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¿Habrán terminado hoy la Ciudad Judicial y no avisaron?
Respecto de la provisión de energía eléctrica, otro de los problemas a superar, ver aquí las declaraciones del presidente de CALF, Marcos Silva: «si no hay plata, no hay luz».
Sobisch más cerca del juicio por la zona liberada: rechazaron su recurso extraordinario federal
Integrantes del Consejo de la Magistratura opinan sobre el rechazo al pliego de Martina
Por Laura Loncopan Berti
Luego de que el jueves pasado la Legislatura no prestara acuerdo al pliego de designación de la magistrada Gloria Martina, única postulante a ocupar la vacante de jueza de Cámara, titular de la Cámara en Todos los Fueros de Zapala, tres integrantes del cuerpo, que representan a bloques políticos, opinaron al respecto.
El consejero por la Unión Cívica Radical, Pablo Szeinkierman, aseguró que le causó sorpresa el rechazo del pliego: “la verdad que sí, porque yo había escuchado y había leído lo que se resolvió en la comisión (de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia). Aunque si uno lo analiza, digamos, con el diario del lunes, en realidad la comisión no aprueba el pliego, la comisión solo habilita el tratamiento del pliego en el recinto”.
Consultado sobre si estaba al tanto de que el bloque radical no iba a avalar el nombramiento, el consejero respondió: “acá lo más importante a destacar, sacando esta cuestión puntual de la no aprobación del pliego de la doctora Martina, me parece que quedó claramente demostrado la independencia que existe, y no solo en mi caso, como representante de un bloque en particular, sino del resto de los consejeros”.
“Soy un hombre de la política, hace treinta años que hago política y obviamente que intercambio opiniones con los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, con el diputado Eduardo Benítez y el diputado Vidal (Alejandro), y ellos tienen una posición que yo la puedo compartir o no”, sostuvo. Agregó: “no solo mantengo diálogo con los diputados de mi bloque, yo normalmente voy a la Legislatura y hablo con los diputados de absolutamente todos los bloques, creo que esto es fundamental”.
En cuanto a los dichos del legislador Daniel Baum (Unión Popular), quien según el parte de prensa de la sesión afirmó que “su bloque no acompaña designaciones cuando las nóminas no están integradas por lo menos por 3 candidatos”, Szeinkierman señaló: “creo que es entendible los fundamentos del diputado Baum porque de hecho acá el consejero Quarta lo planteó”. Asimismo manifestó su visión: “pasada la primera etapa (de antecedentes), aunque renuncie el resto, los concursos deben continuar”.
Sobre si el Colegio de Abogados de Zapala pudo haber influido en la decisión adoptada, el consejero se refirió a dos anécdotas “que dan por tierra estos planteos”. Dijo que Martina, en declaraciones radiales, mencionó que el presidente del Colegio la llamó para “solidarizarse con ella por la no aprobación de su pliego”, y que la magistrada concurrió a la última celebración por el día del abogado que organizó el Colegio. “Por lo que yo puedo visualizar, la relación de tirantez que hubiera existido entre el Colegio y la doctora Martina está totalmente saneada”, añadió.
Belén De los Santos, consejera por el Partido Justicialista, expresó: “me parece que no se está interpretando lo de “cosa juzgada”, porque tuvo pedidos de jury, y salió absuelta, porque no se le pudieron probar los hechos, porque consideraron que no eran motivos suficientes para destituirla, o para que el jury llegara a otro desenlace. Me parece que es suficiente, o los expones a los concursantes a que si les piden jury no puedan seguir creciendo en su carrera judicial”.
Acerca de la posición esgrimida por Baum apuntó: “eso es desconocer la ley porque nosotros no tenemos que mandar ternas sino que designamos o mandamos el pliego a la Legislatura, y tampoco es responsabilidad de los concursantes que los demás renuncien”.
“Me llama la atención que se le haya rechazado el pliego con la urgencia que hay de ocupar esa vacante”, indicó De los Santos. “Si bien no es mucha la cantidad de causas que reciben anualmente, pero hace mucho tiempo que están con una sola camarista, están subrogando todo el tiempo. Hasta creo que para los mismos profesionales debe ser complicado porque no hay criterios de Cámara a seguir con esto de las subrogancias”, completó.
El consejero por el Movimiento Popular Neuquino, Juan Ousset, manifestó que no estaba al tanto de la definición que tomó el bloque en la Legislatura. Destacó: “son dos instancias completamente distintas. Yo acá represento a un partido político, pero en realidad represento en forma indirecta a la ciudadanía, con lo cual se supone, y es de esperar, que haya cierta independencia entre las dos etapas”.
“La Legislatura es otra cosa. Ellos tienen una decisión política, ellos evalúan otras cuestiones respecto del postulante, que no me la consultan a mí tampoco por supuesto, que las habrán considerado ellos, en las cuales sí pueden analizar esta cuestión de que haya sido un solo postulante”, dijo.
“Sabía que podía haber algún que otro voto en contra, quizás por los antecedentes”, contó Ousset. Aclaró que por “antecedentes” ubicaba los pedidos de jury.
Afirmó: “que este cuerpo haya avanzado conforme lo reglamenta esta institución y que el otro cuerpo haya actuado conforme también lo establecen sus propias normas, y conforme lo que es el trabajo legislativo, yo creo que es saludable que así sea. Ni nosotros podemos estar atados a lo que va a hacer el Poder Legislativo, ni el Poder Legislativo puede estar atado a lo que nosotros definimos. Responden a lógicas distintas”.
Más información: declaraciones de Martina: “Me han impuesto, sin ser jueces, una condena de inhabilitación perpetua”.
