Archivo
Buscando un sumario perdido en el Tribunal Superior encontraron otro más. «Fue un error involuntario»
La semana pasada el Consejo de la Magistratura le solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le informara si el fiscal adjunto Jorge Criado, postulante a juez de Instrucción de Junín de los Andes, tenía sumarios administrativos, en trámite o archivados, en su haber. El tribunal negó su existencia, pero un aporte de Convocatoria Neuquina y Sejun, en el contexto de la participación ciudadana, afirmaba lo contrario.
La secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales del TSJ le comunicó al Consejo que por un “error involuntario” se omitió el dato, y que eran dos – y no uno como referían las organizaciones- los sumarios administrativos iniciados a Criado que habían sido archivados. Esto fue difundido en la sesión ordinaria del cuerpo celebrada el martes 12 de junio.
Desde la secretaria del Consejo se le pidió a la responsable del área en el tribunal, Elisa Flores, que remita los sumarios para que los integrantes del cuerpo puedan consultarlos.
En tanto, Criado impugnó la calificación recibida en su examen escrito, al igual que la postulante Romina Sosa Rojido. En este último caso, el pleno desestimó el planteo por no haber sido presentado en mesa de entradas, tal y como prevé el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Por la misma razón le fue rechazada la impugnación formulada en la etapa de antecedentes.
(Por L.L.B.)
Herencia
Laura Cancela es la nueva abogada defensora de Jorge Sobisch en la causa de la zona liberada.
Sí, es la hija de Ricardo Cancela, defensor y desde el domingo fiscal subrogante ante el Tribunal Superior de Justicia.
Pierden una millonaria demanda magistrados y funcionarios de Neuquén
Una millonaria demanda entablada por casi un centenar de magistrados y funcionarios por haberes supuestamente mal liquidados quedó en la nada. Mediante una serie de fallos, el Tribunal Superior de Justicia rechazó todas las acciones, que llevaban alrededor de una década en trámite.
Los fallos del Tribunal se produjeron en octubre de 2011, pero jamás se les dio difusión pública. Recién esta semana me enteré de su existencia y conseguí algunas copias. Tienen entre 60 y 80 carillas, los firman los vocales Ricardo Kohon, Oscar Massei, Guillermo Labate, y los conjueces Marcelo Iñíguez, Omar Busqueta y Mafalda Balboa.
Según se pudo saber, contra la decisión del TSJ se presentaron recursos extraordinarios para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Entre los que iniciaron la demanda en el año 2000 (luego se les sumaron otros) figuran actuales y exintegrantes del Tribunal Superior; jueces de Cámara y de primera instancia, fiscales y defensores. Algunos ya se jubilaron, otros siguen en actividad. Son alrededor de 86.
No hay información exacta sobre el monto que demandaban. En 2005 el fallecido abogado Hugo Frare, quien los patrocinaba, había declarado a “Río Negro” que “podrían ser mucho más de 50 millones de pesos” en total. Ayer, una encumbrada fuente judicial dijo que se habla de más de 100 millones de pesos.
El motivo de la demanda se remonta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1991 de pagarles una suma “en negro” a los jueces. En Neuquén se adoptó igual mecanismo.
Con el paso de los años esa suma se fue “blanqueando”. Pero durante el tiempo que se pagó en negro, no se utilizó para calcular beneficios como antigüedad, zona desfavorable, etcétera.
En uno de los fallos se explica: “la pretensión (de los demandantes) consiste en que la suma percibida como no remunerativa ni bonificable sea considerada com integrante del salario básico y, como tal, bonificada por todos los adicionales y suplementos que correspondan”.
Entre los numerosos argumentos con los cuales se rechazó la demanda, uno de ellos fue que “nominalmente no hubo ninguna disminución en las remuneraciones” desde la implementación de la asignación fijada por la Corte. “Y no ha sido ni siquiera alegada una reducción del poder adquisitivo de los haberes”.
En otro párrafo se menciona que “a la luz del concreto régimen normativo aplicable a este caso, no se advierten los excepcionales supuestos que permitirían aseverar que el suplemento necesariamente debió haber revestido el carácter de bonificable”.
En su momento, la masiva demanda entablada por los magistrados y funcionarios generó un revuelo político de proporciones. En la Legislatura, por ejemplo, se decidió no prestarles acuerdo para un ascenso a aquellos jueces que hubieran hecho juicio a la provincia.
Internamente se produjo una fractura, cuando un grupo de magistrados y funcionarios firmó una solicitada para aclarar que no se habían sumado a la demanda.
(Estos son los acuerdos que pude obtener. Desconozco si hay otros. Como explico en el post, jamás se dio información oficial sobre este tema).
El Tribunal Superior «colabora» con la seguridad interna del Banco Provincia de Neuquén
Recordarán el caso de los 900.000 pesos que se esfumaron de una cuenta judicial en la sucursal Rivadavia del Banco Provincia de Neuquén (más información aquí y aquí). En esa ocasión el Tribunal Superior de Justicia se expresó ante la “preocupante sucesión de hechos delictivos en los que se encuentran involucrados fondos judiciales” (ver aquí).
El jueves pasado hubo una reunión de la que participaron Graciela Martínez (presidenta del TSJ); Isabel Van Der Walt (secretaria de Superintendencia; los jueces José Ignacio Noacco (Familia); Gustavo Belli (Civil); Magdalena Focaccia (Juicios Ejecutivos); también la administradora del Poder Judicial, Sandra Valle; el director de Administración Financiera, Ricardo Arias; la gerenta general del Banco Provincia de Neuquén, Adriana Velasco; y los funcionarios del banco Juan Carlos Farinaccio y Jorge Mesplatere.
El resultado de esa reunión quedó plasmado en nuevas medidas de seguridad para el manejo de fondos judiciales.
Como lo plasma el último acuerdo del TSJ, se trata de “una colaboración” del Poder Judicial con el Banco Provincia, que será el que tendrá que “profundizar sus mecanismos internos de seguridad”. A buen entendedor…
El punto pertinente del acuerdo dice:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE MEDIDAS.- VISTO Y CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo N° 4706 Punto 11, se dispuso la realización de una reunión interinstitucional que tuvo como finalidad intercambiar experiencias y opiniones respecto a la forma en la que el Poder Judicial podría colaborar con la institución Bancaria, en procura de que éste pueda profundizar sus mecanismos internos de seguridad. Ello, sin que se vuelque sobre los organismos del Poder Judicial, labores que no resulten propias de las funciones de cada uno.———————————————-
En tal sentido, se ha consensuado a modo de colaboración, lo siguiente:—————————-
a) Que todas las disposiciones de fondos, tanto órdenes de libramientos como transferencia, se realicen en el papel que actualmente se utiliza para la impresión de libramiento de órdenes de pago.————————
En este sentido, se dispondrá que a través de la Secretaría de Informática, se genere en los sistemas IURIX y DEXTRA según corresponda, la actuación “PLITRA” (Providencia Libramiento de Transferencia) y “TRAJUD” (Transferencia Judicial), para ser utilizado en todos los organismos del Poder Judicial de la Provincia. La primera (“PLITRA”) será utilizada para confeccionar la providencia que dispone la transferencia de los fondos; La segunda (“TRAJUD”) para la confección de la orden de transferencia de fondos (que reemplazará al oficio que habitualmente confecciona la parte), se imprimirá en las dos áreas que contiene el formulario, quedando la segunda parte, como copia para luego acompañar diligenciada al expediente.—————————-
Asimismo, corresponde aprobar el texto del Formulario de transferencia “TRAJUD” que será incorporado a los sistemas se Gestión Judicial.————————–
b) En segundo lugar, como otra medida de colaboración que le servirá a la institución Bancaria para sus controles internos, se dispondrá que todas las actuaciones “CHEJUD” (Cheque Judicial) y “TRAJUD” (Transferencia Judicial), serán recibidos en la casilla de correo electrónico que el Banco Provincia indique. Esto se producirá de forma automática, al producirse la carga de la lista de despacho (del mismo modo que se remiten providencias a las casillas de correo denunciada por los profesionales en cada expediente). De esta forma, si el Banco lo considera necesario, podrá verificar el texto del libramiento de la orden que se presenta por ventanilla. Debe dejarse constancia que para este fin, el Banco deberá informar la casilla de correo que será utilizada para recepcionar esta información, de modo que puedan organizar en forma interna el modo que será utilizada la misma.———–
