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Elevaron a juicio la causa Temux. Resolución completa
El escrito del juez Marcelo Muñoz (427 páginas) está aquí en word.
Los hechos son de 2005. Una buena nota de contexto, aquí.
Copio y pego la parte resolutiva:
XIV.- CLAUSURAR LA INSTRUCCIÓN del presente sumario, que deberá remitirse a juicio para su radicación por ante la Cámara Criminal que por turno corresponda; en relación a los siguientes imputados, de demás circunstancias personales obrantes en el legajo:
1) RACCO FELIX, como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en ocho hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (artículos 173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
2) BUGNER JUAN PABLO; como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en ocho hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
3) CACERES ALBERTO FERNANDO, como partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en dos hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
4) CORRADO NORBERTO en su rol de partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel un hecho (identificado como V), doblemente agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionario público (173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
5) FALLETTI JOSE LUIS como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en tres hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
6) HERRERA CARLOS RODOLFO, como incurso en el delito de de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cuatro hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real; en carácter de partícipe necesario para el hecho cuarto y a modo de coautor para los restantes (173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
7) LOPEZ RODIÑO GUILLERMO como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en dos hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
8) MAIDUB CARLOS WALTER, como partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel un hecho (identificado como IV), doblemente agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionario público (173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
9) OLIVA RAUL OSCAR como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en tres hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (art. 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
10) PANTALEONE JORGE, como partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel un hecho (identificado como IV), doblemente agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionario público (173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
11) SANDOVAL CARLOS ALBERTO, como coautor del delito de Defraudación por Administración Infiel reiterada en dos hechos, doblemente agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionarios públicos, en concurso real (artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
12) TRABANCO HORACIO como partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel un hecho (identificado como IV), doblemente agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionario público (173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
13) VELAZCO ADRIANA como partícipe necesario en el delito de Defraudación por Administración Infiel un hecho (identificado como IV), doblemente agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y tratarse de funcionario público (173 inciso 7, 174 inc. 5 y 45 del C.P);
14) ALVAREZ SAEZ, HUGO ERNESTO como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV Al VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX), ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
15) BROCCA EMILIO GUILLERMO como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV AL VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX), ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (Artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P );
16) CALABRIA DANIEL como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX), ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P) ;
17) DEL FRESNO BARRETO MARIANO LIONEL como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa en grado de coautor (hecho IX); ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
18) DELLA GIOVANNA HECTOR como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX) ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
19) MEDINA JOSE MIGUEL como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa en grado de coautor (hecho IX); ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P);
20) ROSAUER MARIA MARTA como partícipe necesaria de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX) ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P) ;
21) TERRADO JORGE ALBERTO RAMON como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV Al VIII), en concurso real con Estafa (hecho IX), ambas figuras agravadas por ser en perjuicio de la Administración Pública (Artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P.)
22) TROIANI CARLOS ALBERTO como partícipe necesario de los delitos de Defraudación por Administración Infiel reiterada en cinco hechos (IV al VIII), en concurso real con Estafa en grado de coautor (hecho IX); ambos agravados por ser en perjuicio de la Administración Pública (artículos 172, 173 inciso 7, 174 inciso 5, 45 y 55 del C.P.).
Sobisch no se presentará al juicio por la zona liberada. La causa podría prescribir
El Dr. Alejandro Cabral se acaba de comunicar con la Oficina de Prensa a fin de informarme lo siguiente:
En el día de hoy, la defensa de Sobisch presentó un escrito ante el Juzgado Correccional Nº 1, informando que su defendido se encuentra internado en una clínica de la provincia de Entre Ríos con un cuadro de cardiopatía derivado por la Fundación Favaloro el pasado 30 de octubre.
Atento a esta presentación, el Dr. Cabral corrió traslado a las partes y solicitó a los médicos forenses que elaboren un informe con la documentación adjunta al escrito donde conste qué tipo de dolencia padece y si está en condiciones de asistir al debate.
En consecuencia se suspenderá el juicio, justo al borde de la prescripción. Felicitaciones a los ganadores de la encuesta.
En el barrio no se consigue: prescribió la causa Zapallito-Castillo. Fallo completo
Qué pena por los imputados que pasaron casi 11 años sometidos a proceso.
Qué pena por los testigos que aceptaron colaborar con la investigación en aquellos años.
Qué pena que estos casos siempre terminen así.
La justicia falló. El fallo está (en word) aquí
La Cámara de Apelaciones mandó a bajar un cambio en una veloz investigación
El fiscal Ignacio Di Maggio deberá investigar más antes de pedir la indagatoria del intendente de Plottier, Andrés Peressini. La Cámara Provincial de Apelaciones lo dispuso en una resolución dividida que le da la razón al juez de la causa, Alfredo Elosu Larumbe.
Esta resolución era muy esperada por alguna de las partes, que sospechaba que algunos medios le estaban marcando la agenda al juez y que por eso no hacía lugar al pedido fiscal.
Entre Di Maggio y Elosu Larumbe se produjo un cruce en mayo pasado (los antecedentes, aquí).
El fiscal le pidió al juez la indagatoria del intendente Peressini porque, tras una fulminante investigación que duró apenas 13 días, lo consideró sospechoso de cometer los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y uso de documento público falso. Todo, por la compra de siete vehículos sin licitación pública ni autorización previa del Concejo Deliberante.
El juez le respondió, con igual rapidez, que consideraba prematura la acusación y le dijo que debía profundizar la investigación. En consecuencia, rechazó el pedido de indagatoria del intendente.
Di Maggio no se quedó quieto, y presentó un recurso ante la Cámara Provincial de Apelaciones. Ese organismo le dio la razón al juez por lo que el fiscal deberá ampliar la investigación antes de volver a pedir la indagatoria.
La resolución completa está aquí en word.
El camarista Richard Trincheri, quien junto con Héctor Rimaro votó por darle la razón al juez, observó que de los mismos escritos del fiscal se desprende “la inexistencia de elementos suficientes aún (subrayado en el original) para imputar ilícito alguno” a Peressini.
Añadió, también usando los términos del escrito del fiscal, que “no habla de imposibilidad sino de dificultad” para iniciar la etapa de instrucción. “La decisión que (Di Maggio) apela no ocasiona gravamen irreparable, no se le restringe derecho alguno”, agregó.
El camarista Daniel Varessio quedó en minoría con su propuesta de hacer lugar al planteo del fiscal. “Es improcedente la intención (del juez) de sustraerse de su función (…) Esta etapa recursiva luce claramente dilatoria por parte del instructor”, señaló.
La resolución de la Cámara no hace alusión a las críticas que Di Maggio lanzó contra Elosu Larumbe porque en otra causa en la que el imputado era Jorge Sobisch, el juez sí hizo lugar al pedido de indagatoria (ver el enlace anterior).
La acusación contra Peressini es por la compra de tres camiones para el servicio de recolección de residuos y cuatro motocicletas para tránsito. Di Maggio llegó rápidamente a la conclusión de que el intendente dictó “resoluciones contrarias a leyes provinciales vigentes, autorizando la adquisición de vehículos cero kilómetro mediante el sistema de contratación directa, sin observar las normas jurídicas que le imponían la obligación de adquirirlos mediante licitación pública y con autorización previa del Concejo Deliberante”.
