Nueva jueza, nuevo defensor, ¿nuevo temario en el concurso de la Cámara Civil?

La Legislatura prestó acuerdo al pliego de Alejandra Barroso como jueza de la Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co y de Roberto Pablo Damián Fernández como defensor oficial de Rincón de los Sauces.

Y en otras noticias… el Consejo de la Magistratura realizará el viernes 25 una sesión extraordinaria con motivos de «aprobar listado y temario del Concurso Público Nº 31», destinado a cubrir una vacante en la Cámara Civil de Apelaciones de Neuquén.

La información está en el sitio oficial del Consejo de la Magistratura, de donde desapareció la referencia al temario de ese concurso y los datos de las dos únicas anotadas, Patricia Clérici e Isabel Van der Walt.

Bariloche, el Alto, el Bajo, la represión y la «sangre aria» en Facebook

Al ver lo que sucede en Bariloche en estos días

no me extraña que en Facebook haya grupos como este

Lo que no me explico es por qué Facebook lo permite.

Lo que dicen los concursantes en la entrevista con el Consejo de la Magistratura está amparado por la libertad de expresión

Un abogado que integra el Jurado de Enjuiciamiento embistió contra dos candidatas a juezas por los conceptos que manifestaron durante la entrevista personal con los integrantes del Consejo de la Magistratura.

El abogado es Marcelo Zapata, y las concursantes son la actual defensora oficial adjunta Alejandra Barroso y la defensora del Niño de Zapala, Natalia Stornini. Ambas compitieron por un lugar en la Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co.

Zapata le pidió al Tribunal Superior de Justicia que le inicie un sumario a Barroso, y al Consejo de la Magistratura le reclamó que se abstenga de nombrarla.

Barroso fue la ganadora del concurso y todavía no recibió acuerdo legislativo.

También pidió que se les inicie un jury.

Lo que dijeron Barroso y Stornini pueden leerlo aquí o, en su versión extendida, aquí y aquí.

En el acuerdo de la semana pasada, el Tribunal distinguió la situación de Barroso, quien por su jerarquía actual queda fuera del alcance del jury, de la de Stornini, quien podría ser sometida a un Jurado de Enjuiciamiento.

Lo que resolvió fue desestimar la denuncia contra la primera y enviar la presentación contra la segunda al jury para que resuelva.

Los fundamentos están sintetizados en el título del post, y pueden leerlos completos a continuación tal como los copié y pegué del acuerdo 4536:

“DR. ZAPATA MARCELO SOBRE PRESENTACIÓN.- VISTO Y CONSIDERANDO: La presentación efectuada por el Dr. Zapata, ante el Tribunal Superior de Justicia, en el que solicita que se tome conocimiento del “hecho ocurrido en el ámbito del Consejo de la magistratura (…) que muestra a dos actuales integrantes del poder judicial en situación de flagrancia, respecto a la manda de imparcialidad y decoro que pesa sobre toda la planta de funcionarios”.

Que considera el profesional, que en función de la opinión que las involucradas han vertido al momento de realizarse las entrevistas en el Consejo de la Magistratura, el Tribunal debe “hacer uso de sus facultades de policía (art. 16 Ley 1565) y proceda sin más a dar impulso a sumario, en ámbito de enjuiciamiento, tendiente a comprobar su verosimilitud(…)”.

Asimismo solicita que “Preventivamente haga saber al Consejo de la Magistratura se abstenga de nombrar en función de ese concurso hasta tanto se resuelva situación en ésta (…)”.

Que analizada la presentación efectuada por el profesional, habrá de distinguirse la situación de la funcionaria que –por el cargo que ocupa-, es susceptible de ser sometida a Jurado de Enjuiciamiento, y la que no lo es, por encontrarse la facultad disciplinaria en cabeza del Tribunal Superior de Justicia.

Respecto a ésta última –Dra. Barroso-, entiende el cuerpo que bajo ningún punto de vista puede admitirse que las opiniones vertidas en el marco de una entrevista personal, puedan ser susceptibles de sanción. Ello, en función de encontrarnos inmersos en un estado democrático de derecho, en el que la libertad de expresión es una garantía de raigambre constitucional.

Diferente sería la situación, si el funcionario -en el marco de un proceso concreto-, asume una posición parcial, arbitraria o teñida de algún elemento que pueda configurar mal desempeño, en cuyo caso –verificado tal extremo-, deberá formularse la denuncia correspondiente.

Por ese motivo, respecto a ésta funcionaria, habrá de desestimarse la presentación, haciéndole saber además al presentante, que el Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder, sobre el que ni el Jurado de Enjuiciamiento ni el Tribunal Superior de Justicia, tiene atribuciones para interrumpir en el marco de presentaciones administrativas, el trámite de un concurso.

En cuanto a la Dra. Stornini, si bien le resultan aplicables las consideraciones expresadas, el Cuerpo debe abstenerse de expedirse ya que corresponde que lo haga la Comisión creada por Ley N° 2698, en función de que la denuncia ha sido dirigida en los términos de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, y a los fines de realizar el análisis previsto en la normativa citada resolviendo en consecuencia.

Por las consideraciones expresadas, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Rechazar la presentación efectuada por el Dr. Marcelo Zapata respecto a la Dra. Barroso, por los fundamentos expresados en los considerandos del presente resolutorio, que forman parte integrante del mismos. 2°) Remitir la presentación efectuada -en relación con la Dra. Stornini-, al Jurado de Enjuiciamiento, conforme la nueva estructura creada por Ley N° 2698 a sus efectos”.