c) En tercer lugar, teniendo en cuenta la gravedad que podría revestir la disposición del levantamiento de una medida cautelar, se iniciará la experiencia de comunicar por medio de documento firmado digitalmente, dichos levantamientos. A esos fines, el correo electrónico será librado por el organismo que dispone la medida, desde la casilla de correo que se le informará al Banco, y adjuntará el documento en .pdf, firmado digitalmente. También a estos fines, el Banco deberá informar a que casilla de correo se realizará la comunicación de este tipo de medida, de modo que la información pueda ser ubicada en forma ágil.———–
d) Como mecanismo de comunicación seguro, se informará a la institución Bancaria, y ésta hará lo propio, cual será la casilla que se utilizará para comunicaciones seguras entre ambos, para el caso que deba realizarse alguna consulta o verificación.————————
Es importante destacar, que estas medidas implican una colaboración en los mecanismos que el Banco debe adoptar para la seguridad de las transacciones de fondos.————————————————
Por último, ha sido inquietud de los magistrados que concurrieron a la reunión aludida, que para el caso de Neuquén Capital, la sucursal Rivadavia sea transformada en Sucursal Tribunales, de modo que se permita la identificación y comunicación mas ágil y directa entre el Poder Judicial, los profesionales de la matrícula y el Banco Provincial, considerando que tal medida, disminuiría o evitaría inconvenientes.—————–
Lo dispuesto precedentemente, es aplicable a toda la Provincia del Neuquén, y tendrá vigencia del siguiente modo: Incisos a y b, a partir de que la Secretaría de Informática dé de alta a los modelos, habilite el despacho automático de las providencias, y el Banco informe la Casilla de correo a la cual debe remitirse las providencias. d) Por la Secretaría de Superintendencia, se informará al Banco el listado de las casillas de correo electrónico seguras de cada organismo. c) A partir de la expedición de los certificados digitales a los titulares de los Juzgados Civiles, Laborales, Ejecutivos y Familia de la Provincia del Neuquén, circunstancia que será comunicada al Banco Provincia del Neuquén. Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Disponer que a través de la Secretaría de informática, se generen e incorporen a los Sistemas de Gestión Judicial, las actuaciones detalladas en el inciso a) de acuerdo al formulario que se aprueba formando parte integrante del presente resolutorio como anexo. 2°) Disponer que una vez que el Banco informe a que casilla de correo deben remitirse las actuaciones detalladas en el inciso b), la Secretaría de Informática, realice la gestión técnica para la remisión indicada en dicho punto. 3°) Requerir – a través de la Secretaría de Superintendencia-, que el Banco informe que casilla de correo utilizará para cada operatoria. 4°)Disponer que se extienda a los Magistrados detallados precedentemente, los certificados de firma digital pertinentes, y una vez cumplido, se comunique al Banco para la iniciación del mecanismo detallado en el inciso c). 5°) Poner en conocimiento del Banco de la Provincia del Neuquén, que conforme se les ha manifestado en la reunión mantenida, sería conveniente – para el caso de Neuquén Capital-, que el Banco cuente con una sucursal que sea específicamente para movimientos de fondos judiciales. 6°) Comuníquese, cúmplase.
«Preocupante sucesión de hechos delictivos en los que se encuentran involucrados fondos judiciales»
Ante “la sucesión de hechos delictivos en los que se encuentran involucrados fondos judiciales”, el Tribunal Superior de Justicia convocó a una “reunión interinstitucional” de la que participará el Tribunal Superior, la secretaría de Superintendencia, la Administración General, el presidente de la Cámara Civil, un magistrado del fuero civil, uno del laboral, uno de familia y uno de los juzgados de Juicios Ejecutivos, la comisión directiva del Colegio de Abogados y el Banco Provincia de Neuquén.
El origen de esta reunión cumbre son los más de 900.000 pesos que se robaron de una cuenta judicial. Lo conté en esta nota publicada en el diario del jueves 16, de la cual reproduzco algunos framentos:
Un expediente extraviado, un oficio judicial con firmas falsas y la falla en los controles de tres bancos permitieron que se esfumara casi un millón de pesos que la provincia debía pagar en concepto de indemnización.
El escándalo trascendió ahora. Habría ocurrido en mayo pero recién fue detectado el viernes 10, y mantiene en vilo al Poder Judicial, al Banco Provincia de Neuquén y a dos bancos privados, además de la fiscalía de Estado.
El dinero estaba en una cuenta judicial en el Banco Provincia.
Lo había depositado la fiscalía de Estado para pagar la indemnización al ex dueño de unas tierras que fueron expropiadas para construir el canal Mari Menuco.
Por razones que no fueron reveladas, el expediente estaba paralizado desde 2007 y los fondos permanecían en la cuenta judicial.
Tampoco se sabe por qué, el expediente, radicado en el juzgado civil 4 a cargo de María Eugenia Grimau (una ex gerenta del BPN), se extravió.
Mientras estuvo en esa condición, alguien se presentó en el Banco Provincia de Neuquén con un oficio judicial, en apariencia auténtico, que ordenaba transferir los más de 900.000 pesos por partes iguales a dos cuentas de dos bancos privados. El banco no habría efectuado ningún control ni chequeo, y cumplió con las transferencias que mandaba el oficio. Según se descubrió luego, ese documento es falso.
La plata ingresó en sendas cuentas de dos bancos privados. Una de ellas había sido abierta desde hacía más de un año y jamás había tenido movimiento alguno. La apertura de la otra era más reciente.
A poco de ingresar, el dinero fue retirado aparentemente por los titulares de las cuentas, dato que tampoco pudo ser corroborado.
Hasta aquí la nota del diario. Pedí una entrevista con la presidencia del TSJ para ampliar el tema pero me dijeron que por ahora no va a haber declaraciones públicas.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia se decidió en el acuerdo de ayer jueves, que aquí reproduzco:
11.-CAMARA CIVIL SOBRE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 14/11.-VISTO Y CONSIDERANDO: La resolución aludida, en la que el Presidente de la Cámara Civil, dispone que el Banco de la Provincia del Neuquén, consulte telefónicamente a Jueces y Secretarios de cada organismo jurisdiccional con carácter previo al libramiento de fondos cuando las órdenes de pago sean superiores a $ 3000. Que teniendo en cuenta, que el Sr. Presidente, no posee atribuciones para disponer medidas de éste tipo, habrá de revocarse la resolución aludida. Sin perjuicio de ello, resulta preocupante para este cuerpo, la sucesión de hechos delictivos, en los que se encuentran involucrados fondos judiciales. Es por tal motivo, que en consonancia con la presentación efectuada por la Sra. Gerente de la Sucursal Rivadavia del Banco de la Provincia del Neuquén, habrá de realizarse una reunión interinstitucional, a fin de evaluar la situación actual y las medidas de seguridad que se tomarán, a fin de garantizar el resguardo de los fondos, y por otro lado no entorpecer la labor diaria tanto de la institución bancaria como de los profesionales de la matrícula. Por ello, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Revocar la resolución de Presidencia de la Cámara Civil N° 14. 2°) Convocar a una reunión interinstitucional para el día jueves 23 de junio a las 17 hs. en el S.U.M del Tribunal Superior de Justicia, en la que participará el Tribunal Superior, Secretaría de Superintendencia, Administración General, Presidente de la Cámara Civil, un magistrado del Fuero Civil, uno del Laboral, uno de Familia y uno de los Juzgados de Juicios Ejecutivos, Comisión Directiva del Colegio de Abogados y Banco Provincia del Neuquén. 3°) Notifíquese, cúmplase.———————————
Texto completo del decreto de aporte reintegrable por 30 millones de pesos para el Poder Judicial
Escribí esta nota que se publica en “Río Negro” hoy: “Los 30 millones de pesos que el Poder Ejecutivo le prestará al Poder Judicial surgen de una mayor recaudación en concepto de coparticipación federal de impuestos, que el gobierno provincial estima que se producirá en el segundo semestre.
“Así consta en el decreto 1095/10, al que accedió «Río Negro», mediante el cual se le otorgó a la justicia un aporte de 30 millones de pesos que deberá devolver cuando mejore su situación económica.