Convocan a «amigos del tribunal» en la causa por la inhabilitación de Sobisch por los gastos de campaña
Nos habíamos ocupado del tema aquí, donde también está el fallo completo, aunque el que más investigó el tema fue Jorge Gadano, por ejemplo aquí.
Ahora leo en el Centro de Información Judicial:
“La Cámara Nacional Electoral decidió habilitar la participación de Amigos del Tribunal, en los términos de la Acordada 85/07 CNE (aquí en pdf), en los casos en el que “se plantea la necesidad de definir cuestiones atinentes al tipo de proceso aplicable para determinar responsabilidades y, eventualmente, aplicar sanciones que implican la suspensión del ejercicio de derechos políticos a personas involucradas en los trámites de control de financiamiento partidario”.
La convocatoria por el plazo de 30 días fue decidida por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné en el marco de las apelaciones interpuestos por Jorge O. Sobisch, Rodrigo C. Salvadó y Liliana Luisa N. Gómez contra la resolución de la jueza federal con competencia electoral de Neuquén que le aplicó la inhabilitación política por el plazo de dos años.
Según surge del fallo, la sanción implica la imposibilidad para ejercer los derechos a elegir y ser elegidos en comicios a cargos públicos nacionales, así como de autoridades partidarias y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios
Conforme la resolución, la sanción se aplicó con motivo de la participación de los apelantes en la rendición de cuentas del partido Movimiento Popular Neuquino, respecto de la campaña electoral desarrollada para la elección legislativa nacional del 28 de octubre de 2007.
¿Bip bip?
Bip bip
Costó muchísimo más que lo presupuestado, no se puede usar, pero hay una buena noticia: no pagaron sobreprecio
En la construcción de la cárcel de Senillosa “no hubo sobreprecios”, según el dictamen de un perito contador del Poder Judicial en base al cual el fiscal Ignacio Di Maggio archivó la investigación. El edificio licitado por Jorge Sobisch jamás fue inaugurado. Costó más de 105 millones de pesos contra los 41 millones presupuestados al momento de la adjudicación en 2004, producto de la redeterminación de los precios.
En una resolución que pueden descargar al final del post, el fiscal constató que la cárcel tiene “múltiples falencias edilicias y funcionales” que impiden ponerla en funcionamiento “con los estándares de seguridad que resultan dable esperar”. Sin embargo, aclaró que tales falencias “ninguna incidencia poseen” sobre la investigación del pesunto sobreprecio.
El archivo de la causa fue dispuesto por Di Maggio “por considerar que en la ejecución de la obra no hubo conductas delictivas objeto de persecución penal”.
No es definitivo, ya que si aparecieran pruebas en el futuro, el caso podría reabrirse.
La investigación comenzó con una orden del ex fiscal ante el Tribunal Superior, Alberto Tribug, en base a declaraciones periodísticas. El fiscal Di Maggio alude a ellas: “no hubo sobreprecios más allá de las conclusiones personales que algún funcionario supuso al dividir el monto total erogado por el número de internos probables de alojar en el establecimiento, conclusiones éstas que no se comparten”.
El funcionario es el vocal del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Labate, quien el 11 de junio de 2009 dijo a la prensa: “Teniendo en cuenta que alojará a 400 internos, 200.000 pesos de costo inmobiliario por interno me parece desmedido, o excesivo al menos». En esa fecha se había indicado que la construcción del complejo había costado 80 millones.
Di Maggio también señaló que “la inoperatividad (de la cárcel) y el supuesto abandono de la obra pública, sumado al elevado costso de su realización, hicieron sospechar fundadamente de la existencia de sobreprecios en la redeterminación de los valores acordados contractualmente”.
Sobisch inhabilitado por dos años. El posible lavado de dinero. ¿La culpa fue de Tucho? Fallo completo
He aquí algunos párrafos salientes de la sentencia de la jueza Carolina Pandolfi en el tema de los fondos gastados por el MPN y no justificados debidamente en la campaña electoral 2007.
Empiezo por uno que está casi al final, pero tiene relevancia a futuro:
Manteniéndose la ignorancia sobre el origen de los fondos informados como aportados por los Sres. Carolina Angiorama, Estela Ruiz, Hilda López y Marcelo Berenguer, así como por la firma AISA S.A., y pudiendo ello constituir una maniobra de lavado de dinero, estimo procedente extraer copia de las actuaciones pertinentes para remitir al Ministerio Público Fiscal para que de así entenderlo necesario, promueva requerimiento respecto de la comisión de los delitos previstos por los arts. 303 y siguientes del Código Penal.”
La sentencia comienza diciendo que
al analizarse si el Informe Final de Campaña Legislativa de los comicios realizados el 28 de octubre de 2007 presentado por el partido Movimiento Popular Neuquino permitía conocer con razonable precisión el origen y destino que tuvieron los fondos percibidos por la agrupación, lo que de no ser así, podría dar lugar a la aplicación de eventuales sanciones a ésta última y a sus responsables, se concluyó en sentido negativo.
Ello, en razón de haberse detectado discordancias entre la información brindada por la agrupación política y la recabada de los terceros que ésta denunciara como aportantes voluntarios
(…)
Se consideró en aquella ocasión que el partido había proporcionado información errónea
(…)
todo ello condujo a considerar que el verdadero origen de los fondos había permanecido desconocido, motivo por el cual no se aprobó el informe final de la campaña legislativa de 2007, ordenándose allí mismo formar la presente pieza para dilucidar si las autoridades partidarias que suscribieron el informe habían incurrido en la falta regulada por el art. 63 inc. b) de la ley 26.215.
El partido consintió aquélla resolución(en negrita en el original)
(…)
(El presidente del partido Jorge Omar) Sobisch, por medio de su apoderado, Roberto Mario Navarro, afirmó haber tenido “una plena actuación de seguimiento y contralor de todas y cada unas de las actividades que se llevan a cabo en la campaña,” desempeñándose con responsabilidad y transparencia sin faltar a sus obligaciones como presidente del partido, “sin dejar nada librado al azar”. Argumentó que “no pudo ni se le podría obligar a estar presente en la confección de cada uno de los recibos otorgados en concepto de aportes dinerarios para la campaña cuando tal función recaía en el Tesorero”. Destacó haber verificado que los recibos confeccionados se correspondieran con los fondos ingresados actuando “en todo momento en la creencia de la correcta actuación de los funcionarios responsables directos de esa área”.
(…)
el informe final de la campaña legislativa del año 2007 del partido Movimiento Popular Neuquino fue desaprobado básicamente porque se demostró que era falso el origen de los fondos que en él se atribuyeron a los aportantes Carolina Angiorama, Estela Ruiz, Hilda López y Marcelo Berenguer así como a la firma AISA S.A., terceros todos que negaron haber efectuado las contribuciones denunciadas con el alcance consignado en el informe final.
En los descargos producidos, ninguno de los tres involucrados (Presidente y Tesorera del partido y el responsable económico financiero de la campaña) aportó nueva información ni mencionó cuál fue en realidad el origen de ese dinero. El eje de sus defensas consistió en admitir que desconocían el dato, sugiriendo haber sufrido un abuso de confianza del cuarto firmante del informe final, el responsable político de la campaña, a la fecha fallecido (Sr. Alberto César Pérez), de quien afirmaron -y fuera sostenido en general por las testimoniales recibidas- era el recaudador de los aportes privados.