Orden de mérito técnico en los concursos para cargos en el juzgado Penal del Niño y el Adolescente 2 y la fiscalía de Neuquén
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Orden de mérito técnico Concurso 51: un cargo de juez de primera instancia, titular del juzgado penal del Niño y el Adolescente Nº2 de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Evaluación técnica Puntaje máximo: 40 |
Total |
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Examen escrito |
Examen oral |
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Julián Berger |
17 |
15 |
32 |
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María Fernanda Maldonado Zandalazini |
15 |
17 |
32 |
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Silvia Ayala |
14 |
17 |
31 |
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Carolina García |
16 |
14 |
30 |
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Gastón Liotard |
14 |
16 |
30 |
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Lucrecia Sola |
14 |
15 |
29 |
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Carlos Caroselli |
9 |
13 |
22 |
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Orden de mérito provisorio Concurso 51: un cargo de juez de primera instancia, titular del juzgado penal del Niño y el Adolescente Nº2 de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Etapas |
Total |
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Antecedentes |
Evaluación técnica |
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Carolina García |
11,57 |
30 |
41,57 |
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Julián Berger |
6,16 |
32 |
38,16 |
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Silvia Ayala |
7,15 |
31 |
38,15 |
|
María Fernanda Maldonado Zandalazini |
5,49 |
32 |
37,49 |
|
Gastón Liotard |
6 |
30 |
36 |
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Lucrecia Sola |
5,65 |
29 |
34,65 |
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Carlos Caroselli |
8 |
22 |
30 |
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Orden de mérito técnico Concurso 52: un cargo de agente fiscal de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Evaluación técnica Puntaje máximo: 40 |
Total |
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Examen escrito |
Examen oral |
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María Eugenia Titanti |
14 |
18 |
32 |
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Maximiliano Breide Obeid |
14 |
16 |
30 |
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Santiago Márquez Gauna |
10 |
18 |
28 |
|
Claudia Panozzo |
9 |
16 |
25 |
|
Andrés Carrea |
11 |
14 |
25 |
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Guillermo Prime |
12 |
12 |
24 |
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Gustavo Ravizzoli |
5 |
18 |
23 |
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Gustavo Mastracci |
7 |
12 |
19 |
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María Sol Bialous |
7 |
11 |
18 |
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Román Caggiano |
4 |
– |
4 |
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Orden de mérito provisorio Concurso 52: un cargo de agente fiscal de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Etapas |
Total |
|
|
Antecedentes |
Evaluación técnica |
||
|
María Eugenia Titanti |
6,39 |
32 |
38,39 |
|
Maximiliano Breide Obeid |
5,40 |
30 |
35,4 |
|
Santiago Márquez Gauna |
6,4 |
28 |
34,4 |
|
Gustavo Ravizzoli |
10,62 |
23 |
33,62 |
|
Claudia Panozzo |
6,91 |
25 |
31,91 |
|
Andrés Carrea |
6,52 |
25 |
31,52 |
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Guillermo Prime |
4,97 |
24 |
28,97 |
|
Gustavo Mastracci |
4,54 |
19 |
23,54 |
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María Sol Bialous |
4,41 |
18 |
22,41 |
(Por L.L.B.)
«La protesta social es un derecho constitucional». Alegato del fiscal federal García Lois en un caso de corte de ruta en Neuquén
(Actualización: el fallo completo aquí en word).
El fiscal federal de Neuquén, Daniel García Lois, pidió la absolución de Marcelo Guagliardo y Daniel Huth, docentes imputados en un corte de ruta, con un argumento poco frecuente para estos casos: estado de necesidad exculpante. Dijo que existieron dos conflictos de la misma jerarquía constitucional en pugna (a pedir por un salario digno y a circular libremente), y que estaban cometiendo un daño para evitar un daño igual. Si alguien sufrió perjuicios económicos debe reclamarlos por la vía civil, pero “una condena sólo profundizaría el conflicto social y eso va en contra de la racionalidad de los actos de gobierno”. La sentencia se conocerá el martes próximo a las 13, aunque la Corte Suprema ya dejó sentado que sin acusación fiscal no puede haber condena.
Guagliardo dijo que el juicio “dejó un claro mensaje para la clase política: hay que encontrar soluciones para el conflicto social. No se puede seguir judicializando y reprimiendo, si no, la política es derrotada”.
Guagliardo, exsecretario general de ATEN, y Huth, actual titular de la seccional Capital, eran los únicos imputados por un corte del puente carretero interprovincial que se registró el 18 de mayo de 2010, dentro de un extenso plan de lucha que incluyó 25 días de huelga.
El juicio se realizó en la sede del Tribunal Oral Federal y estuvo presidido por el juez Gustavo Villanueva. Los únicos testigos que declararon fueron cinco policías, y sólo dos de ellos vieron a los dirigentes entre los más de mil manifestantes congregados ese día.
Guagliardo (quien asistió al juicio con su guardapolvo de maestro de la escuela 20) y Huth no negaron haber participado de la protesta, y la inscribieron en el contexto del plan de lucha. Dijeron que llegaron a esa medida luego de varias negociaciones frustradas con el gobierno, y recordaron que el conflicto recién se resolvió con la mediación del obispado.
El fiscal García Lois dio por probado el hecho y la autoría de los imputados. Y luego desarrolló el argumento del estado de necesidad exculpante por el cual pidió la absolución.
“Hay un conflicto social que no se debe resolver en el ámbito de la justicia penal. Producido el hecho, afectado el derecho a circular, tengo que definir si el derecho que reclamaban a un salario puede ser un derecho constitucional. Y creo que los reclamos sociales, la protesta social, es un derecho constitucional”. Citó obras de Raúl Zaffaroni y Roberto Gargarella en apoyo a su argumentación.
“Esto fue un conflicto social. El motivo del reclamo es constitucional, tiene que ver con el derecho alimentario. La Constitución garantiza un salario digno, y es lo que se estaba reclamando”.
El fiscal habló del artículo 14 de la Constitución Nacional, que está reforzado por los pactos internacionales, en especial por la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Dijo que no compartía la metodología, pero que debía considerar que el corte “no se decidió entre gallos y medianoches. Hubo un previo agotamiento de la vía institucional” a través de reuniones entre gremialistas y el gobierno.
“Muchas veces el Estado no puede atender a todas las necesidades, o elige políticamente atender unas y no otras”, agregó.