“Aclara el texto legal que pese a esa mayor recaudación futura, «el Poder Judicial manifiesta la necesidad de un aporte adicional con carácter de reintegrable por un monto total de hasta 30 millones de pesos».
“Los considerandos del decreto no se habían conocido hasta ahora. En uno de sus párrafos señala que «de acuerdo a las estimaciones de recursos efectuadas en junio del corriente año por el ministerio de Hacienda de la provincia, el monto a percibir el concepto de coparticipación federal de impuestos por el Poder Judicial sería al finalizar el año de unos 230.616.612».
“Dicho monto «resulta superior al estimado originalmente» en diciembre de 2009 en «unos 33.746.832 pesos».
“El aporte reintegrable «quedará condicionado a las efectivas transferencias que percibe el Poder Judicial», añade el decreto.
La nota completa, aquí.
Los post publicados sobre el tema del presupuesto, aquí.
Perpetua confirmada para Poblete y multa para su defensor. ATEN no será amigo del tribunal
La sala penal del Tribunal Superior de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua contra el ex cabo primero José Darío Poblete como autor del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, al desestimar el recurso extraordinario federal deducido por su defensor Ladislao Simon.
Además le aplicó a Simon una multa de medio salario mínimo, vital y móvil “en vista a la gravedad y la reiteración de las faltas en las que ha incurrido, lo cual no sólo ha afectado la dignidad y el decoro de diversos funcionarios y magistrados que han tenido que intervenir en la causa, sino además que ha obstruido el normal desarrollo de su trámite en desmedro de los intereses confiados por su asistido”.
En otra resolución, la sala penal admitió la participación en carácter de “Amigos del tribunal” y en el marco de la denominada “Causa Fuentealba II” de la Asamblea por los Derechos Humanos (representada por Sara Garodnik, Nerea Monte y Noemí Fioritto de Labrune), la Asociación Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora (representada por María Marta Ocampo de Vázquez) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (representada por Rodrigo Borda, Gastón Chiller y Dense Sponznik).
Asimismo, el TSJ desestimó la presentación de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN).
Sapag lo oficializó: la Justicia dependerá de ahora en más de la ayuda económica del Poder Ejecutivo
¿Adiós a la autarquía, a los ahorros, al manejo discrecional de su propio presupuesto? El gobernador Jorge Sapag dijo hoy que el Poder Ejecutivo “va a tener que aportar los recursos al Poder Judicial para asegurar su funcionamiento”.
Sus declaraciones fueron reproducidas por el sitio oficial de información del gobierno provincial. Las formuló en Arroyito al inaugurar una planta de gas que todavía no distribuirá gas.
Habló de un sistema de garantías para que el Poder Judicial no tenga tropiezos, pero repitió: “con mucha prudencia, que no haya grandes gastos”.
Copio y pego ese tramo de sus declaraciones:
-Desde el Tribunal Superior de Justicia se pide más presupuesto para administrar la justicia. Esto no prosperó en la Legislatura neuquina y se dice que puede haber un conflicto de poderes. ¿Cómo son las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal?
-No, no tiene por qué haber un conflicto de poderes. El tema es que son tres poderes autárquicos. El Poder Legislativo es autárquico, el Poder Judicial es autárquico y, en el manejo de las autarquías, está prevista una ley de autarquía que prevé un porcentaje de coparticipación para el Poder Judicial. Pasa que este año ese porcentaje no alcanzaba, entonces el Poder Judicial pide más recursos. Y nosotros estamos trabajando para tener un sistema de garantías, de manera que el Poder Judicial no tenga tropiezos con el manejo del Poder Judicial.
“Lo que pasa es que va a ser el Poder Ejecutivo el que va a tener que aportar los recursos al Poder Judicial para asegurar su funcionamiento, siempre en el marco de mucha prudencia en las cuentas públicas. Al Poder Ejecutivo no le sobra nada. El año pasado fue un año que terminó con muchos problemas de ingresos públicos. Este año va a haber más ingresos públicos pero, repito, con mucha prudencia, que no haya grandes gastos.
“Por ejemplo, hemos tomado un crédito con el Fondo Federal de Infraestructura, el Fondo Fiduciario, para terminar la obra del Poder Judicial, que es una obra importante. Ya estamos tomando 80 millones de pesos para esa obra, que le va a permitir economizar en alquileres al poder Judicial, lo que es mucho dinero. “Y al Poder Judicial le vamos a dar el dinero que vaya necesitando para su funcionamiento, pero dentro, repito, del marco de las reales posibilidades del Poder Ejecutivo y la Tesorería de la provincia.
– ¿Usted tiene una visión un poco más atenuada respecto de lo que plantean los vocales, que dicen que hay una severa crisis? ¿Cree que es un planteo enfático el que están haciendo ellos, demasiado enfático?
-No, no. Ellos ven que los ingresos no les alcanzan para cubrir los egresos y por eso están preocupados. Lo mismo me pasa a mí, exactamente lo mismo.
La crisis por el presupuesto se profundiza, el Tribunal ahora calla y Sejun dice lo que otros no pueden o no quieren decir
El miércoles post-aprobación en comisión del presupuesto fue un día tenso en el Poder Judicial, tanto que a la noche hicieron circular la versión de que había renunciado Guillermo Labate.
A la mañana hubo acuerdo y se esperaba un pronunciamiento de los vocales que hace doce días habían anticipado que la crisis presupuestaria podría derivar en un conflicto institucional.
Del tema se habló en el acuerdo pero los teléfonos estuvieron apagados y nada se comunicó hacia fuera.
Algunos de los participantes del acuerdo propusieron actuar de inmediato (planteando un conflicto de poderes, una acción de inconstitucionalidad o algún remedio similar), otros postularon esperar a que el presupuesto esté sancionado para accionar judicialmente y mientras tanto apurar la búsqueda de una salida política.
A la noche, el gremio judicial Sejun publicó un comunicado en el que parece plasmar conceptos que los vocales, o alguno de ellos por lo menos, no puede o no quiere decir en este momento:
Copio y pego el texto completo:
“Una vez más, el poder político de turno pone en jaque la independencia del Poder Judicial, esta vez con sus representantes en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, quienes aprobaron un presupuesto elevado desde el Poder Ejecutivo que sentencia de muerte la autarquía financiera del Poder Judicial, condicionándolo a ponerse de rodillas ante el Poder Ejecutivo para obtener los fondos necesarios con que atender los gastos que tiene previsto, violando de esta manera el art. 240 de la Constitución Provincial, que establece que el Tribunal Superior de Justicia propondrá anualmente a la Legislatura el presupuesto del Poder Judicial, que será suficiente y adecuado a las necesidades de la administración de Justicia y que no podrá ser vetado total ni parcialmente.
“Desde el SEJuN hemos denunciado permanentemente las acciones que se fueron implementando para el Poder Judicial desde los tres Poderes del Estado a partir del año 2004, con la creación irracional de nuevos Organismos Judiciales y el nombramiento indiscriminado de Magistrados y Funcionarios sin prever las partidas presupuestarias correspondientes, como así también la construcción de la fuertemente cuestionada Ciudad Judicial.
“Ante este mamarracho legislativo (negrita en el original) advertimos a la comunidad en general que la Independencia de la Justicia Neuquina esta sentenciada de muerte.
“Esta es una muestra más de que el proceso de sumisión del Poder Judicial iniciado durante el Sobischismo sigue adelante. Tiempo atrás fue la colonización del mismo designando Magistrados, Funcionarios y Empleados “amigos del poder”, y ahora con este ahogo económico, que provoca que el Poder Judicial tenga que estar mendigando para que el Poder Ejecutivo le financie el déficit que se genera por la aprobación de un presupuesto distinto al enviado por el Poder Judicial, y que no contempla gastos que ya estaban previstos y se vienen ejecutando, situación que la Legislatura podría haber solucionado si sólo cumpliera con lo que manda la Constitución de nuestra Provincial, quedando totalmente fenecida la Autarquía y la independencia del Poder Judicial.
“Para tener una Justicia Independiente en esta Provincia, no debemos depender de lo que digite el Gobierno de turno. Es por eso que le exigimos al Tribunal Superior de Justicia que asuma la responsabilidad institucional que le compete y lleve adelante todas las acciones jurídicas y políticas que sean necesarias, a fin de que se dé cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, para evitar de esta manera, la pérdida de la independencia del Poder Judicial.
