La confesión del gobernador no es judiciable; la fiscal tuvo un fallido

(Actualizado 23-4-10: Para los interesados, al final está el dictamen completo de la fiscal en formato pdf para descargar)

La fiscal Gloria Lucero pidió el sobreseimiento de Jorge Sobisch en la causa de la zona liberada. Dijo que “mal puede otorgársele el carácter de confesión” al discurso en el cual el ex gobernador se atribuyó haber dado la orden a la policía de no intervenir. Y si así hubiera sido, se trata de un acto “administrativo no judiciable, que sólo importan responsabilidad política por lo que no son susceptibles de juzgamiento”.

El dictamen de la fiscal Lucero tiene un fallido notable: al mencionar el contexto en el cual se produjeron los incidentes de la zona liberada, mencionó “el trágico suceso que derivó en la muerte del docente Fuentealba”, hecho que se produjo un año después.

Tras el pronunciamiento fiscal, el juez Alfredo Elosu Larumbe le pasó el expediente a la defensa de Sobisch que, se descuenta, también pedirá el sobreseimiento del ex gobernador.

Luego el magistrado definirá el futuro de la causa.

Hasta ahora la elevación a juicio sólo la pidieron los querellantes Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña.

Los hechos de la zona liberada ocurrieron el 30 de marzo de 2006 frente a la destilería de Plaza Huincul, cuando supuestos obreros de la Uocra desalojaron a golpes un piquete docente. La policía no intervino para impedir los incidentes, y el 19 de abril (hoy se cumplen cuatro años), Sobisch dijo en un discurso público que la orden la había dado él.

La fiscal Lucero se ubicó en la misma línea que su colega Ignacio Di Maggio, quien también había pedido el sobreseimiento del ex gobernador.

Además de señalar que el discurso de Sobisch fue político, acusó a “los medios masivos de comunicación” porque “a través de titulares comenzaron a utilizar denominaciones tales como ‘zona liberada’, ‘grupos paramilitares’, ‘cascos amarillos’, ‘Sobisch admite haber ordenado a la policía no actuar’, advirtiéndose en los artículos de prensa la utilización del evento ocurrido frente a la destilería como eje de un debate político sectorial a fin de generar en la opinión pública cierto sentir a su respecto, el que variaba según el signo político o sector que se expresara”.

En su dictamen, la fiscal Lucero transcribe el discurso de Sobisch en cuestión, pronunciado hace hoy 4 años.

Copio y pego para quienes no lo tienen presente:

“Aquí está sentado el Intendente de la ciudad de Neuquén, y todos saben que no somos del mismo signo político, pero cuando se cortaban rutas y se decía que era en defensa de la escuela pública, este, es el mensaje que le darán los dirigentes de los gremios docentes a nuestros alumnos, que la fuerza está por sobre la Constitución y la ley, y que el aula es el laboratorio para construir y decir que un uniformado es un represor, las fuerzas armadas y la seguridad de la democracia están al amparo de la Constitución y la Ley, pero no nos engañemos, porque aquí está hablando un hombre político y un gobernador, que no es inocente, la responsabilidad de no actuar de la policía de la provincia tiene nombre y apellido, y un responsable, que nadie se confunda, se llama Jorge Sobisch y es el gobernador de la Provincia, que le ha dicho al Jefe de la Policía y a sus colaboradores que no actúen, cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social y si alguien cree que esa orden no se condice con la responsabilidad política que yo tengo, esta la Justicia para definirlo”.

Y dice luego Lucero: “Sin mayor esfuerzo y en la totalidad del contexto del discurso, se advierte su carácter y entidad eminentemente política y en alusión a la situación que en ese entonces se encontraba inmersa la provincia. El conflicto docente con inicio en los primeros días del mes de marzo de 2006, los hechos de Cutral Co-Plaza Huincul, el trágico suceso que derivó en la muerte del docente Fuentealba, piquetes y cortes de ruta en distintos lugares de la provincia, con el consiguiente enojo y descontento de una parte de la sociedad neuquina, así como el desconcierto de otro tanto y las dificultades en el traslado y distribución de combustibles, no sólo en estaciones de combustibles sino en aquellos parajes utilizados para calefacción”.

“En ese panorama provincial y dentro de la globalidad del mentado discurso, la frase “…es el gobernador de la provincia que le ha dicho al Jefe de la Policía y a sus colaboradores que no actúen, cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social…” se colige con el significado de que la fuerza policial no utilizara los recursos técnicos y demás equipamiento en la represión de aquellos actos de protesta social”.

