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Código de Faltas: Todos los días acusan a 15 personas y condenan a 5 en Neuquén (actualizado)
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró inconstitucionales una serie de artículos del Código de Faltas porque violentaban, entre otros principios, el derecho de defensa. A partir de ahora los acusados tendrán más garantías, y los jueces de Paz deberán fundamentar por qué dictan la condena.
De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, el año pasado se iniciaron 5.616 causas en toda la provincia por presuntas violaciones al Código de Faltas (click aquí para ver la estadística en xlsx). El 46,1% terminó en condena (click aquí para ver la estadística en pdf).
Es decir que 1.911 personas fueron encontradas culpables y algunas terminaron presas al menos por un día. La desproporción es evidente: en 2010 hubo 722 sentencias penales en toda la provincia, 557 condenatorias (ver aquí). Hay 340 presos condenados en cárceles de la provincia (otros 180 no tienen sentencia firme). La naturaleza de los hechos es distinta, pero también el modo de juzgarlos: un caso penal se basa en pruebas, el acusado tiene defensor y la sentencia está fundada. En el plano contravencional nada de eso es obligatorio.
Para el defensor oficial Fernando Diez, el Código de Faltas “es un elemento de control social y es discriminatorio, porque apunta a una clase social determinada”.
Diez presentó, junto con el ex defensor y ahora juez Andrés Repetto, la acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código de Faltas. La elaboración estuvo a cargo de alumnos de derecho. La semana pasada, el Tribunal Superior hizo lugar al planteo.
Además de darles más garantías a los imputados, el Tribunal decretó inconstitucionales los artículos que permitían detener a quienes se encontraban en estado “escandaloso” en la vía pública, por ebriedad o consumo de estupefacientes.
Algunos interpretaron que ahora la policía tiene las manos atadas para actuar. ¿Qué opinión le merece? –le pregunté a Diez.
“Si la policía tiene las manos atadas para violar la Constitución, está bien, siempre debería ser así”, respondió.
Según el defensor oficial, “la mayoría de los procedimientos son contra chicos de los barrios que toman cerveza en la esquina porque no tienen plata para viajar al centro. Siempre en esos operativos hay algún problema, y lo que era una cuestión contravencional se convierte en penal, porque se abre una causa por resistencia a la autoridad”, explicó.
Algo similar destacó el juez de Necochea Mario Juliano en esta columna de opinión: “Las detenciones por averiguación de identidad o antecedentes, o por cualquiera de los motivos que ahora el TSJ neuquino ha declarado inconstitucionales suele prolongarse por algunos días u horas, ocasión en la que los individuos privados de la libertad permanecen en un limbo jurídico, sin controles de ninguna índole, expuestos a ser víctimas de atropellos que, en ocasiones, han llegado a episodios de gravísimas características. Recordemos que una de las principales causas que tiene pendiente el Estado argentino, la muerte de Walter Bulacio, se originó en la posible comisión de una falta”.
Las estadísticas no discriminan por tipo de faltas, aunque los especialistas coinciden en que la mayoría son por ebriedad.
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A propósito: de los fiscales que firmaron adhesiones, ¿alguno representa el abrazo del oso mencionado por aquí?
Donde manda Colegio de Abogados no manda Instituto de Derecho Penal
Tanto lío con el juzgado Correccional de Zapala y sólo hay trabajo dos días a la semana
Leído en el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia.
SR. JUEZ SUBROGANTE DEL JUZGADO CORRECCIONAL DE ZAPALA SOBRE INFORMA.- VISTO Y CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Nº 4632 Punto XII, se dispuso la subrogancia del Dr. Leandro Nieves, en el Juzgado Correccional de Zapala, indicando que debía concurrir 3 días de la semana. Que conforme surge del informe formulado por el nombrado, indica que a partir del mes de abril estará presente en el Juzgado Correccional de Zapala, los días lunes y martes de cada semana y el resto en el Juzgado Correccional de Chos Malal, ya que el organismo mencionado en primer término se encuentra al día, y no es necesaria su presencia por más tiempo.- Que teniendo en cuenta la información brindada, corresponde tener presente lo manifestado. Por ello, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1º) Tomar conocimiento de lo informado y autorizar al Magistrado, a concurrir durante 2 días semanales a la localidad de Zapala, a fin de cumplir con su subrogancia. 2º) Notifíquese, cúmplase.
Algunos antecedentes, aquí.
Llegó el debate por la candidatura de Gerez a la fiscalía del Tribunal Superior. Entre abogados, pero algo es algo
Venía muy tranquila la propuesta del gobernador Jorge Sapag para que José Gerez sea designado como fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, hasta que brotó la interna del Colegio de Abogados sazonada por la de la Asociación de Magistrados y Funcionarios.
El viernes 27 de abril vencen los diez días de plazo del decreto llamado de autolimitación ENLACE para que se presenten adhesiones o rechazos a la candidatura de Gerez. De las primeras hay más de veinte, de los segundos ni uno solo.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios, muy crítica de las últimas designaciones, fue la primera en salir de la cancha. Convocó a una asamblea en la que las posiciones estuvieron tan divididas que no llegó a un acuerdo sobre si está a favor o en contra, como expresó en este comunicado.
La asociación Convocatoria Neuquina, por su parte, cuestionó el proceso de designación porque “no es público, no es transparente, no es participativo y desalienta la participación ciudadana”. Le pidió al Poder Ejecutivo que publique la declaración jurada del candidato, y a la Legislatura que convoque a una audiencia pública donde se le puedan realizar preguntas. Aquí está el documento completo.
Es decir que no se pronunciará como hizo en el pasado, y tampoco hay señales de que lo hagan partidos políticos o sindicatos. Menos aún participan u opinan ciudadanos de a pie que posiblemente ni estén enterados, debido a la escasa difusión del tema, de la trascendencia que tiene el cargo que está a punto de cubrirse.
Algunos de los afiliados a la Asociación de Magistrados que se oponen a la candidatura de Gerez se acercaron al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Neuquén y hablaron con abogados que no están en el Poder Judicial. De allí salió un documento que objeta la postulación con cuidadoso lenguaje.
Sin que implique menoscabo para la incipiente trayectoria profesional (de Gerez) consideramos que no reúne aún las condiciones necesarias para el ejercicio de tal responsabilidad profesional”.
Las palabras no están en negrita en el original pero saltan a la vista apenas se repasa el texto (aquí está completo).
La decisión del grupo que elaboró de este documento, que el martes empezó a circular por correo electrónico, tiene su cuota de audacia: al Colegio de Abogados no le gusta que desafíen su postura institucional. Y la postura del Colegio fue de apoyo a Gerez: a través de su vicepresidente Alberto Aparicio, destacó la “vasta experiencia y trayectoria” del candidato. Ya se habla de que habrá una represalia interna.
Siguiendo con la Asociación de Magistrados, otro grupo de afiliados empezó a redactar adhesiones al candidato. Ya presentaron varias, pero hasta ahora no figura ningún fiscal.