“Exhortamos a la sociedad a que tome real conciencia de la gravedad que conlleva la intromisión de los demás Poderes del Estado dentro de las decisiones que el Poder Judicial tiene que tomar, ya que sólo un Poder Judicial Independiente puede garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y los derechos de los ciudadanos.
“Cuando el Poder Judicial es utilizado por el poder político de turno, se avasalla la garantía constitucional del ciudadano que es la independencia de la justicia” (esta frase está todo mayúsculas en el original).
(La foto es de Leo Petricio, de la asamblea del martes).
La Legislatura aprobó un presupuesto acotado para el Poder Judicial
El plenario de comisiones A y B de la Legislatura aprobó un presupuesto de 301 millones de pesos para el Poder Judicial, que estima sus necesidades en 430 millones de pesos.
¿Se viene el conflicto institucional?
Habrá ampliación.
El Tribunal Superior advierte que la crisis presupuestaria puede derivar en un conflicto institucional
El Tribunal Superior de Justicia advirtió que si no resuelven de inmediato su crisis presupuestaria, se caerá “en la paralización del servicio, lo que implicaría un conflicto institucional no querido por este Poder Judicial”.
Así lo expresa un comunicado que hace minutos se publicó en la página oficial del Poder Judicial.
Uno de los objetivos, además de lanzar la advertencia, es dar su propia versión de lo que sucedió en la comisión de Hacienda de Legislatura, donde hubo una especie de maltrato institucional cuando Guillermo Labate fue a plantearle la situación a los diputados.
El comunicado completo se reproduce aquí:
“El Tribunal Superior de Justicia considera imperioso poner en conocimiento de todos los integrantes de este Poder Judicial, respecto de los pormenores acontecidos en oportunidad de la reunión convocada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Legislatura, con motivo del tratamiento del Proyecto de Presupuesto General del Poder Judicial correspondiente al ejercicio 2010, que fuera aprobado por Acuerdo nº 4470 de fecha 15/12/2009.
“En el mismo, se ratificó la necesidad de la revisión de la asignación de recursos (art 2 de la Ley de Autarquía Judicial), ya que el mismo arrojaba, de acuerdo a un prudente cálculo, un déficit operativo de más de 60 millones de pesos, lo que tornaría imposible el cumplimiento de la misión asignada por la Constitución a este Poder del Estado, debido sustancialmente a la merma de ingresos en concepto de coparticipación, producto de la disminución de las remesas del Estado Nacional a las Provincias y que, pese al crecimiento de organismos y consecuente planta de personal, no fuera necesario ajustar entre los años 2003 a 2008 debido al importante y sostenido crecimiento económico.
“Si bien se reconoció que el cálculo estimado de ingresos en el presupuesto antedicho fue inferior al efectivamente percibido, tal mejora no resultaba suficiente para el correcto funcionamiento de este Poder, aclarándose, en consecuencia, que el incremento solicitado de seis puntos –art 2 Ley 1971- podría reducirse a dos puntos y medio o tres puntos.
“Tal posición, fue rebatida por algunos diputados en razón de diversos argumentos, basados todos ellos, en cifras que no se ajustaban a la realidad económica, ya que los egresos calculados en el Presupuesto General del Poder Ejecutivo para con este Poder, no contemplaban la totalidad de la partida de gastos de personal, la que se encontraba reducida en un 20%.
Tampoco contemplaba los gastos estimados en servicios -alquileres, luz, gas y teléfono- lo que resulta absolutamente incomprensible, ya que sin ellos, se priva de gastos esenciales para su normal funcionamiento–sueldos y servicios-.
“Asimismo, y atento el serio deterioro salarial producido en el primer semestre del corriente, se solicitó un incremento de la partida pertinente para atender esa situación, tal como sucedió en este último bimestre con la recomposición salarial que recibieron el resto de los agentes de los otros dos Poderes.
“Tal postura tampoco fue aceptada, generando una insostenible desigualdad entre los distintos sectores que integran el Estado Provincial.
“En síntesis, el estado actual de desfinanciamiento fue denunciado por este Tribunal, en el Acuerdo nº 4519 del 5 de mayo de este año, en el que se decidiera la instrumentación de canales de diálogo, a fin de encontrar una adecuada solución al mismo; llevándose a cabo, a tal fin, entre otras gestiones, una reunión que mantuvo este Cuerpo con el titular del Poder Ejecutivo Provincial, donde fue debidamente interiorizado de la crítica situación, que de persistir, pondría en riesgo el servicio de justicia.
“Al día de la fecha, el no cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales afecta también seriamente la independencia pudiendo derivar, en caso de no modificarse la actual situación –con la premura del caso-, en la paralización del servicio, lo que implicaría un conflicto institucional no querido por este Poder Judicial”.
En las próximas horas publicaré en el blog la postura de la Asociación de Magistrados sobre el tema, que reclama a los poderes Ejecutivo y Legislativo que «asuman la responsabilidad institucional que les compete».
Para los interesados, les recuerdo este post de agosto del 2009, titulado «Llegó una factura con fecha 2004» que ayuda a entender la situación actual.
Sigue el desmantelamiento del juzgado de Rincón de los Sauces: le quitarán competencia en materia penal
El juzgado multifueros de Rincón de los Sauces sufrirá una nueva mutilación.
Creado dentro de la ley ómnibus 2475 a instancias del ex diputado y ex intendente de esa ciudad Carlos Macchi, y sin estudios de respaldo conocidos, empezó con una amplia jurisdicción que abarcaba la más rica zona petrolera.
Con el paso del tiempo la fue perdiendo: primero le quitaron Buta Ranquil con el argumento de que esa localidad está mejor comunicada con Chos Malal. El miércoles 9 la Legislatura le sacó Añelo.
Tampoco fue fácil conseguirle juez. El ganador surgió de uno de los concursos más pobres del Consejo de la Magistratura: sólo dos participantes, y ninguno pasó los 50 puntos sobre 100 posibles.
Ahora el juzgado de Rincón perderá competencia en materia penal, cuando prospere un proyecto de ley presentado por el Tribunal Superior de Justicia en la Legislatura.
Los delitos que ocurran en la ciudad se tramitarán en los juzgados de Instrucción de Neuquén capital, como sucedía antes de la creación del organismo de Rincón.
Más abajo pueden descargar la exposición de motivos, que está agregada como anexo al acuerdo 4530 del 9 de junio.
Allí leerán, por ejemplo, que “el volumen de actividad en materia penal del Juzgado Multifueros (…) no justifica, ni desde el punto de vista del acceso a la justicia, ni por razones presupuestarias, que dicha materia siga siendo tratada por el mismo”.
Puesto en números: “En un Juzgado de Instrucción en la ciudad de Neuquén ingresan en promedio 207 expedientes por bimestre”, mientras que “en el Juzgado Multifueros de Rincón ingresan 73 expedientes de instrucción en el mismo período”.
Ante la pobreza de estos números me pregunto: ¿No hay en Rincón de los Sauces sospechas de casos de trata de personas? ¿No hay presunciones de tráfico de drogas?
Ah, es verdad, esos son delitos de competencia federal…
Las estadísticas del Poder Judicial pintan otro mundo y justifican el repliegue.
Señalan que “si se reasignan las causas de Rincón a la cabecera de la Primera Circunscripción y se dividen en los 6 Juzgados, cada Juzgado incrementaría su actividad en 12 expedientes por bimestre, es decir, en 6 al mes”.
Sumado a que, “en su mayoría son causas simples”, concluyen, en que “el impacto en cada Juzgado, sería tan sólo de un 5,79 %”.
El tema está abordado en el punto 7 del acuerdo. Allí se explica qué sucederá con los ministerios públicos.
En el caso de la fiscalía, “se propicia el traslado de dicho Ministerio a la Ciudad de Neuquén, a fin de que preste funciones en ésta, facultándose al Cuerpo a asignar las mismas”.
Respecto de la defensoría, propicia contar con dos defensorías oficiales civiles en la localidad.
Encuesta: ¿por qué Sapag no designa al quinto vocal del Tribunal Superior de Justicia?
Llegamos a mitad de año con una vacante en el Tribunal Superior de Justicia.
La Constitución dice en su artículo 236 que los vocales deberán ser designados dentro de los 60 días de producida la vacante.
En el caso que nos ocupa, el puesto está libre desde el 1 de enero.