“En este caso, debo analizar el estado de necesidad exculpante” de los manifestantes. Mencionó que “hubo reclamos previos sin solución, un agotamiento de la vía institucional. Luego, el tiempo de duración del corte, cuántos eran los damnificados… este delito afecta a un número concreto de personas, pero también afecta a quienes están reclamando”.
Por lo tanto, hubo “dos derechos de la misma jerarquía constitucional en pugna”: a circular, y a peticionar.
García Lois señaló que el derecho no debería penalizar el conflicto social, y que una condena “sólo va a profundizarlo, y eso va en contra de la racionalidad de los actos de gobierno, cuya finalidad es lograr una convivencia pacífica”.
Dejó sentado que quienes sufrieron perjuicios económicos por el corte podrán reclamarlos por la vía civil, pero que en lo penal corresponde la absolución.
(La foto es de Matías Subat)
La Legislatura rechazó el pliego de la jueza Gloria Martina y aprobó el de Alfredo Elosu Larumbe
El bloque del Movimento Popular Neuquino y sus aliados, que habían dado despacho de comisión favorable, votaron en contra de la designación de Gloria Martina como jueza de Cámara de Zapala.
En cambio Alfredo Elosu Larumbe fue aprobado como juez de la Cámara Criminal Primera de Neuquén.
Por lo que me cuentan (no asistí a la sesión ni la pude seguir por Internet), los argumentos del MPN para votar en contra de Martina estuvieron a cargo del diputado Darío Mattio, quien reeditó fundamentos de los dos pedidos de jury que fueron archivados con el voto de Mattio incluido, en su condición del integrante del Jurado de Enjuiciamiento (ver aquí y aquí) .
También votó en contra el jefe del bloque, José Russo, quien al parecer en las últimas horas se desencantó con Martina después de cubrirla de elogios en la comisión de Asuntos Constitucionales.
En definitiva, fue una demostración más de que el MPN (y sus numerosos aliados) se siguen reservando el derecho de admisión. Martina es una jueza que tiene dos grandes enemigos: el ex intendente de Zapala (del oficialismo) y el Colegio de Abogados de esa ciudad.
Veremos cómo se comportan los puntillosos diputados del oficialismo cuando llegue a la Legislatura para su tratamiento el pliego de un candidato que fue sometido a sumarios que resultaron tan archivados como los pedidos de jury contra Martina.
La información oficial de prensa de la Legislatura (con varios errores) dice:
La Legislatura neuquina rechazó hoy la designación de Gloria Anahí Martina para la Cámara en todos los Fueros de Zapala, luego de un debate en el que se objetaron actuaciones de la jueza en la toma del edificio municipal, entre otras denuncias. En la votación nominal, 18 diputados -MPN, MID, UCR, UP, PNN- rechazaron la designación enviada por el Consejo de la Magistratura. En contraposición, Alfredo Alejandro Elosú Larumbe fue designado como titular de la Cámara Criminal I de Neuquén con el voto unánime de 27 diputados presentes.
Los diputados debatieron el nombramiento de Martina a partir de la objeción de Tomás Benítez -UCR- al concurso que demoró un año, con impugnaciones a consejeros y postulantes por parte de la jueza. También hizo referencia a dos jury declarados admisibles. Darío Mattio -MPN- explicó la situación que se dio en la toma del municipio de Zapala en julio del 2010 por parte de empleados, ocasión en la que Martina archivó la denuncia de una «inspección ocular» que se hizo fuera de horario administrativo por un período prolongado. En tanto, Daniel Baum -UP- dijo que su bloque no acompaña designaciones cuando las nóminas no estén integradas por lo menos con 3 candidatos y mencionó como ejemplo los 7 postulantes a la Cámara I de Neuquén. En este concurso, renunciaron los otros 2 postulantes.
De los legisladores que votaron en forma favorable, Pamela Mucci -UNE FPN- argumentó que la absolución de los dos jury a Martina son «cosa juzgada» una vez que el cuerpo toma decisión. Agregó que «el concurso fue hecho conforme a la ley». Pablo Todero -PJ- expresó que las entrevista en el CM y en la comisión A fueron normales y el bloque votó en forma positiva. En igual sentido, Raúl Podesta observó definiciones de la jueza con respecto al aborto y al funcionamiento del poder administrador en medidas de protección a víctimas de violencia familiar, menores y de género, que no implicaban el rechazo del pliego.
Reforma del Código Civil y Comercial: todas las ponencias de la audiencia en Neuquén
El siguiente es el listado de ponencias para mañana en Neuquén. En cada uno de los nombres está el link para acceder al contenido de la misma. Será a partir de las 10 en la Universidad Nacional del Comahue. Al final, para descargar, lugares y horarios.
