Archivo
Confirmado: Hugo Acuña presidente del Tribunal de Cuentas
Moya sigue siendo presidente del Tribunal de Cuentas, y a la vez presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia
Al final se cumplió lo que había pronosticado aquí: Evaldo Moya será presidente del Tribunal Superior de Justicia. Subrogante, es cierto, pero presidente al fin.
Y será mucho más que eso.
Hoy se dio a conocer parte del acuerdo 4824 celebrado ayer.
El presidente a partir del 14 de febrero será, ya se sabe, Ricardo Kohon. Moya lo subrogará.
También presidirá la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento que, según quedó demostrado en la práctica, tiene poder para desestimar un pedido de jury, pero no para declararlo admisible.
Y lo más interesante es que será subrogante del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Moya viene de ser, precisamente, presidente del Tribunal de Cuentas, cargo que ahora está vacante.
Esto quiere decir que a partir del 14 de febrero Moya será presidente subrogante del TSJ y seguirá siendo presidente (subrogante) del Tribunal de Cuentas.
Pocos vocales han tenido tanto poder en los últimos años.
Otras novedades menos sorprendentes son que la sala penal estará integrada por Graciela Martínez y Guillermo Labate, y la sala Civil y Procesal Administrativa por Oscar Massei y Moya.
Kohon no integra ninguna sala pero puede integrarlas todas, en caso de empate.
Otras designaciones:
Integrantes Junta Electoral Provincial: Kohon (Presidente), Labate y Massei (Vocales)
Representante del TSJ ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales: Moya.
Representante del TSJ en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia: Massei
Subrogante del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Moya.
Presidente del Tribunal de Superintendencia Notarial: Kohon
Consejo directivo escuela de capacitación: Kohon, Labate y Graciela Martínez.
Supervisores por Circunscripciones Judiciales
I: Kohon
II: Moya
III: Labate
IV: Massei
V: Martínez de Corvalán
El rumor del verano: ¿Hugo Acuña al Tribunal de Cuentas?
Parece que fue una (o más de una) visita de Hugo Acuña a Evaldo Moya en el Tribunal de Cuentas la que disparó el rumor.
¿Es posible que Acuña, actual integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Movimiento Popular Neuquino, reemplace a Moya, futuro vocal del Tribunal Superior de Justicia?
Como posible, todo es posible. El cargo es inamovible como el de un juez, y no temporal como el de un consejero.
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia” como dice la Constitución.
Sea con Acuña o con otra persona, el gobernador Jorge Sapag debe cubrir la vacante que deja Moya en el TdC.
Un detalle a tener en cuenta es que el candidato o la candidata que postule necesita acuerdo legislativo, pero la Constitución también contempla el consentimiento tácito: si en 30 días la Cámara no trata en pliego, la designación se produce en forma automática. (Inciso 23 del artículo 189, referido a las atribuciones de la cámara de diputados: “Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiere expedido”).
¿Y qué pasaría en el Consejo de la Magistratura si el candidato fuera efectivamente Acuña? Lo reemplazaría Karina Miguel, conocida por ser la primera abogada gitana de la región.
Proponen autarquía financiera para el Tribunal de Cuentas. ¿Es el momento?
La diputada Soledad Martínez (Frente Grande) presentó un proyecto de ley para que el Tribunal de Cuentas tenga autarquía financiera.
En su artículo primero establece que se compondrá del 2,5 por ciento del producido del Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales que le corresponda a la provincia.
El sexto dice que “el presidente del Tribunal de Cuentas podrá disponer las reestructuras y modificaciones que considere necesarias sobre los créditos de las partidas presupuestarias que conforman el presupuesto”, y que luego deberá comunicarlas al Poder Ejecutivo y a la Legislatura.
“No se concibe la idea de la dependencia a un Poder, habida cuenta que el mismo queda sujeto en cuanto al control de sus actos e inversiones, al propio Tribunal de Cuentas”, plantea la diputada en sus fundamentos.
