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Evaldo Moya presidirá el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en 2013
Ahora sí Evaldo Moya asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, versión 2013.
Lo acaba de decidir el Tribunal tras una reñida elección. No, nada que ver. Le tocaba a él, no podía esquivarlo de nuevo.
Aquí lo que se dijo en el debate legislativo cuando lo designaron vocal.
Oscar Massei será presidente subrogante. Los dos asumirán el cargo en febrero.
Otros cargos resueltos en el acuerdo de hoy:
Sala Penal: Guillermo Labate y Graciela Martínez.
Sala Civil: Ricardo Kohon y Oscar Massei.
Sala Procesal Administrativa: Ricardo Kohon y Oscar Massei.
Junta Electoral Provincial: Evaldo Moya (presidente), Guillermo Labate y Oscar Massei (vocales).
Jurado de Enjuiciamiento: Evaldo Moya (presidente), Ricardo Kohon y Guillermo Labate (vocales).
Presidente Comisión Especial creada por Ley 2698: Graciela Martínez.
Representante del TSJ ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales: Evaldo Moya.
Representante del TSJ en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia: Ricardo Kohon.
Subrogante del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Graciela Martínez.
Presidente del Tribunal de Superintendencia Notarial: Evaldo Moya.
Supervisores por Circunscripciones Judiciales
I (Neuquén): Evaldo Moya.
II (Cutral Co): Ricardo Kohon.
III (Zapala): Guillermo Labate.
IV (Junín): Graciela Martínez.
V (Chos Malal): Oscar Massei.
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A propósito: de los fiscales que firmaron adhesiones, ¿alguno representa el abrazo del oso mencionado por aquí?
¿Candidato encubierto a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia?
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia neuquino, Alberto Tribug, ha renunciado. Mientras su cargo esté vacante, lo subrogará el defensor Ricardo Cancela. ¿Será temporario este reemplazo o Cancela es, en los hechos, el candidato de Jorge Sapag para la fiscalía?
Al gobernador Sapag se le fueron estirando los plazos a medida que avanzó su gestión: cada vez tardó más en postular a un integrante del Tribunal Superior de Justicia. Por eso propuse, en un post anterior, estar atentos al tiempo que demorará en proponer al o a la reemplazante del fiscal Tribug.
De acuerdo con el artículo 236 de la Constitución Provincial, “los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y demás jueces y funcionarios de los ministerios públicos, deberán ser designados dentro de los sesenta días de producida la vacancia del cargo. Si se tratare de los de vocal del Tribunal Superior, su fiscal o defensor y transcurriera el término indicado sin ser provista la vacante, el Tribunal Superior procederá a efectuar la designación correspondiente con carácter interino”.
Sólo al comienzo de su primer mandato JAS cumplió con este mandato constitucional.
Los dos primeros vocales que propuso, en 2008, fueron Guillermo Labate y Marcelo Benavides (quien luego desistió) a 51 días de las renuncias de Roberto Fernández y Jorge Sommariva.
Pero al último, Evaldo Moya, lo postuló 678 días después de la renuncia de Felipe Cía.
Acaso el decreto de autolimitación tenga algo que ver. Aunque es poco probable: como mencioné en este post, a los diputados parecen importarle poco la cantidad de adhesiones o impugnaciones que reciba el candidato o candidata en cuestión.
Antes bien la razón de los plazos que se estiran puede ser la ecuación, término acuñado por JAS para referirse a la búsqueda de acuerdos políticos a fin de lograr en la Legislatura los dos tercios que necesita para que su candidato acceda al cargo (artículo 239 de la Constitución).
En esa búsqueda, los actores algo ofrecen, algo reciben, algo resignan. Y así nace un funcionario judicial en un cargo vitalicio, que tendrá (en el caso de la vacante que deja Tribug) la responsabilidad de diseñar una estrategia de persecución del delito en la provincia aplicando el nuevo Código Procesal Penal.
Como se dijo, mientras el puesto esté vacante el fiscal subrogante será Cancela, el ex abogado de Jorge Sobisch a quien Sapag propuso como defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes.
Se repite el interrogante: ¿Será temporaria esta subrogancia? ¿O, en los hechos, Cancela era el candidato encubierto de Sapag para la fiscalía del Tribunal?
De paso: ya puede decirse que JAS batió la marca de su antecesor. JOS designó a cinco vocales del Tribunal Superior; y el actual gobernador (con el apoyo de la Legislatura mandato 2007/2011) a cuatro vocales, el defensor ante el cuerpo y ahora está en condiciones de sumar al fiscal.
Anexo: días que transcurrieron entre que se produjo la vacante y JAS propuso al reemplazante:
Guillermo Labate por Roberto Fernández: 51 días.
Marcelo Benavides por Jorge Sommariva: 51 días.
Graciela Martínez por Jorge Sommariva: 147 días (61 días después de la renuncia de Benavides)
Oscar Massei por Eduardo Badano: 81 días.
Ricardo Cancela por Tomás Gavernet: 380 días.
Evaldo Moya por Felipe Cía: 678 días.
Las cuentas las saqué con esta práctica calculadora.
En la foto, JAS y Ricardo Kohon, el único vocal superviviente de la era JOS.
Comenzó el año K en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Asumió Ricardo Kohon la presidencia, y Evaldo Moya como subrogante. Como siempre, fue en un acto privado.
La foto es de prensa del TSJ.
Moya sigue siendo presidente del Tribunal de Cuentas, y a la vez presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia
Al final se cumplió lo que había pronosticado aquí: Evaldo Moya será presidente del Tribunal Superior de Justicia. Subrogante, es cierto, pero presidente al fin.
Y será mucho más que eso.
Hoy se dio a conocer parte del acuerdo 4824 celebrado ayer.
El presidente a partir del 14 de febrero será, ya se sabe, Ricardo Kohon. Moya lo subrogará.
También presidirá la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento que, según quedó demostrado en la práctica, tiene poder para desestimar un pedido de jury, pero no para declararlo admisible.
