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Proyecto de sindicalización de la Policía de Neuquén. Texto completo
Lo presentó el diputado Raúl Dobrusín (Unión de los Neuquinos) y está completo aquí en pdf.
Señala en sus fundamentos:
La discutida sindicalización de los trabajadores policiales significará la representación colectiva necesaria que
les permita defender sus intereses laborales y replantear su carrera, y de cuya evolución nos beneficiaremos todos, sin que lo expuesto implique el debilitamiento o la afectación de los principios de disciplina y subordinación de la institución policial.
En nuestra provincia los trabajadores de las Fuerzas Policiales, Penitenciarias y de Seguridad trabajan en condiciones deficitarias y no tienen canales de debate ni de expresión legítimos pues resultan inmediatamente sancionados. Es una realidad que no podemos desconocer y que sus propios integrantes se han encargado de difundir en la comunidad con marchas pacíficas, protestas de las mujeres de los policías, y denuncias diversas en los medios públicos sobre magras condiciones salariales de los agentes de menor rango, falta de capacitación, actualización y especialización en la carrera policial, falta de provisión de uniformes adecuados, aplicación de sanciones previas al derecho de defensa, el régimen de presentismo que tolera solo dos días de licencias por enfermedad, situaciones de abuso de autoridad o corrupción que por cuestiones de rango resultan imposibles de denunciar y de investigar, problemas edilicios, falta de capacitación de los docente como formadores de carreras, entre otras”.
La policía que tenemos, la policía que ¿queremos?
Escribí estas dos notas que se publican hoy en “Río Negro”. La primera es un intento de abordaje sobre las razones de tantos casos de brutalidad policial en Neuquén. La segunda, más insólita, es un pedido de felicitación de un fiscal neuquino a un policía que hirió a balazos a dos presuntos asaltantes. En fin, es lo que hay.
Un policía persigue a un joven por un supuesto problema con su hijo, le dispara por la espalda y lo mata. Otro policía espera a su ex esposa, también agente, a la salida del trabajo, le dispara y la hiere.
Hay más. Un sargento encabeza un operativo y le dispara a corta distancia a un hombre con los brazos en alto. Resultado: le vuela un ojo. Un oficial ayudante irrumpe en una pelea familiar escopeta en mano y le dispara en la cara a una mujer, que también pierde un ojo. Tres policías reducen a un joven y cuando está boca abajo, uno le dispara un escopetazo en la espalda.
Y así podría seguir la enumeración. Los casos de brutalidad policial se multiplican en Neuquén, por razones personales o en operativos supuestamente de prevención o para hacer eso que se llama “restablecer el orden”.
Las razones son múltiples, pero hay una que está en la matriz. La policía sigue siendo una institución militarizada, verticalista y autoritaria, con una capacitación deficitaria en derechos humanos y respeto por los demás.
“Para la policía es lo más normal del mundo parar a un chico por la calle sólo por su aspecto, revisarle los bolsillos, la mochila, maltratarlo. Creen que proceder así está bien. Y desde la justicia no siempre se ponen límites, tenemos que reconocerlo y hacernos cargo”, dice un juez que ha manejado algunas causas por brutalidad policial.
El nuevo plan de seguridad, que recién empieza a caminar, ya está exhibiendo focos de conflictos que antes no existían. Básicamente, el plan consiste en inundar los barrios de patrulleros. Casi todos los días hay reportes oficiales de que son atacados con piedras. Lo que no se cuenta es la contracara: ¿cuánto maltrato dispensan hacia los jóvenes de esos barrios, convertidos en los sospechosos de siempre?
Cada mañana la policía trata de exhibir los buenos resultados de su plan. Con detallados partes informativos consigna que han recuperado celulares, motos, herramientas y elementos de ese tipo que habían sido robados. Pero no se habla de bandas desarticuladas, ni se sigue el hilo de comercialización de los productos robados, ni se combate del delito más sofisticado. El plan de seguridad, hasta ahora, es un método de control destinado a un sector de la población.
A la escasa capacitación en la resolución de conflictos como no sea mediante el uso de la fuerza, se suman el bajo nivel salarial, la recarga horaria y la escasa libertad para elegir la época de licencias.
Así, los hechos se suceden uno tras otro.
Uno de los últimos, esta semana, fue tragicómico: dos efectivos acudieron a ayudar a un hombre que se había golpeado al caer de su moto.
El hombre estaba alcoholizado, según se informó, y no quiso ayuda. Es más, se resistió a que lo auxiliaran. Mordió a un policía y le fracturó la mano al otro de un puntapié.
Es preocupante que estos dos agentes no hayan podido controlar de manera no violenta ni siquiera a una persona en ese estado.
¿Cómo terminó la historia? Con los dos policías en el hospital y el hombre, golpeado por la caída de la moto, alcoholizado, que necesitaba auxilio médico y no represivo, encerrado en un calabozo.
Felicitaciones
El fiscal Ignacio Di Maggio le pidió a la Jefatura de Policía que “felicite” a un agente que hirió de bala a dos supuestos asaltantes. Lo hizo mediante un oficio que envió al jefe, Raúl Laserna, el 3 de agosto pasado y que se conoció ayer. El policía fue sobreseído de la acusación de “lesiones graves” el 13 de agosto.
El hecho ocurrió el 12 de julio a las 2:45 en la plaza ubicada en Albardón y Godoy. Allí estaba el agente policial de civil con su novia cuando fueron abordados por un joven y una mujer con fines de robo.