(…)
si bien todos imputan al Sr. Pérez la sustitución de la identidad de los aportantes, ninguno esboza ni insinúa el motivo por el cual aquél habría adoptado tan inusual maniobra, que no pudo tener otro justificativo que eludir el cumplimiento de la ley para permitir el ingreso de contribuciones de dinero que o bien tenía origen ilícito o bien, en el mejor de los casos, infringían los topes máximos fijados por la ley 26.215.
Se trate de uno u otro supuesto, no resulta verosímil suponer que el vicepresidente del partido, que no era en la ocasión candidato -de modo que no tenía interés propio en el asunto-, haya asumido en soledad el riesgo de tan peligrosa operatoria sin consultar al menos al Presidente de la agrupación.
(…)
Por todo ello, resuelvo: Aplicar a los Sres. Jorge Omar Sobisch, Liliana Luisa Natividad Gómez y Rodrigo Carlos Salvadó una sanción de inhabilitación por el plazo de dos años, a cada uno de ellos, que se computarán a partir de que la presente quede firme, para el ejercicio de sus derechos a elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales como así en las elecciones de autoridades del partido político del que formen parte y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, en los términos del art. 63 de la ley 26.215.”
Tibios avances en una de las causas por los créditos del Iadep
Se publicó bastante en el blog sobre una de las causas del Iadep, en especial lo relativo a la fallida recusación del juez (ver aquí la última nota).
Ahora se produjeron algunos avances, como intenta reflejar esta nota que escribí para el diario.
En el juzgado de Instrucción 6 comenzaron a tomarse declaraciones indagatorias a ex directivos del Iadep, imputados en una de las numerosas causas en las que se investigan los créditos otorgados por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo.
Hasta ahora se presentaron a declarar Fernando Ghisini (actual camarista civil), Verónica Novoa, Rodolfo Kaiser (ahora presidente del IPVU) y Eduardo Martínez, ex gerente general. En los próximos días lo harán Carlos Chiapponi, Rubén Andrián, Luis Martínez y Vicente Carabetta.
Trascendió que los cuatro que ya se presentaron ante el juez de la causa, Alfredo Elosu Larumbe, declararon por escrito. Entregaron textos con muchos detalles técnicos para explicar el rol que cumplieron en la operatoria que está bajo investigación.
A los imputados se los acusa de haber otorgado en octubre de 2005 un crédito de 2.750.000 pesos a Saturno Hogar sin asegurarse una garantía que permita recuperar el dinero.
El préstamo fue para desarrollar un proyecto de plantación de nogales en Picún Leufú. La empresa puso como garantía las 146 hectáreas en las que iba a realizar el emprendimiento, pero esas tierras eran de la provincia.
En los últimos meses la situación se regularizó: se formalizó la escritura que garantiza el crédito, el que además fue refinanciado.
Esta investigación tuvo notorias demoras, entre otras razones porque uno de los defensores recusó al juez. En dos instancias, la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Superior de Justicia, lo ratificaron al frente de las actuaciones.
Cuando termine de recibir las indagatorias a todos los imputados, Elosu Larumbe enviará el expediente a la fiscal Gloria Lucero para que defina si hay mérito o no para elevar la causa a juicio.
De acuerdo con un informe que Elosu Larumbe le entregó en setiembre del año pasado a la ex diputada Paula Sánchez, en su juzgado hay 11 investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en el otorgamiento de los créditos del Iadep.
Todas están en etapa de investigación. La próxima semana habrá indagatorias en otra de ellas, referida a un crédito de 1,3 millones de pesos otorgados a Cofruva.
La pregunta es si en estas causas habrá acusación fiscal.
Otra vez suspendieron el juicio por la cámara oculta
Esta vez fue a pedido del querellante Jorge Taylor, a raíz de la revocación del sobreseimiento del otro imputado, Martín Segovia (ver aquí y aquí con la resolución completa).
El juicio iba a comenzar el jueves 13 con un solo imputado, Osvaldo Ferreyra, presidente del bloque de diputados del MPN al momento del hecho.
El pedido de la querella, formulado a través de su abogado Ricardo Mendaña, fue por la conveniencia de juzgar a los dos imputados juntos.
La nueva fecha del juicio oral se conocerá cuando quede firme la resolución del Tribunal Superior de Justicia que revocó el sobreseimiento de Segovia.
Más antecedentes, aquí.
Ni dio consejos ni adelantó opinión: sigue el juez de las causas del Iadep. Fallo completo
Esta es la nota que escribí para el diario. Al final pueden descargar la resolución completa del Tribunal Superior de Justicia y la anterior, de la Cámara de Apelaciones. Los antecedentes, aquí y aquí.
El Tribunal Superior de Justicia confirmó al juez Alfredo Elosu Larumbe al frente de una de las causas en las que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de un millonario crédito del Iadep.
El juez había sido recusado por el abogado Guillermo García, defensor de uno de los imputados, Eduardo Martínez, ex gerente general del Iadep. El motivo del pedido de apartamiento es que a su criterio, el magistrado perdió la imparcialidad.
Según se supo hoy, la sala penal del TSJ integrada por Graciela Martínez y Guillermo Labate, declaró inadmisible el recurso presentado por el defensor.
El punto de conflicto fue un escrito mediante el cual el juez Elosu Larumbe le advirtió a la fiscal Gloria Lucero que la investigación estaba paralizada y que se corría el riesgo de la prescripción.
En esa oportunidad, le señaló que “del contundente informe efectuado por el Tribunal de Cuentas se desprende la eventual comisión de gravísimos hechos de corrupción”. También le remarcó que entre el 8 de julio de 2009 y el 25 de enero de 2010 “el ministerio fiscal no ha producido ninguna medida tendiente a investigar los hechos”.
Para el defensor, algunos adjetivos utilizados por el juez demuestran que perdió la imparcialidad.
Pero el Tribunal señaló que Elosu Larumbe “no dio ningún consejo a la parte acusadora sobre el rumbo que debía tomar su investigación preliminar, sino que se ocupó de destacar una evidente inacción investigativa”.
“Contrario a lo que alega el defensor, el juez no asumió una postura de corte acusatorio sino que ejerció su labor de control (…) más que una toma de postura sobre la investigación preparatoria (la conducta del juez evidencia) el celo por el cumplimiento de los términos procesales”.
Confirmado el juez al frente del expediente, podrá volver a citar a prestar declaración indagatoria a todos los imputados. Se trata de los ex directores Fernando Ghisini (actual juez de Cámara), Carlos Chiapponi, Verónica Novoa, Rodolfo Káiser y Rubén Andrián; el ex gerente general Eduardo Martínez; el ex director de Tierras Luis Martínez y el empresario Vicente Carabetta.
Están acusados de haber otorgado un crédito de 2.750.000 pesos a la empresa Saturno sin asegurarse una garantía que permita recuperar el dinero. Los hechos ocurrieron en 2005, durante el gobierno de Jorge Sobisch.
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA N° 123
La cámara oculta tiene nueva fecha de juicio oral
El juicio por el caso de la cámara oculta tiene nueva fecha de realización: será el 13 de octubre y con un solo imputado, el ex legislador Osvaldo Ferreyra. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia debe resolver la situación del ex asesor Martín Segovia, cuyo sobreseimiento fue apelado.