Y lo más interesante es que será subrogante del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Moya viene de ser, precisamente, presidente del Tribunal de Cuentas, cargo que ahora está vacante.
Esto quiere decir que a partir del 14 de febrero Moya será presidente subrogante del TSJ y seguirá siendo presidente (subrogante) del Tribunal de Cuentas.
Pocos vocales han tenido tanto poder en los últimos años.
Otras novedades menos sorprendentes son que la sala penal estará integrada por Graciela Martínez y Guillermo Labate, y la sala Civil y Procesal Administrativa por Oscar Massei y Moya.
Kohon no integra ninguna sala pero puede integrarlas todas, en caso de empate.
Otras designaciones:
Integrantes Junta Electoral Provincial: Kohon (Presidente), Labate y Massei (Vocales)
Representante del TSJ ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales: Moya.
Representante del TSJ en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia: Massei
Subrogante del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Moya.
Presidente del Tribunal de Superintendencia Notarial: Kohon
Consejo directivo escuela de capacitación: Kohon, Labate y Graciela Martínez.
Supervisores por Circunscripciones Judiciales
I: Kohon
II: Moya
III: Labate
IV: Massei
V: Martínez de Corvalán
Asumieron Moya y Cancela. Mirá el video
Muchas autoridades presentes
Y mucha prensa también
El rumor del verano: ¿Hugo Acuña al Tribunal de Cuentas?
Parece que fue una (o más de una) visita de Hugo Acuña a Evaldo Moya en el Tribunal de Cuentas la que disparó el rumor.
¿Es posible que Acuña, actual integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Movimiento Popular Neuquino, reemplace a Moya, futuro vocal del Tribunal Superior de Justicia?
Como posible, todo es posible. El cargo es inamovible como el de un juez, y no temporal como el de un consejero.
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia” como dice la Constitución.
Sea con Acuña o con otra persona, el gobernador Jorge Sapag debe cubrir la vacante que deja Moya en el TdC.
Un detalle a tener en cuenta es que el candidato o la candidata que postule necesita acuerdo legislativo, pero la Constitución también contempla el consentimiento tácito: si en 30 días la Cámara no trata en pliego, la designación se produce en forma automática. (Inciso 23 del artículo 189, referido a las atribuciones de la cámara de diputados: “Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiere expedido”).
¿Y qué pasaría en el Consejo de la Magistratura si el candidato fuera efectivamente Acuña? Lo reemplazaría Karina Miguel, conocida por ser la primera abogada gitana de la región.
Neuquén tiene nuevo Código Procesal Penal. ¿Y ahora?
El nuevo Código Procesal Penal recibió elogios unánimes como regalo de nacimiento. Producto de un trabajo que con avances y retrocesos demandó diez años, se lo destaca como el más avanzado del país, pone en línea a la provincia con la Constitución Nacional, y en el terreno de las promesas se asegura que hará a la justicia más eficaz y más transparente. En buena hora si así sucede, porque fue sancionado en uno de los peores momentos de la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos: los diputados sesionaron con la Legislatura vallada y también tiene vallas el edificio donde funcionan las cámaras criminales.
El Código Procesal no es más que una herramienta. Un catálogo de derechos para la víctima de un delito y de garantías para el imputado, así como de obligaciones para los encargados de la investigación y del juicio.
Su puesta en vigencia demandará, al menos, dos años. En ese período habrá que sancionar un paquete de leyes complementarias tan importantes como el Código mismo, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias.
Pero ese no es más que el ajuste fino de la misma herramienta. La clave son los encargados de operarla.
Alfredo Alvarado Velloso, un destacado procesalista que dicta una maestría en Neuquén, dice que hace falta una nueva generación de jueces y fiscales para que la instrumentación del Código tenga una mínima garantía de éxito.
Se refiere a que los actuales están formados en el viejo sistema, el inquisitivo, donde el juez es el rey del proceso.
La afirmación cobra otro sentido en Neuquén, donde el grueso de los magistrados y funcionarios llegaron a sus cargos en una época en la que los ingresos eran en tropel, sin concurso y en muchos casos, sin control legislativo. Fue entre 2004 y 2006, los años más cuestionados del Poder Judicial, durante el último gobierno de Jorge Sobisch.
El nuevo Código pone el protagonismo en manos de los fiscales. Casi todos ingresaron o ascendieron en esa época.
Como dice Leticia Lorenzo, abogada del Inecip y asesora en el proceso de reforma, la próxima discusión que se debe instalar es quién elige a los que persiguen. El debate por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede ser uno de los escenarios apropiados.
El cuadro actual muestra que en la primera circunscripción hay 12 fiscales, 8 de primera instancia y 4 de Cámara.
Sólo 4 de ellos (una fiscal de cámara, tres de primera instancia) pasaron por el Consejo de la Magistratura y recibieron acuerdo legislativo.
El resto fueron designados por el sistema anterior, es decir, en forma directa por la voluntad de un Tribunal Superior de Justicia integrado por vocales elegidos por el ex gobernador Sobisch. Ninguno recibió acuerdo legislativo porque en esa época no se requería.
En el interior provincial la situación no es mejor: hay 3 fiscales en Cutral Co (uno de cámara); uno en Zapala; 2 en Junín (uno de cámara) y 1 en Chos Malal. Ninguno pasó por el Consejo de la Magistratura ni recibió acuerdo legislativo.
Puede argumentarse, y con razón, que así eran las reglas en aquellos años. El problema de fondo es que la mayoría de los fiscales en funciones no han hecho de la investigación de casos de corrupción una bandera; más bien parece interesarles poco ese capítulo del Código Penal.
La corrupción tampoco parece haber estado en la mente de los legisladores que aprobaron, por unanimidad, este Código: Le sacaron lustre a la chapa del juicio por jurados, la estrella de la reforma procesal, pero escamotearon la posibilidad de que ciudadanos comunes decidan si un funcionario cometió un delito desde el ejercicio de su cargo.