Libro I
Roberto Sacconi (Circuito Argentino Chileno)
Alexis Kalczynsky (Pastores por la Gente)
Hugo Márquez (Confederación Evangélica Bautista Argentina)
Paola Loza (Organización Territorial Chew-Mapu-Selk Tierra del Fuego)
Daniel Huircapan (Comunidad Mapuche Tehuelche Pu Kona Mapu)
Ramón Quirulef (Consejo Zonal Pewence)
Rubén Sánchez (COOPERATIVA NEWEN KVZAW)
Rosalía Barra (Consejo Zonal Pewence)
Gustavo López (Red Federal de Familias)
Ornella Infante (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina)
Diego Pereyra (Consejo Mapuche)
Eduardo Correa (ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA)
Ofelia Morales (Org. OCASTAFE)
Gabriel Jofre (Pueblo Mapuche)
Silvia Claleo (Comunidad Mapuche GELAYKO)
Jorge López (Asamblea del Pueblo Iogys de la Ruta 86)
Roberto Sandoval (Nación Charrúa)
Libro II
Gimena Molinaroli (Programa Familias Solidarias – Ministerio de Desarrollo Social Neuquén)
Susana Pintos (Asociación Neuquina Padres Adoptantes)
Graciela Zayas (Centro de Salud Confluencia)
Walter Gatica (Federación LGBT)
Libro III
María García Crespo (ATE-Neuquén)
Pedro Arpigiani (Federación Inmobiliaria de la República Argentina)
Libro IV
Martín Varni – Alejandro Marco
Juan Cuñuemil (Comunidad Lof Gelay Ko)
Ruth Maliqueo/ Raúl Maliqueo/ Romero Luis/ Fran Eliberto (Comunidad Werken Mapuche)
Juan Condorí (Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita)
Olegario Aravena (Zonal Pikunce)
Mauricio Bianchi (Org. Andinautas)
Miguel Gil (Organización Territorial Huarpe Pimkanta)
Juana Vila Rosa (Organización Ranquel Mapuche)
Oscar Lorenzo (Consejo de Caciques Wichi)
Nancy Chocobar (Comunidad Tolombón)
Libro V
Libros Varios
Natalia Carzolio (Mov. Nac. Campesino Indígena)
Manky Quintriqueo (Zonal Lafkence)
José Kinxikew (Confederación Mapuche)
Jorge Nahuel (Zonal Mapuche Xawvnko)
Rolando Cherqui (Consejo Zonal Xawvnko)
Adriana Hipperdinger (Asoc. Civil Un Techo para mi Hermano)
Manuel Shortrede (Colegio de Arquitectos de San Luis)
Marisol Quinchagual (6º Encuentro Nac. De Naciones y PueblosOriginarios)
Miguel Mariqueo (Pueblo Rankel)
Herman Diamante (Col. de Arquitectos Río Negro)
Daniel González (Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN) – Presidente)
Sergio Nahuelquir (Comunidad Mapuche Tehuelche Lof FEM-MAPU)
Juan Millanahuel (Comunidad Mapuche Lof Millanahuel)
Andrea Burucua (Fundación ECOSUR)
Luis Aostri (Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires)
Mabel Ferrer (Movimiento Cursillos de Cristiandad de la Iglesia Católica
Marcelo Reynoso (Obispo de Neuquén)
Marina Melinao (Comunidad Rams)
Ramón Quidulef (Consejo de Participación Indígena Nacional)
Beatriz Valdés (Colegio Notarial de Neuquén)
Nora Broilo (Movimiento de la Renovación Católica Carismática Católica, Neuquén)
Cristián Hendrickse (Comunidad Mapuche Mellao Morales)
Adrián Urrutia (Mesa Nacional por la Igualdad Neuquén)
Pablo Gaete (Frente Jóven Mendoza)
Inés Torrens/César Yansón (Movimiento de Encuentros Conyugales de Neuquén
Selva Sandoval (COMISIÓN PASTORAL DE SCOUTS CATÓLICA)
Carmelo Dell´Elce (Director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas)
Eduardo Pilquiñán (Consejo de Participación Indígena)
Lautaro Nahuel (Zonal Mapuche Xawvnko)
Rolando Cherqui (Confederación Mapuche de Neuquén)
Fernando Kosovsky (Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra)
Rufino Morales (Nación Diaguita Valle de Choromoros)
David Pastrana (UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA
Lugares y horarios: aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.
Si detecta falla en algún link, click aquí.
Plan sistemático de robo de bebés: fallo completo con los fundamentos de las condenas
El Centro de Información Judicial publicó que difundieron los fundamentos del fallo por el que se condenó a nueve personas en el marco de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en donde se investigaron más de 30 hechos de apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Aquí está el fallo completo en pdf, y aquí el índice en el mismo formato.
La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, por el tribunal integrado por los por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, impuso las siguientes penas:
Jorge Rafael Videla: 50 años de prisión
Antonio Vañek: 40 años de prisión
Jorge «El Tigre» Acosta: 30 años de prisión
Santiago Omar Riveros: 20 años de prisión
Reynaldo Benito Bignone: 15 años de prisión
Víctor Gallo: 15 años de prisión
Juan Antonio Azic: 14 años de prisión
Jorge Luis Magnacco: 10 años de prisión
Inés Susana Colombo: 5 años de prisión
Karina Miguel asumió en el Consejo de la Magistratura de Neuquén
Hoy por la mañana juró Karina Miguel como consejera en representación del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en lugar de Hugo Acuña, quien renunció para presidir el Tribunal de Cuentas de la provincia.
En un acto del que participó la vicegobernadora, Ana Pechen, y los diputados oficialistas José Russo y Raúl Bettiga, además de Acuña, Miguel asumió el cargo, acompañada por familiares, amigas, amigos, y personal de la Legislatura, ya que se desempeñó como asesora del bloque del MPN.
“Es un hecho histórico”, dijo Pechen, en relación a que la flamante consejera es la primera abogada perteneciente a la comunidad gitana. Agregó: “es una muestra de la diversidad de Neuquén”.
(Por L.L.B.)
Nuevo orden de mérito de antecedentes en los concursos para el juzgado Penal del Niño y el Adolescente y la fiscalía de Neuquén
En la sesión ordinaria de hoy del Consejo de la Magistratura se conocieron las respuestas a las impugnaciones presentadas contra el orden de mérito de antecedentes en los concursos para cubrir las vacantes de fiscal y juez penal del Niño y el Adolescente Nº2, ambos de la Primera Circunscripción Judicial (Neuquén).
La postulante a ocupar el cargo en el juzgado, Silvia Ayala, incrementó su calificación promedio. Pasó a tener 7,15 puntos. Solage Nuñez y Maximiliano Breide Obeid, que compiten por la vacante en el Ministerio Público Fiscal, también aumentaron su puntaje. Nuñez tiene ahora 2,43 de promedio y Breide Obeid 5,40. Respecto de este último concurso, Lucrecia Sola desistió de continuar participando.
En el plenario se aprobó la designación de Nicolás García como defensor oficial, titular de la defensoría penal Nº2 de Neuquén. El pliego será remitido entonces a la Legislatura.