Sigue la fiscal: “Ahora bien, aun en el hipotético caso de que se tuviera como un hecho probado y acontecido en el mundo real “la orden de no actuar” y siempre que el resto de las circunstancias objetivas y subjetivas permitieran tenerla como lícita, sólo se tiene el discurso ya aludido como reconocimiento del imputado,lo cual y al no estar ello avalado en el expediente por ninguna otra prueba o indicios que lo sustenten, mal puede otorgársele carácter de “confesión” y menos aún, como prueba huérfana para fundar y sostener reproche penal alguno contra el imputado de autos, ello ya sin siquiera analizar la colisión que ello produciría con las garantías constitucionales que amparan la situación de quien se halla bajo proceso”.

“En consecuencia, la conducta del entonces gobernador de la provincia al pronunciar el controvertido discurso, queda bajo la esfera de aquellos actos administrativos no judiciables y que sólo importan responsabilidad política, por ende, no susceptibles de juzgamiento y menos aún en este fuero penal”.

Lucero también pidió la exculpación invocando el resultado de la causa en la que los ex jefes y subjefe de la Policía, Carlos Zalazar y Moisés Soto, fueron sobreseídos por falta de acusación del fiscal Ignacio Di Maggio.

Hay que “evitar el dictado de resoluciones contradictorias y (actuar) en salvaguardia del principio de coherencia”, dice el dictamen de Lucero, que logra un segundo objetivo: respaldar al colega sumariado.

“No nos sorprende”

Ante estas novedades, el querellante Mendaña dijo que “la posición y el requerimiento de la fiscal Lucero no nos sorprende, pues ya  se había pronunciado a favor de la validez del dictamen de su colega Di Maggio. Diría más creo que todos esperabamos algo así, incluso a la defensa pues, pudiendo, no recurrió la decisión del Juez que decretó la nulidad. Tampoco lo hizo la fiscalía. Se percibía lo que venía de este lado”.

Cuestionó que la fiscal “pone al desnudo lo que fue parte de la estrategia de la fiscalía, esto es utilizar el proceso seguido al Jefe y Subjefe de Policía para sentar la solución que luego se reeditaría en este proceso. Destacamos que en ese proceso fueron excluidos sin fundamentos válidos Zambrano, Morales y Seguel como querellantes.

“Como representantes de estos comisarios insistimos con la conexidad de ambos procesos, solicitando que se acumularan o se suspendiera este proceso por un tiempo prudencial, o que se nos permitiera intervenir. Pero chocamos contra un frontón. Se nos rechazó esa petición y se actuó con una premura digna de mejores causas”.

Añadió Mendaña que “ahora la fiscal suma como argumento ‘el evitar el dictado de resoluciones contradictorias y en salvaguarda del principio de coherencia’. Es claro como el agua, tan claro como la escasa vocación por investigar a Sobisch de parte del Ministerio Público Fiscal actuante. Primero fue Vignaroli, luego Di Maggio y ahora Lucero”.

El discurso de Sobisch

Por otra parte, continuó, “la fiscal sostiene que el único elemento de cargo es el discurso de Sobisch y que éste  tiene un ‘carácter  y entidad eminentemente política’, que  debe quedar ‘bajo la esfera de aquellos actos administrativos no judiciables y que sólo importan responsabilidad política’ y no responsabilidad penal”.

“Claro que el discurso aludido responde a un contexto y en este se destaca una agresión por parte de militantes afines al Gobierno a un grupo de maestros y maestros, que se desarrolló pues la Policía -en función de la orden recibida del Sr. Sobisch- decidió no actuar, es decir permitir que actuaran como una fuerza de choque para darle un escarmiento a los docentes y liberar el sector. Por eso, no bien cumplieron ese cometido, entregaron el piquete a la propia Policía. Esto surge de toda la prueba”.

“Ninguna orden que implique violar la ley penal puede considerarse ‘no judiciable’. Cada vez que no se quiere investigar alguna persona con poder político, se usa esa cantinela, como se la usó también tiempo atrás cuando se evitaba investigar y juzgar algunas responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar”, dijo Mendaña.

Por ultimo, señaló que “de una lectura detenida del requerimiento de la fiscal surge que la culpa la tienen los medios de prensa que empezaron a hablar de zona liberada, cascos amarillos, etc. Para la fiscal todo esto no existió. Ni cascos amarillos, ni funcionarios como Antío o Gualmes que dirigían el piquete, ni docentes golpeados, ni altos jefes recibiendo el piquete de los agresores, ni dos  grupos especiales listos para actuar que no actuaron por órdenes superiores, etcétera. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

La ilustración está tomada de aquí.

DICTAMEN LUCERO

Enseñan a los jueces a redactar de manera más clara y sencilla

Leo en el Centro de Información Judicial:

“El próximo 5 de mayo comenzará un curso de redacción para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo central de brindar herramientas y aportes para desarrollar una escritura clara y accesible.

