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La Universidad Nacional del Comahue, amiga del tribunal en la causa Sergio Ávalos. Resolución completa
La Universidad Nacional del Comahue podrá colaborar con la investigación de la desaparición del estudiante Sergio Ávalos, porque la Cámara provincial de Apelaciones le hizo lugar bajo la figura de «amigos del tribunal».
La resolución de la Cámara (click aquí) critica al juez Marcelo Muñoz, quien había negado a la Universidad la posibilidad de hacer aportes en esta causa. Dice que esa decisión «socava bases de credibilidad de la administración de justicia, alimentando el sentimiento de desconfianza que naturalmente produce lo reservado, lo oculto, cuando no hay razón plausible para que así sea».
Ávalos desapareció en junio de 2003. Estudiaba economía en la UNC, y la última vez que lo vieron había ido a bailar a un boliche.
La figura del «amigo del tribunal» otorga una participación limitada. Quien es aceptado en ese carácter puede «expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio», según lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 28/2004.
La resolución de la Cámara fue por unanimidad. «Surge de la solicitud (de la UNC), conteste con la filosofía del ‘Amicus Curiae’, que lo que se ansía es el reconocimiento formal de intervención para emitir opinión que coadyuve, con los esfuerzos estatales, a echar luz en la pesquisa», escribió el juez Héctor Rimaro.
«Se ha depositado la investigación en cabeza de la fiscalía, por lo que resultaría auspiciosa la opinión de la Universidad Nacional del Comahue», dijo su par, Daniel Varessio.
«Acá se trata de saber que pasó con un estudiante que concurrió a un lugar a divertirse y no fue visto nunca más, sin que las autoridades competentes puedan dar respuesta hasta el día de hoy sobre su paradero. Habiendo transcurrido tantos años sin tal respuesta, carece de lógica repeler de la investigación a una institución que se presenta como ‘Amicus’ y bien puede aportar información que pueda variar el estado de camino trunco actual. En el caso Ávalos se está careciendo de datos y bien puede contribuir a ello la UNC», fue el voto de Richard Trincheri.
Ganar con cero
Nótese que en el concurso para la defensoría penal de Neuquén capital, el primero en el orden de mérito provisorio después de dos etapas de evaluación le lleva una ventaja imposible de descontar a quien se ubica en segundo lugar, cuando resta una sola fase: la entrevista personal.
Lo cual quiere decir que si en la entrevista, el que va primero obtiene un improbable 0 de promedio, y quien está segunda obtiene el máximo posible, 20 puntos, aun así, el ganador del concurso es quien está primero al cabo de dos etapas.
¿Pero puede/debe ser declarado ganador quien a criterio de los consejeros no reúne los requisitos para el cargo?
¿Estamos ante otro hueco del sistema de evaluación?
Le pido disculpas a los y las participantes de este concurso por utilizarlo como ejemplo. No quiero/deseo/pienso/espero/anhelo/promuevo que suceda nada de lo aquí expuesto como mera especulación teórica.
Entrevistas personales de tres concursos quedaron para después de la feria
El próximo martes 3 de julio será la última reunión plenaria del Consejo de la Magistratura antes del inicio de la feria judicial. Es muy probable que en la sesión se defina la fecha y el lugar en el que entrevistaran a postulantes al concurso que busca cubrir vacantes de juez en las Cámara Criminales I y II de Neuquén, a fiscal de Cámara de Zapala y a juez de instrucción de Junín de los Andes.
También resta conocer la respuesta del jurado –integrado por Guillermo Llaudet Maza (académico) y Mario Rodríguez Gómez (magistrado)- a las impugnaciones formuladas a la etapa de evaluación técnica. Quienes cuestionaron las calificaciones recibidas fueron: Alejandro Cabral, Carina Álvarez, Cristian Piana, Marcelo Jofré y Jorge Criado. En los tres primeros casos se trata de aspirantes a juez de Cámara, mientras que los dos restantes concursan para los cargos de fiscal de Cámara y juez de instrucción, respectivamente.
(L.L.B.)
Mauti y García lideran los concursos para cargos en las defensorías
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Orden de mérito técnico
Concurso 49: un cargo de defensor de Cámara, titular de la Defensoría de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial (Cutral Co) |
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Postulante |
Evaluación técnica Puntaje máximo: 40 |
Total |
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Examen escrito |
Examen oral |
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Marisa Mauti |
8 |
14 |
22 |
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Gustavo Mastracci |
10 |
12 |
22 |
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Natalia Stornini |
8 |
12 |
20 |
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Patricia Lupica Cristo |
10 |
10 |
20 |
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Orden de mérito provisorio
Concurso 49: un cargo de defensor de Cámara, titular de la Defensoría de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial (Cutral Co) |
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Postulante |
Etapas |
Total |
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Antecedentes |
Evaluación técnica |
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Marisa Mauti |
9,07* |
22 |
31,07 |
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Natalia Stornini |
8,94* |
20 |
28,94 |
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Gustavo Mastracci |
4,41 |
22 |
26,41 |
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Patricia Lupica Cristo |
5,73* |
20 |
25,73 |
*Las calificaciones se incrementaron producto de los resultados de las impugnaciones
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Orden de mérito técnico
Concurso 50: un cargo de defensor oficial, titular de la Defensoría Penal Nº2 de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Evaluación técnica Puntaje máximo: 40 |
Total |
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Examen escrito |
Examen oral |
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Gerardo García |
19 |
19 |
38 |
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Verónica Zingoni |
8 |
14 |
22 |
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Gustavo Barroso |
5 |
12 |
17 |
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Orden de mérito provisorio
Concurso 50: un cargo de defensor oficial, titular de la Defensoría Penal Nº2 de la Primera Circunscripción (Neuquén) |
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Postulante |
Etapas |
Total |
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Antecedentes |
Evaluación técnica |
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Gerardo García |
12,24 |
38 |
50,24 |
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Verónica Zingoni |
7,27 |
22 |
29,27 |
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Gustavo Barroso |
7,27 |
17 |
24,27 |
El TSJ envió los acuerdos sobre los sumarios iniciados a un fiscal adjunto y él contestó las críticas
Desde la secretaria de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se remitió al Consejo de la Magistratura copia certificada de cuatro acuerdos del máximo órgano, de los cuales en dos de ellos el cuerpo resolvió iniciar los sumarios administrativos al fiscal adjunto de Junín de los Andes, Jorge Criado, que concursa para el cargo de juez de instrucción en aquella localidad, y en los dos restantes se dispuso el archivo de los mismos.