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Orden de mérito de antecedentes Calificación máxima: 40 puntos Concurso 51: un cargo de juez de primera instancia, titular del juzgado penal del Niño y el Adolescente Nº2 de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulantes |
Promedios |
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Carolina García |
11,57 |
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Carlos Caroselli |
8 |
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Silvia Ayala |
7,15* |
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Julián Berger |
6,16 |
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Gastón Liotard |
6 |
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Lucrecia Sola |
5,65 |
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María Fernanda Maldonado Zandalazini |
5,49 |
*Puntaje modificado como resultado de la impugnación
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Orden de mérito de antecedentes Calificación máxima: 40 puntos Concurso 52: un cargo de agente fiscal de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulantes |
Promedios |
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Gustavo Ravizzolli |
10,62 |
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Claudia Panozzo |
6,91 |
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Andrés Carrea |
6,52 |
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Santiago Márquez Gauna |
6,4 |
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María Eugenia Titanti |
6,39 |
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Maximiliano Breide Obeid |
5,40* |
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Guillermo Prime |
4,97 |
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Gustavo Mastracci |
4,54 |
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Jorge Eduardo Ongaro |
4,54 |
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María Sol Bialous |
4,41 |
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Graciela Brussa |
4,3 |
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María Soledad Nuñez |
2,43* |
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Román Caggiano |
2,36 |
*Puntaje modificado como resultado de la impugnación
(Por L.L.B.)
Nómina de personas inscriptas en el concurso para un juzgado de Instrucción de Neuquén
Ayer cerró el plazo de inscripción del concurso para cubrir la vacante de juez de primera instancia, titular del juzgado de Instrucción Nº2 de la Primera Circunscripción Judicial (Neuquén). Nueve profesionales competirán por el cargo que ocupó Juan José Gago.
En la sesión ordinaria de hoy del Consejo de la Magistratura se comunicó el fallecimiento de Gustavo Vivas Ussher, quien estaba designado como jurado académico titular para la etapa técnica. En su lugar asumirá el suplente, Mario Laporta, quien ya confirmó la asistencia.
La nómina que se reproduce a continuación puede sufrir modificaciones, ya que el pleno aprobará el listado definitivo de aspirantes en los próximos días:
Laura Barbé
Silvia Ayala
Blanca Alderete
Juan Luis Rodríguez
Gustavo Ravizzoli
Andrés Carrea
Ana del Valle Malvido
Mara Suste
Juan Agustín García
(Por L.L.B.)
Martina pasó por la Legislatura donde no le preguntaron por el cargo que ocupará
Gloria Martina recibirá acuerdo legislativo mañana para ser designada jueza de la Cámara Multifueros de Zapala. Hoy navegó sin dificultades por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los diputados le hicieron muchas preguntas pero ninguna, ni una sola, sobre el cargo que ocupará.
Si alguno hubiera introducido el tema de su futura ocupación quizá se habría dado un mínimo debate sobre la Cámara de Zapala, que está desvastada: tiene competencias en todos los fueros y una sola integrante. Ni siquiera tiene fiscal, situación que podría solucionarse pronto cuando aprueben el pliego de Sandra González Taboada.
Las Cámaras Multifueros del interior (las otras están en San Martín de los Andes y Cutral Co) son el talón de Aquiles de la reforma procesal penal. Hasta ahora las propuestas para implementar el nuevo Código fuera de la capital provincial ofrecen soluciones tentativas.
En vez de interesarse por el futuro, los diputados se concentraron en el desempeño actual de Martina como jueza de Familia y Juicios Ejecutivos (curiosa combinación) también en Zapala.
Abundaron las preguntas de formulario sobre los cortes de ruta, el aborto y el Consejo de la Magistratura (¡faltó la despenalización de la marihuana!), a las que la candidata respondió con sobriedad.
Sólo Raúl Podestá (Frente Grande) la interrogó por los dos jury que le pidieron y sobre el concurso que ganó, en el cual quedó como única competidora en la última etapa por la deserción de los demás participantes.
Martina surfeó las preguntas. La batalla la planteó en su momento, ahora todo es concordia.
Sylvia Diniz Dias: «Hay que sacar el control de las cárceles de las manos de la policía»
Sylvia Diniz Dias es directora de la oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Esta es la entrevista que le hice la semana pasada cuando estuvo en Neuquén.
-¿Cuáles son los estándares mínimos que se deben observar para que las cárceles sean más transparentes?
-Hay parámetros mínimos que están en la declaración de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas detenidas. El Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad. Una vez que el Estado priva a alguien de su libertad asume un compromiso bastante específico de garantizarle todos sus derechos fundamentales: a la alimentación sana, a atención médica, a vivir en condiciones de higiene y salubridad, tener acceso a educación, trabajo. Son derechos fundamentales de una vida digna de una persona que está fuera del centro de detención. El Estado tiene una obligación positiva, de adoptar medidas, de garantizar que estos derechos lleguen al detenido. El Estado debe tomar medidas para hacer cumplir estos derechos.
-En general cuesta muchísimo que lo haga.
-Retomo las palabras del relator contra la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que es argentino y sufrió tortura durante la dictadura. Dijo hace pocos meses ante el consejo de derechos humanos de la ONU que no hay en Latinoamérica ningún sistema carcelario que respete los derechos fundamentales de las personas presas. Tanto el Estado como la sociedad civil no ven que la persona detenida no pierde ninguno de sus derechos, sólo el de la libertad. Desafortunadamente la opinión pública no ve que las cárceles son parte del sistema de seguridad. Si una persona va a una cárcel y va a volver a la sociedad, y no vuelve rehabilitado, la seguridad pública no va a ganar nada.
-Educar para la libertad en condiciones de encierro sigue siendo una contradicción.
-Ese es otro debate. Lo que puedo decir es que nosotros promovemos la aplicación de medidas alternativas a la detención. Hay muchos delitos que no son tan graves, la persona no tiene que ir a la cárcel por cualquier cosa. La cárcel es para delitos que realmente demanden una respuesta más dura del Estado, pero para los pequeños delitos se puede pensar en medidas alternativas. Lo más triste es que muchos países tienen ya legislaciones de penas alternativas pero no se aplican, se sigue imponiendo la prisión.