El caso de la cámara oculta comenzó en noviembre de 2002 cuando el ex diputado Jorge Taylor filmó con cámara oculta al entonces gobernador Jorge Sobisch y a Ferreyra, quien era el presidente del bloque del MPN. En esa oportunidad, de acuerdo con la acusación, le hicieron un ofrecimiento a cambio de que diera el quórum legislativo que el gobierno necesitaba para imponer sus ternas de candidatos a vocales del Tribunal Superior.
El juicio estará a cargo de la Cámara Criminal Segunda, integrada por José Andrada, Héctor Dedominichi y Dardo Bordón (subrogante).
Como fiscal actuará María Dolores Finochietti, los querellantes serán Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, mientras que Ferreyra tiene por ahora un defensor oficial, Carlos Acquistapacce. Hay cinco testigos citados a declarar.
La causa estuvo a punto de llegar a esta instancia de juicio oral el 21 de setiembre del año pasado pero se postergó sin fecha por la enfermedad de uno de los camaristas.
En esa época, la Cámara sobreseyó a Segovia por insubsistencia de la acción penal.
Contra esa resolución la querella presentó un recurso de casación que está en estudio del Tribunal Superior. Los abogados de Taylor pidieron exponer sus argumentos en una audiencia oral, y están esperando que le fijen fecha.
La estrategia de la querella es que Ferreyra y Segovia sean juzgados en conjunto porque consideran que existe una estrecha vinculación entre los hechos que les atribuyen.
¿Quién dijo que en Neuquén no hay condenas por casos de corrupción?
Un ex intendente (y del MPN) fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión más inhabilitación especial perpetua por rendir de manera fraudulenta 30.000 pesos.
Y un comisario fue condenado a 3 años de prisión porque intentó cobrar una coima de 1.000 pesos.
Es lo que hay.
Algunas novedades en viejas causas que se tramitan en el Poder Judicial neuquino
Cámara oculta: Esta causa comenzó en 2002. El Tribunal Superior de Justicia tiene para resolver un recurso de casación presentado por la querella contra el sobreseimiento de uno de los imputados, Martín Segovia.
El sobreseimiento fue dispuesto en agosto de 2010 por la Cámara Criminal Segunda, como se informó aquí.
Los nuevos querellantes que representan al ex diputado Jorge Taylor, Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, pidieron ampliar argumentos en una audiencia in voce que por ahora no tiene fecha.
El 21 de setiembre de 2010 iba a realizarse el juicio otra contra el otro imputado, Osvaldo Ferreyra, pero se suspendió por enfermedad de uno de los jueces de la Cámara (ver aquí).
Zona liberada: Esta causa empezó en 2006. El Tribunal Superior de Justicia debe resolver un pedido de inconstitucionalidad del defensor de Jorge Sobisch, Ricardo Cancela, contra el artículo 313 del Código Procesal Penal que permite llegar a juicio con la sola acusación de la querella.
El tema ya fue resuelto por el juez que debe hacer el juicio, Alejandro Cabral, en marzo (ver aquí) pero la defensa fue en casación al TSJ.
Fuentealba 2: Esta causa empezó en 2007. La última resolución del Tribunal Superior de Justicia (con un voto muy crítico hacia la querella y muy suave hacia la fiscalía) quedó firme, por lo que la causa volverá al juzgado de origen y la rueda comenzará a girar otra vez. ¿Pedirán de nuevo la indagatoria de Sobisch? Los antecedentes, aquí y aquí.
El denominador común de todos los expedientes es que involucran a figuras del poder político y avanzan con el único impulso de la querella.
(La foto es meramente ilustrativa).
Un juez subrogante es el que debe resolver si Del Castillo puede seguir en el cargo o no
Leandro Nieves, juez correccional de Chos Malal y subrogante en el juzgado correccional de Zapala, es quien debe resolver si el intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo (el de la foto), tiene que abandonar el cargo o no.
Del Castillo fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La sentencia fue confirmada por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia. El 22 de junio pasado, aunque se supo bastante después, la misma sala le rechazó el recurso extraordinario federal con el cual el imputado pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora sólo le queda el recurso de queja ante la Corte, que para algunos no tiene efectos suspensivos sobre la pena. Es decir, la condena debería ejecutarse y Del Castillo tendría que dejar el puesto porque la inhabilitación accesoria a la condena le impide seguir ejerciendo el cargo.
Como se informa en este post, uno de los abogados defensores, Oscar Pandolfi, opina que ejecutar la sentencia en este momento le causaría un gravamen irreparable al imputado.
Puesto a suponer que la Corte admitirá la queja (que, según anticipó, presentará en los próximos días) y eventualmente revocará la sentencia, si a Del Castillo lo destituyen seis meses antes de terminar su mandato, no hay forma de repararle el daño.
Esta es la opinión de una de las partes, pero ¿a quién le corresponde resolver la cuestión?
En la provincia no existe la figura de juez de ejecución de sentencia. Ese rol lo cumple el mismo tribunal que la dictó.
En el caso de Del Castillo, la sentencia fue del juzgado correccional de Zapala, que en este momento está vacante.
Mediante el acuerdo 4632 del 3 de marzo de 2011 (punto 12), el Tribunal Superior de Justicia dispuso que se desempeñe como subrogante el juez correccional de Chos Malal.
Ese cargo lo ocupa Leandro Nieves. Es él quien debe definir el futuro de Del Castillo.
Hasta hoy no había recibido el expediente y por lo tanto, no se había pronunciado sobre el punto en cuestión.
Rechazo al Recurso Extraordinario Federal del intendente Del Castillo. Igual seguiría en el cargo. Fallos completos
Esa es la nota que escribí para el diario, con el agregado de los fallos completos al final para descargar en formato word:
El Tribunal Superior de Justicia falló otra vez en contra del intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo. Le rechazó el recurso extraordinario federal con el cual el jefe municipal, condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De todos modos, Del Castillo podría seguir en el cargo porque la sentencia no está firme. Todavía le queda el recurso de queja, para intentar llegar a la Corte por ese camino.
Uno de sus abogados, Oscar Pandolfi, dijo que “ejecutar la sentencia le causaría un gravamen irreparable” a Del Castillo “e implicaría violentar el mandato popular otorgado por cuatro años” y que vence el 10 de diciembre próximo.
Anticipó Pandolfi que “iremos en queja a la Corte, por lo que la sentencia no está firme”.
Por su parte el intendente señaló que “no estoy notificado de nada, esperaremos hasta tener información oficial para definir los pasos a seguir junto a mis abogados”.
Indicó que no conocía la resolución del Tribunal Superior. “El año pasado presentamos una segunda apelación, luego de que la inicial fuera rechazada, y estábamos esperando una respuesta de la justicia. En cualquier caso creo que podemos recurrir en queja ante la Corte Suprema”, agregó.
“No me planteo una entrega anticipada del gobierno pero voy a esperar la notificación para resolver con mis defensores”, dijo.
Del Castillo fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La sala penal del TSJ, integrada por Graciela Martínez y Guillermo Labate, rechazó un recurso extraordinario federal del imputado “por el incumplimiento de los requisitos para su adhesión formal”.
En noviembre del año pasado, la misma sala había confirmado la condena dictada en origen por el juzgado correccional de Zapala. En esa ocasión, Corvalán y Labate consideraron que el mandatario actuó con total conciencia respecto de los incumplimientos a la leyes de administración financiera y de municipalidades en la compra de tres vehículos oficiales.