¿Es porque no lo quieren, o porque quedarían en una posición incómoda elogiando a su futuro jefe? ¿O, tercera posibilidad, porque la adhesión de algunos es un abrazo del oso y se les pidió discretamente que hagan silencio? Hay de todo.
Como hay de todo entre quienes critican al candidato. Algunos están en contra del sistema de designación más allá de quien sea el postulado (quedó claro de qué se trata el asunto cuando JAS blanqueó lo de la ecuación).
Otros porque hace diez años vienen remando por la reforma procesal penal y resulta que en la fiscalía instalarán a quien escribió, a pedido del mismísimo JAS, un dictamen crítico que casi arruina la fiesta cuando ya estaba el mantel tendido para la fiesta de la aprobación del proyecto consensuado.
Y habrá algunos que rumian bronca porque se estaban probando el traje y ven esfumarse la posibilidad de ocupar el codiciado sillón en el cual, para colmo, se sentará alguien a quien le faltan décadas para la jubilación. Es como cuando en el Vaticano se entrona un papa joven: a los viejos cardenales les queda el retiro o la conspiración.
El territorio contravencional, un espacio de no derecho. Por Mario Juliano
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ha pronunciado una relevante resolución en materia contravencional que merece ser destacada ya que contribuye a la consolidación del estado de derecho en un espacio en que el poder punitivo se desenvuelve con absoluta discrecionalidad.
El 16 de abril, haciendo lugar al planteo del defensor oficial Fernando Diez, y de quien también ostentara dicho cargo, Andrés Repetto, el máximo tribunal de justicia de la provincia de Neuquén decretó la inconstitucionalidad de diversas normas del Código de Faltas (Decreto Ley 813), cuyo origen se remonta a 1962.
En una somera reseña (el fallo es extenso y ampliamente motivado), la Corte neuquina sostuvo que:
- La Policía no puede recibir declaración al imputado por la comisión de una falta.
- Los parientes más cercanos al contraventor están habilitados a prestar declaración testimonial en el proceso.
- Las sentencias contravencionales deben estar debidamente motivadas, de acuerdo a la exigencia constitucional.
- La represión del estado del embriaguez o de las personas que se encuentren bajo los efectos de sustancias estupefacientes es inconstitucional.
- La represión de la vagancia y la mendicidad es inconstitucional.
- El derecho contravencional es derecho penal y, por ende, su aplicación debe estar revestido de las mismas garantías procesales que el derecho penal (juez imparcial e independiente, garantizar la defensa en juicio, respetar el principio de inocencia, prohibición de autoincriminación coactiva, etcétera).
Los derechos que consagra el tribunal neuquino son elementales y es difícil pensar en un proceso judicial donde los mismos no se respeten. Sin embargo, el territorio contravencional (los pequeños delitos, como decía don Luis Jiménez de Azúa) es un espacio que se encuentra librado a la discrecionalidad policial en la República Argentina, quien ha tomado en sus manos este segmento del poder punitivo para emplearlo como una herramienta de control social de los sectores vulnerables (prostitutas, travestis, homosexuales, ebrios, levantadores de quiniela clandestina, vagos, merodeadores) que llevan consigo el estigma de la “portación de rostro” (jóvenes, morochos, pobres). De esta afirmación dan cuenta los datos estadísticos de numerosas provincias que muestran un indiscriminado “arreo” de indeseables a los calabozos de las comisarías, que se realizan sin ningún tipo de control judicial, en base al olfato policial. Por poner un ejemplo, en 2010 en Córdoba se detuvo a un total de 65.000 personas por causas contravencionales, lo que representa un total de 5.416 personas por mes, o 178 personas por día. El Chaco nos hace saber que en 2011, mientras se detuvieron 3,87 personas por día por la posible comisión de delitos, la Policía hizo lo propio con 23,81 personas por contravenciones. Los datos precedentes nos dan una visión de la magnitud de este fenómeno que, normalmente, suele ser minimizado por los especialistas.
Las detenciones por averiguación de identidad o antecedentes, o por cualquiera de los motivos que ahora el TSJ neuquino ha declarado inconstitucionales suele prolongarse por algunos días u horas, ocasión en la que los individuos privados de la libertad permanecen en un limbo jurídico, sin controles de ninguna índole, expuestos a ser víctimas de atropellos que, en ocasiones, han llegado a episodios de gravísimas características. Recordemos que una de las principales causas que tiene pendiente el Estado argentino (la muerte de Walter Bulacio), se originó en la posible comisión de una falta.
La situación neuquina que ahora revierte la decisión judicial se repite y reitera en la mayoría de las provincias, sumando el agravante que en muchas de ellas (Córdoba, Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy) el juez de faltas es el mismo Jefe de Policía, concentrando la facultad de ejecutar la ley contravencional y controlar sus propios actos, en una confusión de roles constitucionalmente inadmisible. No solo eso. En Tierra del Fuego la materia contravencional se encuentra regulada por los tristemente célebres edictos policiales (que en este caso datan de 1959), donde la fuerza policial concentra la suma de poder público.
En resumidas cuentas, nos encontramos en condiciones de afirmar que, dejando a salvo las excepciones que sólo sirven para confirmar la regla, el territorio contravencional es un verdadero espacio de no derecho que debe ser prontamente remediado por los poderes estatales que tienen la posibilidad de hacerlo. Máxime si tomamos en consideración que las principales víctimas de estas arbitrariedades son aquellos ciudadanos que menos posibilidades tienen de ser oídos y hacer valer sus derechos.
Es en este contexto que no podemos menos que celebrar la decisión del tribunal neuquino, haciendo votos para que lo propio suceda con el resto de los tribunales provinciales.
Mario Alberto Juliano (juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y presidente de la Asociación “Pensamiento Penal”).
Inscriptos e inscriptas en los concursos para las Cámaras de Neuquén, fiscalía de Zapala y juzgado de Junín de los Andes
Primero los nombres, después unas mínimas y primeras observaciones sobre unos concursos que darán mucho que hablar:
En el concurso para elegir dos jueces o juezas de Cámara Penal para Neuquén capital:
Martín Lozada (juez de instrucción de Bariloche)
Alfredo Elosu Larumbe (juez de Instrucción en Neuquén)
Cristian Piana (juez de Instrucción en Neuquén)
Marcelo Muñoz (juez de Instrucción en Neuquén)
Carina Álvarez (jueza Correccional de Cutral Co)
Alejandro Cabral (juez Correccional en Neuquén)
Gloria Lucero (fiscal de Neuquén)
Andrés Carrea (fiscal adjunto de Neuquén)
Fernando Zvilling (defensor de Neuquén)
Mara Suste (secretaria de la Cámara Criminal Segunda de Neuquén)
Silvina Domínguez (secretaria del juzgado federal de Neuquén).