En medio de los forcejeos y según la versión del policía, el joven que lo atacaba a él sacó un destornillador, mientras la mujer le provocó cortes con un cuchillo a su novia.
En esas circunstancias extrajo su arma reglamentaria y disparó contra su agresor, alcanzándolo en la zona inguinal. Luego volvió a disparar y alcanzó a la mujer en el abdomen.
El policía fue detenido acusado de lesiones graves. Al prestar declaración indagatoria aseguró que disparó porque no tuvo otra alternativa, y porque temía por la vida de su novia.
El sobreseimiento dictado por el juez Marcelo Muñoz se basa en la versión del policía y en la de su novia para tener por acreditado que actuó con legítima defensa propia y de terceros. En las 14 carillas de la resolución no figura la versión de las víctimas (sobre las cuales, hasta ese momento, no había ninguna acusación formal), y tampoco hace mención a que se haya comprobado la existencia del destornillador.
Además de pedir el sobreseimiento del agente y de acusar por tentativa de robo agravado a los heridos, el fiscal Di Maggio (quien tomó el caso luego de la feria de invierno) le envió una nota a la Jefatura de Policía en la que señala: “es de mi interés destacar la intervención que le cupo al funcionario en la represión de un delito grave, por lo que corresponde felicitarlo dejando constancia de ello en el legajo personal a sus efectos”.
A su vez el abogado de la Jefatura, Gustavo Lucero, le envió una nota al fiscal del Tribunal Superior, José Gerez, en la que destaca “la actitud calificada y ejemplar” de Di Maggio, ya que “hace a la construcción de la política criminal de un estado de derecho y a la legitimación de los buenos funcionarios policiales”.
Actualización: el gobernador Jorge Sapag se refirió a la primera de estas notas en un discurso ante la Policía el 31 de agosto de 2012. El audio pueden escucharlo aquí (la respuesta empieza a partir del minuto 3).
El hombre que no debía estar ahí, el hombre que debería haber estado ahí
Siempre habrá una explicación.
Una firma que faltaba.
Un sello que no fue colocado donde debía.
Un malentendido.
Una orden que no se impartió como correspondía.
Una orden que no se cumplió porque esto, o por lo otro.
Siempre habrá una explicación. Seguro que sí.
La nota que escribí para el diario, aquí.
«El gran desafío es que los fiscales no sean burócratas». Entrevista a Leticia Lorenzo
(Versión extendida de la entrevista a Leticia Lorenzo, representante del CEJA y una de las que estará a cargo de la capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén –aquí los módulos-. Espero que no digan ahora que soy un “cejita”).
-Se hizo la primera reunión entre fiscales y policías. ¿Qué opinión tenés sobre cuál es la mejor manera de trabajar entre ambos?
-Me parece que es súper importante que desde ahora se estén haciendo este tipo de reuniones. Se tiene que convertir en algo institucional el sentarse a diagramar desde ahora cómo se van a relacionar y como van a hacer su trabajo en un sistema que a ambas instituciones les pone un nivel de exigencia muy alto. El sistema acusatorio se apoya mucho en la investigación y la fiscalía litigando casos. En mi experiencia las reuniones entre fiscalía y policía se dan cuando ya la implementación arrancó y se empiezan a ver todos los problemas de relación. Que un año y medio antes se hagan estas reuniones me parece fantástico.
Ojala también que cada institución asuma sus propias responsabilidades respetando el ámbito de competencia de la otra, porque la reforma genera la idea en los fiscales de que tienen que pasar a ser investigadores, o la idea en los policías de que tienen que pasar a ser fiscales. Ambas son erradas.
La policia bien o mal tiene una formacion en investigación criminal que la fiscalía no tiene. No hay una universidad en el país que forme a sus abogados para hacer investigación criminal. Creo que los abogados tenemos que asumir que los policías son los que saben de investigación, y los policías tienen que asumir que los fiscales son los que saben de derecho.
¿Para qué está el fiscal al lado del policía? Para indicarle cuál es su límite, adónde no puede llegar, cuáles son los requisitos legales. La reforma exige una fiscalía y una policía que trabajen muy coordinadas pero respetando sus ámbitos de actuación. No soy partidaria de que el fiscal salga a la calle por una cuestión estrictamente técnica: si el fiscal sale a la calle con un policía se convierte en testigo, y en esos casos corre el riesgo de que en medio de un juicio lo llamen a declarar.
-Pero el fiscal no debe ser imparcial.
-No, cuando avanza con un caso es porque está convencido de que tal persona hizo tal cosa, no es un juez. Lo que tiene que ser es objetivo. Un fiscal objetivo, cuando le llega un caso tiene que preguntarse cuáles son las chances de que esta persona realmente haya sido el autor. Eso obliga a pensar en varias hipótesis distintas.
-El fiscal no tiene que estar durante el desarrollo de un hecho, pero ¿y después, no tiene que ir a la escena?
-Sí, ahí sí. Cuando digo que no soy partidaria de los fiscales en la calle me refiero a que esté siguiendo al policía diciéndolo ‘hacé esto o lo otro’. El policía sabe qué hacer, para eso lo formaron. Eso no quiere decir que el fiscal se desentienda, se vaya a su casa, deje el celular prendido y le diga al policía ‘llamame si necesitás algo’.
El fiscal tiene que estar disponible siempre. Supongamos que un policía tiene que hacer un allanamiento porque hay un caso de flagrancia y tiene dudas, ahí sí que el fiscal vaya inmediatamente y lo acompañe.