Le pregunté a Soledad Martínez si su proyecto no le estaba dando demasiado poder al presidente del Tribunal, un hombre de extrema confianza de Jorge Sapag. Y recordemos que una de las vocales del organismo es prima del gobernador.
“La composición del Tribunal está lejos de satisfacer los requerimientos que deben tenerse en cuenta. Probablemenente con esta integración, en esta coyuntura, no sea lo ideal, pero el Tribunal de Cuentas como institución tiene que tener autarquía financiera”, contestó.
“Queremos que el gobierno muestre con voluntad concreta este discurso de que quieren re funcionalizar el Tribunal de Cuentas. Las ultimas dos designaciones tuvieron como prólogo del Ejecutivo esta vocación de devolverle todas las atribuciones al Tribunal”, agregó.
“Hoy es virtualmente imposible realizar la totalidad de los controles. Aunque el Tribunal tuviera vocación de controlar, al carecer de sus recursos no puede disponer cuánto personal tiene, los honorarios de los profesionales que quiere contratar, etcétera, y así no se puede controlar nada. Es clara la decisión política de que el Tribunal controle lo mínimo y necesario, pero aun cuando tuviera vocación de controlar, se encontraría con la imposibilidad concreta de que así ocurra”.
La presentación del proyecto en la actual coyuntura puede parecer inoportuna. Aunque Martínez viene trabajando en esta iniciativa desde antes que se conociera la jugada de Sapag de meter a sus allegados en el organismo encargado de controlar los gastos de su gobierno.
En la sesión del 9 de setiembre pasado, cuando se aprobó la “ley Rachid” que le pone fecha de vencimiento a las investigaciones, la diputada ya advertía que “lo que en el diseño pretendió ser un mecanismo de control externo terminó siendo un mecanismo más casi de control interno, porque el Tribunal de Cuentas de la provincia no tiene autarquía financiera” (…) “Para el año 2009 Hacienda le recortó en más de 3 millones el presupuesto remitido y otro tanto ha ocurrido en el año 2010 con las consecuencias conocidas.Nos encontramos ante un Tribunal de Cuentas paralizado producto de un reclamo salarial y un reclamo que procura mejorar las condiciones de trabajo en todos los aspectos”.
El proyecto completo pueden descargarlo aquí abajo.
Moya, abogado de confianza de Sapag, asumió en el Tribunal de Cuentas
Unos pocos conocían hasta ahora el rostro de Evaldo Darío Moya. Para la sociedad en general era –es- un desconocido. Quizá incluso para algunos de los diputados que votaron su nombramiento en el Tribunal de Cuentas.
Moya había sido elegido por Jorge Sapag para un cargo estratégico: la asesoría general de la gobernación.
Desde ese lugar se ejerce el control de legalidad de los actos administrativos del gobierno, se supervisan los decretos, y en algunos casos, las licitaciones públicas y otras contrataciones del gobierno.
Por decisión de Sapag, ahora ocupa la presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia. En ese organismo se aprueban o desaprueban los gastos del gobierno.
Algunos de esos gastos fueron supervisados y autorizados por la asesoría general de gobierno.
¿Tendrá que excusarse en más de un expediente?
La designación de Moya fue casi tan desprolija como la de Ana Esteves, prima de Sapag, también en el Tribunal de Cuentas.
A Moya no le conocían la cara porque su pliego fue aprobado sin que pasara en forma personal por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura (como mandan la tradición y el sentido común) a exponer sus ideas para el organismo que presidirá de manera vitalicia, si la fortuna lo acompaña (sólo los pueden remover por jurado de enjuiciamiento).
Esteves estuvo obligada a asistir, en lo que puede considerarse una modesta victoria de la oposición legislativa. Su pliego fue aprobado de madrugada y sólo con los votos oficialistas.
Según cuenta “Río Negro” hoy, Moya dijo al jurar en el cargo: “Los hechos van a demostrar que voy a honrar el cargo que el gobernador propuso y la Legislatura aceptó”.