En el concurso para la fiscalía de Cámara de Zapala se anotaron:
Sandra González Taboada (fiscal de Graves Atentados contra las Personas en Neuquén capital)
Marcelo Jofré (fiscal de primera instancia de Zapala)
Andrés Carrea (fiscal adjunto)
Para juez o jueza de Instrucción de Junín de los Andes se inscribieron:
Manuel González (fiscal de Junín de los Andes)
Ignacio Oyuela Noble (fiscal adjunto de Junín de los Andes)
Jorge Criado (fiscal adjunto de Junín de los Andes)
Andrés Carrea (fiscal adjunto de Neuquén)
Adrián De Lillo (fiscal adjunto de Villa La Angostura)
María Eugenia Titanti (secretaria de Cámara de San Martín de los Andes)
Blanca Alderete (secretaria del juzgado 2 de Neuquén)
Inés Gerez (defensora civil adjunta de San Martín de los Andes)
Gabriel Awoud
Como anticipé, los concursos serán muy competitivos en especial el de las Cámaras Criminales de Neuquén.
*Participarán casi todos los jueces de Instrucción de Neuquén;
*más el Correccional Alejandro Cabral (que quedó segundo por muy poco la última vez que compitió);
*más Silvina Domínguez, ganadora del concurso para el juzgado federal de Neuquén aunque luego no fue elegida por el Poder Ejecutivo (a propósito: el tercero en ese concurso fue Marcelo Muñoz)
*más Martín Lozada, un “invitado” de lujo que viene con innegables antecedentes.
La otra observación es que, una vez más, Zapala da la nota: apenas tres concursantes.
Algo pasa en esa circunscripción. En todas las demás hay muchos más interesados e interesadas, estos concursos simultáneos en diferentes puntos geográficos lo deja más aún en evidencia. Hay ahí un mensaje para el Consejo, para el Poder Judicial y para el Colegio de Abogados de la ciudad, que no se priva de expresarse cuando le disgusta o le gusta tal o cual magistrada o candidata a serlo.
Una de las anotadas es Sandra González Taboada, la mejor investigadora de homicidios que tiene la provincia y que está ahora Neuquén capital. Será una gran pérdida si gana el concurso para lo cual tiene, a priori, cierta ventaja sobre el resto.
En Junín, por último, es muy probable que el concurso quede teñido por la marcha de la investigación del asesinato del policía Aigo.
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia 2010-2011. Para descargar
Palabra de Sapag
En las últimas horas el gobernador Jorge Sapag habló mucho en público, en especial para referirse a la reestatización de YPF. ¿Cuáles fueron las palabras que más utilizó? Para saberlo utilicé el simpático Wordle que crea una nube y clasifica, con un tamaño proporcional, los términos más frecuentes.
Para este caso, tomé declaraciones y discursos de JAS pronunciados el jueves 19 y el viernes 20 de abril (click para verlo más grande).
Al final hubo aumento diferenciado y suma fija
Dice “Río Negro”: El sindicato de los empleados judiciales de Neuquén, Sejun, aceptó la propuesta salarial diferenciada del Tribunal Superior de Justicia.
Según confirmó el titular del gremio, José Luis Torres, todos los miembros de la Justicia neuquina percibirán una suma fija de 2.000 pesos, por única vez, a cobrar los primeros días del mes de mayo.
Para los empleados el incremento será de 19 a un 21%.
Magistrados y funcionarios tendrán una suba que oscilará entre el 17 y el 19%.
Declaran inconstitucionales artículos del Código de Faltas de Neuquén: más derechos a las personas, menos atribuciones a la policía. Fallo completo
(Versión ampliada de la nota que se publica en el diario, con enlaces de interés y el fallo completo)
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró inconstitucionales una serie de artículos del Código de Faltas provincial, lo que se traducirá en mayor respeto por los derechos y garantías de sectores sociales en general en situación de vulnerabilidad. Además le quita a la Policía una herramienta que utilizaba “como método de control social”.
Por ejemplo, fueron eliminados los artículos que permitían meter presas por hasta 30 días a las personas halladas en la vía pública en estado de ebriedad “escandalosa” o “en estado escandaloso bajo acción y efecto de estupefacientes”.
Artículo 55°. Será reprimido con multa equivalente al treinta y cuatro por ciento (34%) del valor jus a tres (3) jus o arresto hasta por diez (10) días, el que por su culpa se encontrare o transitare en lugares públicos en estado de embriaguez escandalosa.
Artículo 56°. Será reprimido con arresto de hasta treinta (30) días, el que por su culpa se encontrare o transitare en lugares públicos en estado escandaloso, bajo acción o efectos de estupefacientes.
Los jueces del Tribunal Superior remarcaron en el fallo:
según quien lo aprecie, un artista callejero, una manifestación de protesta, un recital de rock en la vía pública, un vendedor ambulante, el tráfico vehicular, un acto proselitista, podrían resultar escandalosos y sin embargo se trata de actividades toleradas, amparadas y/o fomentadas, según el caso, por el ordenamiento jurídico. De esta manera se ejemplifica el campo de arbitrariedad que habilita la norma.
“O sea que, la norma resulta a todas luces inconstitucional, toda vez que la ingesta de alcohol o de estupefacientes en sí misma ya se estableció que no puede estar alcanzada por el tipo contravencional, el estado de alteración psíquica resultante no es punible por virtud del principio de reserva y el término escandaloso resulta completamente vago, impreciso y subjetivo, con lo cual atenta contra el principio de tipicidad.
“Lo dicho no implica que este Tribunal desconozca los efectos perniciosos para la salud individual que producen las adicciones, entre ellas las generadas por el alcohol y los estupefacientes. Pero también resulta evidente que la penalización del adicto no ha resultado y no resultará una forma efectiva de curar lo que no es otra cosa que una enfermedad”.
Por otra parte, el fallo del Tribunal le quita a la policía la facultad de tomarle declaración al imputado de una contravención:
Artículo 24°. Inmediatamente el oficial de mayor jerarquía presente en el local recibirá el informe del empleado que hubiere intervenido en el hecho y escuchará al imputado, previo hacerle conocer que puede abstenerse de declarar sin que ello lo perjudique, luego de lo cual dispondrá su libertad, salvo en los casos siguientes:
a) Si no tuviere domicilio conocido dentro de la provincia;
b) Si careciere de documentos de identidad o estos presentaren signos de adulteración y fuere necesario proceder a su identificación.
En caso de que el inculpado se domiciliase fuera de la provincia, procederá su libertad sólo mediante caución personal o real que podrá llegar hasta la suma de dieciocho (18) jus, la que en todo caso se hará efectiva, de no presentarse en la primera oportunidad de cuya comparecencia hubiere sido notificado.
Dijo el Tribunal:
La norma del Código de Faltas dice que el oficial de policía “escuchará al imputado, previo hacerle conocer que puede abstenerse de declarar sin que ello lo perjudique”.
