y por un abogado elegido por sorteo y esta comisión de tres miembros es la que sí va a tener que pronunciarse sobre la admisibilidad o no del proceso, con lo cual estamos resguardando también el carácter eminentemente político que tiene un Jurado de Enjuiciamiento”.
Por ahora Domínguez no está suspendido. ¿Los plazos para enjuiciarlo empezaron a correr?
El Jurado de Enjuiciamiento que entenderá en el caso está integrado por Oscar Massei (presidente); Ricardo Kohon; Guillermo Labate (Subrogante), los tres por el TSJ; José Luís Sáez y Jorge Della Gáspera (por la Legislatura), María Alejandra Giunti y Jorge Brillo (por los abogados).
Sigamos con las novedades del día.
La comisión declaró inadmisibles los pedidos de jurado de enjuiciamiento contra la jueza civil de Cutral Co Nancy Vielma, la jueza civil de Neuquén Paula Stanislavsky (ver aquí); la jueza de Instrucción de Chos Malal Mirtha Felau (ver aquí) y la jueza laboral de Neuquén Ana Lía Zapperi (ver aquí)
La comisión creada por ley 2698 estuvo integrada para la ocasión por Alberto Tribug (por el TSJ), Daniel Baum (por la Legislatura) y Paola Carranza (por los abogados).
Están dos de los tres integrantes de la comisión especial que analizará los pedidos de jury
Están dos de los tres integrantes de la comisión especial que analizará los pedidos de Jurado de Enjuiciamiento.
Por la Legislatura, Daniel Baum; suplentes, Aramid Monsalve y Andrea Obregón.
Por el Colegio de Abogados, Yésica Paola Carranza, suplentes Javier Kadamoto y Jorge Jamut Bezerra.
La figurita difícil es el representante del Tribunal Superior de Justicia, encargado de presidir la comisión. Las razones tratamos de explicarlas acá.
Actualización: por subrogancia legal, el representante del Tribunal Superior de Justicia en la comisión especial será el fiscal Alberto Tribug, salvo en los casos en que se excuse o sea recusado.
Sorteos, desafueros y otras novedades que habrá en la Legislatura vinculadas con el Poder Judicial
En la sesión de hoy de la Legislatura se nominarán y sortearán a los integrantes de la comisión especial encargada de analizar la admisibilidad de los pedidos de jurado de enjuiciamiento, sobre lo que hablamos en este post.
En el orden del día figuran, como últimos puntos, la “nominación de los diputados para integrar la Comisión Especial creada por Ley Nº 2698, en relación a la constitución del Jurado de Enjuiciamiento, un titular y dos suplentes”.
También, el sorteo de los profesionales matriculados en la provincia, en condiciones de integrar la misma Comisión Especial.
El problema lo tiene el Tribunal Superior de Justicia, que debido a las excusaciones y a la falta de un integrante, no tiene a quién proponer para que presida esa comisión.
En la sesión de hoy también figura, en el capítulo de los asuntos entrados, el pedido de desafuero del diputado Juan Gómez.
Y entre los despachos de comisión se destacan dos de la comisión de Asuntos Constitucionales que aconsejan, por unanimidad, que se traten los pliegos para la designación de Roberto Pablo Damián Fernández como defensor oficial de la Defensoría de Primera Instancia en Todos los Fueros de Rincón de los Sauces, y de Alejandra Barroso como jueza de Cámara en Todos los Fueros de Cutral Co.
Otra novedad es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, planteó ante la comisión de Asuntos Constitucionales la necesidad de unificar las Cámaras de Zapala.
Copio y pego del sitio web de la Legislatura: “Con relación al proyecto de unificación de Cámaras en Zapala, Labate indicó que el pedido -presentado por el propio TSJ- surge a partir de la creación de juzgados (debe decir Cámaras) multifueros en San Martín de los Andes y Cutral Co, factor que incidió en la disminución del nivel de ingreso de expedientes en la sede zapalina. Subrayó que la medida contribuye a optimizar el recurso humano y adaptar las estructuras”.