Así, sólo los delitos gravísimos serán ventilados por el jurado.
Si se mira a futuro, los nuevos magistrados y funcionarios surgirán de otro organismo bajo permanente controversia: el Consejo de la Magistratura, donde el poder político goza de mayoría y la representación ciudadana directa está ausente.
Los consejeros políticos que asumieron en 2011 fueron designados con los plazos vencidos y han tenido no pocos tropiezos: concursos en los que casi nadie se anota, deserciones masivas, participantes que impugnan las calificaciones, y una posibilidad cercana de que sus decisiones se judicialicen.
El Tribunal Superior de Justicia tendrá (debería tener, más bien) una fuerte responsabilidad en que la instrumentación del nuevo Código sea un éxito.
Un Tribunal que, a partir de este año, volverá a estar completo con las designaciones de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag quien de esta manera, en cuatro años de gobierno, instaló ya a cuatro de los cinco vocales.
La cifra record de diputados que votaron a Moya y Cancela para vocal y defensor respectivamente sepultó los cuestionamientos que recibieron. Quedó en evidencia, por primera vez de manera clara, que el decreto llamado de autolimitación es apenas un formalismo para alegar transparencia allí donde los acuerdos políticos son los que mandan.
Puertas adentro del Poder Judicial reverdecieron las nunca olvidadas divisiones que se remontan, justamente, a aquellos años en los que reinaba el sobischismo.
La conducción de la Asociación de Magistrados, que viene marcando distancia de los actos del gobierno de Sapag, cuestionó a los candidatos por su falta de antecedentes (caso Moya) y porque no responden al perfil que consideran más adecuado para alguien que ejercerá la jefatura de la defensa y, eventualmente, de la fiscalía (caso Cancela).
La Asociación hizo pública su postura. Más discretos, un grupo de magistrados y funcionarios se reunió por su lado y elaboró una serie de notas de respaldo a Cancela.
Un debate similar se produjo entre los abogados: la conducción del Colegio respaldó a los candidatos de Sapag, y un grupo de colegiados le pidió explicaciones por la ausencia de debate previo.
El nuevo Código Procesal Penal, tan elogiado y en el que están depositadas tantas esperanzas, cabalga sobre aquel citado divorcio entre los poderes públicos y los ciudadanos, y estas fracturas internas de los operadores del sistema.
Quizá haga falta algo más que un curso de capacitación para garantizar el éxito de su implementación.
Anexos: el texto del CPP , en formato pdf, y el folleto oficial que se publicó en los medios de comunicación, en el mismo formato.
Moya es vocal del Tribunal Superior de Justicia: lo que se dijo en el debate legislativo
Evaldo Moya se presentó el martes a la mañana a la comisión de Asuntos Constitucionales. Acusado de deudor alimentario, lo acompañaron dos de sus hijos. Tras las exposiciones que se sintetizan a continuación (son los apuntes que tomé de la sesión en vivo), el candidato de Jorge Sapag para cubrir una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia recibió el voto de 29 diputados sobre 35 (en contra votaron Ariel Kogan, Soledad Martínez, Paula Sánchez, Rodolfo Canini y Eduardo Benítez. Graciela Castañón se ausentó).
Soledad Martínez (Frente Grande): Moya “está propuesto para cubrir una vacante en la máxima magistratura. Ese lugar exige un análisis de antecedentes, aptitud y una valoración ética y moral que Moya no cubre”.
Ariel Kogan (PJ): Moya “no se acerca al perfil que esta banca tiene para un integrante del Tribunal Superior de Justicia. Por un lado, por la visión que Moya tiene de la posibilidad del secreto de las acciones desde el Poder Ejecutivo, respecto del Plan de Seguridad, donde ya actuó como Asesor General de la Gobernación y como presidente del Tribunal de Cuentas”.
“Segundo, autorizó en gastos corrientes el uso de fondos de la renegociación de los contratos petroleros. Por eso mi voto personal es en contra”.
Paula Sánchez (Libres del Sur): “en la reunión de comisión le hice preguntas y no nos terminan de conformar las respuestas. Tengo una visión crítica respecto de la comisión técnica que evaluó los antecedentes y las impugnaciones, en particular respecto de cuestiones que podrían haber sido corroboradas con algún dato de la realidad. La comisión técnica asumió como propio el descargo de Moya sin evacuar ninguna cita”.
“Hasta la fecha, sobre antecedentes académicos, menciona tres cargos como docente y sólo pudimos corroborar por nota del decano de la facultad de Derecho dos de ellos, el tercero pareciera no existir. Y Moya completó el formulario con carácter de declaración jurada”.
“Más allá de si fue jefe de trabajos prácticos en alguna materia de derecho, no puede un aspirante a un cargo en la administración pública dar datos que no se corresponden con la realidad. Esto no fue tenido en cuenta por la comisión técnica ni por algunos diputados que no se vieron interesados”.
“Por estas consideraciones no vamos a acompañar el pliego de Moya”.
Horacio Rachid (Opción Federal-MPN) “Moya cumple con las exigencias de la Constitución para ser vocal. Aparte existe la opinión del legislador, en cuanto a la aptitud del postulante”.
“Hay una confusión: el gobernador tuvo una actitud de profundización de su vocación democrática, autolimitándose en la designación”.
“Hoy nos encontramos con que esta autolimitación pareciera ser vinculante, que no lo es, y que le da una especie de manto sagrado a las opiniones que evidentemente tienen una liviandad de los aspectos jurídicos, políticos y legales de los propuestos que a uno le llama la atención que sean entidades intermedias las que opinen”.
“A ciertas entidades uno puede relevarlas de rigor, pero otras entidades como la Asociación de Magistrados y Funcionarios, su actitud corporativa cuando emite una opinión tiene tan poco que ver con su conocimiento profundo del defensor Ricardo Cancela, que él tuvo que casi decir verdades de Perogrullo (en su descargo) en función de esas acusaciones en cuanto a la razón técnica de un defensor en la elección de sus clientes”.