Y respecto de su ausencia en la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo una frase de circunstancia: “No me invitaron; con gusto hubiese participado”.
Sapag logró meter a su prima en el Tribunal de Cuentas sólo con el voto de su partido y los aliados
A la madrugada y sólo con el voto del bloque del Movimiento Popular Neuquino y sus aliados, el gobernador Jorge Sapag logró meter a su prima Ana Esteves en el Tribunal de Cuentas, un organismo de control del Poder Ejecutivo.
El tema fue motivo de varios post.
Leo en 8300 que el acuerdo para designar a Esteves se logró con el voto favorable del MPN y el Interbloque Peronista Federal que sumó 17 votos contra 15 rechazos de los bloques del PJ, UCR, Alternativa Neuquina, Libres del Sur y MUN.
Desde el oficialismo, el diputado José Russo defendió la solvencia y trayectoria de Esteves para ocupar la vocalía. Para ello se destacó la exposición que dio en la comisión de Asuntos Constitucionales. “No encontramos argumentos para decir que no”, afirmó el jefe de la bancada oficialista. En igual sentido, Horacio Rachid (Peronismo Federal) minimizó el parentesco como motivo de rechazo.
En tanto, el diputado Marcelo Inaudi (UCR) criticó el nombramiento de una pariente del gobernador en un organismo de control. Ariel Kogan (PJ) recordó que Esteves tiene expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas por actuaciones administrativas.
Soledad Martínez (Alternativa Neuquina), cuestionó la parálisis del tribunal por decisión política del gobierno, único organismo de control externo. Paula Sánchez (Libre del Sur) reclamó el poder de autolimitación del gobernador que se aplicó en la designación de vocales del Tribunal Superior de Justicia. Rodolfo Canini (MUN) también enfatizó el parentesco como motivo central de rechazo.
(Foto prensa de la Legislatura)
Para aumentarse el sueldo los diputados se comparan con lo que ganan los jueces
Leo en el sitio web de la Legislatura que los diputados se dieron, para ellos y para el personal, un aumento de sueldos.
Dice la información que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó en general y por unanimidad la ley que fija una nueva escala de remuneraciones para todo el personal del Poder Legislativo y como novedad, introduce un mecanismo de “enganche” del sueldo de los diputados con el de los trabajadores.
Se trata de un acuerdo entre el gremio ANEL y la presidencia de la Legislatura, a partir de una iniciativa del gremio legislativo, con aplicación retroactiva al 1 de septiembre, con excepción de los diputados.
En el caso de los trabajadores legislativos, las modificaciones están dadas en adicionales por título, antigüedad, responsabilidad y horario nocturno. Para los diputados, se adiciona a la dieta el 28,6% de la categoría máxima (SL) del escalafón.
El debate se dio en el artículo referido a la recomposición de los diputados.
Como miembro informante, el diputado Horacio Rachid (Opción Federal, aliado del gobierno) destacó que el sueldo de los diputados va a estar fijado por una paritaria, a la que calificó como una herramienta que promueve la organización, la transparencia y la convalidación. Explicó que la iniciativa generará un aumento inmediato en las remuneraciones de diputados y empleados de planta permanente y política. “Esto es un signo de transparencia institucional”, aseguró.
El diputado Rodolfo Canini (Une-MUN-PS) valoró el acuerdo impulsado por los trabajadores y como discordia, propuso relacionar el aumento de sueldo de los diputados con el incremento otorgado a los docentes. Dijo que la recomposición es del orden del 22% sobre un sueldo de 13 mil pesos “de bolsillo” que ascendería a 17 mil, cifra a la que consideró “un despropósito”.
En su exposición, José Russo (MPN) comparó los ingresos de diputados con sectores públicos y privados. Señaló que las remuneraciones que perciben los camioneros oscilan entre 15 y 17 mil pesos por mes; directores de escuelas, con antigüedad, que reciben ingresos de 6 mil a más de 8 mil; jueces que cobran 30 mil pesos mensuales; ingenieros de CALF que perciben más de 20 mil pesos. Defendió la autonomía e independencia de los legisladores al sostener que “no nos compran las leyes”.