El trámite que ahora seguirá el expediente podría insumir un tiempo tal que Del Castillo llegaría a diciembre sin tener que abandonar el cargo en forma anticipada.
El «otro» mapa del delito
En abril se supo que la Asociación Pensamiento Penal estaba elaborando el otro mapa del delito en el cual se declaró como objetivo “ubicar geográficamente la ocurrencia de los siguientes delitos:
“a) los cometidos por las fuerzas de seguridad (policías corruptos, asociados ilícitamente, que se valen de mano de obra vacante, que hacen uso de violencia indebida, etcétera)
“b) los lugares de encierro donde se aplican torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“c) los cometidos desde el poder (gobernantes, legisladores, jueces), tales como abuso del poder, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohechos, prevaricatos, etcétera.
“d) hechos de violencia a sectores vulnerables
“e) sitios donde se registra delincuencia económica y sus actividades relacionadas.
El mapa ya está disponible, pueden consultarlo aquí.
Neuquén figura con la sucesión de robos de cuentas judiciales; los seis años de la causa Temux; los llamados a indagatoria por una de las causas del Iadep; el policía condenado a prisión efectiva por herir de bala a un ciudadano y las denuncias de torturas en la comisaría 19 por parte de Zainuco.
Ante la inacción fiscal el juez no puede permanecer inmóvil, dice la Cámara de Apelaciones de Neuquén
Para los interesados en la saga sobre las causas del Iadep (ver aquí los antecedentes) hay un nuevo capítulo.
La nota es la misma que escribí para el diario y que se publica hoy. La reproduzco aquí con la resolución de la Cámara de Apelaciones (que pueden descargar al final del post, recomiendo su lectura) porque ilustra sobre una tensión no siempre visible: qué pasa cuando el juzgado y la fiscalía no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir frente a la presunta comisión de un delito.
La Cámara Provincial de Apelaciones ratificó al juez Alfredo Elosu Larumbe al frente de la investigación de los presuntos hechos de corrupción cometidos en el Iadep durante la gobernación de Jorge Sobisch. En los próximos días el magistrado citará a prestar declaración indagatoria a quienes fueron directores del organismo de crédito en esa época.
Entre los imputados figuran los ex directores Fernando Ghisini, Carlos Chiapponi, Verónica Novoa, Rodolfo Kaiser y Rubén Andrián; el ex gerente general Eduardo Martínez; el ex director de Tierras Luis Martínez y el empresario Vicente Carabetta.
Están acusados de haber otorgado un crédito de 2.750.000 pesos a una empresa sin asegurarse una garantía que permita recuperar el dinero.
Los hechos ocurrieron en 2005 y comenzaron a investigarse tiempo después. El expediente estuvo paralizado largo tiempo en la fiscalía de Gloria Lucero hasta que el juez le pidió que definiera si iba a impulsar la acción o no.
A criterio de uno de los defensores de los acusados, con esta conducta el juez perdió la imparcialidad y por eso lo recusó.
Así el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones, que en fallo dividido rechazó la recusación y ratificó a Elosu Larumbe al frente del caso.
El camarista Richard Trincheri dijo en su voto (con la adhesión de Héctor Rimaro) que el juez “no aconsejó ni dio opiniones al fiscal (…) solamente se puso a salvo de futuras reprimendas”. Calificó la inacción fiscal de “censurable” y dijo que ante ella el juez “no puede permanecer marmóreo”.
El voto en disidencia fue de Daniel Varessio, tercer integrante de la Cámara, quien consideró que Elosu Larumbe “adelantó opinión” con “expresiones inoportunas” respecto de una causa que aún estaba en etapa preliminar de investigación.
RESOLUCIÓN CÁMARA DE APELACIONES
El otro mapa del delito
La Asociación Pensamiento Penal distribuyó con pedido de difusión este comunicado:
“Desde APP también estamos preocupados por el delito y la inseguridad a que son sometidos los ciudadanos decentes.
“Por esta razón es que nos ha parecido oportuno confeccionar un mapa del delito que permita conocer las zonas geográficas más riesgosas.
“Naturalmente, nuestro mapa del delito tendrá algunas características diferentes a los mapas que habitualmente se confeccionan, los cuales, por acción u omisión, carecen de algunos datos que ahora queremos completar.
“Pretendemos ubicar geográficamente la ocurrencia de los siguientes delitos:
“a) los cometidos por las fuerzas de seguridad (policías corruptos, asociados ilícitamente, que se valen de mano de obra vacante, que hacen uso de violencia indebida, etcétera)
“b) los lugares de encierro donde se aplican torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“c) los cometidos desde el poder (gobernantes, legisladores, jueces), tales como abuso del poder, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohechos, prevaricatos, etcétera.
“d) hechos de violencia a sectores vulnerables
“e) sitios donde se registra delincuencia económica y sus actividades relacionadas.
“El listado de los delitos que pretendemos ubicar en el mapa es meramente enunciativo, y quienes deseen colaborar en esta ‘empresa’ pueden sugerir algunos otros supuestos que se nos escapen.
“De esta manera, pretendemos construir una herramienta que permita a los ciudadanos honestos individualizar ‘zonas rojas’ donde sus derechos y garantías se encuentren en peligro, abstracto o real.
“Del tal modo que aquí quedamos al aguardo de todos los que deseen colaborar, enviándonos los links de las noticias que den cuenta de estos episodios que, seguramente por inobservadas omisiones, no se consignan en el resto de los mapas del delito a que usualmente se puede tener acceso”.
Como aporte, aquí, aquí, aquí y aquí van algunos links de interés para añadir al mapa de Neuquén.
Postergan sin nueva fecha las indagatorias por los créditos del Iadep
El tránsito de las causas judiciales que rozan al poder siempre es lento y tortuoso.
Hoy debían comenzar las indagatorias a los ex directores del Iadep, incluido un actual camarista civil (lo que motivó el intenso debate en el blog que pueden ver aquí) pero, diría Romero, uno de los defensores recusó al juez.
El juez rechazó la recusación y el expediente viajó a la Cámara Provincial de Apelaciones, que deberá resolver la cuestión.
Pasarán por lo menos 15 días. Mientras tanto, las indagatorias quedaron suspendidas sin fecha.
Citan a indagatoria a un camarista civil y a una conjueza del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Escribí una nota para la edición de hoy del diario sobre el llamado a indagatoria por los créditos del Iadep.
Entre los imputados hay varios conocidos. Por ejemplo Fernando Ghisini, quien en la actualidad es juez de la Cámara Civil, por lo que esta citación lo coloca en una posición algo incómoda.
En cuanto a Verónica Novoa, fue convencional constituyente por el MPN e integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo encargado justamente de fiscalizar las cuentas públicas. Figura en la lista de conjueces elaborada por el Tribunal Superior de Justicia.
Se supone que ambos se presentarán a declarar y aclararán todo cuanto antes. La presunción de inocencia los acompaña, pero el hecho es que están bajo sospecha en una investigación judicial. O en varias.
Las causas del Iadep son al menos una decena, no sé si todas involucran al mismo directorio; las citaciones pueden ser más en el futuro.