El 7 de junio de 2005 los vocales Roberto Fernández, Jorge Sommariva, Eduardo Badano, Eduardo Cía, Ricardo Kohon, el fiscal y el defensor del TSJ, Alberto Tribug y Tomás Gavernet respectivamente, suscribieron el acuerdo 3888, por medio del cual se instruyó el primer sumario cuyo objeto era analizar la conducta de Criado en la causa por el asesinato de las hermanas Olga y Teresa Buamscha. En 2005, Pablo González, detenido en el marco de la investigación por el crimen, denunció apremios ilegales e involucró al funcionario, quien finalmente fue sobreseído.
En el acuerdo 4004 del 3 de marzo de 2006 Cia, Kohon, Fernández y Badano dispusieron el cierre de las actuaciones basándose en “que los hechos invocados como objeto de sumario, han tenido resolución, por lo que al sopesarse aquí la misma conducta, la decisión jurisdiccional debe prevalecer sobre la administrativa”.
El segundo sumario tuvo origen en una nota de este blog y se abrió el 10 de agosto de 2009 (acuerdo 4422) para investigar quién había sido la fuente de la información. Luego se lo redireccionó hacia lo que tenía más sentido: el contenido del post, que reflejaba presuntas irregularidades en la actuación de fiscales de la Cuarta Circunscripción. Nunca se llegó a ninguna conclusión, porque prescribió y lo archivaron el 13 de junio de 2011 (acuerdo 4705).
El lunes 25 de junio Criado presentó un escrito ante el Consejo en el que respondió al aporte formulado por Convocatoria Neuquina y Sejun, en el contexto de lo que se denomina “Participación ciudadana”. Afirmó que las organizaciones carecen de legitimación para impugnar a un candidato, ya que no se ajusta a los objetivos que representan. También cuestionó que no hayan acreditado la personería. El funcionario señaló: “todas mis intervenciones han sido y serán ajustadas a la legalidad y con apego a los derechos y garantías constitucionales que nos tutelan, habré de hacer notar que cualquier ilegalidad en mis intervenciones, tienen un remedio procesal oportuno y el derecho de defensa puede ser ejercido con las nulidades disponibles”. Además recordó que fue sobreseído en sede penal.
(Por L.L.B.)
Prisión perpetua para Tomaselli. Fallo completo y versión taquigráfica de la derogación del avenimiento
Leo en Página 12:
Con la condena a prisión perpetua del autor del hecho, se cerró ayer el juicio oral por el femicidio de Carla Figueroa (22). El caso ocurrió en General Pico, La Pampa, donde la chica primero había denunciado a su novio, Marcelo Javier Tomaselli (26), por violación, pero luego lo perdonó para que lo liberaran y se casó con él por aplicación de la figura del “avenimiento”, derogada del Código Penal a partir de este crimen. A pesar de que los jueces aplicaron a Tomaselli el máximo de la pena, a solicitud de la Fiscalía y de la parte querellante, luego de leído el fallo uno de los hermanos de Carla trató de agredir al condenado, antes de que se retirara de la sala de audiencias. “Lo quería matar. Sólo espero que se pudra en la cárcel porque lo odio con toda mi alma”, declaró después del incidente Cristian, hermano de la víctima. Los agentes penitenciarios que custodiaban a Tomaselli debieron intervenir para impedir el ataque.
El Tribunal de General Pico rechazó los argumentos de la defensa, que si bien admitió que Tomaselli había asesinado a su pareja –le aplicó 15 puñaladas en presencia del hijo de ambos–, alegó que lo había hecho en estado de “emoción violenta” y que no recordaba nada de lo sucedido.
Los jueces tuvieron en cuenta el informe del psiquiatra forense Martín Telleriarte. El imputado manifestó que sufrió “una amnesia lacunar”, que se expresa por la pérdida de memoria durante un lapso determinado, aunque se recuerdan con precisión los momentos previos y posteriores al problema. Telleriarte sostuvo, en su análisis luego de examinar a Tomaselli, que “el relato de dicha amnesia no tiene ningún correlato claro y concreto con la posibilidad de algún cuadro clínico que pueda justificar esas características de amnesia”.
Proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal del diputado Baum. Texto completo
El diputado Daniel Baum (Unión Popular) presentó un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que pueden descargar aquí en formato word.
Según su propio resumen, entre los puntos principales figuran:
Independencia y Autonomía funcional, financiera y administrativa del Poder Judicial, y de toda otra autoridad (En este punto se establece básicamente la posibilidad de establecer y administrar su propio presupuesto, y que la superintendencia sea ejercida por el Ministro Fiscal, y la imposibilidad de que otro órgano le impida ejercer su función).
Creación de Jefes fiscales de circunscripción (en lugar de los actuales Fiscales de Cámara).
Separación de funciones de acusar y juzgar, conforme al sistema acusatorio-adversarial que plantea el nuevo Código Procesal Penal.
No se permite que los fiscales ejerzan funciones jurisdiccionales, ni a título de fiscal, ni subrogando jueces.
Publicidad de las actuaciones fiscales (única excepción son los actos que necesitan ser reservados para poder cumplir su fin).
Transparencia del ejercicio de la función fiscal: deber de presentar periódicamente declaraciones juradas para todos los funcionarios, y del Ministro Fiscal en particular de rendir cuentas anualmente sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en la Legislatura.
Cámara de Zapala: la historia del concurso que se extendió casi por un año
Por Laura Loncopan Berti
Gloria Martina ganó hoy el concurso para cubrir la vacante de jueza de Cámara, titular de la Cámara en Todos los Fueros de la III Circunscripción Judicial, con asiento en Zapala. Acumuló, entre las tres etapas, 58,34 puntos. Era la única postulante al cargo, ya que sus competidores renunciaron luego de concluida la etapa de evaluación técnica.
Esta historia comenzó hace casi un año.
El Consejo de la Magistratura aprobó la convocatoria en la sesión del 5 de julio de 2011. El 16 de agosto se designaron los integrantes del jurado. Sin embargo, el 29 de septiembre el pleno resolvió reabrir el plazo de inscripción debido a que la única en carrera era Gabriela Calaccio. El 8 de noviembre se oficializó el listado definitivo: a Calaccio, se le sumaron Tangorra Egler y Gloria Martina.
Al finalizar la segunda instancia en el proceso de selección, y con solo una candidata, el Consejo definió el 13 de diciembre que recién trataría la cuestión de fondo en febrero de 2012. Por entonces ya se conocía que la comisión especial de jurado de enjuiciamiento había solicitado la apertura del jury contra Martina. La denuncia la inició el Colegio de Abogados de Zapala.
Como era de esperar, a principio de este año, el cuerpo resolvió suspender el concurso hasta tanto el trámite del jury estuviera en marcha. En mayo el pedido fue declarado inadmisible por el jurado de enjuiciamiento. Las y los consejeros debieron abordar el tema. Por mayoría se impuso la moción de que prosiguiera aún con una postulante, pues entendieron que no se vulneraba el principio de oposición.
