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Renuncia el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. ¿Cuánto tardará Sapag en reemplazarlo?
Esto está en el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia:
DR. ALBERTO MARIO TRIBUG SOBRE RENUNCIA.– VISTO Y CONSIDERANDO: La renuncia presentada por el Dr. Alberto Mario Tribug al cargo de Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, con efectividad a partir del 1° de abril de 2012, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Aceptar la renuncia presentada por el Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, D.N.I. Nº 10.266.936, al cargo de Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia –categoría MF-1-, a partir de la cero hora del 1º de abril de 2012, agradeciéndole los prolongados servicios prestados a este Poder Judicial.- 2°) Procédase por la Administración General conforme lo dispuesto por Acuerdos N° 3064, Punto XV, resolutorio 1°), incisos a) y b) y 4709, Punto 4. 3°) Notifíquese. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Honorable Legislatura del Neuquén. Cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales y tome razón la Administración General.
Ahora será interesante apreciar cuánto tiempo tarda el gobernador Jorge Sapag en proponer al reemplazante de Tribug.
Mientras tanto, la fiscalía será subrogada por el defensor Ricardo Cancela.
El Tribunal reafirma lo obvio: la requisa a las visitas en las cárceles debe respetar los derechos humanos
Con un lenguaje bastante diplomático para quien tiene la definida atribución de “ejercer la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles” (artículo 240 inciso g de la Constitución Provincial) el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén le “transmitió algunas inquietudes” a los responsables de las Unidades de Detención, en las cuales según Zainuco se violan los derechos de los detenidos y de sus familiares durante las requisas.
El Tribunal Superior también resolvió “hacerle saber” al jefe de la Policía de Neuquén que
deberá instruir a todos las dependencias en las que se encuentren alojadas personas detenidas que reciban visitas, que deberán instrumentarse los mecanismos que permitan resguardar la seguridad por la que debe velar la institución, pero a su vez, asegurar la vigencia de los derechos consagrados en la normativa Nacional e Internacional al respecto”.
sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, este cuerpo comparte la inquietud de contar con una herramienta tecnológica como el Scanner Rayos X para requisas”.
Así consta en el acuerdo 4753, punto 5, que pueden descargar más abajo en formato word.
Esta es la respuesta del Tribunal a los reclamos de Zainuco por los abusos que se cometen durante las requisas.
La Asociación que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad informa en su blog que el 8 de agosto
los/as familiares de detenidos en la Unidad 11 acompañadas por representantes de Zainuco, Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén, Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén, La Revuelta, CeProDH, CEDH y APDH, se reunieron con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Graciela Martínez de Corvalán y uno de los vocales de dicho tribunal, el juez Guillermo Labate.
En la audiencia las familiares tuvieron la posibilidad de decirle en la cara a los jueces todo (o por lo menos parte de) lo que ocurre durante las requisas en la U11, y luego cada uno/a de los/as presentes manifestó su parecer con respecto a esta cuestión. Todos/as, incluso los magistrados del TSJ, se manifestaron de acuerdo en que las requisas no pueden continuar desarrollándose de la manera en que actualmente lo hacen por constituir violaciones a los Derechos Humanos.
Ante la falta de respuestas el 13 de setiembre los integrantes de Zainuco organizaron un recital en la puerta del Tribunal. Cantaron temas de Los Redondos, con las letras adaptadas. Una muestra, en el video
El acceso a la justicia es un derecho constitucional que no sabe de restricciones
Si usted no fue a votar y no justificó la ausencia ni pagó la multa, tendrá limitaciones para hacer trámites ante organismos públicos provinciales o municipales salvo ante el Poder Judicial, porque el acceso a la justicia es un derecho constitucional que no sabe de restricciones.
Así lo estableció el Tribunal Superior de Justicia en el acuerdo 4753 punto 4, que pueden descargar más abajo en formato word.
La definición del Tribunal Superior se produjo ante una consulta del juzgado de Paz de Plottier, respecto de si debe aplicar una poco difundida disposición de la ley electoral provincial según la cual los empleados públicos tienen que constatar que la persona que está realizando un trámite emitió el sufragio, o de lo contrario serán multados (los empleados).