“Asimismo, se analizarán algunos temas gramaticales generales, como la acentuación, la puntuación y el uso de mayúsculas. Además, se estudiarán algunas dudas frecuentes y los errores más habituales que dificultan la elaboración de un texto.

“También se trabajará con recursos y procedimientos útiles para organizar el discurso. El curso incluirá una instancia práctica que permitirá a los participantes ejercitarse en las cuestiones desarrolladas.

El resto de la información está aquí.

El blog ya se ocupó del tema al recomendar esta nota de No hay derecho

La imagen está tomada de aquí.

Barroso: apoyo al fondo de huelga y criterio amplio en materia de excarcelación

Una candidata apoya el fondo de huelga de los trabajadores de cerámica Stefani y considera viable la expropiación de la fábrica.

La otra es declaradamente antiabortista, y omitió decir que se inscribió para otro concurso.

Puesto en blanco sobre negro, estas son las posturas salientes de las dos aspirantes al cargo de juez de Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co.

Hoy a la mañana fueron las entrevistas personales que definirán a la ganadora, y aquí les dejo el “acta” que levanté con mis apuntes.

Como sé que el párrafo del comienzo puede ser considerado reduccionista, recomiendo la lectura completa de los post.

Graciela Martínez (presidenta del CM y vocal del TSJ) le preguntó a Alejandra Barroso si conocía el plenario Díaz Bessone de la Cámara Nacional de Casación Penal. Ante el desconocimiento de la concursante, le explicó que se refería a la aplicación de la prisión preventiva. Barroso dijo que lo haría de manera restrictiva, sólo si la libertad del imputado implica un riesgo para la investigación, o si existe peligro de fuga.

Martínez le preguntó entonces qué criterio adoptaría si la pena en abstracto es privativa de la libertad, o si se trata de un caso de gran conmoción social. La concursante dijo que los principios deben aplicarse siempre, y que como jueza sabrá fundamentarlo ante la opinión pública.

Agregó que muchas veces se aplica la prisión preventiva como garantía para el imputado, con el argumento de resguardar su integridad, y citó como ejemplo el caso Chabán.

Hugo Altamirano (representa a los abogados) le preguntó: entre la protesta social y los derechos individuales, por ejemplo a transitar, ¿cuál debe prevalecer? Barroso indicó que todos tienen jerarquía constitucional y hay que armonizarlos. “Habría que ver qué intensidad tiene la protesta”, dijo, buscando el camino del medio. “La naturaleza de la huelga es causar un daño, habría que ver si en el caso en particular no se está extralimitando”, agregó.

Sobre la independencia y la imparcialidad le preguntó Gustavo Olivera (PJ). Respondió al primer punto que “la independencia es respecto de los poderes políticos y de otros poderes extrainstitucionales”; sobre el segundo dijo que el juez “debe ser neutro, no debe tener interés en la materia del conflicto”.

Carla Castiglioni (abogados) le consultó sobre la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una ley. “El juez tiene que aplicar todo el derecho”, dijo Barroso, pero en este aspecto propuso que “se podría dar traslado a la parte que podría verse afectada por la declaración de inconstitucionalidad, para preservar el derecho de defensa”.

Admitió que no está previsto ese mecanismo, pero lo escuchó en un congreso y le pareció importante analizarlo. Sobre la caducidad de la instancia declarada de oficio dijo que no está de acuerdo.

Castiglioni le pidió opinión sobre el activismo judicial. “La justicia a veces debería comprometerse con algunas circunstancias”, dijo la concursante. Puso como ejemplo el caso del juez que debe resolver un amparo ambiental, y dijo que la Corte también es activista. “No tiene que ser en perjuicio de ninguna de las partes”, limitó.

Martínez también le preguntó si tomaría algún recaudo antes de ordenar un desalojo. “No me gusta que el desalojo llegue de manera intempestiva. Depende del caso, buscaría alguna medida. A veces la gente recibe la cédula de notificación y ni sabe leer, de modo que buscaría de darle intervención a la defensa oficial si no tiene abogado”, fue la contestación.

Norma Lacoste (MPN) le preguntó por el conflicto en la cerámica Stefani. “Son más de 400 familias, no están cobrando, habría que despejar las cuestiones de la no viabilidad económica que dice la empresa”.

“Si el obrero quiere hacer una cooperativa de trabajo me parece bien, eso quiere decir que la empresa no es tan inviable. Lo importante es mantener la fuente de trabajo, creo que eso sería bueno para los trabajadores y para Cutral Co”, agregó.

La candidata a jueza dijo que “yo contribuyo al fondo de huelga. Me estoy haciendo la casa y les compro ladrillos, porque la empresa no les paga (a los trabajadores) pero les entrega ladrillos”.