¿Por qué el gobernador Sapag está incumpliendo con la Constitución?
Si encuentra otra razón además de las propuestas en la encuesta puede dejarla en la sección comentarios.
Hablaron de plata Sapag y los vocales del Tribunal Superior de Justicia
El gobernador Jorge Sapag estuvo hoy en el Tribunal Superior de Justicia, donde se proclamó a Carlos Castelblanco como intendente de Picún Leufú. Los vocales aprovecharon para hablarle de plata, pero lo único que consiguieron fue la promesa de que se incluirá una “cláusula de garantía”: cada vez que el Poder Judicial se quede sin plata, se arbitrará el mecanismo para cubrir su déficit.
“Esto no debe mezclarse con el pedido de aumento salarial del gremio”, aclaró una fuente consultada sobre el tema.
El Sejun está en plan de lucha en reclamo de aumento.
Marisa Stagnaro, subsecretaria, dijo a la radio FM UNC CALF: “habíamos pedido un adelanto a cuenta de futuros aumentos para ir paliando la situación, creemos que el Tribunal está en condiciones de darnos eso aunque no tenga un presupuesto aprobado. Puede resignar alguna partida, sabemos que ha mejorado un poquito el ingreso por coparticipación durante mayo, o sea que si hay una decisión política el Tribunal podría darnos esa suma para paliar la grave crisis que estamos sufriendo con los compañeros que tienen menores ingresos”.
Para meter más presión a media tarde el Centro de Información Judicial colgó en su página web que habrá un nuevo aumento salarial para el Poder Judicial de la Nación.
Dice la información: “La Corte solicitó la modificación de partidas para otorgar un aumento salarial para el Poder Judicial. Se lo requirió a la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante una nota enviada este martes.
“El incremento será de 7% a partir del 1 de mayo de 2010 y de 8% a partir del 1 de julio del mismo año.
“El aumento salarial fue consensuado con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional” (la información completa está aquí).
La Corte ya había otorgado otros aumentos a principios de año.
“Para ellos es más fácil: dan el aumento, después piden el reajuste de las partidas, y el Poder Ejecutivo nacional se lo otorga. Acá es distinto”, se lamentó la fuente consultada.
El Tribunal Superior le pidió un punto más de coparticipación a Sapag
Leo en «Río Negro»: El Tribunal Superior de Justicia le pidió formalmente al gobernador Jorge Sapag que aumente un punto el porcentaje de coparticipación que nutre el presupuesto autárquico del Poder Judicial. Así lo confirmó ayer a “Río Negro” el presidente del cuerpo, Guillermo Labate. Agregó que “se trabaja en firme sobre esa propuesta que hicimos, la reunión fue muy positiva”.
En tanto la subsecretaria general del gremio Sejun, Marisa Stagnaro, dijo que “Labate nos informó que habría alguna perspectiva de resolución de los planteos por mayor presupuesto” para el Poder Judicial.
El miércoles un grupo de militantes marcharon a la sede del TSJ. Durante la última semana lanzaron su plan de lucha que incluye quites de colaboración para presionar por una suba de haberes.
Al TSJ los trabajadores le solicitan un aumento cercano al 30%, y el pago de unos 3.000 pesos, por única vez, “a cuenta” de lo que finalmente se acuerde en una negociación.
En una primera instancia, el mes pasado el Tribunal había explicitado un severo cuadro de complicaciones financieras ante la nueva conducción del sindicato. Planteó que eso era un impedimento para poder responder a la recomposición.
Se trata de un cuadro financiero que ya Oscar Massei se había encargado de dejar en claro cuando le tocó presidir el TSJ, en 2009.
Al argumento de una sobredimensión de la planta de trabajadores incorporada durante el gobierno de Jorge Sobisch, ahora los vocales suman el progresivo detrimento de la coparticipación que reciben: pasó de representar el 6% del presupuesto de la provincia al 3,91% en la actualidad.
Stagnaro informó que no está claro cuándo Sejun y el TSJ volverán a reunirse. En tanto, el gremio adelantó que continuará con su plan de lucha.
El encuentro oficial llega luego de que, también, mediante un acuerdo del TSJ, los vocales expresaran que “el estado actual de desfinanciamiento pone en serio riesgo la prestación del servicio de Justicia, toda vez que los ingresos no resultan suficientes para atender los gastos de funcionamiento de los diferentes organismos”.
Suspendió el Tribunal Superior de Justicia las evaluaciones a los magistrados y funcionarios
El Tribunal Superior de Justicia suspendió las evaluaciones de los magistrados, al hacer lugar a un amparo presentado por la Asociación de Magistrados.
Consideró que la evaluación “pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales”.
Además rechazó la pretensión del consejero Gustavo Olivera de ser tenido como parte en el proceso.
Y aceptó por mayoría (con disidencia de Ricardo Kohon) la excusación de la vocal Graciela Martínez.
Más abajo pueden descargar el texto completo, cuya parte resolutiva señala:
1º) Rechazar in límine el pedido del Consejero Dr. Gustavo Olivera de ser tenido por parte en estos autos y, en consecuencia, ordenar el desglose y devolución del escrito de fs. 101/109 y la documental que allí se adjunta.
2º) Aceptar la excusación formulada a fs. 111 por la Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
3º) Tener presente lo manifestado por las Dras. Cecilia Pamphile y Luisa A. Bermúdez y hacerles saber que deberán continuar su intervención en los presentes.
4º) Suspender la vigencia del Art. 28 de la Ley 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes en estos autos, en tiempo y forma hábiles.
5º) Imponer las costas en el orden causado en atención a lo dispuesto en el considerando XIII (Arts. 69 del C.P.C y C. y 11 de la Ley 2.130)
Entre los argumentos, señaló el Tribunal Superior que “prima facie se vislumbra que la evaluación periódica de magistrados y funcionarios prevista en la normativa impugnada pone en riesgo la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales consagrada en los Arts. 110, 115 y 120 de la Constitución Nacional, 229 de la Constitución Provincial, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
“El régimen aludido deja abierta la posibilidad de que los miembros del Poder Judicial comprendidos sean sometidos a un “estado de evaluación permanente”. Ello surgiría, prima facie , del “seguimiento” dispuesto en el Art. 25 del REID y de la periodicidad prevista, tanto en el Art. 11 del citado Reglamento como en el Art. 28 de la Ley 2.533. Periodicidad que sólo establece una frecuencia mínima de cuatro años, pero no obsta a que el proceso se active cuantas veces se desee”.
“La situación reseñada conllevaría una inadmisible presión a la que podrían verse sometidos jueces y funcionarios, la cual muy probablemente afectará su desempeño, con el consiguiente impacto en el servicio de justicia”.
“Y esa indeseable consecuencia colisionaría frontalmente, además, con las normas constitucionales invocadas por los actores, que establecen y garantizan el sistema republicano de gobierno, mediante la división de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, y la inamovilidad de jueces y funcionarios. También, quebrantaría el propio objeto y finalidad perseguido en el Reglamento en cuestión, en cuanto dice propiciar y contribuir en todo momento a “la calidad del servicio de justicia preservando la dignidad e independencia de las personas que lo prestan” (Art. 1º)”.
Con un click aquí encontrarán todas las notas publicadas sobre el tema.
Y si de subrogancias se trata, los juzgados de Familia tienen lo suyo
En el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la reunión del 12 de mayo (click aquí), el punto 5 se refiere a la subrogancia alterna del juzgado de Familia 2 de Neuquén capital.
Las/los titulares del resto de los juzgados propusieron los períodos con fechas de inicio y finalización en los que cada uno subrogará el mencionado organismo, “en forma quincenal y alternada, a fin de no recargar sobre uno solo de los Magistrados la tarea en cuestión, en función de la temática que nos ocupa”.
El Tribunal Superior expresó al respecto que en otras oportunidades ha resuelto, con fundamento en las circunstancias excepcionales de cada caso, disponer una variación del régimen previsto en la Ley Orgánica para las subrogancias, cuando las razones de servicio y demás elementos de cada situación, así lo han aconsejado en función de la correcta prestación del servicio.
Lo que se resolvió fue que «a partir del 17 de mayo hasta la reincorporación de la titular del Juzgado de Familia 2, la subrogancia de dicho organismo sea alternada entre los titulares de los Juzgados del Fuero en forma quincenal».