“Que nadie se sienta descalificado, pero en esto de que seamos responsables con la elección de personas en el TSJ, con estos argumentos, con esta obstrucción política, me llama mucho la atención pero sobre todo me duele mucho porque estamos deteriorando una responsabilidad institucional muy grande”.
“En estos momentos se ve la calidad de los que tenemos que decidir este tipo de responsabilidades institucionales. Esto tendría que ser una simple votación nominal”.
Rodolfo Canini (MUN): “Desde este poder se tienen que hacer esfuerzos para garantizar la independencia del Poder Judicial, así se garantiza el funcionamiento del sistema democrático”.
“El Poder Judicial les pone límites al poder político y al poder económico. En este punto se tiene que tener en cuenta mejorar la calidad institucional. Hoy este acto es la cúspide de mejorar la calidad institucional”
“Y se mejora garantizando la independencia. El Poder Judicial lo conforman hombres y mujeres de carne y hueso, con su historia política y sus ideologías. Que un miembro del TSJ tenga posición política no es para observar. Pero Moya ha sido solamente funcionario político en la provincia, y desde no hace mucho, 10 años, ha pasado por todos los niveles del Poder Ejecutivo y hoy preside el Tribunal de Cuentas”. Esto es condicionante para las futuras tomas de decisiones que tenga que abordar Moya en el TSJ”.
“Su currículum también es observable. No brilla, no reúne las condiciones y méritos que debiera tener una persona que aspira a este cargo”.
“Hay cuestiones que rozan lo ético, la falta de ética. Fue denunciado como deudor alimentario, hoy se sintió incómodo cuando una diputada lo planteó explícitamente (en la reunión de comisión)”.
“Por otro lado, yo jamás expondría a mis hijos como los expuso hoy Moya. Esto también me prendió una alarma, porque no lo considero ético. Mi voto será negativo”.
Alejandro Calderón (PJ): “Por suerte me manejo en lo político y en la vida con libertad de criterios. En esta cámara aprendí cosas buenas y cosas malas que uno no debe repetir. Una es la hipocresía”.
“Cito a mi amigo Martín Fierro: si ves alguno crecer a estorbarlo no te metas, cada lechón en su teta es el modo de mamar. Perón nos enseñaba que al rengo se lo conoce andando. Aquí hay algunos diputados que dicen una cosa y hacen otra. Como dijo alguien que se equivocó y que la historia lo juzgue, mi voto es afirmativo”.
Daniel Baum (Unión Popular): “A partir del decreto de autolimitación, Neuquén dio un salto cualitativo importante en el fortalecimiento institucional, permitió transparentar la elección de quienes deben conducir el Poder Judicial”.
Cuando se instrumentó el decreto “sabíamos que se estaba construyendo un Tribunal Superior de jerarquía, de prestigio. Se mantiene esta misma línea”.
“Se presentaron impugnaciones, transparentemente, y el gobernador podría haber mandado el decreto acá sin ese proceso, pero se cumplió, y esas impugnaciones fueron aclaradas a través del descargo. Hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales se tuvo la posibilidad de preguntar. Yo quedé satisfecho con las respuestas”.
“Cuando escucho algunas de las intervenciones de esta tarde, es increíble que uno sienta que escuchó algo tan distinto en las respuestas que se dieron. Las respuestas fueron sólidas”.
“Respecto del cuestionamiento muy mediático respecto de que es deudor alimentario, Moya presentó un certificado, y lo hizo en una situación conmovedora, acompañado de sus hijos, y fueron sus hijos los que le pidieron estar presente. Creo que mis hijos irían con orgullo a dar la cara por mí, como lo hicieron los hijos de Moya”.
Marcelo Inaudi (UCR): “Esta discusión la supimos tener de manera parecida cuando vino el pliego de (el fiscal) Di Maggio. La causa más importante de corrupción administrativa de los últimos tiempos involucró a una funcionaria del Consejo Provincial de Educación, y fue impulsada por Di Maggio. Yo deposité mi confianza en él, y no me defraudó”.
“A Moya no lo conozco, no conozco de cerca su capacidad. Reúne todos los requisitos constitucionales”.
“Da la sensación de que a través de diversas argumentaciones que se leen en los medios, lo que se pretende es meter miedo, criticando, denostando a distintos candidatos”.
“Estamos hablando de falta de ética, de independencia, que si los hijos vinieron, que si es deudor alimentario… Lo más insólito son los argumentos que hacen referencia a una intención del gobernador de colonizar el Poder Judicial, procurando tener jueces amigos que le garanticen impunidad. Si es así, lo viene haciendo muy mal el gobernador, porque es un gobernador que apoyó una reforma procesal única en el país, que va a transparentar los procesos judiciales”.
“¿Propicia impunidad proponiendo a Massei, a Labate, a Graciela Corvalán? ¿De dónde sacan colonización? Se busca infundir miedo, no sé si en los legisladores, o se busca prensa fácil”.
“No tengo ninguna objeción contra Moya, sí me parece que el gobernador dio clara muestra de pretender construir una justicia independiente”.
José Russo (MPN): “Durante toda esta gestión asistí a planteos y cuestionamientos de integrantes del Poder Judicial que requirieron acuerdo legislativo”.
Destacó “la enorme posibilidad que tenemos todos de asistir a las entrevistas, formarnos opinión con los dichos de cada uno, haciendo preguntas, obteniendo respuestas, dando opiniones. Pudimos leer las impugnaciones y sus respuestas. También pude leer los apoyos que recibieron”.
“Parece tendencioso que sólo se expliquen las objeciones, haciendo caso omiso de las explicaciones o de las adhesiones”.