Lo que no tiene que hacer el fiscal es convertirse en un policía del policía, en términos ‘esto lo hiciste mal’ cuando las cosas ya se hicieron. O convertirse en un policía, y empezar a recoger evidencia, perimetrar el lugar… Si encontramos un muerto y la policía considera que el fiscal debe estar porque no sabe hasta dónde llega su actuación, el fiscal tiene que concurrir.
Lo que no tiene que hacer el fiscal es pensar que es el jefe del policía, que le tiene que dar órdenes desde su escritorio e irse a dormir calentito a su casa, o pensar que él va a hacer las cosas mejor que el policía y empezar a recolectar evidencia, entrevistar a los testigos en el lugar del hecho, porque ahí es donde técnicamente se convierte en testigo.
Los fiscales no tienen que ser burócratas, y ese es el gran desafío. Tienen que ser imaginativos, tienen que tener claro que la objetividad pasa por pensar en todas las posibilidades de investigación al inicio del caso junto con el policía, no pensarlas en su cabeza y después decir ‘esto al policía no se le ocurrió’, y confiar en que la policía va a hacer bien su trabajo dándole las directrices técnico jurídicas que necesite.
No quiero decir que tiene que haber una connivencia, pero sí tiene que haber una relación de equipo. El fiscal tiene que confiar en que la policía es sus brazos, porque sabe dónde investigar, son los que están permanentemente en la calle. Tiene que generar una relación de confianza suficiente para que la policía respete su trabajo y tenga claro que si hace las cosas mal salen perdiendo los dos porque en el juicio se va a caer la evidencia.
-¿Los fiscales deberían rendir cuentas de su actuación en forma periódica?
-Absolutamente y tendría que estar en una ley. La publicidad como principio de los actos de gobierno involucra la rendición de cuentas. Una buena parte de lo que ganamos con la reforma se pierde si las instituciones no asumen el compromiso legal y práctico de rendir cuentas. Como ciudadana quiero saber si esta reforma sirvió para perseguir delitos que nos afectan como sociedad o si se hizo para seguir manteniendo una picadora de carne que mantiene burocracia sin sentido.
-Justamente, así se vería si se están concentrando en los delitos que importan.
-Es el paso siguiente a la rendición de cuentas. Hay que lograr que las instituciones asuman un compromiso de transparencia que se traduzca en una periódica rendición de cuentas. Si el cierre del año judicial es un acto en el que fiscales, jueces y defensores nos cuentan qué hicieron, a toda la sociedad, no en un café entre colegas, si logramos eso, el siguiente paso es que tenemos mucha más base para ver si se está persiguiendo lo que realmente se tiene que perseguir.
Si durante 5 o 6 años vemos que la plata del sistema penal se gasta en perseguir a ladrones de gallinas, hay dos cosas que están mal: primero que no estamos haciendo nada para que deje de haber ladrones de gallinas, y segundo que estamos gastando muchísimo dinero en cuestiones que se podrían resolver por otras vías. La rendición de cuentas funciona como un diagnóstico social y del funcionamiento del estado. Si veo que el 70% de los delitos en Neuquén se producen por menores de edad con problemas de adicción, entonces lo que tengo es un problema de salud pública, no de la justicia penal. La rendición de cuentas puede ser un insumo importante para ver a qué políticas públicas apuesta el estado.
-¿De qué se trata el convenio con el Tribunal Superior de Justicia?
-Es un convenio marco de colaboración técnica en un sentido amplio, y un anexo expecífico que contiene un plan de capacitación para la implementación de la reforma con una estructura concreta para todos los funcionarios de la justicia penal con proyección a este año y el año que viene.
-¿Tenés un diagnóstico de la situación en los juzgados y las fiscalías?
-Lo positivo es que la resistencia o bien no se está manifestando o es mínima. En terminos generales hay una asunción de que se aprobó el Código y que se va a implementar. No hemos encontrado grandes opositores internos sino lo contrario. Donde está el foco de preocupación es que venimos de un sistema muy arraigado a la tradición del expediente y hay muchos desafíos, por un lado abandonar prácticas laborales, también establecer las diferencias entre la Circunscripción de Neuquén y las del interior, que son realidades distintas, entonces hay un desafío importante en generar desde la legislación y desde las prácticas un sistema que le sea cómodo a todos los funcionarios.
-Es un cambio cultural, como se ha dicho tantas veces.
-Exactamente. Se están pensando muchas cosas en ese sentido, no sólo la capacitación dura a los funcionarios. En la reunión que tuvimos con el Tribunal Superior se habló de hacer talleres para otros sectores, por ejemplo el periodismo; que la gente que está trabajando en sistemas acusatorios venga a contar su experiencia; hacer simulacro de juicio por jurados para que la gente empiece a conocer en qué les puede afectar la reforma. La capacitación es parte de ese cambio cultural pero no es lo único y en eso hay una conciencia tomada, el debate está, uno lo ve en los medios.
-¿Cuál te parece que es el principal obstáculo a vencer?