Otra vez deserciones masivas, esta vez en los concursos para las defensorías
Hoy por la mañana las y los postulantes que participan de los concursos para cubrir dos cargos de defensores, uno de Cámara en Cutral Co y otro penal de primera instancia en Neuquén, rindieron los exámenes escritos.
Hasta el martes pasado, cuando se conoció el orden de mérito de antecedentes, había seis inscriptos en el concurso de Cutral Co, pero cuatro se presentaron a rendir: Marisa Mauti, Natalia Stornini, Patricia Lupica Cristo y Gustavo Mastracci. De los nueve que competían para la vacante de Neuquén solo tres asistieron: Gerardo García, Gustavo Barroso y Verónica Zingoni.
Ante la masiva deserción mañana, a partir de las 9:30, será la evaluación oral de las y los candidatos a ambos concursos. El jurado -integrado por Francisco D’Albora (académico) y Miguel Manso (ministerio público)- entregará el jueves los informes correspondientes.
En tanto se supo en la sesión ordinaria de hoy que Stornini, Mauti y Lupica Cristo impugnaron las calificaciones otorgadas en la etapa de antecedentes.
No es la primera vez que aspirantes a un concurso desisten de continuar luego de concluida la fase inicial en el proceso de selección. Recientemente ocurrió en el de juez de instrucción de Junín de los Andes.
(Por L.L.B.)
Gloria Martina será jueza de Cámara en Zapala
Obtuvo 18,14 puntos sobre 20 en la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura.
Había cosechado 10,2 sobre 40 por antecedentes, y 30 sobre 40 en los exámenes.
Era la única participante que había quedado en carrera en este singular concurso.
Habrá ampliación.
Otra impugnación contra un fiscal, y la lista de todos los que fueron informados sobre su actuación
La intervención del fiscal adjunto Jorge Criado en el primer tramo de la investigación del asesinato de las hermanas Olga y Teresa Buamscha “fue lamentable, violando claramente garantías constitucionales, cometiendo delitos (apremios y allanamientos ilegales) con el afán del esclarecimiento” del caso. Así lo afirma uno de los comisarios que participó de la investigación, y que ayer impugnó la candidatura de Criado a juez de Instrucción de Junín de los Andes.
Es la tercera impugnación que recibe el candidato. Antes se pronunciaron en su contra, por motivos similares, la APDH y Convocatoria Neuquina junto con el gremio judicial Sejun.
Por aquella actuación de Criado en 2005 se le abrió un sumario que luego fue archivado. Sin embargo, al informar sobre sus antecedentes a pedido del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia comunicó que nunca había sido sometido a sumario alguno.
Más tarde el Tribunal no sólo se tuvo que rectificar, sino que debió reconocer que tenía dos sumarios en lugar de uno.
La impugnación conocida ayer la firman el ex comisario Osvaldo Almendra, ex jefe de Homicidios de la Policía, en su carácter de presidente de la Mutual Policial, y el vice Héctor Novoa. Aquí en pdf.
En la presentación señala que dos policías fueron condenados mientras que Criado resultó sobreseído “a pesar de que los elementos probatorios también lo alcanzaban”.
Pero acaso lo más interesante es que Almendra hace saber que ante la gravedad de lo ocurrido, informó “personalmente y por escrito” lo ocurrido a importantes figuras del Poder Judicial: el ex juez Rolando Lima; el ex fiscal y actual camarista Federico Sommer; el exdefensor ante el Tribunal Superior, Tomás Gavernet; el exfiscal ante el Tribunal, Alberto Tribug; y el exfiscal de Zapala, Héctor Trova.
A criterio de Almendra y Novoa, los hechos atribuidos a Criado “son de tal gravedad que lo deberían inhabilitar para ser juez de Instrucción de Junín de los Andes, cargo para el cual se ha postulado”.
Pocos avances con las leyes que necesita el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén
El Código Procesal Penal (aquí en pdf) necesita cuatro leyes fundamentales: la ley orgánica del Poder Judicial; la del Ministerio Público Fiscal, la del Ministerio Público de la Defensa y la de la Policía.
De la primera de esas leyes hay un borrador que, en cuanto esté listo, será elevado al Tribunal Superior. De la segunda, la Asociación de Magistrados ya le presentó un texto a Ricardo Kohon. Las otras dos son aún apenas una intención.
Hablé con dos jueces con rango de camaristas sobre el tema. Expresaron su preocupación porque ya pasaron más de seis meses desde la sanción del nuevo Código Procesal y se han producido pocos movimientos que apunten a su puesta en marcha. “Apenas hubo un par de cursos de capacitación de los que participaron unos pocos”, coincidieron.
El Código entrará en vigencia en enero de 2014. “Falta un año y medio que se pasa volando. Hay que intensificar las capacitaciones, y no sabemos cuánto va a tardar la Legislatura en aprobar las leyes que necesitamos”, me dijeron.
Y así me enteré que la Ciudad Judicial estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco. O, para poner un ejemplo más cercano, en la cárcel de Senillosa: una enorme estructura que no se puede utilizar. Es que se está construyendo en base a los planos de 2005 y no contempla las necesidades que tendrá la justicia neuquina a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal en 2011. Por ejemplo, no estaba prevista una sala lo suficientemente amplia para que se realice un juicio por jurados.
En el Poder Judicial lo advirtieron semanas atrás y pidieron la paralización de algunas obras y la readecuación de ciertos sectores. Incluso se creó, por disposición del Tribunal Superior de Justicia, una “comisión edilicia”, que tendrá como misión “evaluar con anticipación las adecuaciones que pudieran ser necesarias en cuanto a distribución de los espacios físicos y demás aspectos inherentes a la utilización del nuevo edificio”.
Así consta en un decreto firmado el 13 de junio por el presidente del Tribunal, Ricardo Kohon (aquí en word).
Uno de los jueces mencionados antes me contó que “la obra responde a la época actual, con seis juzgados de Instrucción, más otros tres proyectados, tres cámaras criminales… nada de eso va a existir cuando entre en vigencia el nuevo Código”.
Agregó que “ni siquiera estaba prevista una sala lo suficientemente amplia como para que puedan estar los jurados”.
El otro magistrado lo atribuyó a que “los planos se hicieron en 2005. Tan reformistas que decían que eran los vocales de esa época y proyectaron un edificio que iba a ser viejo antes de inaugurarlo”, ironizó.
Como primera medida se frenaron algunos trabajos, por ejemplo la colocación de paneles divisorios en ciertos sectores.
Todavía no se sabe si este retoque provocará otra demora en el final de obra. Lo último que se supo es que la empresa prevé terminar la construcción el 30 de setiembre, pero habrían surgido otros problemas de infraestructura que podrían demorarla más aún.