El ámbito de una dependencia policial o la recepción de la declaración por parte de un oficial de policía no satisfacen la garantía constitucional, ya que no aseguran la plena libertad y carencia total de coerción en quien depone bajo tales condiciones.
“Desde dicha perspectiva la norma bajo examen, en cuanto estipula, como una diligencia integrante del proceso de faltas, que los oficiales de policía reciban declaración al acusado, no garantiza suficientemente que no se transgreda la prohibición constitucional de que la confesión directa o indirecta del acusado sea lograda bajo coerción ni permiten un libre ejercicio del derecho a ser oído”.
Además, a partir de esta sentencia, los familiares del imputado podrán declarar en su favor, cosa que hasta ahora tenían prohibida.
Artículo 43°. Si el acusado no reconociere su culpabilidad, se fijará audiencia para el juecio, dentro del término de tres (3) días, la que se notificará bajo apercibimiento de detención en caso de no comparecer. Si fuera detenido por no comparecer se fijará nueva fecha de audiencia.
En la audiencia el acusado podrá ofrecer pruebas. En ningún caso podrán declarar como testigos los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de los contraventores.
Los demás parientes hasta el cuarto grado podrán hacerlo, previa advenrtencia de que pueden abstenerse, si así lo desearen.
Dijo el Tribunal:
“la norma constituye una restricción inconstitucional del derecho de defensa, ya que la Carta Magna proscribe que los parientes mencionados declaren en contra del imputado, pero no a su favor».
Respecto de si el imputado goza del derecho de asistencia letrada:
Artículo 44°. El debate será oral y público, salvo que razones de moralidad u orden público aconsejen que se realice a puertas cerradas, de lo que se dejará constancia.
El acusado podrá hacerse asistir por un abogado.
El Tribunal dijo:
no cabe declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 44 del Código de Faltas, el cual debe ser interpretado como una obligación del Estado de proveer al imputado una efectiva defensa técnica, que es de la única forma en que puede leerse esa norma, a la luz de las garantías procesales aplicables
El Código Contravencional permitía, en uno de sus artículos, que el juez de Paz condenara o absolviera sin dar explicaciones.
Artículo 45°. El juez procederá a la recepción de la prueba y luego de escuchar al acusado con la prevención que expresa el artículo 24°, y en su caso al abogado defensor, condenará o absolverá por simple decreto, disponiendo las confiscaciones o restituciones de efectos si procediese.
Si la pena fuera de multa, la resolución contendrá expresamente el emplazamiento a que se refiere el artículo 3°.
Esa práctica no continuará:
la frase “por simple decreto” debe ser abrogada porque puede producir la apariencia de que se ha legislado una inadmisible excepción a la garantía constitucional de la imprescindible motivación de las sentencias (artículo 238 de la CP) y, en general, de los actos de gobierno (artículo 1 de la CP)
Finalmente, fue declarado inconstitucional un artículo que reprimía “con arresto hasta por diez días” a quien “siendo capaz para trabajar, se entregue a la mendicidad o a la vagancia”.
Artículo 66°. Será reprimido con arresto hasta por diez (10) días el que siendo capaz para trabajar, se entregue a la mendicidad o a la vagancia.
Al respecto los jueces dijeron:
se vulnera el principio de lesividad porque el tipo contravencional se funda justamente en dichas teorías peligrosistas que intentan prevenir la comisión de delitos, aplicando sanciones a estados alejados del principio de ejecución, por presumir una probabilidad (o certeza) de que un vagabundo o mendigo cometan ilícitos.
Por otra parte, la norma impugnada resulta también contraria al principio de reserva, ya que intenta imponer un deber de trabajar que no está enunciado en la Constitución, que reconoce sí un derecho al trabajo.
De esa forma se está vulnerando el ámbito constitucionalmente protegido de autodeterminación.
La sentencia fue dictada por el Tribunal en pleno, integrado por Graciela Martínez de Corvalán (autora del voto principal), Guillermo Labate, Oscar Massei, Ana Lía Zapperi (subrogante) y Ricardo Kohon, quien votó parcialmente en disidencia.
Diez años de espera
Diez años tardó el Tribunal Superior de Justicia en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una serie de artículos del Código de Faltas de Neuquén. La acción fue presentada en 2002 por Andrés Repetto y Fernando Diez, defensores oficiales y docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Los autores fueron alumnos de derecho.
Repetto, hoy juez de Cámara, explicó los fundamentos del que podría ser uno de los puntos más conflictivos: la prohibición a la policía para que detenga a ebrios en la vía pública en situación “escandalosa”.
“Es por el principio de lesividad que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, dijo Repetto. “Para punir una conducta debe haber una acción lesiva a terceros, pero no se puede meter presa a una persona porque molesta en el paisaje”.
-Se suele argumentar que un ebrio o alguien que consume estupefacientes puede cometer un delito.
-Cuando lo haga veremos, y se aplicará el Código Penal. Para una persona ebria en la calle está la prevención, es alguien víctima de su propio estilo de vida. Hay que ayudarlo”.
Repetto dijo que la policía “ha hecho uso y abuso del Código Contravencional como herramienta de control social”.
El año pasado la Legislatura ya había derogado o modificado otra serie de artículos del Código que resultaban discriminatorios hacia ciertas preferencias sexuales (ver aquí).
El fallo completo, aquí abajo en word.
La Ciudad Judicial avanza lenta: otra vez postergaron la fecha de terminación
La megaobra de la Ciudad Judicial sufrió otra postergación. La empresa constructora presentó un nuevo plan de trabajos y curva de certificaciones, y fijó como fecha de terminación de los trabajos el 30 de setiembre próximo. El plazo de ejecución previsto en la licitación era de 700 días, pero con este nuevo corrimiento insumirá 1.673 días.
Otro tema son los costos. Se estimó en 90 millones de pesos, pero esa cifra la gastará sólo en los trabajos de este año, de acuerdo con el presupuesto del Poder Judicial. El año pasado fueron 107 millones de pesos.
Las novedades de la obra se conocieron a través del acuerdo del Tribunal Superior de Justicia. Con la presentación del nuevo plan de trabajos de la empresa Riva SA, la administración general del Poder Judicial suspendió “provisionalmente la aplicación de multas y/o retenciones que contractualmente correspondiere aplicar” a la firma “por incumplimiento al plan de trabajos vigente”.
Los vocales indicaron que es posible aprobar el nuevo plan “en tanto que, por un lado, se ‘congelen’ las redeterminaciones de precios de saldos del contrato con los índices a aplicar a la redeterminación del certificado de obra de junio de 2012 y por otro, a que la empresa Riva renuncie al cobro de mayores costos fijos que pudieran producirse durante el plazo de ampliación”. También renuncia “a cualquier otro tipo de reclamo actual o futuro sobre el período que comprende dicho reconocimiento, incluyendo a los intereses en general devengados a la fecha, que pudieran corresponderle por pagos fuera del término pactado”.