Al respecto dijo el Tribunal:
la regla no parece contemplar los supuestos en que las personas deben concurrir al Poder Judicial: incorporar dentro de esos casos a los trámites ante el Poder Judicial resultaría violatorio del derecho a la “tutela judicial efectiva” que asegura el art. 58 de la Constitución Provincial.
Es un derecho básico –estipulado como garantía en el texto constitucional- y que debe observarse por sobre otra prescripción normativa. Por ello, se interpreta que el art. 123 del código electoral no contempla el supuesto en que los ciudadanos concurren a un juzgado o tribunal de la provincia, independientemente del fuero o competencia que ostenten».
Qué bueno que apliquen tanto celo.
Una obra a las mil y quinientas: otra postergación en el plazo de entrega de la Ciudad Judicial
Escribí esta nota para el diario, aquí incluye enlaces e información adicional que puede resultar de interés.
La Ciudad Judicial tampoco será inaugurada este año. Debido a demoras en los pagos la empresa constructora pidió 120 días más de plazo, el Tribunal Superior de Justicia se los concedió, y como nueva fecha para culminar los trabajos se fijó el 30 de abril de 2010. Si se cumple, la ejecución de la obra habrá demandado 1.521 días y en la licitación se habían fijado 700.
El gigante que se construye al lado de otra obra faraónica, la Legislatura provincial, fue concebida en épocas de Jorge Sobisch. La primera etapa contempla 14.500 metros cuadrados, y el total tendrá 35.000. Su costo inicial, estimado en 90 millones de pesos, se disparó: este año el presupuesto judicial le tiene destinados 107.500.000 pesos de un fideicomiso sólo como pago parcial. Hubo denuncias de sobreprecios y se abrió una investigación de oficio cuyos resultados, si los obtuvo, jamás se difundieron.
Junto con los costos se estiró el plazo de ejecución. Fijado en 700 días corridos por el pliego licitatorio, y en 900 por el contrato una vez firmado, la empresa Riva solicitó prórroga en su ejecución. La semana pasada, mediante acuerdo de vocales (punto 7), el TSJ se lo concedió.
Según un informe del administrador general del Poder Judicial, en este momento trabajan en el edificio ubicado en calle Leloir 43 operarios, a quienes se suman un administrativo, un técnico en seguridad e higiene, dos capataces y tres ingenieros de la empresa.
Están colocando carpintería exteriores, paneles de doble vidriado, pisos, zócalos y cerámicos en varios sectores.
El 19 de enero pasado, según se supo ahora en forma oficial, la empresa Riva presentó una nota en la que solicitó más plazo para terminar la obra. Aludió a:
la demora administrativa que operó para la regularización de los pagos adeudados por la administración en concepto de certificados de obra y de redeterminación de precios del saldo del contrato”, que “generaron la alteración del ritmo de obra coherente con la alteración de los flujos de fondos previstos en el contrato (…) necesarios para realizar inversiones, anticipos, acopios y fabricaciones especiales, críticas para dar inicio a otras tareas”.
El Tribunal Superior, en el acuerdo de la semana pasada, aprobó el nuevo plan de trabajos que fija el 30 de abril de 2012 como fecha de entrega de la obra “terminada y en condiciones de funcionamiento”.
También aprobó una nueva addenda, la tercera desde que se firmó el contrato original el 13 de noviembre de 2007, en cuyo punto 2 la empresa
“renuncia expresamente a reclamar intereses, compensaciones, indemnizaciones y en general todo tipo de resarcimiento económico derivado o como consecuencia u origen en las modificaciones contractuales contempladas en el presente acuerdo, incluida la ampliación al plazo contractual”.
Se incumplirá así con lo que prometió el gobernador Jorge Sapag al inaugurar las sesiones legislativas 2010, cuando aseguró que este año la obra sería inaugurada.
(La imagen de la obra no es actual).
Cambio en el reglamento para convocar a audiencias públicas
¿Qué es más difícil: conseguir dos votos iguales de dos jueces, o tres votos iguales de cinco jueces?