“Muchos de los que participaron de esta selección de magistrados en esta Legislatura han visto el estricto cumplimiento de los ritos. Teniendo en cuenta no sólo las objeciones sino también el escrito de las impugnaciones y explicaciones sobre las mismas, tuvimos oportunidad de escuchar la misma respuesta al mismo tiempo, lo cual dejó un viejo sistema de errores de percepción. Lo que para unos es de una manera, para otros es diferente. Algunos hemos visto explicaciones contundentes y otros han visto sospechas”.
“La democracia es sabia, nos da la oportunidad de expresar nuestras opiniones. No sólo el gobernador dijo los pongo a consideración y ustedes definan en la sede del legislativo, sino que además nosotros nos dimos un procedimiento que permitió escuchar antes, tener nuestra propia reflexión, y después votar a conciencia”.
“La esencia de la democracia se cumplió. Para algunos será un formalismo, para otros una expresión acabada del sistema democrático, y para otros una forma de convalidar una colonización”.
La foto es de prensa de la Legislatura.
La Legislatura aprobó los pliegos de Moya y Cancela para integrar el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Evaldo Moya fue designado vocal del Tribunal Superior de Justicia con 29 votos de diputados, y Ricardo Cancela defensor del Tribunal con 31 votos.
Más tarde, la crónica de la sesión.
Lista completa de todos los que apoyaron a Moya y Cancela para el Tribunal Superior de Justicia
Evaldo Moya y Ricardo Cancela hicieron su descargo por escrito. El primero negó ser deudor alimentario, el segundo dijo que defendió al ex gobernador Jorge Sobisch “en lo estrictamente técnico”. Así consta en el expediente que llegó a la Legislatura con sus postulaciones para ser vocal y defensor del Tribunal Superior de Justicia respectivamente.
También se conocieron los apoyos que recibió cada uno, y que me parece que vale la pena reproducir (la ilustración, click para verla más grande, es uno de muestra).
A Moya lo respaldan:
Carlos Müller, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén.
Diputado nacional Hugo Prieto.
Carlos Coggiola.
Pablo Spieser Riquelme, Ignacio Gorostiza, Carlos Freixas, Alejandro Diez, Pedro Villar.
A favor de Cancela se presentaron notas colectivas e individuales. Los firmantes son:
Secretaria María Luisa Andrada; Juez de Cámara Mario Rodríguez Gómez; Jueza correccional María Gagliano; Juez de Instrucción Cristian Piana; Juez correccional Alejandro Cabral; Secretaria Claudia Tarifa; Fiscal Horacio Maitini; Juez de Instrucción Marcelo Benavides; Juez de Cámara Luis María Fernández, Secretaria Valeria Panozzo, Juez de Instrucción Marcelo Muñoz, Verónica Zingoni.
También firman respaldos José Kokic, Alfredo Maisonnave, Nicolás Tadeo, Alfredo Aparicio, Raúl Frechilla, Sergio Tarzia, Norberto López, Omar Raimondo, Adalberto Manestar, Cecilia Deltour y Martín Segovia.
Un grupo de fiscales se sumó a las adhesiones: Rómulo Patti, Pablo Vignaroli, Andrés Carrea, Marcelo Jara, Gustavo Barroso, María Célica González.
Siguen las firmas: Horacio Ronda, Jorge Neme, Juan José Marcos Quarta, Sandro Ochoa, Carlos Madarieta, Orlando Funes, Luis Cumini, Orlando Funes (h), Sebastián Cumini, Lucio Funes, Silvia Ayala.
También Pablo Spieser Riquelme, Ignacio Gorostiza, Carlos Freixas, Alejandro Diez, Pedro Villar, Carlos Muller y Gustavo Lucero.
Otras adhesiones son las de Jorge Brillo, Alejandro Lozano, Adolfo Manson, Gerardo Massei, Eduardo Allignani, Carlos Coggiola.
Completan la lista el Colegio de Abogados, Luis Martínez (Federación de Sindicatos de Empleados Municipales Patagónicos) y Jorge Izquierdo (Federación Judicial Argentina).
Muchos de los magistrados y funcionarios firmantes aclararon que lo hacían “en su carácter de asociados a la Asociación de Magistrados”, quizá para que no los confundan con la conducción, que se pronunció en contra de los candidatos. Es más, habría alguno que avaló los dos documentos (uno a favor y otro en contra).
Un último detalle: el decreto llamado “de autolimitación” establece que el nombre y los antecedentes de los candidatos deben ser publicados “en dos diarios de amplia circulación nacional”.
El Poder Ejecutivo eligió a La Razón, un diario gratuito que se distribuye en los subtes de Buenos Aires, y a Ámbito Financiero, un diario especializado en economía que no está auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones y cuya cifra de venta de ejemplares sólo se especula.
Los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén nacen tras las vallas
Los pliegos de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, postulados por el gobernador Jorge Sapag para ocupar una vocalía y la defensoría del Tribunal Superior de Justicia, ingresaron este martes 29 a la Legislatura.
Para entrar debieron sortear tanto las vallas que rodean el edificio como el rosario de impugnaciones presentados en su contra (por los que hicieron uso del decreto llamado de autolimitación).
Así de simbólico es este momento: la Legislatura que aprobará esos pliegos está vallada (al igual que el edificio donde funcionan las cámaras criminales de Neuquén) pese a que la semana pasada se habló hasta el cansancio de que hay que acercar la justicia a la gente.
Se habló en esa misma Legislatura donde los diputados, también tras las vallas, aprobaron un nuevo Código Procesal Penal que, dijeron, logrará el milagro.
De acuerdo con la información publicada hasta el momento, Moya recibió seis impugnaciones y dos adhesiones, y Cancela cinco impugnaciones y una adhesión.
Se desconoce si hay otras presentaciones, porque no se lo informó hasta hoy martes a la tarde.
Las impugnaciones fueron de la CTA, Convocatoria Neuquina, el Partido Socialista, el abogado Hugo Del Pin, el ex comisario Julio Trepat y la APDH de Neuquén. Las adhesiones, del Colegio de Abogados (a los dos) y del diputado Hugo Prieto (sólo a Moya).