–Las costumbres. No hay gente buena y gente mala sino gente más acostumbrada y menos acostumbrada. Si vengo trabajando desde hace 15 años en un sistema que se basa en un expediente, que se tramita durante meses si no años, y de repente me dicen que tengo que resolver los casos en 24 horas, eso es un cimbronazo muy fuerte a mi propia tradición cultural y a mi práctica laboral. Convencerlos de que este sistema es mejor para la ciudadanía pero también para los funcionarios, de que las cosas se pueden hacer más rápido, incorporar tecnología, usar los recursos de forma adecuada y no usar todos los recursos en todos los casos de la misma manera, es un cambio demasiado drástico para que se dé en forma armónica. El principal obstáculo somos nosotros mismos y nuestra tradición, pero la ventaja es que hay una conciencia bastante instalada de que la reforma se va a implementar y tenemos que adecuarnos a eso. Veremos en 2014 con el primer caso que entre al nuevo sistema cómo realmente funciona en la práctica.
-¿La implementación debería ser escalonada o en simultáneo?
-Por las características de Neuquén en cuanto a la carga procesal del sistema no hay demasiadas dificultades en implementarlo al mismo tiempo. Si se decidiera hacerlo de manera escalonada habría que partir de lo menos a lo más, es decir del interior hacia la capital.
Una de fiscales y policías
Fiscales y policías tienen una relación tirante. No es bueno generalizar, pero podría enumerarse que provocan ruido en la comunicación los prejuicios, las cuestiones culturales, de formación, y de función.
El próximo miércoles se verán las caras (en algunos casos, por primera vez) todos los fiscales de Neuquén y todos los oficiales jefes de la Policía. Tratarán de limar las asperezas que existieron entre ambos históricamente, y que se agudizaron en los últimos tiempos.
El escenario no será neutral: la Jefatura de Policía de la calle Richieri, a partir de las 14.
El objetivo es encarar juntos un nuevo camino hacia una investigación criminal más eficiente. Para eso recibirán una capacitación “en la misma aula, igual para todos”, según definió una fuente del ministerio público fiscal.
Por otra parte una comisión mixta redactará un protocolo de actuación en casos complejos. La integrarán funcionarios y oficiales “con poder de decisión”, graficó la misma fuente. El fiscal de Cámara Alfredo Velasco Copello y el subjefe de la Policía, Raúl Liria, estarán a la cabeza.
Será otra forma de evitar los desencuentros recientes, que llevaron incluso a un choque público entre el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, y el jefe de todos los fiscales, José Gerez.
“Uno salió a defender la tropa policial, y el otro le contestó con una defensa de la tropa fiscal”, dijeron cerca de Gerez para explicar la situación.
El punto de quiebre fueron los incidentes en el barrio Confluencia del 28 de julio pasado, durante los cuales algunos policías resultaron heridos y uno denunció que le gatillaron en la cabeza pero la bala no salió. El supuesto autor quedó libre a las pocas horas por decisión del juzgado.
Gastaminza pidió una urgente reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Kohon, y a la salida le dijo a la prensa que exigía más fiscales en la calle.
Gerez sintió que el ministro, con el que tiene una relación de años, le mojaba la oreja incluso utilizando su misma frase. “Resulta imposible suponer que los fiscales deban ‘patrullar’ las calles de la ciudad o residir en las comisarías”, lo cruzó a Gastaminza, al que tildó de “demagogo”.
En su círculo íntimo, protestó porque “cuando la policía les pega a los presos, o cuando un policía asesina a un chico en Cuenca XV, o cuando otro policía le tira a la exmujer, ahí no piden que haya fiscales en la calle”.
La semana que pasó, tanto Gastaminza como Gerez se mostraron más diplomáticos y se sacaron fotos juntos. En el cuadro entró también el jefe de la Policía, Raúl Laserna. Y acordaron redactar un reglamento para que estén claras las reglas de actuación en casos complejos.
La fiscalía, además, dictará una instrucción general recomendando a los fiscales que asistan al lugar de los hechos porque es altamente beneficioso para la investigación.
A esa reunión con Gastaminza, Gerez llevó a la fiscal de homicidios Sandra González Taboada. Ella y el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, son los únicos que tienen trato diario con la policía.
“Sandra es un caso único. Ella va siempre al lugar del crimen, conoce a todos los policías, hace un esfuerzo personal enorme, por fuera de lo institucional”, la describió uno de sus colegas.
Tanto le imprime su sello personal al trabajo que es probable que la fiscalía de Homicidios sea desarmada cuando González Taboada se vaya a la fiscalía de Cámara de Zapala (está en el tramo final del concurso) y las muertes violentas se distribuyan entre las demás agencias como el resto de los delitos, por turnos.
¿Quieren los demás fiscales hacerse cargo de los homicidios? Hay más necesidad que predisposición, me dijeron.
En cuanto a la capacitación conjunta de fiscales y policías, será en “escena del crimen” y “técnicas de investigación”. La dictará Unidos por la Justicia, una asociación civil fundada por Francisco de Narváez y que tiene fuertes lazos con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
Tiene entre sus objetivos “promover la designación de uno o más de sus integrantes para que desempeñen cargos ejecutivos en la función pública”.
Antes de asumir, Gerez diagnosticó la situación del ministerio público que le tocaría conducir: “hay fiscales desmotivados y otros con poca formación”.
Para resolver la falta de motivación organizó encuentros sobre liderazgo y gestión a cargo del coach Ulises Abarza otro que asesoró al macrismo.
“Tuvo su lado positivo, porque la verdad es que entre nosotros no nos conocemos, y peor todavía, todos tenemos una idea distinta de cuál es nuestra función”, dijo uno de los fiscales que participó.
Hubo una parte lúdica, pero sobre todo mucha catarsis.