Actualización: minidebate en Twitter:
Vuelve del debate por los aumentos salariales diferenciados en el Poder Judicial de Neuquén
En 2010 terminó mal (ver aquí). En 2012 la historia amenaza con repetirse: otra vez se habla de un posible aumento de sueldo diferenciado para empleados, magistrados y funcionarios de la justicia.
Para curarse en salud, la Asociación de Magistrados ya le avisó al Tribunal Superior cuál es su postura (click para verlo más grande):
El Tribunal ya le hizo una oferta de aumento salarial diferenciado al gremio, que pidió además 2.000 pesos no remunerativos por única vez (¿se acuerdan cuando ATEN criticó al Sejun por aceptar sumas en negro?)
El Tribunal no quiso pagar la suma en negro y la negociación está, en este momento, trabada.
Los concursos que se vienen
Entre quienes ya se anotaron y los nombres que circulan de quienes se anotarán, los concursos para elegir dos jueces o juezas de Cámara Criminal para Neuquén capital (ver aquí) y un o una fiscal para la Cámara de Zapala (ver aquí) prometen poner a prueba el nivel del Consejo de la Magistratura.
El plazo de inscripción cierra el viernes.
Y en otras noticias, el Consejo envió a la Legislatura el pliego de María Luisa Squetino, segunda en el polémico concurso 41 para cubrir la vacante en el juzgado Correccional de Zapala.
Texto completo del proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF y del decreto de intervención
La FAM pide enmienda constitucional y reforma del Consejo de la Magistratura de Neuquén
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) se reunió en Buenos Aires y emitió una declaración dedicada casi exclusivamente a defender la cuestión salarial de los jueces.
El “casi” se debe a que la única alusión a un tema ajeno a lo salarial fue esta:
La Federación Argentina de la Magistratura vuelve a exhortar a las autoridades de la provincia de Neuquén para que enmiende la Constitución local y reforma la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de incorporar a magistrados y funcionarios a dicho organismo y elimine la facultad otorgada al mismo para evaluar en forma periódica a los magistrados y funcionarios, por cuanto no se garantiza de esa manera el equilibrio que debe existir entre los distintos actores del quehacer judicial, ni se respeta la garantía de inamovilidad establecida en la Constitución Nacional en defensa de la ciudadanía, que en definitiva hace posible la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, se rechazan los términos en que el Presidente del Consejo de la Magistratura y vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Oscar Massei, se refirió a un supuesto desconocimiento por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, pues tal enmienda constitucional fue solicitada por la Asociación referida. (Se refiere a esto).
El texto completo de la declaración está aquí).
Todo lo que dijeron los diputados sobre el Consejo de la Magistratura de Neuquén. Versión taquigráfica
Diputados versus Consejo de la Magistratura es un clásico que se juega esporádicamente en la Legislatura.
El primer cruce entre las actuales gestiones (el Consejo renovó integración en febrero del año pasado, la Legislatura en diciembre) se dio en la sesión del 29 de marzo último. Ahora está disponible la versión taquigráfica, que pueden descargar al final del post (en su versión completa o sintetizada).
Lo que se dijo en esa sesión motivó la catarsis de los consejeros de la que hablamos aquí y la ronda de visitas a los diputados.
En principio resultan curiosos estos desencuentros. Si alguien tiene mayoría de representantes en el Consejo de la Magistratura es la Legislatura: 4 sobre 7 (el Colegio de Abogados tiene 2 y el Tribunal Superior de Justicia 1).
Ah cierto, el Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder. Por eso los bloques mayoritarios designan a sus representantes y seguramente se desentienden. Nunca más vuelven a hablar con ellos. Debe ser eso.
Por otro lado, es inaceptable que los diputados reclamen más información sobre los concursos del Consejo. Señores, señoras: Vayan a las reuniones o manden a sus asesores. Y además, interesen a la ciudadanía para que participe, al menos como público, en el proceso de selección de quienes dispondrán de la vida y bienes de los habitantes de la provincia.
Volvamos a la sesión del 29 de marzo. El disparador, si se permite el término, del debate fue la carta de renuncia de la candidata a jueza Mónica Pizzipaulo (los antecedentes y la nota de renuncia, aquí). Se trata de la funcionaria judicial que cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y luego acusó a los diputados de hacer una malintencionada interpretación de sus dichos.
Aquí reproduzco parte de lo que dijeron algunos legisladores sobre el Consejo de la Magistratura. Los de la oposición fueron críticos, la voz del oficialismo fue la de José Russo quien dijo que el Consejo evoluciona para mejor, reivindicó la actitud de la Legislatura de haber rechazado pliegos “cuando vio una situación extraña dentro del concurso” (alusión obvia al primer y escandaloso concurso para la Cámara de San Martín de los Andes) y tiró un palo para el lado de la Asociación de Magistrados.
La versión completa de toda la sesión y el recorte del debate, al final en formato pdf.
Jesús Escobar (Libres del Sur): “La entrevista personal que realiza el Consejo de Magistratura ha sido observada por la Asociación de Magistrados que plantea como una irregularidad que en el caso de la entrevista personal se le ponga valoración numérica a los distintos postulantes sin dar a conocer razones, lo cual da lugar a la posibilidad de manejos arbitrarios”.
Raúl Dobrusín (Une-El Frente): “Creo que tenemos que debatir el Consejo de la Magistratura, tenemos que darle más democracia, más conocimiento o, por lo menos, a toda la Legislatura, los diputados, de qué es lo que están haciendo, porque realmente parece ser más una cuestión de amistades que una cuestión de valoración de trabajador para jueces, de valoraciones para cargos del Estado”.
Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN): “Queda en evidencia la vulnerabilidad del sistema y queda en evidencia también que tenemos un Consejo de la Magistratura caro, carísimo, que trabaja bastante poco y ahora que es poco confiable, además. Porque esto se podría detectar en las entrevistas que hacen en el Consejo de la Magistratura”.
Raúl Podestá (Frente Grande-MUN): “Les quiero recordar que el actual Consejo de la Magistratura es fruto del acuerdo espurio de Quiroga y Sobisch, éste fue uno de los tantos acuerdos por los cuales diputados radicales votaron algunas cuestiones que Sobisch dejó en esta Constitución que hoy tenemos”.
“Vamos a proponer -mientras podamos construir los acuerdos para llegar a la enmienda- un proyecto que modifique los mecanismos de selección poniendo reglas claras que le permitan, tanto a quienes quieran acceder a los cargos de magistrados, como a quienes tenemos que analizar sus pliegos, las garantías necesarias de un proceso realmente justo”.
José Russo (MPN): “El acuerdo Sobisch-Quiroga es una fantasía porque este Consejo de la Magistratura fue designado el año pasado por esta Cámara. Algunos de los diputados que están hoy aquí hemos sido los que prestamos acuerdo a las designaciones de la Cámara, del Consejo de la Magistratura. Pero, además, hemos asistido a la conformación de este Consejo de la Magistratura, no solamente con la designación de los representantes del Poder Legislativo, sino también a los representantes de los colegios de abogados y también a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia”.