Esta es la nota del diario:
“Los directores del Iadep en la época del gobierno de Jorge Sobisch serán sometidos a indagatoria, acusados de haber otorgado un crédito de 2.750.000 pesos a una empresa sin asegurarse una garantía que permita recuperar el dinero.
“En tanto el ex gerente general del Iadep, el ex director provincial de Tierras y el vicepresidente de la empresa beneficiada con el crédito serán indagados como partícipes necesarios de la maniobra que investiga la justicia.
“Además, se abrió un nuevo expediente para investigar la venta de tierras a la empresa luego beneficiada con el crédito, que se concretó mediante un decreto del ex gobernador Sobisch.
“La cita a prestar declaración indagatoria fue decidida por el juez Alfredo Elosu Larumbe en el contexto de una de las causas en que se investigan los millonarios créditos cedidos por el Instituto Autárquico de Desarrollo Provincial durante el anterior gobierno. Según trascendió, las fechas fijadas para la diligencia judicial van del 28 al 31 de marzo.
Los imputados son los ex directores Fernando Ghisini, Carlos Chiapponi, Verónica Novoa, Rodolfo Kaiser y Rubén Andrián; el ex gerente general Eduardo Martínez; el ex director de Tierras Luis Martínez y el empresario Vicente Carabetta.
“De acuerdo con la información a la que accedió ‘Río Negro’, en agosto de 2004 el gobierno provincial le adjudicó a una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos 146 hectáreas en la zona de Picún Leufú. En octubre de 2005, el Iadep le otorgó a la misma firma un crédito de 2.750.000 pesos para desarrollar un proyecto de plantación de nogales.
«La empresa puso como garantía las tierras, pese a que aún no era la propietaria de las mismas porque no cumplía con los requisitos que exige la legislación. Y el Iadep lo aceptó.
«Además, la investigación judicial estableció que las tierras le fueron cedidas a 85 pesos por hectárea, y al aceptarlas como garantía, 11 meses después, el Iadep las tasó a 7.500 pesos por hectárea.
«La ley de tierras, número 263, señala que los adjudicatarios están obligados a cumplir una serie de requisitos a lo largo de 10 años antes de poder escriturarlas como propias. Cuando la empresa recibió el crédito y ofreció las 146 hectáreas como garantía, esa superficie aún era propiedad de la provincia.
«Los presuntos delitos que investiga el juez son abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
«El crédito de 2.750.000 pesos está en mora.
«La adjudicación de 146 hectáreas para producir nogales a una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos, que no tiene la actividad agropecuaria entre sus objetivos societarios, será investigada por la fiscalía.
«La operación se realizó en el contexto de la ley 263 de tierras fiscales, que en su artículo 1 establece que el Poder Ejecutivo debe promover «el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo«.
«Ante la presunción de que se haya violado esa ley es que se dispuso formar un nuevo expediente.
«La cesión de las tierras fue acordada mediante el decreto 109 del año 2004 por el gobernador Jorge Sobisch».
Sobre lavado, archivado
Cuando el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, dijo “en Neuquén se lava dinero, seguramente, si no, no se justificarían ciertas inversiones” (la nota completa, aquí) la fiscal federal Cristina Beute le envió un pliego de preguntas para que dé precisiones y así poder iniciar una investigación (ver aquí).
Labate contestó el pliego, pero no dio ninguna precisión. Admitió haber pronunciado la frase aunque dijo que fue dentro de un concepto más general sobre las dificultades para investigar delitos complejos.
Sin ninguna prueba aportada por quien aparecía como principal conocedor del tema, la fiscal archivó la causa.
«En Neuquén se lava dinero» dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia
Esta es la versión sin cortes de la entrevista que le hice al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, que se publica hoy en el diario.
-Le tocó la presidencia en un año con poco dinero disponible.
-Fue un año con un presupuesto muy acotado. Se estimaba un déficit de 67 millones de pesos y por eso se pidió un aumento, la ley de autarquía dice que todos los años se revisará el porcentaje de coparticipación.
Los legisladores eran muy reacios a darnos el aumento. Nosotros no pedíamos que les sacaran a los municipios como decían ellos.
Si en este país el día de mañana el IVA fuera del 10 por ciento el Poder Judicial tendría que cerrar porque el 90 por ciento de los ingresos proviene de la recaudación del IVA.
Esto demuestra que no podemos estar atados a un solo parámetro. En los últimos 5 años se fueron reduciendo los fondos coparticipables que la Nación les manda a las provincias, los sustituye por otros fondos que no le ingresan al Poder Judicial.
Los diputados no consideraron esto, votaron un presupuesto que no es el que nosotros mandamos sino el que mandó el Poder Ejecutivo, lo que consideramos que no era legal.
-¿No lo tomó como un menoscabo a la independencia judicial y a la autarquía financiera?
No, lo tomé como un absoluto desconocimiento de las normas. El Estado salió con un aporte de 30 millones, que era menos de la mitad de lo presupuestado como déficit, no obstante lo cual se cubrieron todos los cargos vacantes que se produjeron por renuncia o jubilación para no afectar la estructura de los organismos, se cubrieron cargos que venían postergados presupuestariamente, se logró una reducción del 20 por ciento del ausentismo en general, lo cual habla de la responsabilidad de nuestra gente, y funcionamos. Optimizamos recursos, se bajaron alquileres, consumos, servicios, aumentaron los ingresos de coparticipación, eso nos permitió llegar bien a fin de año y con el aguinaldo ya pagado.
-¿Se resolvió la continuidad de las obras en la Ciudad judicial?
-El Poder Judicial ya había pagado todo lo comprometido. La obra se paró porque el Ejecutivo no tenía fondos. El Ejecutivo generó un crédito con un fondo fiduciario de 140 millones, la obra remanente eran 100 millones, se firmaron las nuevas adendas y estará en marcha la obra a partir de enero.
En marzo se terminará el edificio de Chos Malal. A la empresa que construye el edificio en Cutral Co se le pidió un fondo de garantía de 220.000 pesos por no haber cumplimentado la obra como debía hacerla.
El presupuesto para 2011 está equilibrado, tenemos una deuda de 30 millones de pesos mayoritariamente con el ISSN, firmamos un convenio de pago que se está cumpliendo regularmente. Nos restan 18 millones que ya están reservados en el presupuesto.
-En el presupuesto no se contemplan aumentos salariales, ¿cómo lo van a manejar?
-Ningún presupuesto contempla aumentos salariales, en general se afrontan con la mejora de la recaudación. Mejoramos mucho la recaudación de tasas de la justicia. El Poder Judicial no tenía información fehaciente de las tasas judiciales que nos cobraba el BPN, con este sistema en el acto tenemos toda la información. Esto nos permitió mejorar la recaudación en más de 3 millones de pesos en el último semestre.
-Llamaron a paritarias al gremio, va a ser la primera experiencia de este tipo. ¿Qué expectativas tiene?
-Queremos discutir como pares el Tribunal Superior y los representantes del gremio. El tema salarial no se discutirá en paritarias, sino todas las condiciones generales de trabajo, escalafón, carrera judicial, higiene, seguridad laboral.
-¿Cómo fue funcionar todo el año con cuatro vocales?
-Trajo algún pequeño recargo. En realidad funcionó con cinco porque el fiscal subroga cuando es necesario, pero como las cosas ya con tres (vocales) se pueden votar, en muchas ocasiones no fue necesario. Al implementarse el sistema de salas se mejoró el rendimiento.