Sapag, la Policía y la «justicia por mano propia»
Curioso tramo del discurso del gobernador Jorge Sapag hoy al presentar el plan de seguridad de la provincia.
Curioso porque en este momento hay dos policías presos, uno acusado de asesinar a su vecino y otro de disparar contra su ex pareja.
También hay un número impreciso de policías bajo sospecha por represiones varias en la Unidad 11 y en El Huecú.
¿A quién le dijo que no debe hacer “justicia por mano propia”? ¿A la sociedad o a los propios policías? ¿Fue un pequeño regaño?
Así manipula la información la Policía (y los medios lo permitimos)
La policía es una fuente de información que, como todas, cuenta lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere de acuerdo con sus propios intereses. Los medios, que en general hace rato dejamos de ser rigurosos chequeando datos por falta de recursos o de interés, repetimos lo que nos dicen los voceros policiales y lo único que hacemos es intoxicar a diario a las audiencias con nuestro aporte a la construcción de una realidad que, andando el tiempo, se cristaliza y vuelve inmutable.
A veces, una grieta aparece en el muro. Veamos el caso más reciente.
La noche del domingo 29 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de un conocido locutor neuquino, Adolfo “Fito” Salazar.
En la primera crónica ya figura el dato que marcaría la construcción de la noticia de allí en adelante: según la policía, Fito había sido “molido a golpes”.
Sin embargo, al momento de la aparición del cadáver la policía ya manejaba otra información que, por ser contraria a sus intereses, mantuvo oculta.
Sigamos. Dos días después, la hipótesis de la muerte violenta se consolida con crónicas como esta:
Tuvo que pasar una semana para que, a través de la justicia, se conociera un dato decisivo: la noche anterior a la muerte de Fito hubo tres llamados al 101 para pedir que vengan a prestarle auxilio porque se había golpeado, y nadie acudió.
Es decir que la noche del domingo 29 de abril, cuando la Policía les dijo a los familiares de Fito y a la prensa que el locutor había sido asesinado, ya se sabía internamente que un día antes dos mujeres habían llamado por teléfono al 101 para pedir ayuda, y que la policía no había acudido.
¿Cómo intentaron cubrir el error? Tratando de cimentar la hipótesis del asesinato.
Al quedar en evidencia, ¿cómo intentan disimular el error? Ofreciendo información como esta:
A la larga lista de prejuicios que la policía proyecta sobre la sociedad a través de los medios (el ejemplo más a mano: los feos, sucios y malos son siempre los mismos en la película que nos relatan) no debemos olvidar que también reescriben el argumento cuando su propia responsabilidad está en juego.
Los policías no quieren fotos mientras pegan
El uso masivo de las cámaras digitales ha permitido, entre otros nuevos fenómenos sociales, que personas comunes registren hechos violentos. Eso es lo que intentó hacer un joven neuquino: quiso tomarle una foto a un grupo de policías que golpeaban a dos personas. Cuando los uniformados lo descubrieron le sacaron la cámara y le pegaron. Un amigo que lo acompañaba terminó en la comisaría.
Los hechos ocurrieron tres días antes de la última Navidad pero recién trascendieron ahora. La fiscalía pidió la indagatoria de uno de los policías involucrados, y el juzgado tiene que resolver si le hace lugar.
De acuerdo con la denuncia, dos amigos y compañeros de trabajo regresaron al barrio donde viven alrededor de las 6 de la mañana, luego de participar de un asado de despedida del año en la casa de un vecino.
Escucharon la frenada de un vehículo y ruidos, por lo que se asomaron a ver qué sucedía. Y observaron a tres policías que serían de la comisaría Tercera golpeando a dos muchachos que estaban tirados en el suelo.
Uno de los amigos tenía en su poder una cámara fotográfica y enfocó a los policías para registrar la escena, pero los uniformados lo vieron y se le fueron encima.
Al mismo tiempo, según la denuncia, apareció un vehículo tipo Trafic de la policía del cual descendieron más efectivos. Entre todos comenzaron a golpear a los dos amigos, a uno le apuntaron con una escopeta en la cabeza, y le sacaron la cámara de fotos aunque no lo detuvieron porque toda la familia salió a defenderlo.
En cambio al otro joven le sustrajeron el teléfono celular, lo subieron a la camioneta y lo llevaron a la comisaría Tercera, donde permaneció detenido hasta las 15:30 del mismo día.
Cuando recuperó su libertad fue al hospital Bouquet Roldán, donde certificaron los golpes recibidos, y luego se presentó en la fiscalía para hacer la denuncia.
Hubo una rueda de reconomiento en la cual el joven señaló a uno de los policías que participó del operativo, y que quedó imputado en la causa por presuntos apremios ilegales.
El caso guarda mucha similitud con el que se conoció la semana pasada. En esa ocasión tres jóvenes que circulaban en automóvil le pidieron a un grupo de policías de la comisaría Segunda que dejaran de golpear a dos muchachos esposados.
Los policías salieron a perseguirlos, los detuvieron, golpearon y esposaron, y los mantuvieron detenidos en la comisaría Segunda.
También por ese hecho se presentó una denuncia penal en la fiscalía.
A los policías siempre se les escapa el tiro
Y siempre para el mismo lado. Y siempre cuando la víctima está indefensa. Y siempre la culpa la tiene la falta de capacitación.
El caso que por estos días se investiga en Neuquén (ver aquí) es el de un suboficial con 23 años de antigüedad (le faltan dos para jubilarse) que baleó por la espalda a un joven ya reducido, boca abajo y a punto de ser esposado.