Los siete pedidos de jury están pendientes de la nueva ley
Leo en la página del Poder Judicial:
“Causa ‘Terán Santiago y Czajka Marisa sobre Jurado de Enjuiciamiento’. Mediante Acuerdo N° 252/2010, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a cuarto intermedio la denuncia formulada contra los funcionarios aludidos, por considerar que es necesario profundizar el estudio de la misma, como así los antecedentes obrantes en la causa.
“La resolución se tomó luego de una deliberación entre los miembros del Jurado, en la reunión llevada a cabo en el día de la fecha (martes 8), a las 18:30”.
Ahora bien: ya está promulgada y publicada la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento que establece, entre una de sus modificaciones sustanciales, que (artículo18) “recibida la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento notificará al denunciado su constitución y la denuncia presentada en su contra. Asimismo, una Comisión especial examinará la denuncia y en su caso realizará información sumaria destinada a reunir pruebas para rechazar la denuncia o posibilitar la formulación de los cargos, y no podrá extenderse más de treinta días corridos. El denunciado podrá brindar explicaciones oralmente o por escrito, si así lo solicita”.
Hay siete pedidos de jury, entre ellos el que involucra a Terán y Czajka, sobre los cuales impacta la nueva legislación.
El tema ya fue tocado en este post y todavía no apareció una solución.
La comisión de admisibilidad, dice el mismo artículo 18, estará integrada por un vocal del Tribunal Superior de Justicia exceptuando los tres que no integren el Jurado (aquí hay un problema: debido a las excusaciones no hay vocales disponibles), por un diputado elegido en sesión y por un abogado de la provincia que surgirá de un sorteo.
La disposición transitoria contempla: “En la primera sesión a realizarse luego de la promulgación de la presente ley, se hará el sorteo de los integrantes de la Comisión especial, a fin que la misma quede constituida hasta el inicio del siguiente año legislativo”.
¿Cuándo es esa sesión? El miércoles 9.
Traté de averiguar, sin éxito, si el tema está incluido en el orden del día. Nos enteraremos pronto.
La nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento impacta sobre los siete procesos en marcha
La entrada en vigencia de la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento provocará algunos trastornos en los siete pedidos de jury contra diez magistrados y funcionarios cuya admisibilidad aún no fue resuelta.
Uno de los cambios sustanciales en la ley, cuyo texto completo pueden descargar al final del post, es el referido a quién declara la admisibilidad o no de las denuncias.
Hasta ahora lo hacían los siete integrantes del Jurado. Reforma mediante, esa responsabilidad es de una comisión integrada por un vocal del Tribunal Superior de Justicia que no sea ninguno de los tres que integran el Jurado (los otros dos miembros son un diputado y un abogado también ajenos).
Estuve repasando el estado de los siete pedidos de jury cuya admisibilidad aun no fue definida, según se publica en la página del Poder Judicial.
Es evidente que van a necesitar subrogantes o conjueces para analizar la admisibilidad de más de uno. A menos que con rapidez el gobernador proponga y la Legislatura designe al quinto vocal.
Este es mi repaso.
Expediente 25/09: Oscar Domínguez y Marta Bailon. El Jurado lo integran por el TSJ los vocales Massei, Kohon y Labate, mientras que Martínez está excusada. Habrá que designar un representante del TSJ que forme parte de la comisión que estudiará la admisibilidad.
Expediente 26/09: Mirtha Felau. Como en el anterior, el jurado lo integran Massei, Kohon y Labate; Martínez está excusada.
Expediente 23/09: Nancy Vielma y Paula Stanislavsky. Ídem situación de los dos anteriores.
Expediente 24/09: Marisa Czajka y Santiago Terán. Lo integra Massei con Tomás Gavernet y José Andrada como subrogantes; mientras que Labate, Kohon y Martínez están excusados.
Expediente 28/09: Raúl Gaitán. Massei y Labate integran el jurado, Martínez está excusada. En la página web no hay información sobre la situación de Kohon.
Expediente 29/10: Federico Sommer. Ídem situación del expediente anterior.