-¿Cuál debe ser la formación del personal penitenciario?
-Deberían ser civiles. Hay que sacar de las manos de la policía y de las fuerzas de seguridad el control de las cárceles. Deberían ser funcionarios de carrera, de carácter civil, que reciban una capacitación especializada en materia penitenciaria, con formación en derechos humanos, y que tengan como objeto de su actuación el trabajo de resocialización y rehabilitación.
-¿Y cómo se puede lograr que la sociedad civil ejerza un mayor control sobre lo que sucede dentro de las cárceles?
-El Estado debería adoptar una cultura de transparencia, de fomentar que la sociedad civil ingrese, participe en la vida de las cárceles. Ese es un tema que preocupa muchísimo en Neuquén, porque vemos una postura de opacidad, de cerrar las cárceles a la sociedad. Hemos escuchado que a diputados les impidieron el ingreso. Eso me parece una señal bastante alarmante. El Estado tiene que invitar a organizaciones no gubernamentales, a grupos de voluntarios, promover actividades culturales. Esas son formas de tener a la sociedad presente y que empiece a entender la dinámica de las cárceles. El Estado debe crear órganos independientes que puedan ingresar sin restricciones y entrevistarse con detenidos, conformado por la sociedad civil. Esa es la manera de tener un tipo de control y producir cambios estructurales.
-Se dice que la tortura es una forma de gobierno dentro de la cárcel.
-La tortura es una forma de dejar claro quién tiene el poder, de que uno está sometido al otro que tiene control total y absoluto. Muchas veces falta la decisión política sostenida desde el más alto nivel de que eso no se acepta. Veo que eso falta en Latinoamérica.
(La foto es de Matías Subat)
Roger Viquez: «Trabajar en prevención de la tortura no es sinónimo de impunidad»
Roger Viquez es director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica. Esta es las síntesis de la entrevista que le hice cuando estuvo en Neuquén días atrás.
-¿Cómo se llegó a crear el organismo que dirige?
-En Costa Rica se instauró en 2009 el Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura basado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Ese protocolo da un mandato de visitar todos los centros de detención, de tal forma que al ingresar a los centros se produce un acto de transparencia. Los países que ratificaron el protocolo facultativo se obligaron a implementar ese mecanismo y darle independencia. Es un acto de rendición de cuentas de los Estados ante las Naciones Unidas. En Costa Rica empezamos a trabajar en 2009 mediante un decreto del Poder Ejecutivo que dejó afuera al Poder Judicial. Ya se aprobó en la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y va a pasar a la agenda legislativa para darle rango de ley. Puedo decir que es fundamental la independencia de trabajo. En este momento la Defensoría de los Habitantes tiene un rango de trabajo de independencia muy interesante, el proyecto de ley establece que el Mecanismo va a tener una desconcentración máxima. Quiere decir que el mecanismo tendrá independencia de criterio y funcionalidad.
-¿Y presupuestaria?
-Administrativamente quedará ligado a la Defensoría de los Habitantes con una partida presupuestaria especial. Tenemos problemas de transporte para vistar los centros, de viáticos, pero la independencia de criterio de elegir dónde vamos es importante. La independencia de sus funcionarios también es importante, porque se pueden designar a personas vinculadas con algún partido político, o con pretensiones personales, y esto así no va a funcionar.
-¿Está dando resultados?
-Sí. Sirve para prever actos de tortura, y sirve para que al Estado no le hagan señalamientos a nivel internacional por casos de torturas. La tortura es el acto más perverso que pueda existir por parte del Estado. Nosotros hacemos inspecciones en los centros de detención, nos quedamos hasta dos días, triangulamos información entrevistando a las personas privadas de su libertad en forma independiente y grupal, entrevistamos a la policía, a los profesionales del cuerpo técnico, al director, más lo que observamos con nuestros sentidos. Hacemos luego informes con recomendaciones al ministro, le pedimos que nos respondan qué van a hacer, le pedimos que lo hagan con puntos y cómas, quién lo va a hacer, si hay presupuesto. Posteriormente volvemos a los centros para hacer seguimiento. Ellos saben que si no lo solucionan, esto va a la prensa. Pero primero agotamos el diálogo.
-¿Qué capacitación debe tener el personal penitenciario?
-En Costa Rica está el ministerio de Seguridad Pública y el ministerio de Justicia. Este ultimo se encarga de las cárceles y tiene su propia escuela de capacitación. La policía tiene la suya. Los cursos son totalmente distintos. A la policía penitenciaria se la capacita en derechos humanos. Nosotros estamos ingresando esporádicamente, esperamos hacerlo con más frecuencia. La policía que se recluta para los centros penitenciarios no viene de la fuerza pública. Son independientes, se colaboran cuando hay un motín, ahí la fuerza pública trabaja en la zona periférica. Pero el conflicto lo resuelve la policía penitenciaria.
El año pasado en una cárcel se dio un caso de tortura por un intento de fuga, y a los 12 o 13 días esta persona apareció muerta en la celda por golpes. Fuimos a hacer la inspección y llevamos al médico de la defensoría. En las demás personas involucradas en la tentativa de fuga detectamos señales de tortura, hicimos un informe muy fuerte, la defensora llamó al ministro, se lo envió a las 7 de la mañana y a las 8 se le entregó a la prensa. La recomendación era cambiar el cien por ciento al personal. Se cumplió, al mediodía el ministro ordenó cambiar a los funcionarios. Hicimos la denuncia ante la fiscalía, se abrió un proceso, entre los varios delitos que se establecieron está el de torturas.
-¿Cómo despertar el interés de la sociedad civil en lo que ocurre dentro de las cárceles?