La foto es de Matías Subat.
Fallo completo con la condena contra Eduardo Vázquez por el asesinato de Wanda Taddei
Ordenan el inmediato traslado de José Poblete a una cárcel federal. Resolución completa
Resolución de hoy de la Cámara Criminal Primera (completa, aquí):
«R E S U E L V E:
1. RECHAZAR in límine el recurso de habeas corpus presentado en favor del condenado José Darío Poblete por resultar manifiestamente improcedente, con costas.
2. ORDENAR el traslado del condenado José Darío Poblete a la Prisión Federal del Sur (U 9), debiendo ser alojado a exclusiva disposición de ésta Cámara Criminal I, haciéndole saber al jefe de dicha Unidad que no podrá disponer el traslado del interno a ninguna otra Unidad de Detención provincial o federal fuera de la provincia del Neuquén sin previa autorización escrita de este Tribunal.
3. LIBRAR oficio al gabinete médico forense del Poder Judicial a fin de que en forma inmediata se proceda a realizar un informe médico integral (físico y psíquico) del condenado Poblete.
4. Regístrese. Notifíquese. Cúmplase en el día de la fecha».
«El Estado no quiere resocializar a los detenidos porque no hay dónde insertarlos después»
“Hoy la cárcel cumple una función de depósito. El Estado no quiere resocializar a las personas detenidas porque no hay dónde insertarlas después, entonces las mantiene la mayor cantidad de tiempo posible ahí, donde no hay ninguna regla que valga”.
La definición pertenece a Nicolás Laino, máster europeo sobre Sistema Penal, socio cofundador y secretario general de la Asociación Pensamiento Penal (APP). Estuvo en Neuquén para recorrer las unidades de detención de esta capital, Cutral Co y Zapala, a fin de elaborar un diagnóstico.
La APP realiza este estudio en todas las provincias. Hace poco se conoció el trabajo correspondiente a Río Negro (aquí en word)
Laino llegó a Neuquén en una coyuntura especial: el asesinato de Cristian Ibazeta dentro de su celda, las salidas de José Poblete, el impedimiento para que diputados y defensores oficiales ingresen a la cárcel.
Dijo que “simbólicamente se fomenta una imagen pública de desgobierno por parte del poder Ejecutivo, que tiene que controlar, y de gobierno muy fuerte por parte de la policía. Es lo que llamamos autogobierno policial”.
“Lo más fuerte es que la policía tiene poder absoluto sobre los cuerpos de las personas que están presas y también sobre sus familiares: todo lo que salta con las requisas, lo que en su momento dio lugar a que Ibazeta protestara, y lo castigaran, y después juzgaran a los policías, que los absolvieran a la mayoría… todo esto demuestra que la policía hace lo que quieren sin que nadie la controle”, agregó.
Respecto del rol del Poder Judicial, Laino rescató el hábeas corpus que la semana resolvieron favorablemente las Cámaras Criminales. Lo confrontó con que “en general el Poder Judicial banaliza las denuncias por torturas y malos tratos. No se investiga, se incumplen todo tipo de estándares internacionales. Esta impunidad favorece que se sigan cometiendo estos hechos”.
Opinó que los niveles de violencia bajarían si existiera un servicio penitenciario a cargo de civiles, aunque “siempre va a depender de qué civil estará al mando de la cárcel. Tienen que ser civiles comprometidos con el respeto por los derechos humanos y además deben recibir capacitación”.
Consultado sobre la función de la cárcel, destacó que “los criminólogos dicen que la cárcel nació históricamente para cumplir una función dentro de un sistema económico: era la cárcel fábrica, un lugar donde se capacitaba gente, mano de obra que hacía falta dentro del sistema productivo. Hoy en día con el fenómeno de la globalización, el trabajo deslocalizado, etcétera, hay niveles de desempleo, pauperismo y pobreza. Entonces la cárcel cumple una función de depósito. De control de población excedente. El Estado no sabe qué hacer con ellos entonces los mete en la cárcel y los tiene la mayor cantidad de tiempo posible”.
“La cárcel está cumpliendo un fin de depósito, de separar de la sociedad a ciertos sectores que son vistos como indeseables para que no molesten. Y hay una legitimación social de todo esto”, concluyó.
Buscando un sumario perdido en el Tribunal Superior encontraron otro más. «Fue un error involuntario»
La semana pasada el Consejo de la Magistratura le solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le informara si el fiscal adjunto Jorge Criado, postulante a juez de Instrucción de Junín de los Andes, tenía sumarios administrativos, en trámite o archivados, en su haber. El tribunal negó su existencia, pero un aporte de Convocatoria Neuquina y Sejun, en el contexto de la participación ciudadana, afirmaba lo contrario.
La secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales del TSJ le comunicó al Consejo que por un “error involuntario” se omitió el dato, y que eran dos – y no uno como referían las organizaciones- los sumarios administrativos iniciados a Criado que habían sido archivados. Esto fue difundido en la sesión ordinaria del cuerpo celebrada el martes 12 de junio.
Desde la secretaria del Consejo se le pidió a la responsable del área en el tribunal, Elisa Flores, que remita los sumarios para que los integrantes del cuerpo puedan consultarlos.
En tanto, Criado impugnó la calificación recibida en su examen escrito, al igual que la postulante Romina Sosa Rojido. En este último caso, el pleno desestimó el planteo por no haber sido presentado en mesa de entradas, tal y como prevé el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Por la misma razón le fue rechazada la impugnación formulada en la etapa de antecedentes.
(Por L.L.B.)
El gremio docente criticó la postulación de Piana a juez de Cámara por su actuación en la causa Fuentealba II
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura en el que manifestó su oposición a la candidatura del juez de instrucción Cristian Piana, quien aspira a ocupar una de las dos vacantes en las Cámaras Criminales de Neuquén.
Desde el sindicato cuestionaron la postulación del concursante “por haber dado reiteradas muestras junto al Ministerio Público Fiscal, de no querer investigar la responsabilidad del ex gobernador Jorge Sobisch y la cadena de mandos de la Policía de la provincia que actuaron durante el objetivo represivo el 4 de abril del 2007 en Arroyito y donde fuera asesinado nuestro compañero Carlos Fuentealba”.
Además destacaron la “falta de idoneidad e independencia” del magistrado en la causa Fuentealba II, que derivó en que la parte querellante recurriese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una instancia ajena al poder político porque investigar al poder político en Neuquén, es imposible”.
El aporte, formulado en el contexto de lo que el Reglamento de Concursos del Consejo establece como participación ciudadana, lleva la firma del secretario general de ATEN, Hugo Papalardo, y del secretario de Primaria, Nicolás Luna. El texto completo está aquí.