En tanto, Soledad Martínez (Alternativa Neuquina) apoyó la iniciativa de los trabajadores legislativos pero expresó su desacuerdo con la incidencia del aumento en la dieta de los diputados. “No podemos ser los diputados los que nos demos un aumento del 22% cuando el promedio de la provincia no supera el 11”, acotó al fundamentar su rechazo al artículo 4 del proyecto en el tratamiento en particular.
Desde Libres del Sur, Paula Sánchez discrepó con el enganche de sueldos propuesto y anticipó que votará en contra los artículos 3, sobre paritarias para establecer el valor punto, y el artículo 4, de la dieta de legisladores.
Por el PJ, Miguel Lucero afirmó que “es el primer aumento que se dan los diputados en esta gestión” y mencionó que el despacho del proyecto fue aprobado en la reunión semanal de la comisión de Trabajo que preside.
Su compañera de bloque, Amalia Jara, defendió el aumento y criticó los “dobles discursos”. En ese sentido, pidió a sus pares que están en desacuerdo que lo donen a entidades de bien público.
Con tanta discusión salarial no quedó tiempo para que en la sesión de hoy a la tarde se trataran otros temas.
Así, el acuerdo para el nombramiento de Ana Esteves en el Tribunal de Cuentas tomó estado parlamentario y será tratado en la sesión de las cero horas del jueves.
Un horario muy conveniente.
Exigen a Sapag que demuestre «un auténtico compromiso con controlar y sancionar la corrupción»
A propósito de la situación en el Tribunal de Cuentas, un grupo de organizaciones entre las que figuran Convocatoria Neuquina, Foro Ciudadano, Vahlor, APDH, Sejun, ATEN, CTA, ATE Salud, ATE Tribunal de Cuentas, Confederación Mapuche y el Observatorio de DDHH de Asuntos Indígenas presentará mañana miércoles en la Legislatura un crítico documento que pueden descargar completo más abajo, y entre cuyos párrafos salientes figuran:
“Consideramos un deber cívico ineludible advertir a las autoridades y a la sociedad en general sobre la progresiva degradación del Tribunal de Cuentas, que es el órgano constitucional que tiene a su cargo la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de los caudales públicos (artículo 258 de la Constitución Provincial) y “el control externo del sector público provincial y municipal”, con facultades para hacer el juicio administrativo de responsabilidad de los funcionarios”.
El Tribunal de Cuentas “se encuentra en una situación de parálisis desde hace casi un año y el Gobierno no ha hechos los esfuerzos necesarios para procurar resolver la situación, demostrando una absoluta falta de interés en el eficiente funcionamiento de este órgano de control”.
El gobierno provincial “históricamente ha favorecido la falta de independencia del Tribunal, integrándolo con funcionarios provenientes de los propios equipos de gobierno, es decir de las áreas que el Tribunal debe controlar. Incluso cuenta entre sus miembros al contador Molia, que ha sido condenado administrativamente por el propio Tribunal de Cuentas”.
“Se han adoptado diversas medidas para recortar el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas. Por un lado varios organismos han ido quedado fuera del control del organismo, tales como el Banco de la Provincia del Neuquén, Hidenesa, Corfone, entre otros. También han escapado al control oportuno los fondos autorizados por decretos secretos, tales como los vinculados con los gastos del Programa Integral de Seguridad”.
“Además, recientemente, el Gobierno ha vuelto a usar discrecionalmente de la facultad del artículo 260 de la Constitución Provincial, designando como miembros del Tribunal a dos funcionarios del Poder Ejecutivo (Darío Moya y Ana Esteves) que también son miembros del partido gobernante”.
“Moya fue designado sin que se conocieran sus antecedentes, y sin que los legisladores pudieran entrevistarlo, vale decir de la cuestionada manera en que antes se elegían los miembros del Tribunal Superior de Justicia, que nos llevó a tener uno de las administraciones judiciales mas desprestigiadas del país”.