La matemática tiene una respuesta: se requiere 100 por ciento en el primer caso, y 60 por ciento en el segundo.
Esta introducción la motiva el cambio en un artículo del reglamento de audiencias públicas (ver al final de este enlace), un régimen espejo del que existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde hacen falta 3 de 7 votos para abrir la audiencia, es decir, el 42,8 por ciento).
El régimen de audiencias públicas llegó a Neuquén en 2009, “destinado a escuchar testimonios sobre casos considerados relevantes por el Tribunal”.
La reforma aprobada en el acuerdo de la semana pasada (pueden verlo aquí, es el punto octavo) se debe a la división en salas del tribunal (ver aquí, punto 13, y aquí punto 25).
Antes el reglamento decía: “El Tribunal Superior de la Provincia del Neuquén convocará a audiencias públicas cuando lo dispongan al menos tres jueces”.
Ahora dice: “El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, convocará a audiencias públicas, en caso de intervenir la “Sala Civil”, la “Sala Penal” o “Sala Procesal-Administrativa” (…) cuando lo disponga el voto coincidente de los dos jueces integrantes de la Sala. Asimismo, convocará a audiencias públicas en caso de actuar como Tribunal Pleno, cuando lo dispongan al menos tres jueces”.
Si hay disidencia entre los dos miembros de la sala no se convocará a un tercero para que desempate.
Se achica el Poder Judicial de Neuquén: renunció Cartolano y no cubrirán la vacante
Se ha dicho aquí en otras oportunidades que 2004 fue una bisagra para el Poder Judicial. Entre muchas otras razones, porque se aprobó la ley ómnibus 2475 que creó una enorme cantidad de nuevos cargos judiciales. Muchos fueron cubiertos de inmediato, otros quedaron pendientes (¿alguien recuerda que propicia 3 nuevos juzgados de Instrucción, otra cámara penal, etcétera?)
Esa ley, y otras que le siguieron, fueron producto de un diseño creado por el gobierno de Jorge Sobisch sin sustento en estadísticas de necesidades y sin prever partidas presupuestarias, o un incremento en el porcentaje de coparticipación que alimenta el presupuesto autárquico de la justicia.
Con lentitud, y en general apostando sólo al paso del tiempo, el actual Tribunal Superior de Justicia está desmontando esa súper estructura.
Uno de los métodos que utiliza es dejar de cubrir las vacantes que se van produciendo.
Ya anticipé aquí que se achicaría la Cámara Civil de Neuquén capital, la cual quedará reducida a cinco integrantes.
Lo mismo sucederá con las defensorías penales de Cámara, seis en la actualidad.
Ya hay una vacante (por jubilación de Carlos Lardit) que no será cubierta, y también quedará vacío el despacho que a partir del 1 de diciembre dejará José Luis Cartolano, cuya renuncia por jubilación fue aceptada en el punto 20 del acuerdo 4602 publicado hoy.
El Tribunal Superior considera que no es necesario crear un juzgado de Familia en el norte neuquino
Para el Tribunal Superior de Justicia, bastaría con crear una secretaría especializada para atender la demanda de los problemas de familia en el norte neuquino.
En el acuerdo 4577 que se publicó recién hoy, se expresa el desacuerdo del Tribunal con el proyecto del diputado Juan Oltolina para crear un juzgado de Familia con asiento en Chos Malal.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura hizo la consulta al Tribunal, y la respuesta (punto 6 del acuerdo) fue: “que analizado el proyecto y los fundamentos del mismo, a la luz de la información de las causas en trámite se advierte que la mayor cantidad de causas que registra el organismo se refieren a las materias de Familia, Ley 2212 y Ley 2302”.
“Que de todos modos, en función del volumen total de causas que se desprenden de los datos estadísticos del mismo, este cuerpo considera que por el momento sería suficiente con la creación de una Secretaría especializada dentro del mismo Juzgado, sin necesidad de generar una nueva estructura jurisdiccional”.
“De ese modo, cuando la cantidad de causas justifique la puesta en funcionamiento de un organismo especializado, podría realizarse una correcta transición”.