Piana logró por sus antecedentes una calificación de 10,98 puntos, mientras que en la evaluación técnica acumuló 25 puntos. Esto lo ubica en el cuarto puesto de la nómina de postulantes. No obstante, impugnó las notas asignadas tanto en el examen escrito como en el oral, por lo que su puntaje podría ser modificado si el jurado hace lugar a sus planteos.
(Por L.L.B.)
Orden de mérito por antecedentes en los concursos para las defensorías
Pautas que deben tener en cuenta los medios de prensa cuando informan sobre violencia de género
La violencia contra la mujer no es un asunto privado entre dos personas sino un problema social, las víctimas no son responsables de la agresión que sufren, y los victimarios no matan porque están locos de amor o de celos. Son elementos que debe tener en cuenta el periodismo al momento de informar sobre femicidios.
Este fue el eje de la Tercera Jornada de Periodismo y Género, organizada en Buenos Aires por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Participaron alrededor de 150 personas, y fueron panelistas los y las periodistas Marcelo Pereyra, Liliana Hendel, Nelson Castro, Mariana Carbajal y Lorena Maciel. Los videos con las ponencias completas están aquí.
La jornada se realizó el mismo día que condenaron a 18 años de prisión a Eduardo Vázquez por el homicidio de su esposa Wanda Taddei.
El 10 de febrero de 2010, Wanda fue quemada por Vázquez, exbaterista de Callejeros. Desde entonces y hasta ahora, hubo 48 mujeres más que fueron asesinadas de la misma manera, y otras 10 quedaron en grave estado. ¿La intensa cobertura mediática del caso generó conductas repetitivas? ¿Cómo deben abordar los medios de comunicación los casos de femicidio para evitarlo?
Fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien planteó el tema en la apertura. “Tenemos la necesidad y el deber de informar” pero con cuidado porque “esta información puede generar conductas repetitivas. Hemos tenido una secuencia de asesinatos de mujeres a través de este horroroso procedimiento, y la comunicación de esta noticia hace que otro entienda que es un mal modelo, pero lo sigue”.
En consecuencia el desafío es “cómo explicarlo, comunicarlo, de una manera que cumpla con el deber de informar y al mismo tiempo neutralice los efectos repetitivos”.
Mariana Carbajal, de Página 12, señaló que “el violento no se convierte en tal por escuchar o leer una noticia, pero podría actuar tomando una conducta de imitación”.
Recomendó, para neutralizar esta posibilidad, “no quedarse en el detalle morboso de cómo sucedió la muerte. Debemos ponerlo en contexto. La violencia de género es consecuencia de la discriminación y la desigualdad entre varones y mujeres”.
“Seremos parte del problema si ponemos a la víctima como responsables de la agresión, si nos preguntamos qué habrá hecho la mujer para causar la violencia, si excusamos al agresor ‘porque estaba muy enamorado’, o lo representamos como un monstruo, un loco, e ignoramos la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres”.
Lorena Maciel, del canal Todo Noticias, dijo que hay que informar “haciendo tomar conciencia en la sociedad de que todos tenemos que tener la bandera del nunca más al femicidio y desterrar el ‘por algo será’ en cada caso de una mujer asesinada”.
Marcelo Pereyra, director de la revista Contracultural y analista de la prensa, afirmó que en sus coberturas “los medios apelan al melodrama y eso desvía el foco de atención. Se privatiza la violencia, se reduce a un problema entre una víctima y un victimario, y en realidad estamos frente a un problema social”.
Destacó que “hay que reducir la importancia del carácter policial de los casos de violencia contra las mujeres y aumentar su carácter de problema social y estructural”.
“Las víctimas de violencia de género no son como cualquier otra víctima. Sufren esa violencia por el papel subordinado que tienen en la sociedad”, afirmó.
Nelson Castro y Liliana Hendel discreparon fuertemente sobre el rol de las mujeres en la televisión.
El cruce se produjo porque Castro, periodista y médico, señaló: “Vemos en los programas de televisión de mayor llegada un prestarse de la mujer a ser sujeto de transformarse en un objeto sexual, casi como único elemento de sustentación de su presencia en los medios”.
Añadió que la televisión “tiene a la mujer como objeto sujeto de lo sexual. Veamos qué es lo que tiene más ráting en la TV, cuál es el lenguaje, y analicemos esto: la mujer logra lugares importantes por merecimieno, sin embargo, persiste en los medios una alusión muchas veces depreciativa” hacia ella.
Hendel, periodista y psicóloga, estaba sentada a su lado y le contestó: “Me parece peligroso culpabilizar a la víctima. Las mujeres que se cosifican están tan atravesadas como todas nosotras y todos ustedes por el sistema patriarcal. Por eso nos operamos, nos levantamos la papada, y para salir de eso hay que hacer un fuerte trabajo personal que no todas están en condiciones de afrontar. No es responsabilidad de la víctima que le corten la pollerita en el programa de Tinelli, es responsabilidad de Tinelli”.
El salón estalló en aplausos. Castro volvió a pedir la palabra para aclarar que “quise describir una realidad que no comparto” y “no eludo la responsabilidad de quienes fomentan este tipo de cosas”.
Mariana Carbajal también le respondió: “¿Qué alternativas les dan a las mujeres para estar en los medios, si no es que le corten la pollerita y enfocando sus glúteos con la cámara? La lupa de la perspectiva del género nos permite ver el entramado en el cual se van constituyendo estas situaciones que están instaladas en la sociedad”.
Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista elaboró un decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra mujeres.
1) Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista.
2) La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres. Es en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos.
3) Desterramos de nuestras redacciones la figura de “crimen pasional” para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen.
4) Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta.
5) Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es ofensivo para la víctima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etc. para nombrarla.
6) Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central: la violencia.
7) Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales.
8) Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones: psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el relato de los hechos tomando en consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Eso permitirá abandonar consideraciones tales como “otro caso de”…., “un caso más de…”, evitando un efecto anestesiante.
9) Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Respetar a las víctimas y a sus familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audio a la víctima. Cuando se musicaliza, no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que hablen de “amores enfermos” o celos.
10) Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que les pueda ser útil.
Comunidad mapuche impugnó la postulación de una candidata a jueza de Cámara Criminal
Teresa y José Curruhuinca, miembros y autoridades de la comunidad mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu del paraje Cerro León en el Departamento Picún Leufú, con el patrocinio letrado de Micaela Gomiz y Juan Manuel Salgado del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, cuestionaron el desempeño de la actual jueza correccional de Cutral Co, Carina Álvarez, que concursa para el cargo de camarista criminal de Neuquén.