Algunos procuran agigantar la supuesta peligrosidad del herido, como si eso justificara que lo hayan baleado cuando estaba indefenso.
Al prestar declaración indagatoria (un acto de defensa en el que no está obligado a decir la verdad) el policía le dijo al juez que el disparo se le escapó cuando ya estaba a punto de guardar la pistola en la cartuchera que lleva pegada al muslo.
No sabemos con qué excusa ingresó con el arma cargada y sin seguro en un ambiente cerrado, junto con otros policías, para reducir a un joven que sólo tenía en su mano un cuchillo y que no había lastimado a nadie.
Supongamos que el muchacho en cuestión era realmente peligroso. Que estaba alterado. ¿Cuatro policías no pudieron reducirlo en una habitación utilizando un método racional y proporcional a la situación y al peligro potencial que representaba este joven?
Hay muchos antecedentes de casos similares, y las excusas son siempre las mismas.
Por ejemplo en setiembre de 2006, durante el juicio oral contra un policía que mató a una persona de un disparo por la espalda (ver aquí), se escucharon declaraciones como estas:
Llevo 8 años en la policía. No se nos da adiestramiento sobre cómo reducir a una persona o en el uso del arma. En mis ocho años, si fui a tirar tres veces es mucho”.
“Yo trabajo 12 horas diarias haciendo prevención, al otro día ocho horas de adicional. Tengo una familia, cuatro hijos… el poco tiempo libre se lo dedico a ellos o a descansar”.
El gobierno provincial jamás tomó nota de esta gravísima falencia. Al contrario, la minimizó. La redujo a una estrategia de defensa alejada de la realidad.
En respuesta a esas declaraciones vertidas en un juicio oral, el entonces secretario de Seguridad de Jorge Sobisch, Raúl Pascuarelli, dijo:
La fuerza está capacitada, por más que algunos digan, como estrategia defensista en algún proceso judicial, lo contrario” (ver aquí).
Siete meses después de estas declaraciones, el cabo José Darío Poblete asesinó al maestro Carlos Fuentealba disparándole por la espalda una granada de gas lacrimógeno.
Es inconcebible que los policías sigan portando armas fuera de todo control civil.
Sin capacitación sistemática y obligatoria, sin evaluaciones psíquicas y físicas periódicas, sin rendir cuentas ante nadie.
Así, se les van a seguir escapando disparos. Y siempre para el mismo lado.
Mano dura
Y yo que creía que el secretario de Seguridad del gobierno era un representante de la ciudadanía ante la policía. Parece que es al revés.
El cargo está vacante.
Los interesados saben ahora cuál es el perfil del candidato que se busca para cubrirla.
Otra vez se estigmatiza a los adolescentes (a propósito del homicidio del taxista)
Hasta ahora nadie sabe quién mató al taxista Rogelio San Miguel en Neuquén. Pero desde el mismo momento del hecho, la policía viene instalando la versión (que algunos medios repiten sin filtro) que los autores fueron menores de edad.
Se basa en tres elementos que se prestan a diversas interpretaciones:
La apariencia física. Según datos aportados por otros taxistas que vieron a los presuntos autores cuando se dirigían hacia el auto de la víctima, éstos eran de contextura pequeña. ¿Acaso no hay adultos que respondan a esa característica?
El “trabajo de la calle”. Así me lo dijo hoy, sin dar más precisiones, uno de los jefes a cargo de la investigación. No hay testigos identificados. En el mejor de los casos, soplones, que venden o a los cuales les arrancan información quién sabe con qué métodos. No sería de extrañar que en cualquier momento la policía proceda a “blanquear” la obtención de esos datos con la clásica “llamada anónima” que aporta el dato revelador.
El resultado negativo del cotejo de las huellas dactilares halladas en el vehículo. La Policía no dispone de una base de datos de los menores de 18 años. Argumenta que por eso las comparaciones no dieron positivo.
La justicia del Niño y el Adolescente sí dispone de esa base de datos, y la Policía no le ha pedido colaboración. Sólo le acercó dos apodos y un nombre que no figuran en los registros.
Las interpretaciones por el resultado negativo del cotejo pueden ser muchas: que los autores no están registrados por falta de antecedentes, que son de otra provincia, que actuaron con guantes…
Pero de aquí se desprenden dos hipótesis. Una, que la Policía está presionando para que le permitan fichar a los menores de edad. Otra, vinculada con la anterior, que podrían atribuir la falta de esclarecimiento del homicidio no a su incapacidad, sino a que no le permiten disponer de una base de datos que incluya a los menores de 18 años.
El crimen será esclarecido o no, se determinará si los autores fueron menores de edad o no. Mientras tanto, la estigmatización de un sector sigue instalándose.
A propósito: ¿esta misma policía habrá cumplido el protocolo de identificación de manifestantes el sábado, cuando los accesos a la ciudad estuvieron cortados más de 15 horas?
La foto es de Matías Subat.
Una de policías en la que no hay «gente del ambiente»
El jueves a la tarde dos personas fueron asesinadas a balazos en Villa Ceferino, uno de los barrios más humildes de Neuquén. Entre los sospechados de cometer al menos uno de los crímenes, figura un policía de civil. Un testigo dice que lo vio cuando le disparaba por la espalda a un joven. En las horas posteriores el policía fue arrestado.
¿Será por eso que no aparece ninguna fuente policial que les diga a los periodistas siempre dispuestos a publicar su versión sin filtro que está involucrada “gente del ambiente”?