“Asimismo, se estaría atendiendo provisoriamente la necesidad de especializar la labor con la puesta en funcionamiento de una Secretaría de Familia dentro del mismo organismo”.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén creará un portal web con sus estadísticas
El Poder Judicial de Neuquén creará un portal de estadísticas “con información general relativa a la actividad jurisdiccional, los recursos humanos, el presupuesto y la infraestructura, actualizada periódicamente y de fácil acceso para la comunidad en general”.
Así lo dispuso en el acuerdo 4550 del miércoles pasado, a propuesta del departamento de Planificación y Estadísticas.
“El principal factor que impulsa esta propuesta es la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, acercamiento y rendición de cuentas a la sociedad, aspectos que actualmente se encuentran dentro de las agendas de las instituciones públicas, nacionales e internacionales”, dice en la exposición de motivos que pueden descargar completa aquí abajo.
Una colaboradora del blog (más memoriosa que el propio autor) recordó que el 18 de marzo de 2009 publiqué en este post:
«(Los miembros del Tribunal Superior) están dispuestos a revisar la aplicación de las Reglas de Heredia, se publicarán en Internet los decretos de presidencia (salvo los que se relacionen con cuestiones personales de magistrados y funcionarios) y las estadísticas del Poder Judicial«.
PROYECTO PORTAL DE ESTADÍSTICAS
El Poder Judicial de Neuquén reemplazará la custodia policial con cámaras de vigilancia
Escribí esta nota para el diario, aquí se reproduce con enlaces de interés y el texto completo del proyecto.
Supongo que Labate ya habrá conversado con su amigo el jefe de la Policía, Juan Carlos Lepén, sobre esta quita que sufrirán los ingresos del personal que realiza el servicio adicional.
El Tribunal Superior de Justicia reemplazará a los policías que custodian sus edificios por modernos ojos electrónicos: contratará un sistema de monitoreo por cámaras que le costará unos 200.000 pesos, pero le permitirá ahorrar más de medio millón de pesos al año que ahora gasta en servicios adicionales.
La decisión, fundamentada exclusivamente en razones económicas, se adoptó en la reunión de acuerdo del miércoles pasado, cinco días después de que se hallara un paquete intimidatorio en las escaleras del edificio donde funciona el Tribunal Superior de Justicia.
Ese episodio pudo ser el empujón que faltaba para tomar la decisión de concretar el proyecto de las cámaras de seguridad, y que se venía conversando desde hace meses. Incluso en abril se había realizado una experiencia piloto con tres cámaras en el mismo edificio donde apareció la caja con el reloj y los cables.
Las cámaras funcionarán a partir de las 19 los días hábiles, y las 24 horas los inhábiles. Habrá una central de monitoreo a cargo de dos policías que funcionaría en Yrigoyen 175, sede de los juzgados correccionales y donde están las oficinas de la policía adicional.
Los encargados del monitoreo tendrán un protocolo de actuación en caso de que detecten algún hecho “vandálico o delictivo”.
La iniciativa aclara que “bajo ningún concepto podrá invadirse la intimidad de los justiciables o integrantes del Poder Judicial”.
En la primera etapa las cámaras estarán en los edificios de las defensorías civiles y el servicio de orientación jurídica (Rivadavia 127 y 119); Defensoría del Niño y juzgados de Juicios Ejecutivos (25 de Mayo 33 y 51); juzgados Penales del Niño (Félix San Martín 384); juzgados de Familia (Roca 460) y fiscalía General (Sargento Cabral 335).
Según las estimaciones de la Administración General, hechas a pedido del presidente del TSJ Guillermo Labate, habrá dos gastos: 40.000 pesos para incorporar las cámaras y 176.256 pesos de sueldo a los operadores de los monitores. Se dejará de pagar a la policía por servicios adicionales de custodia en los edificios judiciales, lo que representará un ahorro de 532.160 pesos al año.
Con parte del ahorro, sugiere el proyecto, se podría contratar una custodia policial de 24 horas en el edificio de las fiscalías especiales (Antártida Argentina 352). Del mismo modo, desaconseja limitar el servicio de vigilancia permanente en la secretaría de Informática.