“Esta Legislatura ha denegado acuerdos cuando no conformaban, ha denegado acuerdos no solamente al primer postulante, sino hasta el último postulante de un concurso cuando no correspondía porque se veía alguna situación extraña dentro del propio concurso”.
“No tenemos ahijados, el bloque del MPN no interviene en esas cuestiones. Y creemos estar muy seriamente conformes con lo que evoluciona el Consejo de la Magistratura, con lo que evoluciona. Cada vez mejor”.
“Hay ahora algunos magistrados y funcionarios que se desgarran las vestiduras de respecto al Consejo de la Magistratura cuando ellos fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura, cuando ellos participaron de los concursos y cuando ellos fueron jurado de los concursos que ahora resulta que no sirven”.
DIPUTADOS VS. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Ex diputado condenado a indemnizar a otro por declaraciones ofensivas. Fallo completo
La justicia civil condenó al exdiputado Horacio Rachid a indemnizar con 15.000 pesos al también exdiputado Jorge Taylor, por “públicas afirmaciones injuriosas” que formuló el 12 de diciembre de 2002, en pleno escándalo de la cámara oculta.
La sentencia fue unánime, dictada por la sala II de la Cámara Civil, integrada por Patricia Clerici y Federico Gigena Basombrío. Todavía no está firme.
Taylor también lo demandó por otras declaraciones que Rachid formuló en su contra el 26 de junio de 2004, pero para entonces ya era diputado y gozaba de la “inmunidad de opinión” con que la Constitución provincial protege a los legisladores.
En cambio los dichos de diciembre de 2002 los formuló en su carácter de dirigente político ya que aún no había sido electo diputado por un partido aliado al MPN.
En esa época se supo que Taylor había filmado con cámara oculta al entonces gobernador Jorge Sobisch y al exdiputado Osvaldo Ferreyra, durante un presunto intento de coima.
El fallo dice que Rachid “actuó con grave negligencia, casi temerariamente, al referirse (a Taylor) como ‘coimero profesional’, ‘ruin’, e ‘infame’ lo cual resulta un exceso y no puede discutirse la entidad objetivamente agraviante” que tienen esas expresiones.
Añade la sentencia que “aún cuando consideráramos que no hay dolo, sí encontramos culpa, desde el momento que el accionado (por el exdiputado aliado al sobischismo) no podía desconocer la ofensa que importa para cualquier persona que se lo tilde con aquellos apelativos”.
El fallo aclara a continuación que la derogación de los delitos de calumnias e injurias del Código Penal “no tiene gravitación en la normativa civil” ya que “está dirigida a proteger las opiniones emitidas sobre asuntos de interés público”, pero “ello no importa que el responsable de tales dichos no pueda ser condenado a reparar el daño causado con sus expresiones, ya que nadie tiene derecho a dañar injustamente a otro”.
Para fijar el monto de la condena en 15.000 pesos, los jueces tuvieron en cuenta “la difusión masiva a nivel provincial” de los dichos de Rachid, y que podría haber expresado su desacuerdo con Taylor “utilizando otros términos” y con “mayor prudencia y decoro”. Pero también sopesaron “el carácter de hombre público” de Taylor, “que supone una mayor exposición consciente y voluntaria a sufrir descalificaciones”.
Currículum vitae de José Gerez, candidato a fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Me lo hizo llegar el mismo José Gerez, al notar que los usuarios del blog querían conocer su currículum para debatir con más fundamento su postulación al cargo del fiscal del Tribunal Superior de Justicia.
Lo pueden descargar en formato word aquí abajo:
Actualización 13-4: Este es el aviso publicado hoy en los diarios. Dos observaciones: es un resumen del currículum, y abre oficialmente el período de apoyos y rechazos (click para verlo más grande).
Texto completo de la renuncia de Esteban Righi
Al momento de formalizar mi renuncia, no puedo ocultar que jamás creí que fuera posible ejercer tan alta función en condiciones de asepsia política. Por el contrario, en todo momento sentí que estaba colaborando con un proceso singular, característico de una etapa histórica plena de posibilidades de cambio y enderezada hacia la consolidación de un proyecto profundamente nacional, popular, democrático y progresista. Formé parte de este proceso con la certidumbre de estar contribuyendo a convertir en realidad los sueños de liberación de varias generaciones; los mismos sueños que a veces fueron ahogados en sangre y otras traicionados. Y aunque cese en esta función, mantengo el mismo convencimiento inicial y el mismo compromiso, confesando que mi más fervoroso deseo es que el pueblo argentino no padezca nuevas frustraciones”.
El texto completo en formato pdf, aquí.
José Gerez es el candidato de Sapag a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
La versión circuló durante la mañana en la Legislatura y me lo confirmó una fuente muy cercana al candidato.
José Ignacio Gerez tiene 36 años, es padre de 4 hijos y trabajó en la municipalidad de Neuquén durante la anterior intendencia de Horacio Quiroga.
También es abogado de la Universidad Nacional del Comahue, representa al Estado neuquino en la corporación Pulmarí, fue contratado por la Fiscalía de Estado de Neuquén, entre otras actividades oficiales, Nunca formó parte del Poder Judicial.
Actualización 18 hs: Sapag ya oficializó la candidatura.
Hablé con Gerez y me contó algunos de sus planes: fiscales en la calle, más abiertos a la ciudadanía, ley orgánica, impulso al código procesal penal, entre otras. Espera recibir más apoyos que cuestionamientos en el período de impugnaciones a su postulación.
Puertas adentro del Poder Judicial ya se escuchan algunos crujidos.
Habrá más ampliaciones.
Condena la Cámara Civil al gremio docente por los daños ocasionados en un corte de ruta. Fallo completo
La sala II de la Cámara Civil de Neuquén condenó al gremio docente ATEN a pagarle 206.558 pesos a la concesionaria del peaje Caminos del Valle, por daños y lucro cesante ocasionados durante un corte de los puentes carreteros entre el 18 y el 29 de setiembre de 2003.
El fallo, que pueden descargar completo al final del post, no está firme, y fue considerado “un peligroso precedente” por el actual titular de ATEN, Hugo Papalardo.
La Cámara lo dictó el 4 de agosto del año pasado pero nadie lo había hecho público hasta ahora.
La sentencia fue dividida. Los jueces estuvieron de acuerdo en que ATEN debe hacerse cargo del lucro cesante de la empresa, pero discreparon respecto de los daños ocasionados en las cabinas del peaje ya que los autores no fueron individualizados.
Al respecto el juez Federico Gigena Basombrío señaló que “el hecho de que no se haya podido identificar a los autores del daño material no puede eximir de responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que su responsabilidad resulta de carácter objetivo y por haber organizado y propiciado el corte de ruta”.