¿Será por eso que de pronto a los “habituales voceros” les dio un ataque de garantismo y protegen la identidad del imputado?
Brutalidad policial, indiferencia fiscal y una hipótesis sobre la mala relación comisaría-barrios en Neuquén
El escenario. El barrio Parque Industrial de Neuquén, rebautizado Ciudad Industrial Jaime de Nevares, está ubicado en el acceso norte de Neuquén. Abarca un amontonamiento de pesadilla de monoblocks y una amplia zona rural. Sus miles de habitantes soportan graves carencias y problemas sociales, aunque sólo aparecen en la prensa cuando se registran incidentes frente a la comisaría 20. Aquellos problemas sociales y esos hechos de violencia tientan a la asociación sencilla y llana. Una sentencia judicial difundida en estos días permite asomarse a otros factores que provocan de la mala relación entre los vecinos y la unidad policial.
La brutalidad. Un hombre se presentó en la comisaría en respuesta a una citación por una denuncia en su contra de su ex pareja. Lo acompañaron su hermano, sus hijos menores de edad y su cuñada. El oficial que lo atendió le explicó que no estaba detenido, pero que lo llevarían en un vehículo policial a otra dependencia para terminar las actuaciones. El hombre dijo que iría por sus propios medios, intentó retirarse, y la situación se desmadró. Incapaces de resolver la situación de manera no violenta, al hombre lo esposaron, también a su hermano, y les pegaron numerosos golpes de puño, de pie, con una agujereadora, se pararon sobre sus tobillos cuando estaba inmovilizado y le pegaron una patada en el oído izquierdo que le provocó pérdida de audición. No sólo eso: una mujer policía le puso el arma reglamentaria en la cabeza a su hija de 13 años al grito de “¿querés que te la mate?”. Las oficinas quedaron salpicadas de sangre, y las víctimas terminaron internadas en el hospital.
Los roles. La comisaría estaba llena de policías armados. Se sospecha que varios intervinieron. A las víctimas les pegaron entre muchos, pero sólo un puñado fueron reconocidos en rueda de personas e imputados. Un cabo, el escalón más bajo de los suboficiales, fue el más violento. Y el oficial de servicio a cargo de la unidad nada hizo para impedir la paliza a dos hombres esposados. Ambos fueron condenados, junto con la mujer policía que desenfundó su arma y le apuntó a la chica de 13 años. Con espíritu de cuerpo, el mismo día del hecho le armaron una causa a la víctima por “resistencia a la autoridad, lesiones y daños”. En el juicio oral, los policías fueron “notablemente reticentes”, “minimizaron los hechos”, por lo que no se los consideró “testigos imparciales”.
La reacción fiscal. La fiscal Sandra González Taboada promovió la acción, pero llegado el momento no pidió la elevación a juicio. El expediente llegó a esa instancia por el único impulso de la querella. En el debate oral, el fiscal de Cámara Rómulo Patti (gran apelador de sentencias cuando los imputados provienen de otros sectores, más cercanos a las víctimas de este caso que a los acusados) se abstuvo. El defensor oficial Gustavo Vitale planteó la inconstitucionalidad del artículo 313 del Código Procesal, que permite llegar a juicio con el solo requerimiento de la querella, criterio que fue avalado por el fiscal Patti. La Cámara lo rechazó con citas a los precedentes “Santillán” y “Sabio” de la Corte Suprema.
La sentencia. Hay hechos que hasta para la justicia son inaceptables. Dice el fallo: “Se ha cuestionado la credibilidad de los dos afectados, no solamente por el interés personal en el caso, sino además porque ellos mismos habrían empleado violencia contra el personal policial actuante. A ello respondo, liminarmente, que no cabría en principio cuestionar el empleo inicial de la fuerza para reducir a ambos damnificados por la conducta que está siendo investigada en el expediente que corre por cuerda, ya mencionado. Lo que sí está cuestionado, y es el quid de este juicio, es el uso excesivo e innecesario de esa fuerza. Por de pronto, resulta por demás evidente la manifiesta desproporción entre las lesiones con las que resultaron unos y otros” (Voto del juez Andrada).
Una conclusión posible. Quizá este caso puntual, en el que dos hombres terminan hospitalizados y tres policías condenados porque no supieron manejar sin violencia una situación sencilla, expliquen un poco las razones por las cuales hay barrios en los que la comisaría no es sinónimo de servicio a la comunidad, sino todo lo contrario.
Aquí la nota que escribí para el diario y que se publica hoy.
Más abajo la sentencia completa, en formato word y con los nombres de los involucrados inicializados (y sí, por momentos parece un jeroglífico, pero en lo sustancial se comprende).
La imagen es de cuando LMN publicó el hecho.
Confirmación sobre confirmación: habrá mano dura en Neuquén
El gobierno de Sapag confirma que endureció su política contra los cortes de ruta
La noticia pasó casi inadvertida para la prensa regional: el lunes a la noche, la policía de la provincia de Neuquén desalojó un reducido piquete de desocupados que se manifestaban en la ruta 22 en Cutral Co. Y lo hizo sin orden judicial aunque con el respaldo del gobierno.
Ya habíamos advertido que la administración de Jorge Sapag se está plantando de otra manera frente a los cortes de ruta.
Por ahora lo exterioriza con actitudes de perfil relativamente bajo y en situaciones de conflicto reducido: los que se manifestaban en Cutral Co no superaban la veintena, y se fueron apenas aparecieron los grupos especiales de la policía y los intimaron a desalojar la ruta.