“En el caso de Esteves, a ello se agrega un vínculo parental muy próximo al Gobernador y a otras altas jerarquías gubernamentales, evidenciando una clara intencionalidad política de “controlar” a los controladores”.
“Reclamamos que se honren verdaderamente los valores de la democracia, se resguarde la ética pública y se demuestre un auténtico compromiso en controlar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.
Por qué Sapag propone a su prima para el Tribunal de Cuentas y no cubre la vacante en el Tribunal de Justicia, entre otras preguntas
Ana Esteves, la prima del gobernador Jorge Sapag, tuvo que ir hoy a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura a responder preguntas de los diputados por su candidatura a integrar el Tribunal de Cuentas.
No fue la convicción sino las circunstancias políticas las que obligaron a esta presentación.
Puede considerarse que se trató de una derrota del oficialismo, que semanas atrás había logrado escamotear de las preguntas de los diputados al anterior candidato al Tribunal de Cuentas, Evaldo Darío Moya, quien sin tener relación de parentezco con Sapag, goza de su entera confianza.
Sin embargo a la presencia de Esteves en la Legislatura, el MPN le sacará rédito como si fuera una virtud.
Sus 40 años en el poder, así como la ausencia de una oposición fuerte y organizada, le permiten darse esos lujos.
También la presunción de que estos no son los temas que le importan “a la gente” y que la repercusión mediática es mínima.
Pero por sobre todo, lo que tranquiliza al oficialismo es que tiene los votos suficientes para imponer al candidato o candidata que se le antoje (le basta con mayoría simple de votos). Cosa que no pasa con el Tribunal Superior de Justicia, donde la mayoría exigida es calificada.
Por eso se explica que Sapag haya propuesto para el Tribunal de Cuentas a su abogado de confianza y a su prima incluso antes de que se materializaran las dos vacantes (Verónica Novoa ya se fue, pero Violeta Mandón recién se jubilará en noviembre).
En cambio en el Tribunal Superior de Justicia hay una vacante desde enero sin cubrir.
Las razones de tan notable diferencia de criterios la explicó el mismo Sapag hoy, en Convunco. Porque quiso la casualidad que mientras su prima daba explicaciones ante los diputados, el gobernador formulaba declaraciones periodísticas tras los actos por el aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña 10.
Allí le preguntaron si ya tenía el candidato para el Tribunal Superior de Justicia, a lo que respondió: “se sabe bien que necesitamos dos tercios (de los votos) en la Legislatura, así que tenemos que buscar consensos para esto y buscar las personas que mejor representen a los neuquinos. También tenemos el decreto de autolimitación, o sea, (el candidato) tiene que resistir la vidriera primero y después hay que buscar consensos para obtener los dos tercios” en la Legislatura.
Es notable que diga «necesitamos» dos tercios.
El que necesita un vocal en el Tribunal Superior es el Estado provincial, la ciudadanía, no el partido en el gobierno.
¿Qué haría Sapag si no tuviera ese obstáculo constitucional de la mayoría agravada? ¿Lo mismo que su antecesor?
Tres voces
Para terminar, un resumen de lo que se dijo en la comisión de Asuntos Constitucionales durante y luego del paso de Ana Esteves. (El pliego se tratará mañana, sólo lo votarán el oficialismo y sus aliados).
Paula Sánchez, del Movimiento Libres del Sur: “Según las actuaciones que constan en el Tribunal de Cuentas y que se encuentran elevadas a juicio administrativo de responsabilidad por la suma de 3.920.586,87 pesos en el Acuerdo 7556, está claro que la contadora Ana Esteves mantiene controversias con el mismo organismo que pasaría a integrar de confirmarse su designación”.
“La contadora Esteves dijo haber recurrido dicho Acuerdo pero no dio detalles de su situación actual y no informó ante quién lo presentó ni en qué fecha. Dejó claro que el recurso que dice haber presentado no se basó en las objeciones formuladas al procedimiento -no justificar la necesidad de una compra directa que resultase beneficiosa para las arcas provinciales-, sino que se basó en los montos que se le imputan”.