Labate dice que son un ahorro las subrogancias en la Cámara Civil de Zapala
La cuestión de las subrogancias en la Cámara Civil de Zapala (ver post siguiente) dio origen a este comunicado del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate:
“El Presidente del Tribunal Superior de Justicia informa que, ante la situación suscitada por las vacancias producidas en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Zapala, se propició la fusión de los organismos de alzada de la III Circunscripción.
Así, por Acuerdo N° 4300 punto XII de fecha 20 de agosto de 2008 (no está en la web) y posteriormente por Acuerdo N° 4387 Punto VI de fecha 20/05/2009 (ese sí, click aquí), se remitieron sendos proyectos de ley a tal fin.
Ello, a la luz de los datos estadísticos que señalaban una merma de trabajo luego de la creación de la Cámara Multifueros en San Martín de los Andes y la de Cutral Co.
Atento a que, hasta la fecha, no se ha dado tratamiento al pedido, resultó indispensable dar cobertura a las necesidades del servicio a través del mecanismo de subrogancia previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cabe aclarar que tal modalidad, implica un ahorro de una cifra cercana a los 40.000 pesos mensuales, respecto del costo que tendría el pago de los salarios de los mismos cargos, cubiertos en forma permanente.
Por otro lado, la cifra aludida por los representantes del Colegio de Abogados de Zapala en declaraciones periodísticas como “embolsada mensualmente” por un camarista con ejercicio de subrogancia legal –es decir, desempañando las dos tareas- no se ajusta a la realidad dado que tal cifra correspondería, eventualmente, al ejercicio de 10 meses de subrogancia”.
Abogados de Zapala, duros con el régimen de subrogancias de la Cámara Civil
Leo en el diario que el Colegio de Abogados de Zapala cuestionó el régimen de subrogancias que se aplica en la Cámara Civil de Apelaciones de la localidad y que “les permite embolsar alrededor de 40.000 pesos mensuales” a quienes se benefician.
El Colegio emitió un comunicado con las firmas de su presidente José María Díaz Villar y su tesorero, Juan Martín López.
Calificó de “altamente inconveniente” la manera en que se estableció la subrogancia a cargo de Oscar Rodeiro y Enrique Modina al asegurar que “el Poder Judicial continuará realizando exageradas erogaciones salariales cuando, según opiniones de los mismos camaristas, el cúmulo de causas que se tramitan en las dos cámaras zapalinas de ninguna manera importa sobrecargar a los magistrados a punto tal que justifique que deba subrogar las vacantes civiles por el prolongado plazo de 30 días”.
El reclamo fue presentado meses atrás con el aval del Colegio de Chos Malal ante el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura sin obtener respuestas oficiales.
Los alcances del conflicto se remontan al año pasado cuando el Colegio planteó ante los magistrados zapalinos la posibilidad de llevar adelante un reclamo conjunto ante el TSJ a fin de que se arbitren los medios para garantizar, al menos, el nombramiento de dos camaristas que permitan elevar a cinco el plantel y garantizar una división de tareas entre el fuero civil y el penal.
“En aquel momento el doctor Rodeiro nos dijo que le parecía inmoral impulsar un pedido de esa naturaleza debido la escasa cantidad de causas que tenían bajo su órbita” aseguró López.
Dijo que “nos parece una falta de ética que por un lado rechacen el nombramiento de otros profesionales y al mismo tiempo coordinen un régimen de subrogancia que les permite embolsar alrededor de 40.000 pesos mensuales”.
Según las cifras que maneja el Colegio de Abogados, en lo que va del año la Cámara Civil de Apelaciones solo emitió “ocho o nueve” sentencias y todas resultaron “confirmatorias”.
“Resulta grave que, además de generar un gasto innecesario al Poder Judicial, esto no se vea reflejado en una mejora en la calidad del servicio” sostuvo López.
Los abogados plantearon que las subrogancias se realicen por lapsos de 14 días para adecuarse a las “notorias dificultades económicas de la justicia neuquina advertidas por el vocal del TSJ, Oscar Massei, en declaraciones públicas donde mencionó un posible colapso”.
El colegio sostiene que sería más económico nombrar a un camarista que seguir sosteniendo el esquema actual de suplencias.
La nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento impacta sobre los siete procesos en marcha
La entrada en vigencia de la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento provocará algunos trastornos en los siete pedidos de jury contra diez magistrados y funcionarios cuya admisibilidad aún no fue resuelta.
Uno de los cambios sustanciales en la ley, cuyo texto completo pueden descargar al final del post, es el referido a quién declara la admisibilidad o no de las denuncias.
Hasta ahora lo hacían los siete integrantes del Jurado. Reforma mediante, esa responsabilidad es de una comisión integrada por un vocal del Tribunal Superior de Justicia que no sea ninguno de los tres que integran el Jurado (los otros dos miembros son un diputado y un abogado también ajenos).
Estuve repasando el estado de los siete pedidos de jury cuya admisibilidad aun no fue definida, según se publica en la página del Poder Judicial.
Es evidente que van a necesitar subrogantes o conjueces para analizar la admisibilidad de más de uno. A menos que con rapidez el gobernador proponga y la Legislatura designe al quinto vocal.
Este es mi repaso.
Expediente 25/09: Oscar Domínguez y Marta Bailon. El Jurado lo integran por el TSJ los vocales Massei, Kohon y Labate, mientras que Martínez está excusada. Habrá que designar un representante del TSJ que forme parte de la comisión que estudiará la admisibilidad.
Expediente 26/09: Mirtha Felau. Como en el anterior, el jurado lo integran Massei, Kohon y Labate; Martínez está excusada.
Expediente 23/09: Nancy Vielma y Paula Stanislavsky. Ídem situación de los dos anteriores.
Expediente 24/09: Marisa Czajka y Santiago Terán. Lo integra Massei con Tomás Gavernet y José Andrada como subrogantes; mientras que Labate, Kohon y Martínez están excusados.
Expediente 28/09: Raúl Gaitán. Massei y Labate integran el jurado, Martínez está excusada. En la página web no hay información sobre la situación de Kohon.
Expediente 29/10: Federico Sommer. Ídem situación del expediente anterior.
Expediente 27/09. Ana Lía Zapperi. El Jurado lo integran Massei, Kohon y Labate, Martínez está excusada.
La ley dice en su artículo 3: “las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a todo proceso en trámite en el que no se haya dictado la admisibilidad”, lo que alcanza a todos los casos mencionados.
Les dejo el texto completo de la ley y la versión taquigráfica de la sesión legislativa en la cual fue aprobada en general, con Marcelo Inaudi como miembro informante, y el apoyo de Horacio Rachid, Ariel Kogan y José Russo (ver de la página 51 a la 64).
(Aclaración: al momento de escribir este post la ley aún no está promulgada pero es inminente que eso suceda, y no creo que el gobernador la vete).
Massei opina en Facebook que la Auditoría del Poder Judicial debería investigar el desempeño de fiscales y jueces de instrucción
El interesante diálogo que ilustra este post (click en la imagen para verlo más grande) se dio en el muro del vocal Oscar Massei en Facebook, y lo descubrí gracias a una de las incansables colaboradoras de este blog.
La pregunta que le formulan al vocal del Tribunal Superior de Justicia se relaciona, entiendo, con dos fallos que dejaron muy poco conformes a los familiares de las víctimas y en los cuales los jueces criticaron con aspereza el desempeño del fiscal.
Primero fue el caso Hermosilla Soto, fallo dictado por la Cámara Primera, y pocos días atrás en el caso Jadra, en un fallo de la Cámara Segunda.
La información estaría incompleta si no dijera que en ambos casos el fiscal fue Pablo Vignaroli, quien sorteó un pedido de Jurado de Enjuiciamiento por su desempeño en otras causas vinculadas con hechos de presunta corrupción, y que Massei fue uno de los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia que votó por la admisibilidad de las denuncias en contra del fiscal.
Y más allá del tema concreto del que se trata, esta es una demostración de cómo los responsables de los poderes del Estado pueden usar las redes sociales para responder a las inquietudes de la comunidad.
Está en serio riesgo la prestación del servicio de justicia en Neuquén, dice el Tribunal Superior
La prestación del servicio de justicia se encuentra “en serio riesgo” por problemas presupuestarios, informó oficialmente el Tribunal Superior de Justicia en su página web.