Otro caso: semanas atrás se publicó en el blog que la provincia se había constituido como querellante en un corte de ruta en Villa La Angostura en el que están imputados sindicalistas de Bariloche. En el diario de hoy hay una información interesante al respecto: la provincia es una querellante activa, que aporta pruebas, por ejemplo filmaciones y fotos, seguramente tomadas por la policía.
Habrá que ver si la tónica se mantiene en caso de presentarse conflictos sociales de mayor envergadura.
Imagen tomada de aquí.
Cuando la policía reprime, el poder político avala y el judicial mira para el costado
El juicio contra 27 policías acusados de torturar a los detenidos de la Unidad 11 es noticia hasta para los diarios de España.
Conviene recordar cuando, hace seis años, estos episodios se hicieron públicos
los allanamientos que hizo la justicia en la cárcel
la reacción que tuvo el entonces ministro de Seguridad de Jorge Sobisch, Luis Manganaro,
y por último la decisión de remover a toda la cúpula de la Unidad 11.
También conviene recordar que estos casos trascendieron por la valentía de un pequeño grupo de profesionales que realizaba su tarea dentro de la Unidad 11, y que se cansaron de que sus informes sobre malos tratos a los internos no recibían eco en el ministerio de Manganaro o en la dirección de Ejecución de la Pena, por entonces ocupada por el hoy fiscal Horacio Maitini.
Y conviene recordarlo para tener presente lo nefasta que puede resultar la oscura combinación entre policía que reprime, poder político que avala y poder judicial que mira para el costado.
«El gobierno teme que si ordena un desalojo, la Policía cometa excesos con fines de desestabilización»
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni consideró que el poder político tiene un «justificado temor» de ordenar el desalojo de protestas callejeras, ya que corre el riesgo de que la Policía cometa excesos con fines de desestabilización.
Zaffaroni apuntó que «la función del Estado» frente a los reclamos en la vía pública es un «problema», debido a que «lo que se le exige a la autoridad política normalmente es que emita la orden policial de despejar y la autoridad política por regla general tiene miedo de hacerlo».
«Como está relativamente autónoma la Policía y (el Estado) no sabe en qué momento puede hacer algo, no sabe si va a cumplir su orden o la va a exceder«, advirtió el juez, que se mostró preocupado por la capacidad de «recaudación» de dinero «ilícito» que tienen las fuerzas policiales.
En el marco de una exposición en la Universidad de Palermo (UP), manifestó que si la Policía comete un exceso tras recibir una orden de desalojo y «llega a pasar una desgracia, como ya tenemos bastante experiencia, la responsabilidad recae sobre la autoridad política».
«Ese es el atolladero en el que nos encontramos», analizó el magistrado y destacó la necesidad de «replantear seriamente el modelo policial».
El viernes pasado la presidenta Cristina Fernández había dicho que jamás dará una orden que pueda poner en peligro la vida de una argentino.
El juez de la Corte dijo que la globalización acentuó un proceso de independencia de las fuerzas policiales que, en el caso de Argentina, comenzó incluso en el siglo XIX, en la época en la que Bernardino Rivadavia era presidente de la Nación.
«El fenómeno de autonomía de las fuerzas policiales genera impotencia política», dijo el magistrado, y respaldó la posibilidad de que los policías formen un sindicato propio, al calificarla como «muy positiva».
Dijo que «las cúpulas policiales están en contra» de esta iniciativa, pero aseguró que es necesario potenciar la formación y la conciencia profesional, y remarcó -además- que la sindicalización «contribuye a desarmar» el proceso de autonomía.
Fuente: click aquí.
Imagen tomada de aquí.
Los costos del delito los paga el Poder Ejecutivo
El Tribunal Superior de Justicia les recordó a todos los juzgados y fiscalías de la provincia que los costos operativos que se producen por la intervención policial ante la comisión de delitos los tiene que pagar el Poder Ejecutivo.
Así consta en el punto 9 del acuerdo 4503 del 10 de marzo de 2010.
El punto dice:
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE JUNIN DE LOS ANDES SOBRE INFORME.-VISTO Y CONSIDERANDO: El informe efectuado por el titular del Juzgado de Instrucción de Junín de los Andes, mediante Oficio N° 3411/09, en el que indica que en los autos N° 639/2009 del registro de la Agencia Fiscal de la Ciudad, se ha generado un conflicto entre las autoridades policiales de la localidad y el Poder Judicial, en torno a la erogación de los gastos que generan las autopsias.
Que en aquel momento y ante la circunstancia generada y la urgencia para resolver el traslado del cuerpo, se autorizó el pago de la suma que requería el transporte.
Ante esta circunstancia, corresponde dejar establecido que quien debe afrontar los costos operativos que se producen ante la comisión de un hecho delictivo, (transporte con grúa de vehículos siniestrados, transporte de cuerpos a la morgue, etc.), es el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes.
Por ello, se hará saber que en lo sucesivo el Poder Judicial no efectuará pagos por tareas que corresponden a otros Poderes del estado, en virtud de sus funciones específicas.-
Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE:
1°) Hacer saber a los órganos Jurisdiccionales y Ministerios Públicos de la provincia, que no le corresponde al Poder Judicial, asumir los costos operativos que se producen ante la comisión -cierta o presunta- de hechos delictivos, en los que deba intervenir en virtud de su función específica la Policía Provincial.
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