Por último, tiene en cuenta que la instrumentación “debe ser acompañado por una adecuada política comunicacional, que logre atenuar lógicas resistencias que provendrán desde diversos sectores como casi siempre ocurre con la incorporación de nuevas tecnologías que reemplazan al componente humano”.
Lo que dicen los concursantes en la entrevista con el Consejo de la Magistratura está amparado por la libertad de expresión
Un abogado que integra el Jurado de Enjuiciamiento embistió contra dos candidatas a juezas por los conceptos que manifestaron durante la entrevista personal con los integrantes del Consejo de la Magistratura.
El abogado es Marcelo Zapata, y las concursantes son la actual defensora oficial adjunta Alejandra Barroso y la defensora del Niño de Zapala, Natalia Stornini. Ambas compitieron por un lugar en la Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co.
Zapata le pidió al Tribunal Superior de Justicia que le inicie un sumario a Barroso, y al Consejo de la Magistratura le reclamó que se abstenga de nombrarla.
Barroso fue la ganadora del concurso y todavía no recibió acuerdo legislativo.
También pidió que se les inicie un jury.
Lo que dijeron Barroso y Stornini pueden leerlo aquí o, en su versión extendida, aquí y aquí.
En el acuerdo de la semana pasada, el Tribunal distinguió la situación de Barroso, quien por su jerarquía actual queda fuera del alcance del jury, de la de Stornini, quien podría ser sometida a un Jurado de Enjuiciamiento.
Lo que resolvió fue desestimar la denuncia contra la primera y enviar la presentación contra la segunda al jury para que resuelva.
Los fundamentos están sintetizados en el título del post, y pueden leerlos completos a continuación tal como los copié y pegué del acuerdo 4536:
“DR. ZAPATA MARCELO SOBRE PRESENTACIÓN.- VISTO Y CONSIDERANDO: La presentación efectuada por el Dr. Zapata, ante el Tribunal Superior de Justicia, en el que solicita que se tome conocimiento del “hecho ocurrido en el ámbito del Consejo de la magistratura (…) que muestra a dos actuales integrantes del poder judicial en situación de flagrancia, respecto a la manda de imparcialidad y decoro que pesa sobre toda la planta de funcionarios”.
Que considera el profesional, que en función de la opinión que las involucradas han vertido al momento de realizarse las entrevistas en el Consejo de la Magistratura, el Tribunal debe “hacer uso de sus facultades de policía (art. 16 Ley 1565) y proceda sin más a dar impulso a sumario, en ámbito de enjuiciamiento, tendiente a comprobar su verosimilitud(…)”.
Asimismo solicita que “Preventivamente haga saber al Consejo de la Magistratura se abstenga de nombrar en función de ese concurso hasta tanto se resuelva situación en ésta (…)”.
Que analizada la presentación efectuada por el profesional, habrá de distinguirse la situación de la funcionaria que –por el cargo que ocupa-, es susceptible de ser sometida a Jurado de Enjuiciamiento, y la que no lo es, por encontrarse la facultad disciplinaria en cabeza del Tribunal Superior de Justicia.
Respecto a ésta última –Dra. Barroso-, entiende el cuerpo que bajo ningún punto de vista puede admitirse que las opiniones vertidas en el marco de una entrevista personal, puedan ser susceptibles de sanción. Ello, en función de encontrarnos inmersos en un estado democrático de derecho, en el que la libertad de expresión es una garantía de raigambre constitucional.
Diferente sería la situación, si el funcionario -en el marco de un proceso concreto-, asume una posición parcial, arbitraria o teñida de algún elemento que pueda configurar mal desempeño, en cuyo caso –verificado tal extremo-, deberá formularse la denuncia correspondiente.
Por ese motivo, respecto a ésta funcionaria, habrá de desestimarse la presentación, haciéndole saber además al presentante, que el Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder, sobre el que ni el Jurado de Enjuiciamiento ni el Tribunal Superior de Justicia, tiene atribuciones para interrumpir en el marco de presentaciones administrativas, el trámite de un concurso.