Expediente 27/09. Ana Lía Zapperi. El Jurado lo integran Massei, Kohon y Labate, Martínez está excusada.
La ley dice en su artículo 3: “las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a todo proceso en trámite en el que no se haya dictado la admisibilidad”, lo que alcanza a todos los casos mencionados.
Les dejo el texto completo de la ley y la versión taquigráfica de la sesión legislativa en la cual fue aprobada en general, con Marcelo Inaudi como miembro informante, y el apoyo de Horacio Rachid, Ariel Kogan y José Russo (ver de la página 51 a la 64).
(Aclaración: al momento de escribir este post la ley aún no está promulgada pero es inminente que eso suceda, y no creo que el gobernador la vete).
Así es la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento
Leo en la página de Convocatoria Neuquina: Con un proceso más abierto y con cambios como el reemplazo del fiscal de Estado por un juez de Cámara cuando el enjuiciado sea un miembro del ministerio público, la Legislatura modificó la ley de Jurado de Enjuiciamiento.
La ley 2698 (que pueden descargar más abajo) modifica el articulado de la ley 1565.
La nueva ley introduce la figura de “amicus curiae” en el proceso judicial; crea una comisión especial de 3 miembros (un vocal del TSJ; un diputado y un abogado de la matrícula) para resolver la admisibilidad de una denuncia; prohíbe incorporar nuevos hechos una vez iniciado el proceso; fija multas para abandonos injustificados de integrantes del jurado; establece que los miembros del jurado no pueden preguntar a testigos y contempla sanciones intermedias, en lugar de la destitución o absolución de la ley actual.
Críticas de la Asociación de Magistrados a la actuación del Jurado de Enjuiciamiento contra Vignaroli
Ya saben que el Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible el jury contra el fiscal Pablo Vignaroli, lo cual en su momento generó un interesante debate legislativo.
Ahora se sumó la Asociación de Magistrados que preside Richard Trincheri con un crítico documento en el que cuestiona varios aspectos: la duración del proceso (casi un año); la participación del abogado Brillo en el Jurado (pese a que estaba mencionado en una de las denuncias); la conducta del diputado radical José Luis Sáez (a quien le escribió el voto su colega Marcelo Inaudi, ajeno al Jurado, por lo cual sería nulo) y la inacción del Tribunal Superior de Justicia, que no inició sumarios ante tantas irregularidades presuntamente cometidas en causas judiciales.
Dice el comunicado:
“Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde que el Jurado de Enjuiciamiento resolviera desestimar el pedido de enjuiciamiento al Fiscal de Cámara Pablo Vignaroli, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén entendemos necesario realizar una serie de reflexiones respecto de la conducta tenida por el Jurado y por algunos de sus integrantes, en pos de asegurar que el juzgamiento de la actividad funcional de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial se realice respetando las garantías básicas del debido proceso –vigentes para todo tipo de procedimiento de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Preocupa a esta Asociación el excesivo tiempo que ocupó el Jurado desde la recepción del pedido de enjuiciamiento y hasta la resolución de inadmisibilidad. Toda persona imputada de la comisión de una conducta pasible de ser sancionada (administrativa, política o penalmente) tiene derecho a que se defina su situación en un tiempo razonable. De otro modo esa imputación se convierte en casi una condena (dada la permanencia de la sospecha) o, lo que también es sumamente grave, en una forma de amenaza o instrumento de presión para el afectado.
Teniendo en cuenta el contenido de la presentación por la cual se solicitó el enjuiciamiento de Vignaroli y, sobre todo, los escuetos fundamentos expuestos por cada uno de los integrantes del Jurado entendemos que la extensión de la etapa de análisis sobre la admisibilidad del enjuiciamiento (más de un año) resultó irrazonable y violatoria de los principios de celeridad y eficacia inherentes a todo proceso; además de permitir que surjan sospechas respecto de la imparcialidad y transparencia en la actuación del Jurado.
