El hombre asesinado en la cárcel de Neuquén había sido testigo clave en la condena a tres policías

La declaración de Cristian Ibazeta, el interno asesinado en la Unidad 11, había sido clave para condenar a tres policías de esa cárcel en el juicio que se realizó hace dos años por una represión de 2004. En la sentencia quedaron registradas varias menciones al testimonio de Ibazeta, que en ese entonces fue víctima de golpes y señaló a los autores.

Además, ayer se supo que cuando fue trasladado al penal de Rawson en 2011, Ibazeta continuó denunciando a los celadores del servicio penitenciario federal que lo sometían a malos tratos.

En Neuquén había denunciado apremios por lo menos cuatro veces. Siempre lo hacía con escritos de su puño y letra, sin patrocinio de un abogado. Todos los expedientes fueron archivados sin condena. ¿Se habrá cumplido con el protocolo para investigar torturas en las cárceles?

Ibazeta fue atacado el lunes 21 a la noche en su celda, ubicada a 15 metros de la guardia, sin que los policías escucharan nada. Lo agresores fueron al menos dos y le provocaron gravísimas lesiones con arma blanca. Cuarenta minutos antes, los carceleros habían requisado las celdas.

Ibazeta nunca pudo hablar ni recuperarse. El jueves 24 murió.

La Asociación Zainuco, que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad, exigió el esclarecimiento del hecho, denunció una posible zona liberada dentro de la cárcel y pidió las renuncias del ministro Gabriel Gastaminza, del jefe de Policía, Raúl Laserna, y del jefe de Unidades de Detención, Carlos Brondo.

Gastaminza dijo hoy martes que la policía no está involucrada en el hecho, en el primer pronunciamiento público de un funcionario de gobierno sobre el caso.

El crimen motivó el repudio y pedidos de investigación de personalidades y organizaciones, entre ellas la Asociación Pensamiento Penal (aquí en pdf), y la Comisión Provincial por la Memoria.

Desde que se supo del caso, la figura de Ibazeta fue relacionada con sus continuas denuncias por vejaciones y apremios ilegales dentro de la cárcel.

Las violaciones más graves a los derechos humanos dentro de la prisión neuquina fueron cometidos en abril de 2004, cuando era gobernador Jorge Sobisch y Luis Manganaro ocupaba el ministerio de Seguridad. La represión en los pabellones duró varios días, y algunos presos terminaron en el hospital. Aquí la crónica que escribí cuando el caso empezó a debatirse públicamente.

Los guardias tiraron gases en los pabellones, mojaron a los internos con mangueras a presión, les pegaron con varillas en las plantas de los pies y los obligaron a cantar el himno desnudos en el patio de la cárcel.

En 2010, después de muchas dilaciones, se realizó el juicio (foto) contra 27 de esos policías y 6 fueron condenados.

El fallo resultó dividido (aquí está la sentencia en formato word, con algunos nombres inicializados por aplicación de las reglas de Heredia).

El juez Mario Rodríguez Gómez votó para que todos los efectivos sean condenados por torturas, pero sus pares Luis Fernández y Juan Gago se impusieron con figuras más atenuadas. Gago falleció en marzo de este año, Fernández, exasesor del Ejército, se jubiló.

En la sentencia quedó plasmado el importante rol que cumplió Ibazeta en la condena de tres policías, José Corillán, Juan Aravena y Walter Crespo.

“Debo responsabilizar a Crespo por la incriminación que efectúa a su respecto Ibazeta”; “Ibazeta refiere que Aravena lo desafió a pelear, le pegó trompadas en el cuerpo”; “este testigo (por Ibazeta) manifiesta que Crespo lo golpeó con los puños luego de ponerle las esposas”; “Ibazeta lo vio a Corillán golpear en la planta de los pies”, son algunas de las frases de la sentencia que demuestran la relevancia del testimonio del interno asesinado la semana pasada.

Impugnaciones y cambios en el ránking en los concursos del Consejo de la Magistratura

Alfredo Elosú Larumbe y Carina Álvarez, postulantes al concurso para cubrir dos vacantes en las Cámaras Criminales I y II de Neuquén, impugnaron las calificaciones recibidas en la etapa de antecedentes, al igual que Marcelo Jofré, quien compite por el cargo en la fiscalía de Cámara de Zapala. La presentación de Romina Sosa Rojido, aspirante a jueza de instrucción de Junín de los Andes, fue rechazada por no ajustarse a los requisitos que exige el artículo 39 del Reglamento de Concursos.

Los planteos se conocieron en la sesión ordinaria de hoy del Consejo de la Magistratura. También se supo que Mara Suste renunció a participar del concurso para camarista en Neuquén, y Andrés Carrea se apartó del de juez de Junín.

El viernes 1 de junio a las 10, el Consejo convocó a una reunión extraordinaria para resolver las impugnaciones.