-Es un proceso de educación. Nosotros conversamos con la prensa, estos somos, esto estamos haciendo. Es un trabajo formar mecanismos a nivel de sociedad, de promoción en colegios secundarios, en universidades, para ir sensibilizando el tema y que entiendan bien que trabajar en prevención de la tortura no es sinónimo de impunidad, todo lo contrario. Un día en la cárcel no se recupera nunca en la vida. Por eso además requerimos agilidad procesal. En el momento en que el Estado sustrae a una persona de la sociedad y lo pone en una cárcel, es responsable de esa persona. Las cárceles son parte de la sociedad. Cuando a estudiantes universitarios les pregunto ‘qué es una cárcel’, me dicen ‘son rejas’. Pero en una cárcel hay escuelas, un área médica, una cancha de fútbol, áreas recreativas. Es parte de la sociedad. Bien decía un compañero que las cárceles son un espejo donde la sociedad no quiere reflejarse. Los fines de semana hasta 10 mil personas, familiares, están ingresando a las cárceles.
-¿Cómo es el sistema de requisas?
-Dos factores justifican una requisa: el ingreso de teléfonos celulares y de droga. Hace dos años se hizo un reglamento de las requisas y la policía penitenciaria sabe hasta dónde puede llegar. Pasan muchos casos de mujeres que son manipuladas por sus maridos detenidos, y están presas cumpliendo sentencia de hasta diez años por intentar introducir 10 cigarrillos de marihuana en una cárcel. Se han dado varios indultos para que salgan en libertad porque trae un problema para la sociedad, por ejemplo sus niños quedan solos o pierden sus clases.
(La foto es de Matías Subat)
Debate y taller sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén
Magistrados y funcionarios comenzaron a debatir los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial de Neuquén, complementarios del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en enero de 2014.
El taller-debate comenzó hoy viernes a la tarde y seguirá mañana a la mañana en la sede del Colegio de Abogados. Según se informó está destinado a magistrados y funcionarios del fuero penal de toda la provincia y “consistirá en el debate, sobre la base de ejes temáticos, de los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de revisar, corregir y consensuar todos los aspectos necesarios para su redacción final” previo a su envío a la Legislatura.
El objetivo es “conocer las visiones de los diversos integrantes del Poder Judicial involucrados en la nueva organización” que propone el Código Procesal.
Hay dos proyectos de Ley Orgánica: uno fue elaborado por una comisión creada por el Tribunal Superior de Justicia, y el otro por la Asociación de Magistrados. Tienen puntos en común, pero también divergencias en temas puntuales como por ejemplo la integración del estratégico Tribunal de Impugnaciones y del Colegio de Jueces.
El taller contará con espacios expositivos, a cargo de los proponentes de los proyectos elaborados. Luego, espacios de preguntas y respuestas, destinados a que los participantes puedan consultar puntualmente cuestiones vinculadas a tales proyectos y recibir la visión de los expositores.
Seguidamente se realizarán trabajos grupales, para que los participantes puedan analizar los ejes centrales a considerar para la nueva organización judicial en materia penal y elaborar conclusiones a debatir en plenario, según se informó.
La foto es de Cecilia Maletti.
La prensa y la dictadura: ordenan investigar al diario La Nueva Provincia. Resolución completa
EXTRAER testimonios de las constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario “La Nueva Provincia” de esta ciudad y remitirlas al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa, en oportunidad de brindar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos.
Es el considerando 34 del fallo (aquí en pdf) que condenó a los autores de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Leo aquí:
El Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. Además ordenó 17 años y medios de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Dichos crímenes, según los jueces Ferro y Bava con la opocisión de Triputti, fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.
Los jueces fijaron la audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia para el 9 de noviembre a las 12.
Actualización con más información, aquí.
Sin probation para los casos de violencia de género: proyecto para modificar el Código Penal
La diputada Dulce Granados presentó un proyecto para modificar el Código Penal con el objetivo de impedir que los imputados por violencia de género o violencia familiar puedan acceder a la suspensión del juicio a prueba, o probation.
En lo medular, el proyecto propone:
Incorpórese como artículo 76 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
«ARTICULO 76 ter.- El beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procederá en los siguientes casos:
a) cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
b) cuando los delitos de que se tratare fueran reprimidos con pena de inhabilitación.
c) cuando fueran ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.
d) cuando existiese violencia de género o violencia familiar.
En los fundamentos, la diputada del Frente para la Victoria señala entre otros:
Tanto en los casos de violencia de género como los casos de violencia doméstica, las características de los hechos que se investigan no pueden dar lugar a una supresión de una etapa fundamental para el esclarecimiento de lo sucedido, como es la propia instancia del debate: por el contrario, debe pasarse por ella y llegarse a una resolución -condenando o absolviendo al imputado-, evitando que pueda hacerse uso de un beneficio que fue pensado para otros destinatarios (seguro, no para aquellos investigados por delitos de género o violencia doméstica, donde existe además en la víctima un temor personal en su integridad y la de sus hijos)».
El texto completo del proyecto está aquí en word.
Sobre el tema, un interesante debate que se produjo en el blog aquí.
Votar a los 16: en Neuquén hay más de 20.000 adolescentes que podrían sumarse al padrón
El proyecto para que los jóvenes de 16 a 18 años puedan votar (aquí el texto completo del proyecto en word) avanza en el Senado. En caso de que sea aprobado, en las elecciones del año próximo en Neuquén podrían votar 20.705 personas comprendidas en esa franja etárea, y representan el 5% del padrón de quienes estaban en condiciones de votar en los comicios de 2011.
La cuenta la saqué en base a los datos del censo 2010.
Los 20.705 chicos y chicas tenían, cuando se hizo el censo, 13 y 14 años.
De ese total, 10.220 son mujeres y 10.485 varones. La inmensa mayoría asiste a la escuela y el 82% utiliza una computadora. Un pequeño porcentaje figura como jefe o jefa de hogar y vive en matrimonio o concubinato.
¿Cuál de los partidos con actividad en la provincia tiene más posibilidades de elaborar propuestas para este electorado?
Organizaciones internacionales y nacionales debatirán sobre la tortura en Neuquén
Será el 12 y 13 de setiembre en el salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue. Además solicitaron entrevistas con funcionarios de los tres poderes del Estado neuquino.