En cuanto a la Dra. Stornini, si bien le resultan aplicables las consideraciones expresadas, el Cuerpo debe abstenerse de expedirse ya que corresponde que lo haga la Comisión creada por Ley N° 2698, en función de que la denuncia ha sido dirigida en los términos de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, y a los fines de realizar el análisis previsto en la normativa citada resolviendo en consecuencia.
Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Rechazar la presentación efectuada por el Dr. Marcelo Zapata respecto a la Dra. Barroso, por los fundamentos expresados en los considerandos del presente resolutorio, que forman parte integrante del mismos. 2°) Remitir la presentación efectuada -en relación con la Dra. Stornini-, al Jurado de Enjuiciamiento, conforme la nueva estructura creada por Ley N° 2698 a sus efectos”.
Sigue el desmantelamiento del juzgado de Rincón de los Sauces: le quitarán competencia en materia penal
El juzgado multifueros de Rincón de los Sauces sufrirá una nueva mutilación.
Creado dentro de la ley ómnibus 2475 a instancias del ex diputado y ex intendente de esa ciudad Carlos Macchi, y sin estudios de respaldo conocidos, empezó con una amplia jurisdicción que abarcaba la más rica zona petrolera.
Con el paso del tiempo la fue perdiendo: primero le quitaron Buta Ranquil con el argumento de que esa localidad está mejor comunicada con Chos Malal. El miércoles 9 la Legislatura le sacó Añelo.
Tampoco fue fácil conseguirle juez. El ganador surgió de uno de los concursos más pobres del Consejo de la Magistratura: sólo dos participantes, y ninguno pasó los 50 puntos sobre 100 posibles.
Ahora el juzgado de Rincón perderá competencia en materia penal, cuando prospere un proyecto de ley presentado por el Tribunal Superior de Justicia en la Legislatura.
Los delitos que ocurran en la ciudad se tramitarán en los juzgados de Instrucción de Neuquén capital, como sucedía antes de la creación del organismo de Rincón.
Más abajo pueden descargar la exposición de motivos, que está agregada como anexo al acuerdo 4530 del 9 de junio.
Allí leerán, por ejemplo, que “el volumen de actividad en materia penal del Juzgado Multifueros (…) no justifica, ni desde el punto de vista del acceso a la justicia, ni por razones presupuestarias, que dicha materia siga siendo tratada por el mismo”.
Puesto en números: “En un Juzgado de Instrucción en la ciudad de Neuquén ingresan en promedio 207 expedientes por bimestre”, mientras que “en el Juzgado Multifueros de Rincón ingresan 73 expedientes de instrucción en el mismo período”.
Ante la pobreza de estos números me pregunto: ¿No hay en Rincón de los Sauces sospechas de casos de trata de personas? ¿No hay presunciones de tráfico de drogas?
Ah, es verdad, esos son delitos de competencia federal…
Las estadísticas del Poder Judicial pintan otro mundo y justifican el repliegue.
Señalan que “si se reasignan las causas de Rincón a la cabecera de la Primera Circunscripción y se dividen en los 6 Juzgados, cada Juzgado incrementaría su actividad en 12 expedientes por bimestre, es decir, en 6 al mes”.
Sumado a que, “en su mayoría son causas simples”, concluyen, en que “el impacto en cada Juzgado, sería tan sólo de un 5,79 %”.
El tema está abordado en el punto 7 del acuerdo. Allí se explica qué sucederá con los ministerios públicos.
En el caso de la fiscalía, “se propicia el traslado de dicho Ministerio a la Ciudad de Neuquén, a fin de que preste funciones en ésta, facultándose al Cuerpo a asignar las mismas”.
Respecto de la defensoría, propicia contar con dos defensorías oficiales civiles en la localidad.
En 15 meses el Tribunal Superior de Justicia autorizó 18 prórrogas para dictar sentencia en juzgados civiles y laborales
Entre febrero de 2009 y lo que va de mayo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia autorizó en 18 oportunidades prórrogas de 30 días (en un caso de 60) a jueces y juezas civiles y laborales para dictar sentencias.