Otro aspecto que entendemos necesario destacar es la conducta tenida por Jorge Brillo, quien, no obstante estar involucrado en una de las causas en las que se fundó el pedido de enjuiciamiento omitió excusarse de integrar el Jurado, con grave afectación de la garantía de imparcialidad y de los mínimos principios éticos que rigen para el desempeño de la profesión de abogado, en cualquiera de sus vertientes.
Sin perjuicio de ello, la conducta de los restantes integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, que permitieron la continuidad de la actuación de Brillo y que no dieron tratamiento (para admitir o rechazar) el pedido de apartamiento de este Jurado formulado por la entidad que solicitara el enjuiciamiento, resulta también pasible de reproche, ya que su deber como funcionarios públicos es asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad vigente a partir de 1994.
Similar gravedad reviste la conducta del diputado José Luis Sáez, quién públicamente reconoció haber decidido su voto por consejo de un par que no forma parte del Jurado. Tal reconocimiento es causa de nulidad del voto emitido, además de afectar la garantía de imparcialidad y demostrar el desinterés y desconocimiento por la función asumida.
Tampoco está exenta de reproche la actitud de los integrantes del Jurado por el Tribunal Superior de Justicia, quienes en conocimiento de presuntas graves irregularidades que habrían ocurrido en causas judiciales, no solicitaron la instrucción de las correspondientes actuaciones sumariales, a fin de investigar lo realmente sucedido y la responsabilidad de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial como así también de auxiliares de la Justicia, permitiendo, de ese modo, despejar toda duda o sospecha respecto del desenvolvimiento del Poder Judicial, tan cuestionado en esta época. Actitud que hubiera sido la esperada a la luz de los numerosos sumarios administrativos que, por situaciones muchas veces nimias, se instruye a magistrados y funcionarios.
Los extremos apuntados requieren de análisis y reflexión por parte de las instituciones de las que surgen los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento –Tribunal Superior de Justicia, Legislatura de la Provincia y Colegio de Abogados Provincial- a fin de adoptar aquellas medidas conducentes que eviten la reiteración de conductas como las aquí denunciadas y aseguren la plena vigencia del debido proceso para todos los magistrados y funcionarios que puedan ser sometidos a enjuiciamiento, y la transparencia en la actuación de un órgano de la Constitución de la Provincia que tiene a su cargo tan delicada misión como es el juzgamiento y eventual remoción de magistrados y funcionarios judiciales, del Fiscal de Estado, y de los miembros del Tribunal de Cuentas”.
Lo firma la comisión directiva.
4 de mayo, día del Jurado de Enjuiciamiento
Copio y pego de la página del Poder Judicial:
Se programaron las nuevas reuniones de los Jurados de Enjuiciamiento para el próximo 4 de mayo.
A las 10 se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Oscar Massei, Alejandro Gavernet y José V. Andrada, los diputados José Luis Sáez y Jorge Della Gáspera y los abogados María Alejandra Giunti y Jorge Brillo en autos: «Czajka Marisa – Terán Santiago s/ Jurado de Enjuiciamiento”.
A las 10.30 se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Oscar Massei, Guillermo Labate y Alberto Tribug, los diputados José Luis Sáez y Jorge Della Gáspera y los abogados María Alejandra Giunti y Jorge Brillo en autos: «Gaitán Raúl s/jurado de enjuiciamiento” y “Sommer Federico s/ Jurado de Enjuiciamiento”.
Y a las 11.30 se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Oscar Massei, Ricardo Kohon y Guillermo Labate, los diputados José Luis Sáez y Jorge Della Gáspera y los abogados María Alejandra Giunti y Jorge Brillo en autos: «Zapperi Ana Lía s/jurado de enjuiciamiento”, “Domínguez Oscar R. – Bailon Marta s/ Jurado de Enjuiciamiento”, “Vielma Nancy – Stanislavsky Paula s/ Jurado de Enjuiciamiento” y “Felau Mirtha Graciela s/ Jurado de Enjuiciamiento”.
Lo que reveló el debate legislativo por la inadmisibilidad del jury contra Vignaroli
La misma semana de la declaración de inadmisibilidad del pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Pablo Vignaroli, se produjo un interesante debate en la Legislatura sobre ese tema. Recién ahora se publica la versión taquigráfica y así podemos conocer en forma completa una discusión política que ha tenido nula difusión, y que me parece relevante conocer.