Las organizaciones que enviarán representantes a Neuquén son la Asociación de Prevención de la Tortura (APT), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP), y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Solicitaron entrevistas con el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, la vicegobernadora Ana Pechen, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Kohon, el presidente de Comision de Asuntos Constitucionales, José Russo y el presidente de la Comisiòn de Derechos Humanos, Gabriel Romero.
El miércoles 12 a la tarde habrá un encuentro con las organizaciones locales para debatir sobre la situación en Neuquén, donde hay un proyecto para crear un comité provincial contra la tortura (aquí en pdf).
El jueves 13 a las 18, en el salón Azul de la Universidad, será la charla abierta al público.
La organización está a cargo de la comisión creada a partir del asesinato de Cristian Ibazeta en la Unidad 11.
Orden de mérito de antecedentes en el concurso del juzgado Penal del Niño y el Adolescente de Neuquén
(Por L.L.B.)
Orden de mérito de antecedentes en el concurso para la fiscalía de Neuquén
(Por L.L.B.)
Nicolás García ganó el concurso para la defensoría penal 2 de Neuquén
(Por L.L.B.)
Audiencia pública en Neuquén por la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación
Proyecto para crear dos juzgados y una cámara en lo contencioso administrativo en Neuquén
El bloque de diputados de Encuentro Frente Grande MUN presentó un proyecto que tiene por objeto modificar la organización de la jurisdicción contencioso administrativa que hoy rige en la provincia del Neuquén, a fin de establecer la vigencia efectiva de la doble instancia judicial en ese proceso.
Según los autores, Raúl Podestá y Rodolfo Canini, La iniciativa “contiene en su espíritu el ánimo de favorecer el acceso a la justicia de los ciudadanos, sean ellos particulares que tramiten alguna demanda, (trabajadores públicos de la provincia o municipios) de entes descentralizados (como por ejemplo EPEN, Vialidad Provincial etcétera) o proveedores del Estado provincial o muncipal”.
Insta a la creación de por lo menos un juzgado en el interior provincial.
El diputado Podestá expresó respecto al proyecto que “coincidiendo con el espíritu y la finalidad manifestada por la Convención Constituyente del año 2006 que reformara el artículo 171 de la Constitución Provincial se persigue facilitar el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa tanto a los administrados como a los municipios del interior de la provincia, a través de la descentralización territorial de los Juzgados a crearse en la materia, exigiendo que -al menos uno- deba establecerse en alguna de las Circunscripciones Judiciales del interior” (ver punto 5 de las disposiciones transitorias)
“Creo que la III Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Zapala, por su ubicación en el centro geográfico de la provincia, es la más adecuada para la instalación del primer Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en el interior, a fin de facilitar, a través de la cercanía, el acceso a la Justicia en esta materia”, señaló el legislador.
El proyecto contempla la creación de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con la designación de un nuevo Juez de Cámara, quien deberá integrar una Sala con los miembros de la Cámara en lo Civil de la ciudad de Neuquén.
El proyecto completo en word, aquí.
En Neuquén no hay «políticas públicas penitenciarias que respeten los derechos humanos de los detenidos». Fallo completo
A Lucas le faltaban diez días para las salidas transitorias. Su paso por la Unidad 11 no fue tranquilo: participó de una huelga de hambre para protestar por las (cuando no) humillantes requisas a los familiares que visitan a los detenidos.
A diez días de las salidas transitorias a ningún detenido se le ocurriría hacer nada que le corte ese derecho. Sin embargo Lucas fue encerrado en un buzón como castigo por inconducta. Fue, como suele suceder, una decisión sin derecho de defensa. Pero además nunca existió un acto administrativo que avalara esa sanción.
Los guardias sabían adónde llevaban a Lucas: a un sector al que podían acceder otros detenidos con los que había tenido serios enfrentamientos.
A las 9 de la mañana del 20 de julio de 2005, se despertó con el cuerpo en llamas. Lo habían rociado con nafta y alcohol etílico y prendido fuego.
Mientras él se retorcía, los guardias ni se enteraron. Y cuando se enteraron tardaron en llegar, porque tres puertas con rejas aíslan el “buzón” del resto. Y cuando llegaron no pudieron apagarlo porque en la cárcel no hay matafuegos y la manguera no tira agua.
Lucas demandó al Estado, y la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia condenó a la provincia a indemnizarlo con 94.060 pesos.
La sentencia completa está aquí en word. La firman Ricardo Kohon y Oscar Massei.
Resalto algunos párrafos:
El abandono que sufren actualmente los internos (es) producto, primordialmente, de la ausencia de políticas públicas penitenciarias que respeten los Derechos Humanos de los detenidos y promuevan el cumplimiento de los fines constitucionalmente acordados.
Es preciso solicitarle a la Legislatura que debata y sancione la normativa local que cumpla con los estándares internacionales para el tratamiento de los reclusos”.
“Revertir la situación de crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario actual requiere de un esfuerzo institucional, de la participación y del diálogo de los poderes del Estado que confluya en la adopción de medidas de acción en forma coordinada”.
El preso conserva la titularidad de iguales derechos que las personas libres (…) sigue teniendo la dignidad de un ser humano, aunque esté privado de su libertad”.
Cuando un sujeto es colocado en una unidad penitenciaria, nace en cabeza del Estado un conjunto de deberes que comprenden obligaciones tales como el cuidado de la vida y la integridad física de los internos”.
El sistema social en su conjunto y sus integrantes en particular deben comprender que la cárcel no puede constituirse en un depósito de seres humanos. Esto vulnera el respeto a la dignidad humana y contraría los propósitos constitucionales de reinserción social y readaptación”.
“Constituye una deuda del Estado neuquino, que debe ser subsanada en el más corto lapso posible, la ausencia de un cuerpo profesionalizado de personal penitenciario (así como) el adecuado mantenimiento de las instalaciones donde se cumplen las penas privativas de la libertad”.
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