Por eso su presidente Guillermo Labate, el primer (¿y único?) de los vocales elegidos por Jorge Sapag, pedirá una audiencia con el gobernador para transmitirle la “preocupación institucional” por esta situación.
La nota completa del Poder Judicial dice:
“Atento al informe efectuado por el Administrador General sobre la situación financiera del Poder Judicial y en el entendimiento de que resulta necesario instrumentar canales de diálogo a fin de encontrar soluciones a los inconvenientes económicos presentados y a fin de transmitir la preocupación institucional por tal situación, el Tribunal Superior de Justicia resolvió gestionar una reunión entre el Gobernador de la provincia y el Cuerpo en pleno, incluidos los Ministerios Públicos.
El Punto 7, del Acuerdo N° 4519, expresa que “la ausencia de aprobación legislativa del presupuesto del año 2010 (…) sumada al significativo detrimento que ha tenido el ingreso de fondos en concepto de coparticipación –de los que se nutre el Poder Judicial-, ha generado una situación financiera que necesita ser atendida en forma urgente”.
Además señala que cuando se estableció el 18 % de coparticipación para el Poder Judicial, éste implicaba el 6% del presupuesto provincial mientras que ahora representa el 3.91%, lo que resulta insuficiente para el funcionamiento de las estructuras judiciales.
En este sentido, en el acuerdo se destaca que “el estado actual de desfinanciamiento pone en serio riesgo la prestación del servicio de Justicia, toda vez que los ingresos no resultan suficientes para atender los gastos de funcionamiento de los diferentes organismos”.
Hasta aquí la cita.
Hoy también se cumple el día de paro dispuesto por el gremio judicial Sejun.
El punto 8 del acuerdo es una respuesta al gremio. Dice en la parte resolutiva: “Hacer saber al Sindicato de Empleados Judiciales, que el Tribunal Superior de Justicia se encuentra abocado a resolver la actual situación de desfinanciamiento que sufre el Poder Judicial en este momento, por lo que no resulta posible en lo inmediato abordar la petición formulada” (itálica y negrita en el original)
El gremio judicial resolvió medidas de fuerza en reclamo de aumento salarial
El gremio judicial decretó medidas de fuerza. Estas son las declaraciones que durante el día hicieron a la radio LU5 el secretario general de Sejun y el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
José Luis Torres, secretario general de Sejun: “Hay un pedido de una suma fija, que nosotros denominamos adelanto a cuenta de un aumento que está solicitado, desde hace dos meses. La conducción anterior había planteado el tema de aumento pero no hay respuesta a raíz de que el presidente del Tribunal manifestó que no se había aprobado todavía el presupuesto (…) Hicimos un pedido en una nota formal al presidente del Tribunal, un pedido de 3 mil pesos, y no hemos tenido respuesta”.
“Sabemos que el tema del presupuesto está sujeto a eso, la solicitud era los 3 mil pesos en una sola vez, o en su defecto, estuvimos charlando con el presidente, que estaría la posibilidad de ser 1.500 y 1.500. Es la única forma de poder darle un oxígeno a los compañeros que realmente están con esta situación que ya es difícil sobrellevar”
“Al no tener respuesta del Tribunal, acá la única forma de lograr que se atiendan nuestros requerimientos son las medidas de fuerza”.
“El pedido es de 20% del aumento salarial. Entendiendo que no había respuesta a esto, si existía la posibilidad, confirmando el 20%, pero con un adelanto (…) a cuenta de futuros aumentos”.
Guillermo Labate, presidente del Tribunal Superior de Justicia: “Los reclamos son válidos, el problema puntual es que no tenemos presupuesto aprobado (…) Sin los elementos presupuestarios para atender un aumento salarial, el único compromiso que tenemos es que en principio reconocemos esta realidad de desajuste salarial”.
“Hay un pedido de ellos de una suma fija para atender inmediatamente, esto se reiteró hoy, y se va a tratar de llevar estas propuestas al acuerdo del miércoles para analizar la petición del gremio”.
“Hay una falsa idea: a veces se menciona el suelo de los judiciales como privilegiado, y el de las categorías bajas está en límites inferiores a cualquier otro empleado en las mismas condiciones en el área de comercio o en áreas estatales (…) Un ingresante está en 2.200 pesos, comparativamente con algunos será mejor, con otros está mucho peor”.
“Nos manejamos con los mismos índices de coparticipación desde que se creó la ley de autarquía. Cuando se dicta la ley en 1992 los fondos que le correspondían al Poder Judicial eran el 6 por ciento del presupuesto general de provincia, hoy está en un 3 por ciento. En el ínterin, en 2005 hubo un incremento importante de organismos judiciales sin la correspondiente reestructuración de las partidas presupuestarias”.
La imagen es de archivo de la página oficial de Sejun.
Dicen que será Marcelo Inaudi el próximo candidato a vocal del Tribunal Superior de Justicia
Hace tiempo que Horacio Quiroga quiere tener su propio vocal en el Tribunal Superior de Justicia.
Allá por 2001, en la época en que Jorge Sobisch desmanteló y volvió a armar al Tribunal Superior de Justicia (lo cual desencadenó todo lo que ya conocen de ahí para abajo en la estructura del Poder Judicial) se decía que uno de los nuevos vocales sería el abogado radical Hugo Prieto.
No fue así. De todos modos Quiroga acompañó a los candidatos de Sobisch con su voto en la Legislatura (a través de Marcelo Inaudi) y así subieron al Tribunal Superior Roberto Fernández, Jorge Sommariva, Eduardo Badano y compañía.
Cuando cambió el gobierno provincial y los tres mencionados se fueron (en el caso de Badano, por destitución, y en ese juicio político Inaudi también jugó un rol relevante) volvió el rumor de un vocal quiroguista.
Pero por entonces Quiroga y Prieto estaban distanciados, así que el gobernador Jorge Sapag postuló a otro candidato del quiroguismo: Marcelo Benavides. Ya regía el decreto llamado de autolimitación, hubo mucha oposición, y Benavides decidió bajarse.
Ahora vuelven los rumores, porque hace hoy 119 días que existe una vacante en el Tribunal Superior, y señalan que el candidato a vocal será Marcelo Inaudi.
Alejandro Lillo dijo hoy al mediodía por radio: “Trascendió que está la definición por parte del Poder Ejecutivo de mandar la propuesta para ocupar la vacante en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. El trascendido habla de que se cumplió un pacto político con el sector que lidera Horacio Quiroga, para que el diputado Marcelo Inaudi sea propuesto como integrante del Tribunal Superior por parte del Ejecutivo Provincial”.
Algo había adelantado en este post y advertía de las dificultades del quiroguismo para encontrar a un candidato que sortee el decreto de autolimitación y que reúna los dos tercios de los votos en la Legislatura.
Apenas escuché a Lillo por la radio llamé a Inaudi para preguntárselo directamente, y su respuesta fue: “no tengo idea, al gobernador no lo veo desde octubre del año pasado”.
¿Será de todos modos el candidato Inaudi, a quien se le vence el mandato como diputado provincial y no puede repetir?
Actualizo el post con dos datos: es poco conocido que en 2008, Inaudi fue el encargado de informarle al círculo del gobernador Sapag que el candidato a vocal del quiroguismo era Oscar Pandolfi. No hubo acuerdo, y entonces surgió la candidatura de Benavides.
Lo otro ya fue contado en este post y se refiere a que después de la fallida postulación de Benavides, el radicalismo no volvió a votar a favor de ningún candidato a vocal del Tribunal Superior.
Cuatro sorteos de conjueces en el Tribunal Superior de Justicia
El bolillero tuvo poco descanso hoy en la secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. Les pido un poco de paciencia porque la explicación de cada caso es larga.
Primero giró con tres bolillas en su interior. El motivo era designar a un miembro del Tribunal Superior de Justicia para integrar el Jurado de Enjuiciamiento que debe considerar si es admisible o no una denuncia contra los fiscales Marisa Czajka y Santiago Terán, ambos de Cutral Co.
La denuncia la presentó un abogado particular en una causa de presunta usurpación y presunta desobediencia a una orden judicial en la que están imputados dirigentes mapuches, e involucra a una empresa petrolera.