-¿Percibe que en la sociedad hay descontento con el trabajo de la justicia?
-Sí. La Justicia nunca satisface a todos, es imposible. Hay mucho desconocimiento de las normas, de cómo funciona el sistema judicial.
-¿Esto es tema de debate dentro del Poder Judicial, el Tribunal hace o puede hacer algo?
-Al Poder Judicial le faltan un montón de patas, por ejemplo una policía judicial. Cuando en un juicio no se llega a acreditar la responsabilidad, el principio de garantía es que esa persona es inocente. Hay que ver por qué a veces faltan pruebas. A nivel técnico tenemos un gabinete criminológico que tiene muy buen equipamiento, el problema es qué pasa con los llamados auxiliares de la justicia que no tienen capacitación para la investigación, no tienen elementos, y cuando los tienen no los usan adecuadamente.
Por ejemplo, no puede haber personas con pedido de captura vigente, lo que pasa es que las fuerzas no los buscan. Aparecen cuando les piden el documento en Migraciones, o cuando los detienen en la vía pública. Además no todo el mundo está documentado. Neuquén tiene muchos problemas de identificación de domicilios, hay muchos sectores que no están en los planos, barrios que existen y no figuran en ningún lado, que no tienen nombre de calle, de identificación catastral. Hay calles que en la misma vereda tienen numeración par e impar. No tenemos información básica que sirva para esclarecer delitos.
-¿Esto se nota más cuanto más complejo es el delito?
-Claro, y pasa en todo el mundo. Prácticamente en ningún lado hay causas por lavado de dinero. En Neuquén se lava dinero, seguramente, si no, no se justificarían ciertas inversiones. Ahora, ¿qué mecanismos hay para seguir con un mediano pronóstico de éxito una investigación? Esta es una falla que tenemos.
-¿No se puede diagramar una estrategia para combatir esos delitos?
-El Poder Judicial trata de hacer lo más que puede. El problema es que son muy difíciles de investigar.
-¿El personal está capacitado, tiene los medios adecuados?
-Hay problemas de legislación. El balance falso, que es un delito que se ve con frecuencia, según el artículo 300 del Código Penal tiene una pena máxima de 2 años y generalmente las investigaciones demoran eso para detectar las empresas asociadas, los balances, y la causa prescribe.
-¿Qué opina de la instalación de cámaras?
-No hay ninguna cosa por sí buena o mala, depende de cómo se la use. Si la información que se obtiene a través de una filmación es utilizada en forma ilegal, o no para los fines para las que fue propuesto, se puede hacer cualquier desastre. Fíjese que hace cuatro o cinco años se compraron helicópteros para seguridad en el ámbito de la ciudad, cuando en otros lugares del mundo los helicópteros se mandaron al área de salud pública porque la seguridad se hace por control satelital.
-¿Qué panorama hay en el fuero civil, donde se sintió el paro de los judiciales y se trabaron las notificaciones?
-Es cierto, estuvieron 12.000 cédulas paradas, y al no incorporárselas al expediente no se puede seguir tramitando lo cual dificulta el libramiento de cheques. Pero en el Poder Judicial todo lo que es dinero para alimentos, por un juicio o lo que fuera, la feria siempre se habilita para un libramiento. Igual es comprensible, hubo demoras. Ahora se implementó la notificación electrónica para agilizar todo este sistema de papelerío.
-¿Cómo imagina que será 2011?
–Seguramente vamos a tener conflictos, problemas presupuestarios, sociales, no está solucionado todo ni mucho menos. Los problemas de vivienda, de falta de acceso a la tierra, de sueldos que superen el proceso inflacionario, van a seguir. Nos iremos adaptando a los desafíos que aparezcan.
-¿Dejará el cargo en abril?
-En abril tengo edad para jubilarme.
-¿Y se va?
–Es posible. Quiero dedicarme a trabajar con una ONG en el oeste, y necesito tiempo para eso.
Instrucciones para fiscales sobre la aplicación de la insubsistencia de la acción penal
Quizá hayan leído en el diario esta nota respecto de la prescripción de una de las tantas causas por presunta corrupción que se abrieron en otros tiempos.
Cito los párrafos centrales: La Cámara Criminal Segunda declaró “prescripta la acción penal” y sobreseyó a tres ex funcionarios de la época de Jorge Sobisch que estaban acusados de presunta malversación de caudales públicos.
La causa se había iniciado contra Margarita Seguí, Héctor Torres y Susana Abarzúa, todos ex funcionarios del área de Cultura. Se los acusaba de un presunto fraude y peculado por el manejo de 217.200 pesos que les asignaron por decreto en 2003 destinados a ejecutar un programa de bibliotecas populares.
El defensor particular de Seguí, Marcelo Berenguer, pidió la insubsistencia de la acción penal. Lo apoyaron los defensores oficiales Gustavo Vitale (de Torres) y José Cartolano (de Abarzúa).
El argumento fue “el largo tiempo transcurrido desde la denuncia hasta el debate» y que se excedieron «largamente los plazos procesales”.
El fiscal Pablo Vignaroli se opuso, siguiendo instrucciones contenidas en una resolución de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
La Cámara, integrada por Emilio Castro, José Andrada y Richard Trincheri (subrogante) entendió que la calificación legal correspondiente sería malversación y no peculado ni defraudación calificada, y que en base a esa imputación la acción estaría prescripta.
Las instrucciones a las que aludió Vignaroli están contenidas en la resolución 21/10 de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que se reproduce a continuación:
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la normativa supranacional de jerarquía constitucional ha establecido que toda persona acusada de un delito tiene derecho a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para siempre su situación ante la ley. Así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14, inc. 3, letra C y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1, utilizan una fórmula semejante a fin de asegurar de manera más amplia la garantía del debido proceso.
Al decir de destacada doctrina “Este proceso no ha de ser un simple procedimiento tomado de los ordenamientos procesales; es preciso reformular el método y la ideología, con el fin de propiciar la eficacia del servicio jurisdiccional a través de un proceso sin restricciones… , y de lograr que el enjuiciamiento llegue a su tiempo, que no es otro que el de los intereses que las partes persiguen cuando ponen el conflicto en conocimiento de los tribunales.”(cfr. Gozaíni, “El debido Proceso” pág. 524).
Que la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, de creación jurisprudencial, es utilizada con el fin de brindar racionalidad a los tiempos de duración de un proceso penal en desarrollo, y por medio de ella, hacer efectiva la garantía aludida.
Que, en este contexto, uno de los principales problemas, señalados tanto por la doctrina como jurisprudencia, es la omisión de la legislación vigente de determinar una limitación temporal exacta del poder penal estatal, lo que ha llevado a la práctica a invocar la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, en supuestos dispares.
Que, no obstante dicha situación, nuestro Cimero Tribunal de la Provincia reiteradamente ha señalado, en las causas que llegan a su conocimiento, que el instituto de la insubsistencia debe aplicarse sobre la base de los siguientes lineamientos: 1) en primer lugar, el carácter excepcional de la misma 2) que correspondía aplicarla sólo en dos grupos de casos: a) Cuando la restricción de la libertad personal haya excedido a la que deriva de un regular trámite legal y b)cuando, la demora en el proceso, se haya debido a la invalidez declarada en virtud de consideraciones rituales insuficientes.