Ante una pregunta de Oscar Lavaggi (MPN), se declaró a favor de la expropiación de la fábrica. “El Estado podría hacerlo porque tiene un interés público en el mantenimiento” de la cerámica.

En el post siguiente, la entrevista a Natalia Stornini.

Stornini: La oposición al aborto y el concurso sobre el que no informó

Ante una pregunta de Gustavo Olivera (PJ), Natalia Stornini dijo que el aumento en las penas no es una solución para el delito, porque el autor, cuando lo está cometiendo, no piensa en los años de cárcel que le pueden corresponder si lo atrapan y condenan.

Olivera repreguntó sobre el caso de los delitos culposos, y concretamente los accidentes de tránsito. “Creo que es mejor ser más estricto con la entrega del carnet de conductor y con los controles en el tránsito”, respondió.

Fue categórica en su oposición al aborto. “No estoy de acuerdo con la despenalización. Es una vida que hay que proteger. A la madre se le pueden ofrecer otros mecanismos, como la entrega del niño en adopción”.

Norma Lacoste (MPN) le preguntó por qué volvía a presentarse a un concurso (en setiembre de 2008 ganó el cargo de defensora del Niño en Cutral Co, que ejerce en la actualidad). Stornini respondió que tiene que ver con una aspiración personal, de crecimiento profesional. En varias oportunidades expresó que “me apasiona el derecho penal”.

Graciela Martínez (presidenta del Consejo y vocal del TSJ) le preguntó si conocía el criterio de la Corte respecto del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (referido a la solidaridad en caso de subcontratación) y la candidata equivocó la respuesta.

La complicación comenzó cuando Carla Castiglioni (abogados) le preguntó si estaba inscrita en algún otro concurso; Stornini respondió que no.

Gustavo Olivera (PJ) le hizo saber entonces que figura en un listado para competir por un cargo federal en Azul.

Stornini explicó que ese había anotado sólo para saber cuánto puntaje le daban por sus antecedentes en un concurso nacional, pero que no tenía interés en participar.

-¿Por qué no fue sincera? –repreguntó el consejero.

-Me anoté el año pasado. Cuando la consejera Castiglioni me lo preguntó ni siquiera lo tenía presente porque no tenía interés en participar en ese concurso.

Olivera volvió a la carga: “nosotros acá designamos a los mejores para resolver las cuestiones sociales. Usted habla de su crecimiento personal, y nosotros lo entendemos, como Platón en La República, en función de servir a la sociedad para que sea mejor. Los jueces son para toda la vida, es muy difícil sacarlos. Para nosotros la sinceridad es muy importante”.

(Recordé en ese momento el debate que hubo con la postulación del ahora fiscal Ignacio Di Maggio, quien no mencionó que tenía una querella pendiente de resolución).

Stornini insistió en que se había anotado al solo fin de conocer cómo evaluaban en el fuero federal sus antecedentes. “Por si en algún momento…”, empezó a decir. Se explicó: “este cargo (de camarista en Cutral Co) es lo máximo a lo que puedo aspirar. Los integrantes de la Cámara son muy jóvenes, no hay posibilidades de crecimiento a corto plazo”.

Olivera comenzó entonces a interrogarla sobre diferentes cuestiones vinculadas con la jerarquía de las normas. Por momentos en el rol de maestro ciruela, dejaba frases por la mitad para que la concursante las completara. Es el juego que más le gusta.

Enry Rebolledo (Apertura Popular) retomó el tema del aborto, y le preguntó por el caso autorizado por el juez Martín Lozada en Bariloche, y la revocatoria de la Cámara de esa ciudad (en el blog, un poco más abajo, están los dos fallos).

Stornini dijo que sólo lo conocía por los medios periodísticos (también afirmó que “es habitual que la prensa dice una cosa y en el expediente hay otra”), pero se inclinó por la postura de la Cámara.

“Habrá que ver la responsabilidad de los médicos que interrumpieron el embarazo”, deslizó. “No me cierra que el médico haya hecho la intervención si sabía que la resolución (de Lozada) no estaba firme”.

Olivera le planteó que el Código Penal contempla el aborto no punible en algunos casos, por ejemplo de violación. “Un juez es el que debe decir que hubo violación, aquí no se había llegado a eso”, respondió la candidata.

Castiglioni le dijo que si se aplicara ese criterio jamás habría abortos. Stornini retrocedió un poco: “si existe auto de prisión preventiva, y hay semiplena prueba de que el hecho existió, después se verá la autoría”.

Sobre el paro docente, materia de consulta de Rebolledo, dijo que debe primar el interés superior del niño, y que el Estado debería tomar los recaudos para que los chicos tengan los días de clase  que correspondan.