Añadió: “que se produjeran daños era una consecuencia perfectamente previsible, y por tratarse de una consecuencia inmediata, le es imputable (al gremio) al no haber tomado siquiera los recaudos mínimos para evitar mayores daños a terceros”.
En coincidencia votó el camarista Marcelo Medori, quien señaló que “el sindicato asumió la efectivización concreta de la medida, comprensiva del control y la seguridad de las cosas y personas allí existentes, y de ello el riesgo que se incurriera en excesos respecto de la propia modalidad de interrupción del tránsito vehicular, produciendo los daños que luego se comprobaron”.
En minoría quedó la camarista Patricia Clerici, quien detalló que no se pudo individualizar a quienes realizaron los actos vandálicos, “y ni siquiera puede afirmarse que fueron afiliados” a ATEN, ya que del corte participaron otras organizaciones gremiales y sociales.
En cambio la jueza sí estuvo de acuerdo con sus colegas en que el sindicato debe hacerse cargo del lucro cesante, ya que “existieron decisiones asamblearias que determinaron la ocupación del puente con el consiguiente impedimento del tránsito vehicular” lo que ocasionó perjuicio económico a la concesionaria del peaje.
La medida de fuerza de ATEN se produjo en demanda de un aumento salarial. En esa época el gobernador era Jorge Sobisch, quien se postulaba para la reelección y estaba de licencia, por lo que lo reemplazaba en forma interina quien era su vice, Jorge Sapag.
El corte comenzó el 18 de setiembre a la tarde. Días después se sumó otro en Centenario.
El 28 de setiembre Sobisch ganó la reelección. Esa misma noche la policía se presentó en el puente Neuquén-Cipolletti y los docentes se retiraron.
Costó muchísimo más que lo presupuestado, no se puede usar, pero hay una buena noticia: no pagaron sobreprecio
En la construcción de la cárcel de Senillosa “no hubo sobreprecios”, según el dictamen de un perito contador del Poder Judicial en base al cual el fiscal Ignacio Di Maggio archivó la investigación. El edificio licitado por Jorge Sobisch jamás fue inaugurado. Costó más de 105 millones de pesos contra los 41 millones presupuestados al momento de la adjudicación en 2004, producto de la redeterminación de los precios.
En una resolución que pueden descargar al final del post, el fiscal constató que la cárcel tiene “múltiples falencias edilicias y funcionales” que impiden ponerla en funcionamiento “con los estándares de seguridad que resultan dable esperar”. Sin embargo, aclaró que tales falencias “ninguna incidencia poseen” sobre la investigación del pesunto sobreprecio.
El archivo de la causa fue dispuesto por Di Maggio “por considerar que en la ejecución de la obra no hubo conductas delictivas objeto de persecución penal”.
No es definitivo, ya que si aparecieran pruebas en el futuro, el caso podría reabrirse.
La investigación comenzó con una orden del ex fiscal ante el Tribunal Superior, Alberto Tribug, en base a declaraciones periodísticas. El fiscal Di Maggio alude a ellas: “no hubo sobreprecios más allá de las conclusiones personales que algún funcionario supuso al dividir el monto total erogado por el número de internos probables de alojar en el establecimiento, conclusiones éstas que no se comparten”.
El funcionario es el vocal del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Labate, quien el 11 de junio de 2009 dijo a la prensa: “Teniendo en cuenta que alojará a 400 internos, 200.000 pesos de costo inmobiliario por interno me parece desmedido, o excesivo al menos». En esa fecha se había indicado que la construcción del complejo había costado 80 millones.
Di Maggio también señaló que “la inoperatividad (de la cárcel) y el supuesto abandono de la obra pública, sumado al elevado costso de su realización, hicieron sospechar fundadamente de la existencia de sobreprecios en la redeterminación de los valores acordados contractualmente”.
Diez concursos, 14,5 millones de pesos gastados. Balance 2011 del Consejo de la Magistratura de Neuquén
El Consejo de la Magistratura realizó 10 concursos durante 2011, lo que lo convierte en el año más productivo desde su creación. Por otra parte fue el año que más dinero gastó: 14,5 millones de pesos es el presupuesto ejecutado.
Las estadísticas sobre la actividad del organismo encargado de seleccionar jueces, fiscales y defensores está publicada como balance oficial en su sitio web y pueden descargarlo completo aquí, mientras que aquí está el correspondiente a 2010. Están repletos de ilustrativos gráficos como los que adornan este post.
Respecto de los gastos del organismo, a principios de 2011 se consignó en un informe oficial que cada consejero les costaba a los contribuyentes neuquinos 60.000 pesos por mes (la mitad se la llevaban los tres asesores que puede designar) y el costo operativo mensual del organismo rondaba los 100.000 pesos.
Cada uno de los seis consejeros cobra sueldo de juez de Cámara (el séptimo integrante es un vocal del Tribunal Superior de Justicia que ejerce ad honórem la presidencia).
En cuanto al alquiler de las oficinas, en un lujoso edificio de Carlos H. Rodríguez 364, fue aprobada la renovación del contrato en un monto total de 4.180.797,50 pesos hasta junio de 2017.
Los concursos
En 2011 se realizaron 10 concursos, contra 9 de 2010 y 2007, y 8 de 2008.
Entre los concursos de mayor relevancia figuran aquellos en los que fueron elegidos 5 jueces de cámara y dos de primera instancia. Entre los más controvertidos sobresale el proceso de selección para el juzgado Correccional de Zapala, donde la ganadora obtuvo menos de la mitad de los puntos en juego y además formuló expresiones críticas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad. Renunció a su postulación el día anterior a que su pliego fuera tratado por la Legislatura.
También es motivo de polémica el concurso para cubrir una vacante en la Cámara de Zapala: una sola participante quedó en carrera por la deserción del resto, y además tiene un pedido de jury en su contra. El consejo resolvió suspender el trámite hasta que se resuelva.
El total de inscriptos fue de 89, y los concursos que más atención concitaron fueron los convocados para cubrir dos vacantes en la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes y dos en la defensoría penal de Neuquén capital.
El récord de inscriptos lo sigue teniendo el concurso convocado en 2009 para cubrir la vacante en la fiscalía de Delitos Violentos contra la Propiedad (luego disuelta) con 23 anotados.
De los concursantes del año pasado, 54 fueron mujeres y 35 hombres.
Un dato interesante es que el 71% (63 personas) ya trabajaban en el Poder Judicial; dieciocho provenían de otras provincias y sólo 8 (el 9%) ejercían la profesión libremente en Neuquén.
La inmensa mayoría de los participantes (64, es decir el 72%) recibieron el título de abogado en una universidad pública.
Los puntajes que otorgan los consejeros en las diferentes etapas del proceso se pueden impugnar. La mayor cantidad de cuestionamientos de este tipo se produjo en la primera fase (evaluación de antecedentes) y hubo una sola impugnación al puntaje otorgado en la entrevista personal, última fase de la evaluación.