El jueves 14 de junio presentaron un escrito ante el Consejo de la Magistratura (en pdf, aquí) en el que señalaron “las actitudes discriminatorias de la Dra. Álvarez hacia los miembros del Pueblo Mapuche, incluidos los suscriptos, respecto de quienes ha adoptado una serie de decisiones no sólo violatorias de los tratados de derechos humanos (a los que jamás aluden en sus decisiones), especialmente del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, sino incluso de garantías mínimas establecidas en las normas procesales comunes”.
Entre los casos citados figura una resolución de la magistrada en que rechazó el pedido de la defensa de los imputados de la comunidad Wiñoy Tayin Raquizuam de designar a un intérprete de mapuzungun (idioma mapuche) para que interviniese en el debate oral. El argumento esgrimido por Álvarez fue que el código de procedimiento: “impone el idioma nacional para todos los actos del proceso, sancionando con nulidad su incumplimiento”.
Para los impugnantes “no solo denegó expresamente el derecho que se pretendía ejercer invirtiendo el orden normativo argentino” sino que “la respuesta fue ilustrativa de la actitud racista de Álvarez, toda vez que con ella dio a entender implícitamente que el idioma mapuche era un idioma extranjero”. En esa oportunidad, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la recusación de Álvarez.
“En una situación jurídica como la actual, en donde una de las mayores tareas de los magistrados consiste en adecuar la legislación infraconstitucional a las normas de derechos humanos receptadas con posterioridad, las decisiones de la Dra. Álvarez revelan- particularmente en el caso de los imputados indígenas- una incapacidad, cuando no un abierto desprecio, para la efectivización de los derechos constitucionales”, afirmaron en el planteo, formulado en el marco del artículo 23 del Reglamento de Concursos del Consejo que prevé la participación ciudadana.
(Por L.L.B.)
La política de dejar hacer: de Ibazeta a Poblete
Alberto Binder habla de la política del doble pacto para gestionar la seguridad: “Según ella, el gobierno de la seguridad depende de un primer pacto entre la dirigencia política y las fuerzas policiales y, al mismo tiempo, de un segundo pacto entre las fuerzas policiales y ciertos sectores de la criminalidad con alguna presencial territorial o temática relevante. Gracias a estos pactos se puede mantener cierto equilibrio y evitar, sobretodo, las crisis que erosionan a los gobiernos y asustan a la población”.
En Neuquén, como en tantas otras provincias, la autonomía policial es evidente. Pero en los últimos meses el pretendido equilibrio se ha roto y quedaron al descubierto los hilos detrás de la trama.
En los primeros meses del año la cantidad de homicidios aumentó 55% respecto de 2011. La mayoría de los casos ocurrieron en la zona oeste de la ciudad capital, allí donde la única política del Estado parece ser la de dejar hacer.
Más evidente aún la señal de esta política fue el asesinato de una persona dentro de su celda en la Unidad de Detención 11. Y no de cualquier persona, sino de Cristian Ibazeta, quien había sido testigo clave en un juicio por torturas dentro de la misma unidad. La causa aún está abierta, el jueves habrá una instancia pública en el Tribunal Superior de Justicia.
El asesinato fue de 24 puñaladas a 13 metros de la guardia. Sin embargo el gobierno, a través de su ministro más político, Gabriel Gastaminza, salió a defender rápidamente a la policía.
Ingeniosamente la causa está desdoblada: un fiscal investiga el crimen, otro la posible responsabilidad policial. La experiencia indica que los desdoblamientos nunca llevan al esclarecimiento completo de los casos. El ejemplo más claro es el crimen del maestro Carlos Fuentealba.
Y a propósito, quien está condenado por ese asesinato, el cabo primero José Darío Poblete, cumplía su prisión perpetua por homicidio calificado en condiciones mucho más ventajosas que Ibazeta, condenado por delitos contra la propiedad y cercano a recuperar la libertad, a tal punto que salía al parecer habitualmente a la calle sin esposas ni custodia. Lo fotografió Bruno Tornini.
La explicación que dieron algunos voceros policiales es que debía ir a la farmacia y no había móvil que lo trasladara, una burla en un sistema penitenciario en el cual falla, entre muchas otras cosas, la asistencia médica de los internos, y a ninguno se le permite ir a comprarse los remedios por su cuenta.
Esta vez el gobierno no salió a dar explicaciones. A través de un comunicado publicado en su sitio oficial pero despersonalizado, informó: “desafectan preventivamente” al responsable de la cárcel donde estaba (o debía estar) Poblete. Ni siquiera se indicó quién había dispuesto la medida, y la elección de verbo “desafectar” es de una suavidad vaticana.
O sea: A la policía no hay que irritarla, menos aún cuando está pendiente de esclarecimiento en asesinato de uno de sus integrantes en Junín de los Andes.
Las andanzas de Poblete por las calles de Zapala se conocieron justo un día después de que las dos cámaras criminales de Neuquén, en un hecho inédito, resolvieran en conjunto un hábeas corpus a favor de los detenidos en la Unidad 11. Los jueces dispusieron diez medidas para tratar de evitar la escalada de violencia dentro de la cárcel.
Para el gobierno en la cárcel hay problemas pero de poca entidad, según dijo quien representa los intereses del Estado neuquino, el fiscal Raúl Gaitán. Lo mismo opinó otro fiscal, pero de Cámara, Pablo Vignaroli.
Los hilos de la trama se ven más y más.
El viernes a la mañana, teniendo a la vista las tapas de los diarios que publicaron las fotos de Poblete por la calle, los integrantes de la Cámara Primera (en su carácter de jueces de Ejecución Penal, ya que ellos condenaron al cabo primero) pidieron un informe y ordenaron el traslado de Poblete de Zapala a la Unidad 11.
Lo hicieron a las 8 de la mañana. A Poblete recién lo trasladaron a las 23:30. El gobierno tampoco dijo nada sobre esta demora pese a que la encargada de ejecutar la orden era la policía, que depende del Poder Ejecutivo.
Ese mismo viernes, un grupo de diputados de la oposición, defensores oficiales e integrantes de organismos defensores de los derechos humanos intentaron ingresar a la Unidad 11. El jefe los recibió con amabilidad pero les impidió la entrada. La grosería fue que les dijo “voy a consultar con mis superiores” y los dejó esperando para siempre. Nunca volvió.
Dejar hacer en el oeste capitalino. Dejar hacer en las cárceles. El gobierno deja hacer. Y ellos hacen.
Impiden recorrida por la cárcel de diputados, defensores oficiales y organismos de derechos humanos
Leo en Río Negro: Legisladores neuquinos, defensores oficiales y organizaciones de derechos humanos acudieron ayer a la Unidad de Detención 11 con la intención de hacer un recorrido pero el director, Claudio Pérez, les impidió el acceso por no haber cumplimentado las autorizaciones correspondientes. Indignados, los diputados opositores responsabilizaron al gobernador Jorge Sapag e insistieron con pedir la interpelación del ministro Coordinador de Gabinete y Seguridad, Gabriel Gastaminza.