José Ruso, presidente del bloque de diputados del MPN: “Pareciera que algunos diputados no conocen los mecanismos de procedimientos del Tribunal de Cuentas ya que hablan de causas pendientes cuando dicho organismo hace reparos y observaciones; justamente esta situación quedó aclarada bajo las declaraciones de Esteves. Aún así, desde la comisión, haremos una petición por escrito al Tribunal de Cuentas sobre la actual situación de sus correspondientes observaciones”.
“La legitimidad de una persona para ejercer un cargo no puede darse por su familiaridad o relación de parentesco con alguien, la legitimidad surge de la capacidad y de la adecuación a las normas y en este caso no existe norma que impida su desempeño como vocal en el Tribunal de Cuentas. Las opiniones vertidas se relacionan con conceptos personales sobre si está bien o mal pero no pueden pensarse en términos de legitimidad”.
Marcelo Inaudi, del radicalismo, le preguntó a Esteves qué temperamento adoptará “para el caso de alguna actuacion que involucre al gobernador, a algún intendente, algún secretario, que sea hermano, primo”.
“Me tengo que excusar, corresponde no sólo por relaciones familiares, también por amistad manifiesta”, contestó con corrección la contadora.
Inaudi, que esperaba esa respuesta, contragolpeó: “Usted va a integrar un organismo que en la actualidad está paralizado, y nosotros vamos a designar a una vocal que quisiera saber en cuántas causas se tendrá que excusar: está el gobernador, el intendente de Zapala, la gestión de gobierno de San Martín de los Andes, algunas secretarías de Estado… ¿usted tiene algún listado como para evaluar la repercusión funcional que tendrán las continuas excusaciones suyas?”
“Cuando vea las actuaciones lo consideraré. Desconozco la cantidad”, respondió Esteves, un poco más cortante que antes.
Yo me pregunto: un intendente opositor al MPN, ¿no puede tener argumentos para recusarla, teniendo en cuenta que es la prima de su adversario político la que le está revisando los números de la gestión?
(Los curiosos pueden descargar la foto de JAS que ilustra este post y ampliarla. El programa se llama AndreaMosaic y es gratuito)
¿Es relevante o no que sea prima del gobernador la candidata al organismo de controlar al Ejecutivo?
Con algo de sorpresa leo en “Río Negro”: “Diputados de la oposición manifestaron que no respaldarán el pliego de Ana Esteves, candidata ofrecida por el gobernador Jorge Sapag para ocupar una de las vocalías del Tribunal de Cuentas de la provincia, si antes no va a la Legislatura».
“Hay elementos importantes para que venga a la comisión. Lo menos ético es que sea prima del gobernador y hermana de otros ex altos funcionarios”, dijo el diputado Rodolfo Canini (MUN). El diputado de la oposición agregó un nuevo elemento: dijo que Esteves “figura dentro de la causa abierta contra el ex ministro de Salud Fernando Gore por el presunto pago de sobreprecios de una obra en el hospital de Zapala”.
Marcelo Inaudi (UCR) dijo: “personalmente lo que menos preocupado me tiene es la relación de parentesco, pero sí me interesa saber qué piensa hacer en caso de asumir dentro del Tribunal”.
¿Esto quiere decir que si no tuviera los sumarios la votarían? ¿No es trascendente que sea la prima de la persona cuyo gobierno debe controlar?
El Tribunal de Cuentas está paralizado desde hace meses, aunque su inactividad no es total: dicen que lo único que están haciendo es archivar causas por aplicación de la “ley Rachid”, que prescribe los sumarios a los 5 años de iniciados.
