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Toma de terrenos: ¿Y si la Cámara de Apelaciones no resuelve como espera el gobierno?

El gobierno provincial de Neuquén sigue aparentando que se ocupa de las tomas de terreno con su apuesta al desalojo violento. Pero hasta ahora la justicia no oficia de cómplice: en los últimos días se archivaron por lo menos otras dos denuncias por “inexistencia de delito”, y la Cámara Provincial de Apelaciones viene fallando que no se configura el delito de usurpación en estos casos.

Mal no le viene al gobierno, porque como se dijo aquí, no sabría qué hacer con una orden de desalojo.

Además tiene oportunidad de correr el eje de la disputa: focaliza el debate en torno de decisiones judiciales y esquiva el abordaje de la cuestión de fondo, que implica soluciones más complejas que el uso del garrote.

Por eso el martes, en vez de ir a la Legislatura un equipo de funcionarios del área de vivienda o de acción social, la voz cantante la tuvo el secretario de Seguridad. Y los medios cosecharon su mensaje, destinado a infundir temor, porque supuestamente se descuida la prevención debido a la cantidad de policías destinados a vigilar los terrenos.

Por eso el gobierno amplifica el debate en torno de la calidad de los ocupantes de parcelas en la ciudad y se silencia toda referencia a los empresarios que se hicieron de vastas extensiones de tierras bajo modalidades que sí merecen investigación judicial.

Por eso manda a la fiscalía de Estado a constituirse en Amicus curiae de la Cámara Provincial de Apelaciones para influir en su decisión en el tema “usurpaciones”, pero no es querellante en esos otros casos en los que se presume que existió perjuicio para el Estado por la cesión o venta a precio irrisorio de tierras fiscales.

En su presentación, la fiscalía de Estado dijo que:

el gobierno no puede ser indiferente a la generación de precedentes que avancen en sentido contrario a los derechos y garantías constitucionalmente protegidos, en este caso el derecho de propiedad”.

La fiscalía de Estado representa al Estado, no al gobierno como dice el texto. Y entre los derechos protegidos por la Constitución, también figura el acceso a la vivienda. Pero de eso no se habla.

Sobre la Cámara Provincial de Apelaciones están puestos los ojos en estas horas. Antes de semana santa se conocerá el fallo en lo que se ha constituido un caso testigo: la toma del lote de José Jaureguiberry, que para el juez Alfredo Elosu Larumbe no constituyó delito.

Habrá que ver si los jueces de las Cámara se apartan de sus fallos anteriores, en los cuales determinaron que la vía penal no es la correspondiente para estos casos.

Conseguí una serie de resoluciones de la Cámara en ese sentido. Los fallos fueron divididos: Richard Trincheri y Héctor Rimaro formaron mayoría, contra la opinión en minoría de Daniel Varessio.

Hay un párrafo muy interesante en un fallo del 20 de agosto de 2009 respecto de una toma de terrenos de Corfone:

la problemática habitacional necesita de otras acciones para ser revertida, y que no son las que se ejercen en el plano judicial”.

Lo escribió el camarista Héctor Rimaro, quien también se preocupó por aclarar:

Lo dicho (que no se configura el delito de usurpación) no implica desprotección a la víctima por parte del Poder Judicial sino, simplemente, que los derechos deben hacerse valer en la órbita pertinente. A mayor claridad, el ordenamiento civil prevé vías adecuadas para obtener la restitución del bien que ha sido objeto de ilegítima ocupación sin necesidad de interpretar, forzadamente, que esa ocupación es delito”.

Posiblemente si el fallo en el caso Jaureguiberry es contrario a sus intereses, la provincia intente llegar al Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto seguirá pasando el tiempo y librando la batalla en el territorio equivocado.