Mi relevamiento abarca esas fechas porque utilicé como fuente los acuerdos del Tribunal que recién en febrero del año pasado comenzaron a ser publicados en Internet.
Las prórrogas fueron concedidas por tres razones:
* Porque el juzgado en cuestión estaba vacante, y las pedían los/las subrogantes.
* Porque el juez o jueza en cuestión había estado subrogando y se atrasaba en su propio juzgado.
* Porque el juez o jueza que hacía la solicitud recién había asumido en el cargo.
Aquí está el resumen, con los enlaces a los respectivos acuerdos del TSJ donde figuran los fundamentos del pedido y de la concesión:
El Acuerdo Ordinario 4330 del 11 de febrero de 2009, otorga una prórroga de 30 días a la titular del Juzgado Civil 5, Ana Mendos.
El Acuerdo Ordinario 4348 del 11 de marzo de 2009 otorga una prórroga de 30 días a pedido de Ana Mendos y Elizabeth García Fleiss, subrogantes del Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Extraordinario 4357 del 26 de marzo otorga una nueva prórroga de 30 días al Juzgado Civil 5 de Mendos.
El Acuerdo Ordinario 4385 del 13 de mayo otorga una nueva prórroga de 30 días al Juzgado Civil 4 a pedido de las subrogantes Mendos y García Fleiss.
El Acuerdo Ordinario 4389 del 27 de mayo, concede otra prórroga de 30 días para dictar sentencia a Ana Mendos, del Juzgado Civil 5.
El Acuerdo Ordinario 4398 del 23 de junio otorga una prórroga de 30 días al subrogante del Juzgado Laboral 4, Luis Trani.
El Acuerdo Ordinario 4417 del 5 de agosto otorga una prórroga de 30 días a la jueza Mendos del Juzgado Civil 5 y de 30 días a la jueza Paula Stanislavsky, del Juzgado Civil 1.
El Acuerdo Extraordinario 4424 del 20 de agosto, concede una nueva prórroga de 30 días a las subrogantes del Juzgado Civil 4, Mendos y García Fleiss.
El Acuerdo Ordinario 4439 del 30 de setiembre otorga una nueva prórroga de 30 días a Ana Mendos, titular del Juzgado Civil 5.
El Acuerdo Ordinario 4444 del 8 de octubre otorga una prórroga de 30 días a Alejandra Bozzano, subrogante en el Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Ordinario 4461 del 4 de noviembre otorga una prórroga de 30 días a Ana Zapperi, subrogante en el Juzgado Laboral 4.
El Acuerdo Ordinario 4462 del 11 de noviembre otorga una nueva prórroga de 30 días a Alejandra Bozzano, subrogante del Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Ordinario 4473 del 22 de diciembre, otorga una prórroga de 30 días a Alejandra Bozzano, subrogante del Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Ordinario 4486 del 10 de febrero de 2010 otorga una prórroga de 30 días a María Eugenia Grimau, recién asumida en el Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Ordinario 4493 del 24 de febrero de este año otorga una prórroga de 60 días a Ana Zapperi, subrogante del Juzgado Laboral 4.
El Acuerdo Ordinario 4511 del 7 de abril vuelve a otorgar 30 días de prórroga a Grimau, titular del Juzgado Civil 4.
El Acuerdo Ordinario 4523 del 19 de mayo (último publicado) otorga una nueva prórroga de 30 días a Grimau, titular del Juzgado Civil 4.
(La foto es a mero título ilustrativo y no alude a ninguna de las magistradas mencionadas)
Y si de subrogancias se trata, los juzgados de Familia tienen lo suyo
En el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la reunión del 12 de mayo (click aquí), el punto 5 se refiere a la subrogancia alterna del juzgado de Familia 2 de Neuquén capital.
Las/los titulares del resto de los juzgados propusieron los períodos con fechas de inicio y finalización en los que cada uno subrogará el mencionado organismo, “en forma quincenal y alternada, a fin de no recargar sobre uno solo de los Magistrados la tarea en cuestión, en función de la temática que nos ocupa”.