En el Jurado de Enjuiciamiento había dos diputados que votaron contra la admisibilidad y hubo en la Cámara quien le pidió que rindieran cuentas por esa postura.
El resultado fue que se pudo saber, por la vía de este debate político, que el voto del diputado radical José Luis Sáez fue, en realidad, producto de los “consejos” (así los definió) de otro diputado que no integra el Jurado: Marcelo Inaudi.
Y que el otro diputado, Jorge Della Gáspera, dijo que “no teníamos obligación de fundamentar nuestro voto”, con lo cual no se entiende por qué critican a los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia que sí declararon admisible el pedido de Jury con escasos fundamentos (para evitar una futura recusación).
Aquí transcribo algunos de los argumentos vertidos en la Legislatura, aunque como siempre recomiendo la lectura completa. Más abajo podrán descargar el tramo en que se discutió sobre el jury, en formato word, y la versión taquigráfica completa, en pdf. (Un mensaje para los taquígrafos: el apellido del fiscal se escribe con una sola “l”).
Una última cuestión: ¿alguien sabe si en el Colegio de Abogados hubo algún debate, conversación, charla, respecto del voto en contra de la admisibilidad que produjeron sus dos representates en el Jurado de Enjuiciamiento?
Aquí el extracto de las argumentaciones:
Diputada Soledad Martínez (Frente Grande):
“Estamos hablando de un funcionario judicial que, probablemente, sea arquetípicamente la síntesis, como lo fue para esta Legislatura Badano y como para algunos de estos diputados lo eran Sommariva, Cía y Fernández, de la expresión más concreta de la cooptación del Poder Judicial por el poder político. A ese fiscal teníamos oportunidad de investigar en el Jurado de Enjuiciamiento, a ese fiscal este Jurado de Enjuiciamiento, con el voto definitorio de nuestros dos compañeros legisladores, le dijimos que no lo íbamos a investigar, y con ello -creo yo- le garantizamos la absoluta impunidad que el resto de los funcionarios judiciales, sospechados de formar parte de esta asociación de funcionarios sobischistas, necesitaba.
¿Cuáles fueron las razones para declarar inadmisible este Jurado de Enjuiciamiento? Que el fiscal de Cámara, o el fiscal del Tribunal Superior de Justicia no había hecho nada y que ahora pretenden que lo hagamos nosotros, el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Y por qué no?, ¿y para qué estamos? Porque total como no hacen los demás, que nosotros creemos que tienen que hacer, nosotros tampoco hacemos y entonces, ¡viva la pepa! Que no podemos afectar la independencia del Poder Judicial pidiendo que vengan recurrentemente a dar explicaciones. ¿De qué manera se afecta la independencia del Poder Judicial pidiéndole a un fiscal que nos diga porqué no trabajó? No se afecta más la independencia del Poder Judicial y garantizándole a ese fiscal que, deliberadamente, deja transcurrir causas que involucran a todo el poder político porque de la dirigencia política provincial nosotros también formamos parte, y esta dirigencia política provincial sospechada, cuestionada, que nosotros teníamos la oportunidad de trasparentar con la sustanciación de este Jurado de Enjuiciamiento nos salpica a nosotros también, nosotros también somos dirigencia política en esta provincia, afortunadamente no formamos parte del sobischismo -por lo menos no en lo personal- y, afortunadamente no comparto y no me representan los compañeros legisladores que declararon inadmisible este Jury”.
Diputado Jorge Della Gáspera (Movimiento Popular Neuquino):
Me hubiera gustado que nos hubiera acompañado durante dos meses o dos meses y medio que fuimos todos los días al Tribunal Superior de Justicia, donde gentilmente se nos facilitó una salita para leer las once causas en las cuales estaba involucrado el fiscal Vignarolli y ahí es probable que se hubiera manejado en otros términos de los que tan fácilmente dicen, acusando gente y metiendo en tela de juicio la participación de gente que… Yo no soy abogado, soy un simple comerciante y es probable que yo entienda las cosas de otra forma o las vea distintas.