Se expresaron en contra, aunque no formalmente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios (que no fue consultada en forma oficial por el gobierno, como había sucedido con los tres vocales propuestos antes por Sapag) y el obispo Marcelo Melani.
Poca suerte correrán esas expresiones. Ya intentamos explicar aquí que entre la opinión ciudadana y “la ecuación” (léase el acuerdo político) ésta es la que triunfa.
Si quisiera, la Legislatura podría tratar los pliegos este miércoles 30, aprobarlos, y se acabó la historia. Políticamente sería un grave error, y pasivo de reproche hasta por los candidatos que todavía no tuvieron oportunidad de replicar las críticas.
Por afuera del decreto llamado de autolimitación se insinuó un interesante debate respecto del ejercicio profesional de la abogacía. Interesante pero que se merece una serenidad que en este momento escasea. Entonces se volvió inoportuno, porque la conyuntura lo enturbia y sólo logra distraer.
Antes bien, y ya que va a designarse de por vida a dos personas en los cargos más altos del Poder Judicial, debería discutirse cuál es el perfil del juez que quiere la sociedad neuquina.
Sólo voces aisladas intentan instalar, por ahora sin éxito, esa discusión. Como intentaron antes, en oportunidad de tratarse el Código Procesal Penal, que se debata un modelo de justicia que no persiga siempre a los mismos.
Para terminar, Convocatoria Neuquina publicó aquí los antecedentes completos y las declaraciones juradas de Moya y Cancela. El decreto llamado de autolimitación impone que las presenten, pero no contempla que tengan difusión para que la ciudadanía conozca más a sus futuros jueces.
Más vallas.
Interna entre los abogados por las postulaciones al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
El Colegio de Abogados debatió, en una reunión ampliada, la postulación de Evaldo Moya y Ricardo Cancela para ocupar cargos en el Tribunal Superior de Justicia. Antes, la comisión directiva había elaborado una nota a favor de ambos candidatos, propuestos por el gobernador Jorge Sapag para cubrir una vocalía y la defensoría del Tribunal respectivamente.
Según tres fuentes consultadas, de la reunión realizada el miércoles a la noche participaron alrededor de 50 abogados de los casi mil que están matriculados.
La mayoría de los que asistieron se desempeñan en la administración pública, y algunos de ellos se preocuparon por destacar que “no es un demérito trabajar para el Estado”.
Uno de los puntos en debate fue “la defensa del libre ejercicio de la profesión”, a raíz de los cuestionamientos formulados contra Cancela porque se desempeña como abogado del exgobernador Jorge Sobisch, entre otros imputados ligados al poder político.
“No queremos que se confunda al profesional con sus clientes”, indicó uno de lo voceros.
Las críticas a Cancela fueron presentadas por organizaciones gremiales y por la Asociación de Magistrados.
Al respecto, el abogado Jorge Brillo, ex asesor General de la Gobernación y ex jefe de Moya en la época de Sobisch, pidió que se le inicie un jurado de enjuiciamiento al presidente de la Asociación, Richard Trincheri.
Las fuentes explicaron que Brillo consideró que Trincheri “desconoce el derecho” y presentó una moción concreta para que se lo denuncie.
En la vereda de enfrente, hubo críticas a la conducción del Colegio porque emitió su apoyo a Moya y Cancela sin haberlo debatido en forma previa en asamblea con el resto de los matriculados.
Las ideas debatidas en la reunión podrían quedar plasmadas en una solicitada que el Colegio de Abogados tendría previsto publicar en los próximos días en los medios masivos de comunicación.
También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén se opone a los candidatos de Sapag para el Tribunal Superior
Este es el comunicado que firman Richard Trincheri y María Dolores Finochietti:
En relación a los candidatos propuestos para ocupar los cargos de vocal y defensor del Tribunal Superior de Justicia, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén, hace conocer su postura: respecto de Evaldo Darío Moya manifestar que por sus escasos antecedentes y trayectoria profesional, no resulta la persona más adecuada para ocupar el cargo en la más alta magistratura provincial para el que ha sido postulado.
En cuanto a Ricardo Horacio Cancela, más allá de reconocer esta Asociación su trayectoria profesional y sus cualidades personales, su actuación reiterada en causas de corrupción como defensor de los imputados podría llevar a poner en tela de juicio la transparencia de la política judicial respecto de este tipo de delitos, en el caso de que deba subrogar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y desde allí dar los lineamientos para la persecución penal de los mismos.
CTA, ATE y ATEN impugnaron las candidaturas de Moya y Cancela al Tribunal Superior de Justicia. Texto completo
La CTA, ATE y ATEN presentaron una impugnación contra Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag para integrar el Tribunal Superior de Justicia como vocal y defensor respectivamente.
En el caso de Moya le objetan su condición de deudor alimentario; le atribuyen falta de independencia y cuestionan su desempeño como presidente del Tribunal de Cuentas. La presentación incluye una copia del célebre mail de Diego Armé-esto, donde se revela la trama detrás del jury contra el ex fiscal Ricardo Mendaña.
En el caso de Cancela, indican que “no sólo ha sido abogado defensor particular en uno o algunos casos de corrupción que involucraron a Jorge Sobisch, sino que ha sido el abogados de todos esos casos de corrupción del anterior gobierno, estratega de su defensa e incluso a defendido a los jueces que fueron sindicados como parte de la estrategia de Sobisch para controlar el Poder Judicial. Sus opiniones en los juicios y en los medios distan de tratarse de una estricta defensa técnica para transformarse en un defensor político y social y obviamente también jurídico de Jorge Sobisch, sus ministros, funcionarios y jueces afines. No se trata de una conducta censurable, es una opción profesional y política. Pero tal opción si puede ser un impedimento para ocupar un cargo que requiere de una total independencia y objetividad”.
La presentación la firman Carlos Quintriqueo (CTA); Hugo Papalardo, Patricia Giovi (ATEN) y Norberto Diuorno (ATE).
El texto completo de la presentación pueden descargarlo aquí abajo en formato word.