¿El Poder Judicial de Neuquén es de Suiza? ¿La culpa la tiene la Legislatura? Los diputados debaten por el presupuesto

Ariel Kogan (PJ): “No podemos tener un Poder Judicial de Suiza en Neuquén”

“El Poder Judicial está totalmente financiado con la actual ley de autarquía; la particularidad del Poder Judicial es que a similitud de los municipios de la provincia tiene un porcentaje directo y permanente de la coparticipación que el gobierno provincial recibe del Estado Nacional. Cuando estuvo en la Legislatura el presidente del Poder Judicial, doctor Labate, y el cuerpo de administradores de ese poder, plantearon con claridad que había un mayor recurso del que estaba previsto cuando ellos mandaron el presupuesto, que iban a tener una diferencia entre recursos y erogaciones de 20 millones de pesos. La ministra de Economía también planteó que iba a compensar de alguna forma adelantando recursos si es que la mayor recaudación en materia de coparticipación no alcanzaba, así que nos parece que está absolutamente financiado”.

“El Poder Judicial, violando la ley que creó distintas organismos judiciales en toda la provincia, en el anterior gobierno fue implementándolos sin tener en cuenta su disponibilidad financiera. Bueno, ha llegado el momento en que tengan que administrarse justamente con lo que tienen; nosotros no creemos posible que exista un poder judicial de Suiza en la provincia de Neuquén, cuando tenemos los problemas que tenemos en otros servicios esenciales como Salud, Educación y vivienda entre otros, así que tendrán que arreglarse con lo que tienen, manejarse a lo mejor con menor ritmo en la construcción de los edificios que están planteados, una mejor administración de los gastos de funcionamiento, como absolutamente toda la provincia y por supuesto todas las demandas salariales, que siempre son justificadas y también tendrán que estar sus respuestas en línea con las respuestas a las demandas salariales que tiene todo el sector público”.

Eduardo Benítez (UCR):  “Va a ser muy difícil que pueda funcionar el Poder Judicial”

“Nos hubiera gustado que el Poder Judicial tenga una autonomía en todo sentido. Creemos que no ha habido a través de las gestiones una buena administración respecto a los fondos y habría que buscar cuál sería la solución. No puede ser que el Poder Judicial tenga una dependencia económica desde el Poder Ejecutivo. Hemos sido críticos respecto a cómo venía funcionando y hemos sido muy criticados también cuando hablábamos que tengamos cuidado con el incremento salarial si después no iban a tener los recursos. Lo mismo que la obra que todavía está parada.

“Vamos a aprobar todo tipo de financiamiento que el Ejecutivo tenga que darle al Poder Judicial.

“Fuimos insultados por la gestión anterior cuando decíamos que había que esperar a que esté el recurso y después aprobemos el aumento salarial. Dijeron que no, que los recursos los tenían; que habían promesas también de ingresos extra al Poder Judicial. Eso nada ha sido cierto, así que va a ser muy difícil que pueda funcionar así el Poder Judicial.

“Lo que sí nos gustaría es que pueda ser independiente definitivamente”.

Soledad Martínez (FG): “Hay que discutir si la planta funcional del Poder Judicial debe ser la que la Legislatura ha definido”.

“El Poder Judicial tiene garantía de autarquía financiera, se le garantiza el 18% de la coparticipación, hace ya un tiempo las distintas composiciones del Tribunal vienen planteando que ese porcentaje no es suficiente. La Legislatura ha dispuesto en diferentes momentos la creación de numerosos organismos y cargos nuevos, ha aumentado la planta funcional del Poder Judicial sin hacer las previsiones presupuestarias correspondientes para poder atenderlo. Obviamente esta situación ha provocado que este 18% de coparticipación que se le garantice al Poder Judicial no sea suficiente para atender sus gastos y hoy se encuentra en una situación de déficit presupuestario. ¿Cómo se puede solucionar esto?, bueno, dando una discusión de fondo respecto de si es necesario justamente que la planta funcional del Poder Judicial sea esta que la Legislatura ha definido.

“Necesitamos un Poder Judicial que sea absolutamente independiente y cuando decimos absolutamente independiente, decimos que también esté exento de tener que pedirle al Poder Ejecutivo que le asigne partidas o sumas fijas de dinero con las que atender gastos que tiene previsto. Con el presupuesto que ha tenido despacho de mayoría y en función de lo que nos informara el doctor Labate, para el año 2010 al Poder Judicial le van a faltar cerca de 40 millones de pesos, ¿qué implica esto?, una suma de gestiones en virtud de las cuales el presidente del TSJ tiene que pedirle a la ministra de Hacienda, al gobernador, a la secretaria, a la ministra coordinadora que el Ejecutivo le financie ese déficit; y para nosotros eso es una afectación a la garantía de la autarquía y de la independencia del Poder Judicial.

“Comparto con el diputado Kogan que la autarquía financiera que tienen el Poder Judicial y el Poder Legislativo no pueden significar un régimen de privilegio salarial. Lo que se quiere hacer insinuar es que esta situación deficitaria del Poder Judicial tiene que ver con los salarios que los funcionarios y los empleados del Poder Judicial perciben. Y al margen de que esto pueda ser así, lo concreto es que nosotros no podemos avanzar sobre definiciones que el Poder Judicial debe tomar sin tener que pedirle permiso a nadie. Si volvemos a un esquema en el que el Poder Judicial tiene que empezar a consultar con el resto de los poderes su organización, su esquema salarial, y las cuestiones que tienen que ver con la organización funcional del Poder Judicial, estamos otra vez ante un Poder Judicial que no nos puede garantizar independencia. La autarquía sabemos lo que significa, ahora, en la práctica tenemos que dar los elementos y las condiciones para garantizarla, porque si no es nada más que una definición administrativa o constitucional”.

(Fuente: declaraciones a las radios)