El Tribunal Superior expresó al respecto que en otras oportunidades ha resuelto, con fundamento en las circunstancias excepcionales de cada caso, disponer una variación del régimen previsto en la Ley Orgánica para las subrogancias, cuando las razones de servicio y demás elementos de cada situación, así lo han aconsejado en función de la correcta prestación del servicio.
Lo que se resolvió fue que «a partir del 17 de mayo hasta la reincorporación de la titular del Juzgado de Familia 2, la subrogancia de dicho organismo sea alternada entre los titulares de los Juzgados del Fuero en forma quincenal».
Alquileres, compensaciones económicas y una resolución inédita sobre Manzano Amargo en el último acuerdo del TSJ
Está publicado el acuerdo 4517 del 21 de abril con varias novedades de trascendencia. Copio y pego las partes resolutivas de los puntos más destacados.
Punto 3) “Aprobar la renovación del contrato de locación del inmueble sito en calle Ejército Argentino 278 de Zapala, por el término de un año, a partir del 1° de Mayo de 2010 hasta el 30 de Abril de 2011. Fijar el valor locativo global en la suma de 42.000 pesos. Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de 3.500 pesos. Encuadrar la presente como contratación directa”.
Punto 9) “Disponer que a partir del lunes 26 de abril y hasta la fecha de finalización de la licencia por maternidad de la Dra. Titanti, la Oficina de Exhortos y Oficios Penales, funcionará en la Cámara de Apelaciones en todos los fueros de San Martín de los Andes, y bajo la dependencia directa de ésta. La titular de la oficina subrogará la Secretaría Penal de la Cámara durante el período indicado precedentemente. Suspender durante el plazo indicado la competencia en materia de Garantías del Niño y el Adolescente y la competencia en materia de Suspensión de proceso a prueba dispuesta al momento de su creación, la que quedará absorbida por la secretaría única del Juzgado de Instrucción de Junín de los Andes, manteniendo la correspondiente a la Oficina de Exhortos y Oficios penales”.
Punto 10) “Visto el pedido efectuado por los representantes sindicales, con patrocinio letrado del Dr. Egea, en el que requieren la suspensión de la tramitación de los sumarios dispuestos mediante Acuerdo Nº4497 Punto VII (…) No hacer lugar al pedido de suspensión de los trámites sumariales iniciados”.
Punto 12) Aprueba el reglamento de comprensaciones económicas por cobertura de servicios de carácter extraordinario.
Punto 13) Suspende el referéndum en Manzano Amargo. La página oficial del Poder Judicial dice que esta es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia hace lugar a una medida cautelar administrativa.
Punto 15) ¿Se acuerdan de la polémica por la tasa de justicia? Este punto resuelve “encomendar a la Administración General, que elabore a la brevedad posible, el instructivo que deberá utilizarse a los fines de proceder a la reliquidación o reintegro de Tasas de Justicia, producto de la modificación aludida en los considerandos del presente, a fin de uniformar el mecanismo y difundirlo para su utilización, tanto en los organismos jurisdiccionales, como en los Colegios Profesionales.”
Gasto en alquiler
Casi 1,8 millón de pesos es lo que paga el Tribunal Superior de Justicia por el alquiler de la planta baja y los cuatro pisos del edificio de la Asociación Española, en Alberdi 52.
Lo leí en el punto 4 del último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, que resuelve:
“Aprobar la renovación del contrato de locación del inmueble sito en calle Alberdi n° 52 –Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° pisos- de la Ciudad de Neuquén, por el término de doce (12) meses, a partir del 1° de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010.
“Fijar el valor locativo global en la suma de pesos un millón setecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y dos (1.791.852,00).
Dicha suma deberá abonarse mensualmente, en cuotas iguales y consecutivas de pesos ciento cuarenta y nueve mil trescientos veintiuno (149.321,00).
Encuadrar la presente como contratación directa en las disposiciones del artículo 64 inciso 2) apartado o) de la Ley Nº 2141”.
El texto completo del acuerdo pueden leerlo con sólo hacer click aquí.
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