Esa única impugnación fue en el concurso para el juzgado correccional de Zapala y dio lugar a un debate sobre si los consejero deben o no fundamentar las calificaciones a los concursantes en esa etapa.
Consejo de la Magistratura de Neuquén: Catarsis y respuesta a las críticas de los diputados
La controversia que suscitó en la Legislatura el pliego de Mónica Pizzipaulo, su imprevisto retiro, y el vendaval de cuestionamientos de los diputados hacia el Consejo de la Magistratura, tuvieron rebote. En la sesión inmediata posterior (3 de abril), los consejeros respondieron a las críticas e hicieron una suerte de catarsis.
Todo comenzó con el planteo formulado por Juan Ousset, representante en el pleno del bloque del Movimiento Popular Neuquino, de iniciar una ronda de consultas para debatir acerca del “Perfil del Juez” con “referentes en la temática”. En principio la convocatoria alcanzaría a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y al Colegio de Abogados y Procuradores.
La Asociación manifestó desde el primer día en que asumió la actual gestión, y antes también, sus discrepancias en relación al sistema de selección, y más aún de evaluación, del Consejo. De hecho el cuerpo está analizando la reclamación administrativa respecto de la suspensión del concurso para juez de Cámara en Todos los Fueros de Zapala, impulsada por la organización. Se corrió vista de la presentación al asesor jurídico del órgano, quien ya emitió dictamen, y se espera que en los próximos días haya una resolución.
El presidente del Consejo, Oscar Massei (Tribunal Superior de Justicia), anticipó que no participará de los encuentros. “Yo el poder no lo comparto”, señaló.
Dijo que las corporaciones apuntan a la defensa de sus propios intereses. “Nos ha ocurrido en Zapala”, mencionó. Aclaró que no rehúye a la participación, pero “en lo personal no puedo seguir perdiendo el tiempo”. Explicó que hace años que se debate, en múltiples ámbitos, el “Perfil del Juez”. “Es una mentira que nunca se discutió”, recalcó. Asimismo afirmó que la Asociación objeta la trasparencia de los concursos cuando sus integrantes fueron seleccionados por el Consejo.
Ousset insistió en que era necesario “abrir una puerta”. Aludió a que algunos sectores desconocen la normativa vigente y el funcionamiento del Consejo. Dijo que hoy “hay una sola opinión” sobre el órgano. Caracterizó a la labor que llevan adelante como “de perfil bajo”, lo que justificaba salir “hacia afuera”. “Más plural que esto, imposible”, declaró refiriéndose a la composición.
En cuanto a los concursos, enfatizó en que en más del 90% resultan ganadores quienes obtienen los mejores puntajes en la etapa técnica o en antecedentes. Aseguró que no iba a permitir que se pusiera en duda la trasparencia del proceso de selección. Contó que ya se habían juntado con algunos diputados provinciales.
Uno de ellos fue el legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alejandro López. A través de un comunicado de prensa el diputado informó que miembros del Consejo le habían solicitado una entrevista. Estuvo reunido con Roberto Rodríguez Bello y Pedro Quarta (abogados de la provincia), Pablo Szeinkierman (bloque Unión Cívica Radical) y Ousset.
López les expresó sus cuestionamientos: “hoy en día los jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura y luego con el aval de los diputados, cuando en realidad deberían ser elegidos por el voto popular, de manera directa, y ser revocable su mandato y no como ahora que tienen cargos vitalicios y sólo pueden ser destituidos por un juicio político. Por otro lado, deberían cobrar lo mismo que un docente o un trabajador, para no vivir, como sucede hoy, completamente alejados de las necesidades y dificultades que tiene todo trabajador en la provincia.”
La reunión con algunos bloques fue ampliamente publicitada. El encuentro con el jefe de la bancada del MPN, no.
En el plenario, el consejero Hugo Acuña (bloque del Movimiento Popular Neuquino) se mostró a favor de la postura de Ousset. Consideró que ninguna corporación condicionará la decisión que tome el cuerpo y aclaró que los aportes no son vinculantes.
Para Acuña decir “esto es caro” -por el abultado presupuesto del órgano- es “simplista”. Sugirió que en una segunda etapa se consulte a los colegios de profesionales.
Quarta sostuvo que había que diferenciar la discusión sobre “Perfil del Juez” de las apreciaciones acerca del funcionamiento del Consejo, y adhirió a continuar con las reuniones. Rodríguez Bello acompañó la moción. “Crecemos en el intercambio de opinión”, indicó y agregó que el perfil saldrá del pleno. Propuso que se incluyeran en los encuentros a organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema. Dijo que los comentarios de los diputados no son objetivos. “Nosotros no podemos salir a contestarles”, destacó.
Szeinkierman coincidió con Massei en que el poder no se comparte. “El poder se ejerce”, añadió. Calificó de grave la actitud de sectores que intentan “desprestigiar” las instituciones democráticas.
Aseguró que no se puede “bastardear amparándose en una banca de diputados”. “Si no tuvieran los fueros no se animarían a abrir la boca”, completó.
Subrayó que cuando se insinúa que los procedimientos no son transparentes no solo se ataca a los seis miembros, sino también a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Hizo hincapié en que como cuerpo no pueden permitir que “cualquiera diga cualquier barbaridad”. El consejero reiteró que es importante “buscar algún mecanismo” para que la sociedad conozca que “estamos trabajando”.
La única ausente en la sesión fue la consejera Belén de los Santos (bloque Partido Justicialista).
(Por L.L.B.)
(La foto es de LMN)
Cuatro años de prisión para Rodrigo «Hiena» Barrios por homicidio culposo. Fallo completo
La Corte Suprema rechazó otro recurso de la defensa de Poblete en la causa Fuentealba. La perpetua sigue firme
Concursos para cubrir cargos en defensorías
Dos nuevas convocatorias fueron aprobadas hoy por el Consejo de la Magistratura de Neuquén. La primera es para cubrir la vacante de defensor titular de la defensoría de Cámara de la II Circunscripción Judicial (Cutral Co), que ocupara Marta Beatriz Firtuoso, quien renunció para acogerse a la jubilación ordinaria.
El segundo llamado es para el cargo de defensor oficial, titular de la Defensoría Penal Nº2 de la I Circunscripción Judicial (Neuquén capital). La vacancia se generó luego de la designación de Florencia Martini como jueza de la Cámara Criminal II de Neuquén.
Los jurados serán Francisco D’Albora (académico) y Miguel Enrique Manso (defensor de Cámara).
El plazo de consultas es del 9 al 27 de abril y el de inscripción del 23 al 27 de abril. El jurado tomará los exámenes escritos el 26 de junio, mientras que los orales comenzarán el 27 y se extenderán, en principio, hasta el 29 de junio.
Estos concursos se suman a los anunciados la semana pasada para juez de instrucción en Junín de los Andes, fiscal de Cámara en Zapala y camaristas penales en Neuquén.
(Por L.L.B.)
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