“Yo quiero decirle que no teníamos obligación de fundar el voto, primero, y que no fueron diez renglones donde explicamos lo inexplicable.
“Yo quiero aclarar que no votamos en contra de la opinión de los vocales del Tribunal. Yo propuse la votación por edad o por apellido, de alguna forma para que se mezclaran las cosas y la votación fuera más discreta en el voto después, ¿no? Votaron los dos diputados primero, después votaron los dos abogados y después votaron los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia. Yo con esto no quiero decir nada, pero todo cierra; yo para quedar bien también hubiera levantado la mano y hubiera dicho que era admisible.
“Mi voto fue eminentemente político. El Jury es un juicio político, no es un juicio que se realiza, no es un juicio penal ni nada por el estilo; es exclusivamente político y yo hice un análisis previo de las once denuncias y mi íntima convicción no ameritaba la admisibilidad del juicio, así que en ese sentido voté.
“Así que con esto quería terminar, y decirle que le pido permiso, señora presidenta, para ir al baño porque estas cosas, la verdad, que me dan asco”.
Diputado Marcelo Inaudi (UCR)
“Yo me acuerdo de Cacho Gutiérrez en la gestión pasada que estaba indignado contra Mendaña -hay diputados que estuvieron en la gestión pasada- y lo deben haber escuchado a Cacho veinte veces decir: yo tengo una cuestión personal con Mendaña porque me investigó durante largos años y libraba oficios a los corralones, y mis hijos se vieron afectados, etcétera, etcétera. Porque un fiscal osó investigarlo utilizó el remedio institucional del Jurado de Enjuiciamiento como represalia por esa actitud.
“Ahora lo vemos a Ricardo Mendaña firmando este Jury porque el fiscal Vignarolli lo investigó en el terreno que había ocupado en la casa. Por ahí hay conductas medio parecidas… A mí no me gustó la conducta de Cacho Gutiérrez como tampoco me gusta esta conducta de Ricardo Mendaña. Yo creo que fue mal investigado, fue sobreseído en definitiva en esa causa.
“Fui consultado expresamente por Sáez cuando hizo su voto, cuando arribó a sus conclusiones yo revisé y me hago cargo de lo que hablo y de los consejos que doy y me pareció atinada la solución que trajo el diputado Sáez, no me sorprende que esto no conforme a algunas diputadas porque ya, bueno, estamos acostumbrados a esto y yo ya lo he dicho en este recinto, hay un oficialismo, está la oposición y están los opositores de la oposición que se dicen opositores al gobierno pero son funcionales dividiendo a la oposición”.
Sale un «parche de seguridad» para la ley del Jurado de Enjuiciamiento
La Legislatura tratará mañana un proyecto de modificación de la ley 1565 de Jurado de Enjuiciamiento. Recoge, en buena medida, la experiencia que dejó el jury en el que fue destituido el ex fiscal Ricardo Mendaña. Según cómo se lo mire, se podrá decir que corrige baches de la ley o que otorga un blindaje a la actuación del Jurado.
No por casualidad el proyecto fue elaborado por dos diputados que intervinieron en ese proceso: Marcelo Inaudi, quien renunció para no participar de “un pelotón de fusilamiento institucional”, y Horacio Rachid, quien asumió en su reemplazo.
Dice la información oficial: “Entre las modificaciones al Jurado de Enjuiciamiento se destacan el reemplazo del fiscal de Estado por un magistrado con jerarquía de juez de Cámara; la función de declarar la admisibilidad queda a cargo del camarista elegido por sorteo (en la ley actual está en cabeza del propio jurado) y habilita la participación de las personas u organizaciones de la sociedad civil que acrediten interés legítimo como “amicus curiae”, entre otros puntos”.
Las modificaciones a la ley 1565 “prohíben la incorporación en la acusación de hechos diferentes a los considerados en la apertura del procedimiento y facultan al jurado a suspender las actuaciones en caso de conflicto de poderes”.
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