El sorteo se realizó (copio y pego de la página oficial): “en virtud de haberse agotado el orden de subrogancias previsto en el art. 239 de la Constitución Provincial toda vez que se excusaron de intervenir en dicho proceso constitucional, los Dres. Ricardo Kohon, Graciela M. De Corvalán, Antonio G. Labate y Alberto Tribug”.
Y giró con tres bolillas porque, como se explica unos post más abajo, de la lista de diez conjueces, sólo tres no han salido aún sorteados para intervenir en algún expediente.
Ahora sí, el orden de prelación: Ana Lía Zapperi; José Andrada y Pablo Furlotti.
Se estima que Zapperi podría excusarse porque también hay un pedido de jury pendiente en su contra que viene de arrastre de 2009; si Andrada llegara a hacer lo mismo (o si lo recusaran por alguna razón) habrá que hacer un nuevo sorteo, porque Furlotti seguramente también se excusará ya que comparte circunscripción con los fiscales acusados.
Otros de los sorteos de hoy a la mañana se vincula con un antiguo reclamo administrativo del ex vocal Eduardo Badano en la época en que era juez, para cobrar una diferencia salarial por un pago en negro (hay muchos reclamos similares).
Allí hacía falta un fiscal, y salió en primer lugar la bolilla de Pablo Gutiérrez Colantuono. Habrá que ver si hace tiempo a excusarse antes de que lo recusen, pero una cosa es segura: no será fiscal de esta causa. En segundo lugar salió sorteada Ana María Montero.
El bolillero siguió girando, esta vez para designar conjueces que intervengan en dos sumarios administrativos pendientes contra el fiscal Rómulo Patti.
Están relacionados con su intervención en la causa que muchos conocen como “la del coito interfémora”. Es el caso de la niña que fue abusada sexualmente por su vecino policía, quedó embarazada, tuvo el hijo, el ADN certificó que el padre del niño es el vecino, y sin embargo la Cámara Segunda no condenó al imputado por abuso sexual con acceso carnal. Y Patti no apeló.
En los dos sumarios contra el fiscal de Cámara salieron sorteados para intervenir Pedro Luis Quarta y Roberto Busamia, en uno; y Omar Adolfo Busqueta y Alberto Rocamora en el otro.
(La foto de la secretaria de Superintendencia Isabel Van der Walt es de prensa del Poder Judicial de Neuquén)
Badano, admisible. Texto completo
Pueden descargarlo en formato word.
Otra renovación de alquileres de edificios del Poder Judicial
Es uno de los edificios más incómodos del Poder Judicial, y en las últimas semanas fue el más apedreado. Allí, en dos minúsculas salas, se realizan los juicios orales. Le cuesta al presupuesto judicial 35.000 pesos por mes, por contratación directa.
El acuerdo 4511 del 7 de abril dice en su punto 4:
“Aprobar la renovación del contrato de locación del inmueble sito en calle Irigoyen N° 177/179 de la Ciudad de Neuquén, por el término de un año, a partir del 1° de Mayo de 2010 hasta el 30 de Abril de 2011. 2º) Fijar el valor locativo global en la suma de $420.000,00. Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de $35.000,00.
El punto 5 también se refiere a una renovación de alquiler:
“Autorizar la renovación del contrato de locación del inmueble sito en calle B. O´ Higgins N° 840 y Hua Hum N° 1402/10/16 de la ciudad de Neuquén (allí funciona el archivo), por el término de doce meses (12) desde el 01/04/10 al 31/03/2011. 2º) Fijar el valor locativo global en la suma de pesos noventa y seis mil sin cts. ($96.000,00). Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de pesos ocho mil sin cts. ($8.000,00). (Muy bueno el detalle de “sin centavos”)
El acuerdo completo, aquí.
Declaran admisible el recurso de queja de Eduardo Badano
La sala del Tribunal Superior de Justicia integrada por Oscar Massei y Marcelo Iñíguez (conjuez) acaba de declarar admisible el recurso de queja de Eduardo Badano, el vocal designado por Jorge Sobisch y destituido por juicio político.
Más abajo podrán descargar el rechazo de la sala juzgadora a su apelación, lo cual abrió el camino del recurso de queja cuya admisibilidad formal acaba de ser resuelta. Habrá ampliación.
Una aclaración: este post no tiene nada que ver con el anterior (eso creo).
La vacante en el TSJ cumple 100 días
El Tribunal Superior de Justicia cumple hoy cien días con una vacante. Técnicamente los cuatro vocales están en condiciones de designar a un quinto como interino. No lo harán, ni siquiera han conversado del tema. Lo cual no quiere decir que no les incomode y que no les provoque algunos trastornos de funcionamiento.
Según la Constitución provincial, artículo 236, “los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y demás jueces y funcionarios de los ministerios públicos, deberán ser designados dentro de los sesenta (60) días de producida la vacancia del cargo. Si se tratare de los de vocal del Tribunal Superior, su fiscal o defensor y transcurriera el término indicado sin ser provista la vacante, el Tribunal Superior procederá a efectuar la designación correspondiente con carácter interino”.
La última vez que el Tribunal Superior de Justicia recurrió a la designación de interinos fue en los tormentosos días de 2002, cuando las ternas designadas por Sobisch se encontraban trabadas en la Legislatura (que en ese entonces presidía Jorge Sapag). Después vino el escándalo de la cámara oculta, el triunfo electoral de Sobisch de 2003 y la renovación judicial total de 2004.
Ni siquiera en 2008, cuando se produjo la estampida de vocales (algunos por jubilación, otros por juicio político) y el TSJ quedó con sólo dos miembros, se echó mano de este recurso constitucional.
Con la vacante actual lo que preocupa no es que se esté violando una manda constitucional. Después de todo no sería la única. Tampoco se cumple, por ejemplo, con la creación de fuero contencioso administrativo y nadie se escandaliza por ello. Y si queremos el consuelo del mal de muchos, también la Corte Suprema de Justicia está incompleta.
Lo que inquieta es la sospecha sobre los motivos por los cuales no se cubre esa vacante. Y sería, como ya se publicó en este blog, que Sapag estaría utilizando la vocalía del TSJ como prenda de negociación con otros sectores políticos.
Y dicen los más filosos que tiene que hacer equilibrio con tantos potenciales aliados/enemigos (sobischistas, quiroguistas, kirchneristas) que una vocalía es demasiado poco para dejar conformes a tantos.
Quizá se produzcan pronto, por jubilación, otras vacantes, si bien menos apetecibles que el puesto de vocal. ¿Será para algunos cuestión de esperar el premio consuelo?
El paro docente no es un conflicto de poderes
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén se declaró incompetente para resolver una acción de amparo que presentó el municipio de San Martín de los Andes contra la Provincia del Neuquén (es decir, el órgano que conduce Luz Sapag contra el que conduce su hermano Jorge Sapag) y contra la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
Más abajo pueden descargar el fallo completo en formato word. La acción pretendía que “se condene a las demandadas a que se efectivice el derecho a la educación obligatoria para todos los alumnos del municipio de San Martín de los Andes, en los niveles preescolar, primario y medio, medida ésta, extensible a todos los alumnos de la Provincia del Neuquén de idénticos niveles, con costas”.
El Tribunal, en un fallo conocido hace pocas horas, dijo que la vía del amparo “no puede constituirse en el carril ordinario de revisión de la constitucionalidad del actuar estatal: El análisis de legalidad y constitucionalidad debe ser consecuencia de lo que corresponda decidir acerca de la contienda de atribuciones entre los poderes públicos”.
Agrega: “el conflicto al que hace referencia el precepto constitucional, se verifica, por regla, a través de divergencias entre órganos constitucionales respecto del ejercicio de atribuciones que les concede la ley fundamental”.
En este caso, “no se encuentran en juego atribuciones propias del Municipio de San Martín de los Andes, que sean desconocidas o usurpadas por los Poderes públicos provinciales; por el contrario, como se indica en la demanda, el amparo se presenta ‘para la defensa de los derechos de todos los habitantes de dicha ciudad, incluidos los menores destinatarios de la educación que se imparte en las escuelas públicas’. En definitiva, es la propia argumentación utilizada en el capítulo de legitimación, la que reafirma la inexistencia de un conflicto de poderes, única hipótesis que habilitaría la competencia originaria de este Cuerpo”.
Estamos en fueradelexpediente.com.ar 
Comentarios recientes