La situación carcelaria estalló públicamente producto del asesinato de Cristian Ibazeta, uno de los principales testigos del juicio que se les hizo a 27 policías por torturas en la U11.
Los legisladores Beatriz Kreitman, Pamela Mucci, Alejandro López y Jesús Escobar se presentaron en la cárcel junto a Gladys Rodríguez de Zainuco, Noli de Casas de APDH y los defensores oficiales Raúl Caferra y Fernando Diez además del defensor adjunto Alfredo Ferreyra.
La visita fue al día siguiente de que las dos cámaras criminales ordenaran a la policía mayor respeto por los derechos humanos dentro de la cárcel, y el mismo día que trascendió que el cabo primero José Poblete, condenado a prisión perpetua por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, se paseaba libre por la calle.
El director del penal Claudio Pérez les dijo que «tengo una orden de la superioridad, el jefe de unidades de detención Carlos Brondo y el subjefe de policía Raúl Liria, en la cual momentáneamente no está permitido el ingreso porque no se siguieron los canales de pedido de autorizaciones pertinentes».
Ante el asombro de los diputados Pérez agregó que «si ustedes me permiten unos instantes voy a volver a mantener una comunicación con la superioridad, porque así lo merece la visita de tan dignos mandatarios, para ver si podemos acceder a realizarles una recorrida general de la unidad».
El director del penal no volvió a aparecer. Después de esperarlo una hora, diputados y militantes se retiraron.
Confirmado: Hugo Acuña presidente del Tribunal de Cuentas
Diez medidas para respetar los derechos y evitar la violencia dentro de las cárceles de Neuquén
Las agresiones a personas detenidas en la Unidad 11 no son hechos azarosos, como dijeron funcionarios del gobierno, “sino más bien de un síntoma del malestar” dentro de la mayor cárcel de la provincia. Esas situaciones de violencia “agravan las condiciones de detención de todos los internos, llegando a extremos inaceptables como la muerte violenta de Cristian Ibazeta” (testigo en una causa por torturas contra policías). Por eso, un inédito plenario de las dos Cámaras Criminales de Neuquén capital impartieron una serie de directivas “con miras a promover y asegurar los derechos de los internos y del personal penitenciario, reduciendo la discrecionalidad hacía el interior del espacio carcelario”.
Más respeto a las requisas de los familiares, filmación de las requisas dentro de las celdas, y a cargo de personal debidamente identificado, permitir el ingreso a los pabellones de organizaciones de derechos humanos, participación de civiles en la conducción del sistema y la creación de la figura de juez de Ejecución Penal son algunas de las disposiciones del plenario.
No es la primera vez en los últimos meses que un organismo judicial se pronuncia sobre la grave situación carcelaria de la provincia. Pero el lenguaje con el cual se resolvió un hábeas corpus presentado por la defensa oficial es mucho más crudo y directo que los diplomáticos términos a los que recurrió el año pasado, para referirse a lo mismo, el Tribunal Superior de Justicia. Y dista mucho de la tibia postura de la fiscalía de Cámara y de la fiscalía de Estado, para quienes no hay motivos para declarar la emergencia carcelaria.
Entre órdenes y sugerencias, los jueces Florencia Martini, Héctor Dedominichi, Andrés Repetto, Mario Rodríguez Gómez y María Gagliano (subrogante) involucraron a los tres poderes del Estado y les recordaron a cada uno, su responsabilidad para ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema.
La resolución completa la pueden descargar aquí en formato word.
Los diez puntos que contiene son:
1. ORDENAR al Sr. Jefe de Unidades de Detención que proceda al alojamiento en lugares diferentes a los condenados y los procesados, estableciendo medidas de menor rigor en el trato diario para estos últimos.
2. ORDENAR que en un plazo de 180 días se implemente una sala de visita sin contacto, ratificando la orden emanada de la Cámara Criminal II, dictada con fecha 28 de diciembre de 2011.
3. PROHIBIR la realización de requisas en las partes pudendas de las visitas. En caso de que existiera sospecha fundada de la posible comisión de delito o violación a un reglamento carcelario por parte de una visita, deberá comunicarse dicha situación en forma inmediata y sin dilaciones al juez o fiscal competente, requiriendo que imparta las directivas que el caso concreto requiera. Sin perjuicio de ello y en caso de que pudiera existir una situación de riesgo, las requisas deberán ser efectuadas sobre los internos luego de finalizadas las visitas y no sobre sus familiares.
4. ORDENAR que previo a la realización de requisas en los pabellones en los que se alojan los privados de libertad, deberá labrar un Oficial Superior de la Unidad un acta en la que identificará a todo el personal que intervenga en las mismas, sin perjuicio proceder a la filmación de la medida.
5. DISPONER que en un plazo máximo de 180 días se proceda a la reparación del sistema de video/filmación de toda la Unidad de Detención nº 11.
6. ORDENAR al Sr. Jefe de Unidades de Detención que en el plazo de 180 días confeccione un protocolo de actuación ante situaciones de violencia dentro de la Unidad de Detención y especialmente en los pabellones, conforme el cual se garantice una respuesta inmediata que asegure la integridad física de los internos allí alojados y del personal penitenciario.
7. RECOMENDAR al Poder Ejecutivo la implementación de Cárceles Abiertas para aquellos internos que se encuentran en la fase de progresividad previo a su incorporación al medio libre.
8. RECOMENDAR al Poder Legislativo la sanción de una ley integral del Servicio Penitenciario Provincial, con la activa participación de personal civil en su dirección y administración, y la creación de la figura del Procurador Penitenciario u Ombudsman de los privados de libertad, para el aseguramiento de los derechos fundamentales de los presos.
9. SOLICITAR al Poder Ejecutivo arbitre los mecanismos que garanticen a las distintas ONGs, y actores de la vida civil vinculados a la protección de Derechos Humanos, y representantes de los distintos cultos reconocidos, tomar contacto con los privados de libertad en el interior de las Unidades de Detención, ajustándose a las reglamentaciones respectivas.
10. SUGERIR al Tribunal Superior de Justicia evalúe la posibilidad de solicitar a la Honorable Legislatura Provincial la modificación del art. 8 de la ley 2475 para la pronta creación e implementación de dos juzgados de ejecución penal en la ciudad de Neuquén y otro en la ciudad de Zapala, a fin de garantizar la especialidad y dedicación que la materia requiere, facilitando así la transición e implementación progresiva del nuevo código procesal penal.
Por supuesto, no todos los presos la pasan tan mal.
Amparo por compra de dólares: la jueza federal de Neuquén hizo lugar a la cautelar. Fallo completo
El fallo completo en formato pdf lo pueden descargar aquí.