Sapag, otro gobernador que subordina a los órganos de control
Sin los modales de patotero de barrio de Jorge Sobisch, el gobernador Jorge Sapag ha demostrado tener el mismo interés por mantener en su puño a los organismos encargados de controlar al Poder Ejecutivo. La última muestra la dio al colocar en la presidencia del Tribunal de Cuentas a su abogado de confianza Evaldo Moya prácticamente sin permitir el debate, y al proponer a su prima Ana Esteves para una vocalía, lo cual tiene sabor a provocación.
Sapag ya venía exhibiendo su escasa vocación por cambiar la estructura montada por su antecesor en el Poder Judicial.
Se contentó con lograr cuatro vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (tres por jubilación, una por juicio político), e improvisó un decreto llamado de autolimitación para proponer a los vocales.
El capital político que pudo haber obtenido con esos gestos en el amanecer de su gestión ya decoloró ahora que la película de su paso por la gobernación está más completa.
* Hace diez meses que no cubre una vacante en el Tribunal Superior, tras admitir que está negociando con otros sectores el nombre del candidato. Habilita a pensar que no será el mejor, sino el que consiga los dos tercios de los votos en la Legislatura (artículo 239 de la Constitución provincial). El decreto “de autolimitación” es ahora una molestia adicional.
* Sapag no avanzó con la depuración hacia el interior de la estructura judicial, que sigue intacta tal como la dejó Sobisch. Basta recordar que uno de sus diputados tuvo un voto clave en un jurado de enjuiciamiento emblemático.
* Tampoco impulsó la reforma del Consejo de la Magistratura, otra criatura donde reina el sobischismo. Es más: podría llegar a cristalizar la planta de personal si es que le ordena a su bloque que así lo vote.
* Este año Sapag le dio al Poder Judicial 30 por ciento menos del presupuesto que pedía, y le prestó plata por decreto, rompiendo la autarquía judicial tras 18 años de vigencia.
* Sorprendido por el revuelo que tomó el escándalo de las tierras, le sacó sus preciosas hectáreas al intendente Del Castillo y emitió otro decreto “de autolimitación”. Además mandó a la provincia a constituirse en querellante en la investigación judicial.
Pero su verdadera intención quedó al desnudo con una desprolijidad, por decir lo menos: el abogado que participará como querellante sería el mismo que patrocina a Guillermo Pellini, subsecretario de Seguridad cuya esposa figura entre las beneficiadas con lotes fiscales, y el mismo que propuso Sapag para el consejo de vigilancia de Pulmarí.
* La crisis del Tribunal de Cuentas es de su exclusiva cosecha. La parálisis del organismo de control no puede achacarse a la medida de fuerza del personal, que reclama mejores sueldos, sino a la decisión del Ejecutivo de no buscarle una salida que permita reactivarlo.
Fue un aliado de su partido el que propuso por ley que las causas que investiga el Tribunal de Cuentas prescriban a los 5 años, y su bloque lo apoyó.
Dicen que asustadas por los rumores que nacían en la Legislatura de que habría juicio político para ellas, dos vocales se apresuraron a renunciar: Verónica Novoa y Violeta Mandón, la histórica presidenta del Tribunal.
El método que utilizó Sapag para cubrir las vacantes no pudo ser peor. Primero mandó el pliego de Evaldo Moya, asesor General de la Gobernación, es decir hombre de su confianza, a quien la inmensa mayoría de la sociedad no le conoce la cara ni el pensamiento.
Sin pasar siquiera por la comisión de Asuntos Constitucionales para entrevistarse con los diputados, quedó entronizado en un cargo eterno. La oposición, lenta de reflejos, hizo escuchar las críticas con el hecho consumado.
Lo de Ana Esteves supera a muchas de las conductas del sobischismo: no sólo es prima del que debe controlar, sino que a través de la diputada Paula Sánchez se supo que el Tribunal que integrará le inició 26 sumarios.
Sin ánimo de pontificar, es sabido que el sistema funciona en la medida que existen contrapesos y controles recíprocos.
Eso lo sabía Sobisch, y por eso su gobierno fue lo que fue. También lo sabe Sapag, por eso es lo que está siendo.