Candidatos al Tribunal Superior: la opinión ciudadana vs. «la ecuación»
Todo indica que la actual Legislatura tendrá a su cargo votar las designaciones de Evaldo Moya y de Ricardo Cancela como vocal del Tribunal Superior de Justicia y defensor respectivamente. Será el cuarto vocal que aprobarán estos diputados, días antes de que se les venza el mandato.
Como se sabe, existe un decreto llamado de autolimitación que otorga un plazo para que la ciudadanía se exprese sobre los candidatos (con los muy pocos datos disponibles sobre ellos, pero eso será tema de otro post más adelante).
Ahora bien, ¿existe alguna relación entre los apoyos u objeciones que reciben los candidatos y el comportamiento de los diputados?
Con los resultados a la vista, la respuesta es no. Lo que sí parece ejercer primacía es “la ecuación”, término acuñado por el gobernador Jorge Sapag para referirse a los acuerdos políticos que le permiten obtener los dos tercios de los votos que el postulado necesita para sortear la aprobación legislativa.
De un viejo post saqué los siguientes datos.
Guillermo Labate fue el primero de los candidatos al Tribunal en pasar por el tamiz del decreto de “autolimitación”. Cosechó diez apoyos y tres censuras. Ningún otro de los candidatos que siguieron en carrera debió enfrentar más cuestionamientos.
Sin embargo en la Legislatura recibió 29 votos a favor y 6 en contra. Fue el que más adhesiones y menos rechazos obtuvo.
Los que votaron en contra fueron mayoría de peronistas (Luis Sagaseta, Amalia Jara, Miguel Guidali, Ariel Kogan), junto con Paula Sánchez y Soledad Martínez de Alternativa Neuquina.
Casi en simultáneo con la postulación de Labate se conoció la de Marcelo Benavides, quien debido a las 8 impugnaciones en su contra decidió bajarse.
Surgió en su reemplazo la candidatura de Graciela Martínez. Hubo dos impugnaciones a su postulación y en la Legislatura obtuvo 24 votos a favor, 9 en contra. Dos diputados estuvieron ausentes.
Fue la que registró menos votos a favor y más en contra. Entre quienes no la votaron hay mayoría de radicales: Juan Oltolina, Yenny Fonfach; Marcelo Inaudi; Gastón Contardi; José Luis Sáez y Cecilia Bianchi. También Ariel Kogan, Paula Sánchez y Rodolfo Canini (UNE).
El siguiente candidato fue Oscar Massei, cuya postulación fue la única que no recibió objeciones. Sin embargo no obtuvo récord de votos positivos en la Legislatura: fueron 28, uno menos que Labate, y siete en contra (todos radicales), uno más que Labate.
En conclusión: el MPN y sus aliados votaron siempre los candidatos del gobierno.
La oposición fue errática.
Los radicales acompañaron al principio pero después se cruzaron de vereda, y el peronismo hizo exactamente lo contrario.
Los votos en contra de la UCR comenzaron a producirse después de la caída de Benavides, y los votos peronistas a favor se consolidaron con la postulación de Massei.
Alternativa Neuquina y UNE votaron, a veces en contra, a veces a favor, explicando los casos puntuales.
En consecuencia, es evidente que algunos diputados no tuvieron en cuenta ni la cantidad ni la calidad de las impugnaciones o de los apoyos a la hora de decidir su voto.
Es la famosa ecuación.
Preparan impugnaciones contra los candidatos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Organizaciones gremiales y sociales están preparando una batería de impugnaciones contra Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag para ocupar los cargos de vocal y defensor del Tribunal Superior de Justicia respectivamente.
El equipo jurídico de la CTA, ATE y ATEN es uno de los encargados de preparar las impugnaciones. Uno de los puntos, según adelantaron ayer, será un fallo de la justicia de Roca que en agosto de 2009 condenó a Moya como deudor alimentario (pueden verlo aquí).
“Moya está pagando, pero según se desprende del fallo percibía más ingresos que los que pretendía demostrar, y por eso le modificaron el régimen de cancelación de la deuda: de 50 cuotas, a 36”, explicaron los abogados de los gremios. “Esta circunstancia pone en tela de juicio su habilidad moral para asumir en el cargo”, agregaron.
Por su parte el gremio judicial Sejun y la Asociación Convocatoria Neuquina señalaron que las nominaciones de Sapag son “una mala señal para la ciudadanía”; que “retoma el camino que delineó el ex gobernador Jorge Sobisch” en la materia; y que su argumento de la “autolimitación es solo retórico y vacío”.
De Moya dijeron que no reúne “los mínimos antecedentes profesionales o académicos como para ocupar un cargo que requiere una alta calificación profesional, académica y moral, debiendo bucearse por sus méritos en los vínculos y compromisos con este gobierno y con el de Sobisch”.
De Cancela que “ha sido el abogado defensor de todos los funcionarios de la gestión Sobisch imputados en casos de corrupción y es el actual defensor del propio ex gobernador en las causas que se le siguen”.
Convocatoria Neuquina pidió que se conozcan todos los antecedentes de los candidatos, tal como lo estipula el decreto de autolimitación.
Le contestaron, invocando una desconocida resolución 618/11, que los postulantes todavía tienen plazo de presentar su declaración jurada. No aclaran qué pasará después (ver los detalles aquí).
En tanto la electa diputada Beatriz Kreitman y el presidente de la Coalición Cívica, Ricardo Villar, también cuestionaron a los postulados con el argumento de que tienen una vinculación con el poder político que les resta una condición elemental: la independencia.
“Uno (Moya), como presidente del Tribunal de Cuentas, un organismo que a lo largo de los años ha visto degradada su función de contralor de los intereses fiscales para convertirse en convalidante de las operaciones realizadas por los gobernantes, especialmente los de mayor jerarquía. El otro (Cancela), preservando la libertad y la buena conducta de altos funcionarios provinciales, sospechados de actos de corrupción, aprovechando el manto de impunidad que le tienden algunos sectores de la justicia”, dijeron.
Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia
Que sea esta Legislatura y no la que asumirá el 10 de diciembre la que apruebe los pliegos de Evaldo Moya como vocal del Tribunal Superior de Justicia y de Ricardo Cancela como defensor (más sobre las postulaciones, aquí).
Esos son los deseos del gobernador Jorge Sapag expresados hoy en este tramo de una conferencia de prensa:
¿Usted pretende que el visto bueno (a los postulados) lo dé esta conformación de la Legislatura o la próxima?
Esta Legislatura tiene tiempo para hacerlo, y bueno, esperemos que… Y la otra va a tener también oportunidad de analizar otras designaciones”.
Lo de “otras designaciones” presagia las futuras vacantes (el año que viene se jubilaría el fiscal del Tribunal, Alberto Tribug).
La carrera ya largó. Hoy el gobierno publicó en los diarios los currículums de los candidatos. Ocupan tan poco espacio que debe ser un resumen. Pueden ver el aviso en este post, con un click se agranda.
Ahora corren los plazos del decreto de autolimitación. Ahora bien, ese decreto (que está al final del post para descargar) también dice que los nominados deben presentar su declaración jurada de bienes y los de su grupo familiar, las sociedades civiles y comerciales que integren o hayan integrado en los últimos cinco años, la nómina de sus clientes…
Si esa información no se hace pública, se torna ilusorio que los ciudadanos en general puedan ejercer el derecho de presentar apoyos o impugnaciones a las candidaturas, como también contempla el decreto.
Sapag habló hoy sobre el tiempo que demoró en hacer las postulaciones (la vocalía está vacante desde hace casi dos años, la defensoría más de un año).
Explicó que le llevó tiempo pero “encontramos la ecuación, y las personas que a nuestro criterio son las que tienen la preparación, la responsabilidad y las condiciones necesarias para ocupar esos cargos”.
Está en línea con lo que venía diciendo:
se sabe bien que necesitamos dos tercios (de los votos) en la Legislatura, así que tenemos que buscar consensos para esto y buscar las personas que mejor representen a los neuquinos. También tenemos el decreto de autolimitación, o sea, (el candidato) tiene que resistir la vidriera primero y después hay que buscar consensos para obtener los dos tercios en la Legislatura”.
Los consensos aparecieron. Según las versiones, los diputados quiroguistas acompañarán al bloque del Movimiento Popular Neuquino y a los partidos satélites. Así llega a los dos tercios que necesita.
¿Y el título del post? Ah, es por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice:
La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se turnará anualmente entre todos sus integrantes, no pudiendo volver a ser electo ninguno de ellos hasta que todos la hayan ejercido”.
Justo que en el Tribunal estaban debatiendo si la presidencia le correspondía a Ricardo Kohon o no, aparece Moya para resolverles el problema.
El reparto de poder entre los dos socios de siempre
La decisión del gobernador Jorge Sapag de proponer a Evaldo Darío Moya para cubrir una vacante en el Tribunal Superior de Justicia, y a Ricardo Cancela para la defensoría del organismo, es una sorpresa a medias.
Como primera lectura, surge que el reparto de poder en la provincia sigue siendo entre los dos socios principales del Movimiento Popular Neuquino: Sapag y su antecesor, Jorge Sobisch.
Moya es un hombre de extrema confianza de Sapag. Lo acompañó en la Asesoría General de la Gobernación y de allí pasó al Tribunal de Cuentas de la provincia.
Con esos chatos antecedentes, el abogado todoterreno de Sapag se prepara ahora para ocupar un asiento en el Tribunal Superior.
Su postulación rompe una línea que venía siguiendo el gobernador. Producida la diáspora de vocales nombrados por Sobisch, Sapag eligió en primer término a Guillermo Labate, con buen cartel por la investigación que llevó adelante desde el juzgado federal de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia.
Luego postuló a Graciela Martínez, de quien no puede decirse que no tenga una larga trayectoria dentro del Poder Judicial. Además, cubría la cuota de género en el Tribunal.
Cometió un fallido con la postulación de Marcelo Benavides, nombre que le acercó Horacio Quiroga, y eligió después a Oscar Massei, con fama de independencia bien ganada.
Pero en simultáneo, Sapag permitió que dos vocales designados por Sobisch se jubilaran sin rendir cuentas de su actuación, y el tercero, Eduardo Badano, fue sometido a juicio político por causales cuidadosamente seleccionadas de entre todas las denuncias en su contra.
Por otra parte, permitió que se demorara en exceso el tratamiento de la reforma procesal penal, que él mismo avaló en un principio, quién sabe si por convicción o conveniencia.
Y a último momento intentó sabotearla con una propuesta de modificar un centenar de artículos que ya estaban consensuados.
En cuanto a la designación de Cancela, sus actuaciones públicas permiten ubicarlo con nitidez: es el abogado defensor de Sobisch en algunas de las causas abiertas contra el exgobernador, por ejemplo la de la zona liberada. También asiste al exasesor Martín Segovia en la causa de la cámara oculta; al exsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y al exjefe de Policía, Carlos Zalazar, en la causa Fuentealba II; y defendió al exvocal Badano en el juicio político que culminó con su destitución.
Si llega al cargo, Cancela tendrá que organizar la defensa pública, un ministerio sufrido por falta de recursos y personal, desbordado por la demanda, en especial en el fuero civil.
Además, si el año que viene se concreta la jubilación del fiscal Alberto Tribug, será el encargado de subrogarlo hasta que designen a un reemplazante.
El que tiene que proponer al recambio de Tribug es el mismo Sapag. Mientras tanto (el hombre se toma sus tiempos, según está visto: las vacantes en el TSJ y en la defensoría llevan casi dos años y más de un año respectivamente) Cancela hará de defensor y de fiscal. Justo cuando la fiscalía, reforma procesal mediante, tendrá un protagonismo excluyente.
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