Jofré, además de objetar los puntajes otorgados, señaló errores en la transcripción de los votos de los consejeros Hugo Acuña (bloque Movimiento Popular Neuquino) y Pedro Quarta (abogados de la provincia). En el caso de Acuña, la calificación correcta es 8,27, mientras que en la nómina figura 8,26. Respecto de Quarta, el incremento es superior: de 3,77 pasa a 5,37.

Una situación similar ocurrió con el consejero Roberto Rodríguez Bello (abogados de la provincia) quien constató, según se comunicó en el plenario de hoy, diferencias entre las calificaciones asignadas por él a dos postulantes al concurso en Junín, y las que aparecen en la planilla. Esto derivó en la modificación de los promedios de Ignacio Oyuela Noble, de 5,26 aumentó a 5,43, y el de Jorge Criado, de 12,71 disminuyó a 12,57.

A partir del lunes 4 de junio comenzará la evaluación técnica de las y los candidatos, que se extenderá hasta el viernes 8.

(Por L.L.B.)

Juzgan a Elcira, la víctima de violencia de género que mató a su pareja

Algunos lectores del blog recordarán la historia de Elcira, de la cual nos ocupamos aquí y aquí cuando la Cámara de Apelaciones cambió la calificación y la dejó en libertad. El lunes comenzó el juicio oral, esta es la crónica que escribí sobre la primera jornada.

Hasta los mínimos detalles cotidianos le recordaban a Elcira del Pilar Ojeda Ramírez (45) que vivía en un infierno. De noche, cuando estaba sola con su hijo en la casilla de la toma Amanecer que compartía con José González, miraba televisión con el volumen al mínimo. Lo hacía por temor a no escuchar el regreso de su pareja, a quien debía ayudar a entrar la bicicleta. Si él la sorprendía distraída en otros menesteres, la golpeaba. Después de sufrir innumerables palizas, dos intentos de ahorcamiento, y de denunciarlo una y otra vez sin recibir ayuda, Pilar aprovechó que González dormía una borrachera, prendió fuego los expedientes judiciales y se fue dejándolo encerrado. Él murió, ella se entregó en la comisaría.

El lunes 28 de mayo comenzaron a juzgarla. Inicialmente estuvo acusada de homicidio calificado por alevosía, que tiene pena de prisión perpetua, pero la Cámara de Apelaciones cambió la imputación a homicidio cometido en estado de emoción violenta y recuperó la libertad. Consiguió trabajo en un programa social y está terminando la primaria.

El primer tramo del juicio estuvo destinado a escuchar a peritos médicos, psiquiatras y psicólogos. En las siguientes audiencias declararán los vecinos y después serán los alegatos.

El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2010 a las 8:45. Fue, según los especialistas, una manera de defenderse, inadecuada según la calificó una psicóloga, pero la única que encontró.

Los días previos al desenlace, Pilar sufrió los habituales golpes y amenazas de su pareja. En las horas inmediatas anteriores algo cambió, algo que la hizo pensar que no pasaría viva la noche.

“Yo te amo loco, ¿por qué no lo entendés?”, le dijo mientras él le pegaba. “Te voy a cortar en pedacitos. Total, el nene se puede quedar con mi hermana”, recibió como respuesta.

Para los especialistas ese momento produjo un quiebre. González le estaba graficando que la vida podía continuar sin ella.

Cuando el hombre se durmió, Pilar le dijo al niño de 5 años que se vaya a la casa de un pariente, juntó los expedientes judiciales con todas las denuncias que había hecho y los prendió fuego. Después se fue caminando hacia la comisaría Tercera, donde se entregó. A lo lejos alcanzó a escuchar la sirena de los bomberos.

La estrategia de la abogada defensora Ivana Dal Bianco es demostrar que a Pilar se le nubló la conciencia por el terror. Por eso puso énfasis en que era víctima de violencia crónica, y que probablemente habría terminado muerta.

El juicio se realiza en la Cámara Segunda, que integran Florencia Martini, Héctor Dedominichi y Andrés Repetto (subrogante). El fiscal es Pablo Vignaroli.

“Como un caso de trata”

La situación de las mujeres víctimas de violencia en el hogar puede equipararse con la de aquellas que están en situación de trata, dijo la jefa del Servicio de Violencia Familiar, Marina Pacheco. “Algunos preguntan ¿por qué no huyen, si la puerta no está con llave? Es porque la puerta cerrada con llave es subjetiva”.

Al declarar en la audiencia judicial de ayer, Pacheco explicó que “la puerta cerrada con llave tiene que ver con la situación personal, la baja autoestima, la forma que tienen de vincularse con la violencia”.

Añadió que “la realidad social les muestra el rol que tienen que ocupar. Tienen que tolerar, tienen que darle otra oportunidad a su pareja. La sociedad les dice ‘él va a cambiar’, o ‘qué vas a hacer sola, quién te va a mantener’. Se trasmite la idea de que en esta sociedad no tiene valor una mujer sola”.

A su vez, agregó la especialista, “ellos son manipuladores, después de golpearlas les piden perdón, y les plantean ‘sos la única que puede estar conmigo’, y ellas lo creen, porque fueron formadas para ese rol”.