El gobernador Sapag propone a su prima para integrar el organismo que controla las cuentas de la provincia
Sapag propuso para integrar el Tribunal de Cuentas a la contadora Ana Esteves, su prima.
El pliego tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 29.
Ana Esteves es síndica del Banco de la Provincia de Neuquén y en ese carácter tuvo que declarar como testigo en la causa Temux.
Sapag ya ubicó en el Tribunal de Cuentas a un hombre de su confianza, Evaldo Moya.
Por si hace falta recordarlo, el Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción en toda la provincia “con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia” (artículo 258 y siguientes de la Constitución).
Sapag envió a la Legislatura el pliego de su candidato para el Tribunal de Cuentas
El gobernador Jorge Sapag comenzó a sacar algunas de las monedas de cambio que tiene en sus bolsillos. Aunque en este caso parece que no negoció con nadie.
En la sesión de la Legislatura del miércoles tomó estado parlamentario, de modo muy discreto, el pliego de Evaldo Darío Moya como candidato a cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Moya es el actual Asesor General de la Gobernación, un puesto que los gobernantes reservan para hombres de su extrema confianza.
El Tribunal de Cuentas, dice la Constitución, es un organismo que deberá tener «poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia».
El pliego pasará ahora a estudio de la comisión de Asuntos Constitucionales. Para su aprobación en el recinto no se necesita una mayoría especial.
Es más: si la Legislatura no lo trata, en 30 días Moya quedará designado en forma automática, porque la Constitución de Neuquén contempla el consentimiento tácito (el inciso 23 del artículo 189, referido a las atribuciones de la cámara de diputados, dice: “Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiere expedido”).
El Movimiento Popular Neuquino tiene capacidad para bloquear el tratamiento de un tema determinado hasta que se cumpla ese plazo.
Esa vacante en el Tribunal de Cuentas es una de las muchas que Sapag tiene para cubrir en el mediano plazo, como se reflejó en el post recomendado al comienzo.
Justo en estos días, Convocatoria Neuquina le había pedido al gobernador Sapag que se autolimite en la designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, un organismo paralizado desde hace meses.
Precisamente la imagen que ilustra este post es del día que sus empleados hicieron un funeral del organismo.
A favor de la prescripción
En el contexto de la preocupación por el archivo de causas penales, el diputado menemista sobischista Horacio Rachid presentó un proyecto de ley para acelerar la prescripción de las acciones en el Tribunal de Cuentas.
(Dicho sea de paso y por si no lo notaron, el Tribunal de Cuentas estuvo de paro y nadie se preocupó por solucionarlo con rapidez)
Leo en la página de la Legislatura: “Presentaron un proyecto de ley para fijar en cinco años el plazo máximo para declarar prescriptas acciones y procedimientos que inicie el Tribunal de Cuentas por daños y perjuicios en contra de la hacienda pública.
La iniciativa pertenece al diputado de Opción Federal, Horacio Rachid y explica que la actual legislación carece de un límite temporal de caducidad, situación que afecta garantías constitucionales por la prolongación indefinida de las causas.
El proyecto incorpora al artículo 108 de la ley 2141 de Administración Financiera y Control un segundo párrafo para permitir la inclusión del plazo de caducidad.
A la vez, el nuevo apartado señala que las actuaciones sumariales del Tribunal de Cuentas no pueden suspender los tiempos de la prescripción y una vez transcurrido el plazo de 5 años se deben archivar las actuaciones.
En igual sentido, la normativa hace extensivo el plazo a los sumarios y juicios que hace más de 5 años se encuentran en trámite en el Tribunal de Cuentas.
En sus fundamentos cita jurisdicción nacional, provincial y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar su incorporación. Además, aclara que es necesario definir reglas claras para regir el debido proceso administrativo y no mantener abiertas de manera indefinida investigaciones que afecten el principio de legítima defensa y el debido proceso legal de los imputados».
Hasta aquí la nota.
Cinco años… ¿quién gobernaba hace cinco años?
Estamos en fueradelexpediente.com.ar 
Comentarios recientes