Ratificaron las condenas contra seis policías pero no aplicaron la figura de torturas. Fallo completo

En fallo dividido, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena contra seis policías por la violenta represión ejercida en la Unidad 11 en abril de 2004, pero no les aplicó la figura de torturas. La Asociación Zainuco, querellante en la causa, expresó su rechazo a la resolución, y anticipó que presentará un recurso para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esto es una vergüenza, una estafa. Ustedes son responsables de la impunidad”, les gritó la presidenta de Zainuco, Gladys Rodríguez, a los vocales Graciela Martínez, Evaldo Moya y Guillermo Labate apenas terminó la lectura de la parte resolutiva del fallo.

Afirmó que “han vuelto a asesinar a Cristian Ibazeta”, en alusión al preso que fue testigo en la causa y que murió apuñalado en su celda en mayo pasado.

Ibazeta aparece mencionado 14 veces en las 82 carillas que tiene la resolución. Está aquí en word.

Una movilización integrada por organismos de derechos humanos, gremios y familiares de víctimas de la violencia policial se instaló frente a la sede del Tribunal.

La vocal Martínez le contestó a Rodríguez que “aquí juzgamos otro hecho. Esa causa (por el crimen de Ibazeta) está en pleno trámite.

Martínez fue la autora del primer voto, muy extenso, al que adhirió Moya sin aportar un solo fundamento propio.

Respecto de la existencia o no de torturas, Corvalán señaló que “conforme a los hechos probados, las lesiones documentadas, la individualización de los autores con indicación específica de las conductas realizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran intensidad sea físico o psíquico, sistemático, ni que se haya prolongado en el tiempo, como requiere el delito de tortura, la calificación ‘imposición de severidades y vejaciones’ escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”.

En cambio Labate, quien quedó en minoría, expresó en su voto: “El contexto general, los internos tirados en el piso, mojados y esposados, dan la pauta de que fueron víctimas de un sometimiento cruel e inhumano, contrario a la dignidad de éstos”.

Añadió que “la golpiza de gran intensidad recibida por los internos, con golpes de puño, puntapiés y mediante la utilización de bastones reglamentarios, obligándolos a que adoptaran posiciones humillantes, cuando se encontraban esposados, considero que es apta para configurar el delito de imposición de torturas”.

Los condenados son José Antonio Corillán (4 años de cumplimiento efectivo); Juan Carlos Aravena (3 años y 3 meses de cumplimiento efectivo); Marcelo Covati (3 años de ejecución condicional), José Osés (3 años condicional); Walter Crespo (3 años condicional) y René Fuentes (3 años condicional).

Las figuras aplicadas son severidades y vejaciones agravado por haber sido cometido con violencia. Además se los inhabilitó para ejercer como policías por el doble de tiempo de la condena.

La foto es de 8300.

Gastaminza deberá «remover obstáculos» para que los diputados puedan entrar a las cárceles neuquinas

El ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, deberá “remover los obstáculos” para que permitir que los diputados provinciales que lo deseen ingresen a las cárceles y lugares de detención de la provincia. Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, los fiscales y defensores de Cámara deberán elaborar informes bimestrales sobre las visitas que realicen a los lugares de detención.

Las disposición del Tribunal fueron adoptadas en el acuerdo del miércoles pasado y publicadas ayer (ver aquí y  aquí en word).

En el caso de las visitas de los diputados a las cárceles, los vocales señalaron que “no pueden sufrir obstáculo” porque “se trata de una facultad implícita para el cumplimiento del alto cometido que el pueblo les ha confiado a través del sufragio”.

“Este Tribunal debe garantizar el adecuado ejercicio de las prerrogativas constitucionales que se le otorgan a los representantes elegidos democráticamente por el pueblo”, dijeron en otro párrafo.

El 15 de junio pasado, un grupo de diputados de partidos de la oposición, representantes de organismos de derechos humanos y defensores oficiales intentaron ingresar a la Unidad 11 pero el director, Claudio Pérez, se los impidió. El argumento fue que “no se siguieron los canales de pedido de autorización correspondientes”. Fue pocos días después del asesinato de una persona dentro de su celda, Cristian Ibazeta (ver aquí)

Entonces los diputados Raúl Podestá, Rodolfo Canini, Jesús Escobar, Beatriz Kreitman y Pamela Mucci, entre otros, realizaron un planteo ante las Cámaras Penales. De allí el escrito “subió” al Tribunal Superior.

Ahora los vocales dispusieron “hacer saber al Poder Ejecutivo, en la persona del ministro de Seguridad, que deberá ordenar que se remuevan los obstáculos para el ejercicio de parte de los legisladores del deber de visitar los establecimientos carcelarios, y de otros lugares de detención, sin perjuicio del total y cabal cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que regulen ese cometido”.

(La foto es de Leo Petricio)