Que, al amparo de tales parámetros y realizando una interpretación particularmente restrictiva de la doctrina mencionada, extremando los recaudos para verificar aquellas condiciones, podrán los representantes del Ministerio Público Fiscal, adherirse a los planteos de insubsistencia eventualmente formulados por las contrapartes, en tanto una aplicación inadecuada puede tornar ilusoria la expectativa de la sociedad por hacer efectiva la sanción penal.
Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas,
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia
RESUELVE:
1º) Instruir a los representantes del Ministerio Público Fiscal sobre la aplicación de la doctrina de la insubsistencia, conforme los lineamientos establecidos en los considerandos precedentes.
2º) Hacer conocer a los Fiscales de Cámara y por su intermedio a los Ministerios Públicos de Primera Instancia y hágase saber al Tribunal Superior de Justicia.
3°) Archívese.
Un juez de Casación avala el acceso de las ONG a las causas de corrupción
Leo en el Centro de Información Judicial:
La Sala I de la Cámara de Casación Penal emitió un fallo en donde dos ONG se agraviaban por no haber podido acceder al expediente en una causa por presunta corrupción que se le seguía al ex senador Roberto Urquía, quien fue finalmente sobreseído.
Si bien el voto mayoritario se inclinó por no expedirse sobre el fondo de la cuestión por considerar que al haber sido sobreseído el imputado, el recurso de casación había quedado abstracto, en el voto minoritario, el juez Raúl Madueño se refirió al acceso a la información de las ONG en causas de corrupción.
Según el voto del juez, “en el caso se observa una colisión de derechos y garantías constitucionales que debe ser analizada con detenimiento”.
En ese sentido, y después de analizar la normativa del Código Procesal Penal de la Nación y los tratados internacionales firmados por la Argentina, el magistrado concluyó que “si bien la instrucción no es una etapa pública y de acceso libre a terceros, los magistrados pueden permitir que aquéllos que acrediten algún tipo de interés legítimo puedan acceder a las actuaciones”.
Sobre el derecho constitucional a la privacidad y el honor, argumento de la defensa para negarse a que las ONG “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ) y el “Centro de Investigaciones y Prevención contra la Criminalidad Económica” (CIPCE) tengan acceso a la causa, Madueño argumentó que “si bien es cierto que debe garantizarse el derecho de toda persona imputada de un delito a ser juzgada por un tribunal imparcial y también a que se salvaguarde su buen nombre y honor hasta tanto no recaiga una sentencia condenatoria firme; el carácter público que tienen personas como la que aquí estaba imputada, legislador nacional, hace que estén sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y por tanto no pueden alegarse que para proteger su intimidad no se puede permitir el acceso al sumario a los aquí peticionantes”.
En la causa, tanto el juez de grado como la Cámara Federal se habían negado a autorizar a las ONG a tomar vista del expediente, basándose en el artículo 204 del CPPN, que veda el acceso a la causa a toda persona que no sea parte.
Las organizaciones afectadas, argumentaban que ante ese artículo, debía prevalecer la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aprobada por ley 26.097.
Según el juez, “las organizaciones peticionantes están conformadas con el fin de promover políticas de estado de prevención y lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos, en función de las referidas convenciones internacionales suscriptas por el estado argentino sobre la cuestión; por lo que no resultan extrañas al tema que se investigaba”.
Más sobre la causa Bantotal
La Cámara Provincial de Apelaciones revocó una resolución del juez de Instrucción 2 que consideraba que la investigación no estaba completa. Era lo que pedía la fiscalía.
Recordarán este post que reproduce una nota en el diario Río Negro de Jorge Gadano con este encabezamiento:
«Un pedido de investigación del fiscal Ignacio Di Maggio, del delito de defraudación por administración infiel, contra el ex presidente del Banco de la Provincia, Luis Manganaro, los ex directores Rubén Andrián, Carlos Sandoval, Néstor Darío Del Campo y Oscar Raúl Oliva; el ex gerente general José Oser; el ex gerente de Asuntos Legales Omar Raimondo y el presidente de la sociedad HST, proveedora del sistema informático Bantotal, Marcelo Ricci, fue rechazado por el juez de instrucción Juan José Gago, quien juzgó que la investigación “no está completa”. Di Maggio apeló y la causa fue elevada a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal».
Más detalles de la causa Temux y su nuevo fiscal
Hasta último momento hubo intentos para que algunas causas quedaran en determinada fiscalía, o al contrario, pasen a otras. Así lo confió una fuente judicial consultada hoy.
¿Fue el caso Temux una de ellas?
El reglamento de reestructuración de las fiscalías y redistribución de las investigaciones en curso, cuya copia completa pueden descargar más abajo, establece un reparto de causas por número.
A la Fiscalía Nº 1 (titular, Horacio Maitini) se le asignó las causas cuyo número de registro termine en los dígitos 1 y 6; a la Fiscalía Nº 2 (Sandra Ruixo) las que terminen en 2 y 7; a la Fiscalía Nº 3 (Marcelo Jara) las que terminen en 3 y 8; a la Fiscalía Nº 4 (Ignacio Di Maggio) las que terminen en 4 y 9, y a la Fiscalía Nº 5 (Gloria Lucero) las que terminen en 5 y 0.
Por supuesto que internamente se conocía de antemano a quién le iba a tocar cada causa. Así, desde hace rato se sabía que Temux le correspondería, por número, al fiscal Marcelo Walther Alejandro Jara.
Por otra parte había una fecha clave: las causas a las cuales antes del 24 de febrero el juzgado les hubiera corrido traslado a la fiscalía, quedarían en poder de ese fiscal en cuestión.
En el caso de Temux, el 22 o 23 de febrero, el juez Marcelo Muñoz se la pasó al fiscal Ignacio Di Maggio.
Pero, según las fuentes consultadas, intervino en persona el jefe de todos los fiscales, Alberto Tribug, y dijo que la causa Temux debía correr la misma suerte que las otras: distribución según su número.
Así, Di Maggio podrá asesorar a Jara, pero no será el fiscal titular. Otro que podrá asesorarlo es Pablo Vignaroli, cuñado de Jara y autor del requerimiento original en esta causa.
¿Hubo un intento, de buena o mala fe, para que Di Maggio se quede con la causa Temux? ¿Fue un error de interpretación del reglamento?
Y al parecer existieron otros casos. Cuando algunos abogados particulares que intervienen en determinados expedientes (como defensores o como querellantes) se enteraron de a quién le tocaría su causa comenzaron a operar, sea para que quede todo como está, sea para que le cambien el fiscal.
Respecto de Jara, supongo que ya estará cerrada esta causa que se encontraba abierta cuando el Tribunal Superior de Justicia de Sommariva, Fernández y Badano lo designó fiscal.
Jurado demorado
¿Alguien recuerda que está pendiente de resolución un pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Pablo Vignaroli?
Cuando ya van diez meses desde la presentación, aún no se resolvió si será declarada su admisibilidad o será rechazada.
Después de una larga pausa, el Jurado volverá a reunirse el 23 de marzo a las 18.45.
No significa que habrá una definición, sólo que se reunirá.
Todo queda en familia
El nuevo fiscal de la causa Temux es Marcelo Walther Jara, cuñado de Pablo Vignaroli.
Habrá ampliación.
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