La AFIP apeló ante la Cámara Federal de General Roca.
Al Tribunal Superior de Justicia se le perdió el sumario de un fiscal
Una nueva impugnación contra la postulación de Jorge Criado al juzgado de Instrucción de Junín de los Andes dejó al descubierto que no hay constancia de un sumario en su contra que fue abierto y luego archivado.
La asociación Convocatoria Neuquina y el sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) fueron los que cuestionaron la candidatura de Criado, actual fiscal adjunto en aquella localidad. Antes lo había hecho la APDH.
En el escrito (click aquí para descargarlo en formato word), las organizaciones se refirieron a la sentencia dictada en 2006 por la Cámara en lo Criminal de Zapala, integrada en ese entonces por los jueces Oscar Rodeiro, Víctor Hugo Martínez y Enrique Luis Modina, en una causa por apremios ilegales. Especialmente destacaron el voto de Martínez. El magistrado citó a un testigo que reveló:
que en la madrugada del día de la detención del denunciante su morada fue allanada ilegalmente en tres oportunidades, al menos dos de ellas con la intervención del señor Fiscal adjunto Dr. Criado, con quien tuvo un incidente y quien le habría secuestrado el teléfono celular, privándolo de su libertad por algunos minutos y amenazándolo, denuncia que tuvo la insólita resolución del Dr. Lima de Fs 3 y que, lo que es mucho más insólito, fue tenida a la vista por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia al momento de resolver el archivo del sumario administrativo seguido al señor fiscal adjunto.”
Es por ello que Convocatoria y Sejun pidieron que “se incorpore para su consideración el sumario administrativo llevado adelante contra el postulante impugnado”, además de la sentencia.
En la reunión del martes 12 del Consejo de la Magistratura, uno de los dos representantes del bloque del Movimiento Popular Neuquino, Hugo Acuña, señaló que no había constancia, en el expediente de Criado, del sumario aludido.
Esto es correcto. La información enviada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se consigna en el expediente obrante en el Consejo, dice que el abogado ingresó en planta permanente de funcionario como fiscal adjunto categoría MF-6, el 26 de julio de 2004, desempeñando funciones en la fiscalía de Junín de los Andes “conforme acuerdo 3779 punto III, cargo y destino que tiene actualmente”. Al finalizar se agrega que: “hasta la fecha su dedicación ha sido completa, en relación de dependencia, no habiendo sido sometido a sumario administrativo ni sanción disciplinaria alguna”.
El consejero Pablo Szeinkierman (bloque Unión Cívica Radical) aseguró que de comprobarse la existencia del sumario, ésta era la segunda vez que desde el TSJ no se remitían los datos en forma completa.
El pleno resolvió que la secretaria del cuerpo le envíe a la responsable del área en el tribunal una nota, en la que solicite los sumarios concluidos y no concluidos del funcionario judicial.
En la sesión también se conoció que fue objetada la nominación del juez correccional Alejandro Cabral, a camarista criminal de Neuquén, por el abogado Fernando Morales Dischereit, quien criticó un fallo del magistrado del 31 de agosto de 2006 relacionado con cuestiones de familia.
Las presentaciones contra los postulantes, en el contexto de la participación ciudadana, no conllevan ningún tipo de suspensión concursal ni formación de incidente.
(Por L.L.B.)
Proyecto de Código Civil y Comercial con las modificaciones introducidas por el PEN. Para descargar
Cabral, Álvarez y Jofré impugnaron las calificaciones obtenidas en la etapa técnica
Alejandro Cabral y Carina Álvarez, postulantes al concurso para cubrir dos vacantes de juez en las Cámaras Criminales I y II de Neuquén, impugnaron las calificaciones obtenidas en la etapa de evaluación técnica. Lo mismo hizo Marcelo Jofré, aspirante a ocupar el cargo de fiscal de Cámara de Zapala.
Cabral, quien quedó ubicado quinto en el orden de mérito técnico cuando por sus antecedentes le correspondió el segundo puesto, objetó la nota asignada en su examen escrito (11 puntos). Álvarez cuestionó el puntaje concedido en el examen oral (12 puntos) y aún conserva el tercer lugar en la nómina. Jofré, en tanto, impugnó ambos exámenes (14 puntos totales) y continúa segundo.
En el trascurso de la semana pueden surgir nuevas presentaciones, ya que recién en la sesión ordinaria de hoy martes 12, el Consejo de la Magistratura aprobó el orden de mérito técnico, lo que habilitó el plazo de dos días previsto en el Reglamento de Concursos para impugnar las calificaciones.
Una vez que éste concluya se le correrá traslado al jurado –integrado por Guillermo Llaudet Maza (académico) y Mario Rodríguez Gómez (magistrado)- que tendrá cinco días para responder.
(L.L.B.)
Los concursos que se vienen para cubrir vacantes en Neuquén
El Consejo de la Magistratura tiene en carpeta dos nuevos llamados a concurso. Uno de ellos es para cubrir el cargo de juez de primera instancia, titular del juzgado penal del Niño y el Adolescente Nº2 de la I Circunscripción, que ocupó Gladys Folone, ascendida a fines de 2011 a jueza de la Cámara en Todos los Fueros de San Martin de los Andes. El otro es para agente fiscal con destino a la I Circunscripción, cuya vacante se produjo ante el fallecimiento de Lucía Piñero en abril de este año.
Ambas convocatorias aún no fueron aprobadas, pero seguramente lo serán antes de que inicie la feria judicial.
(L.L.B.)
La Corte Suprema ordenó vacunar a un niño pese a la oposición de sus padres. Fallo completo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que se intime a los padres de un niño de 2 años y 9 meses a que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento de proceder a su vacunación de modo compulsivo. El fallo completo está aquí en pdf.
Es porque la pareja, seguidora del método homeopático y ayurvédico, se negaba a administrarle las dosis estipuladas por el plan obligatorio de vacunación estatal. El Alto Tribunal priorizó la afectación de la salud pública y el interés superior del niño como sujeto vulnerable y necesitado de protección.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Raúl Maqueda, y Eugenio Zaffaroni entendieron que “la no vacunación del menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades, muchas de las cuales podrían prevenirse mediante el cumplimiento del plan nacional de vacunación”, a la vez que pone en riesgo la salud de la comunidad.
Los padres del niño habían alegado que la decisión que finalmente la Justicia impugnó incurría en un “perfeccionismo y/o paternalismo incompatible con el principio de autonomía”. Frente a ese planteo, el fallo sostiene que toda conducta que perjudique derechos de terceros queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, y por lo tanto se trata de comportamientos y decisiones sujetas a la interferencia estatal la que, en el caso, está plasmada en el plan de vacunación nacional.
El fallo completo lo obtuve del CIJ.
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