Violencia de género en Neuquén: informe 2011 de Socorro Violeta
En 2011, Socorro Violeta recibió 140 denuncias referidas a violencia de género.
La mayoría de los actos violentos fueron ejercidos por varones en el ámbito doméstico, y el 55% de las mujeres víctimas ya habían realizado denuncias previas sin obtener resultados satisfactorios.
Socorro Violeta es el sistema de ayuda legal a víctimas de violencia de género articulado entre la colectiva feminista La Revuelta y los gremios Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén y Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Lleva tres años de funcionamiento.
Al final pueden descargar en formato word su informe 2011 “construido sobre los datos volcados en las protocolas de atención, instrumento de sistematización que fue re-estructurado” para la atención en ese período.
Más información, aquí. Y un informe muy interesante de Belén Spinetta, aquí.
El rumor del verano: ¿Hugo Acuña al Tribunal de Cuentas?
Parece que fue una (o más de una) visita de Hugo Acuña a Evaldo Moya en el Tribunal de Cuentas la que disparó el rumor.
¿Es posible que Acuña, actual integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Movimiento Popular Neuquino, reemplace a Moya, futuro vocal del Tribunal Superior de Justicia?
Como posible, todo es posible. El cargo es inamovible como el de un juez, y no temporal como el de un consejero.
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia” como dice la Constitución.
Sea con Acuña o con otra persona, el gobernador Jorge Sapag debe cubrir la vacante que deja Moya en el TdC.
Un detalle a tener en cuenta es que el candidato o la candidata que postule necesita acuerdo legislativo, pero la Constitución también contempla el consentimiento tácito: si en 30 días la Cámara no trata en pliego, la designación se produce en forma automática. (Inciso 23 del artículo 189, referido a las atribuciones de la cámara de diputados: “Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiere expedido”).
¿Y qué pasaría en el Consejo de la Magistratura si el candidato fuera efectivamente Acuña? Lo reemplazaría Karina Miguel, conocida por ser la primera abogada gitana de la región.
A los policías siempre se les escapa el tiro
Y siempre para el mismo lado. Y siempre cuando la víctima está indefensa. Y siempre la culpa la tiene la falta de capacitación.
El caso que por estos días se investiga en Neuquén (ver aquí) es el de un suboficial con 23 años de antigüedad (le faltan dos para jubilarse) que baleó por la espalda a un joven ya reducido, boca abajo y a punto de ser esposado.
Algunos procuran agigantar la supuesta peligrosidad del herido, como si eso justificara que lo hayan baleado cuando estaba indefenso.
Al prestar declaración indagatoria (un acto de defensa en el que no está obligado a decir la verdad) el policía le dijo al juez que el disparo se le escapó cuando ya estaba a punto de guardar la pistola en la cartuchera que lleva pegada al muslo.
No sabemos con qué excusa ingresó con el arma cargada y sin seguro en un ambiente cerrado, junto con otros policías, para reducir a un joven que sólo tenía en su mano un cuchillo y que no había lastimado a nadie.
Supongamos que el muchacho en cuestión era realmente peligroso. Que estaba alterado. ¿Cuatro policías no pudieron reducirlo en una habitación utilizando un método racional y proporcional a la situación y al peligro potencial que representaba este joven?
Hay muchos antecedentes de casos similares, y las excusas son siempre las mismas.
Por ejemplo en setiembre de 2006, durante el juicio oral contra un policía que mató a una persona de un disparo por la espalda (ver aquí), se escucharon declaraciones como estas:
Llevo 8 años en la policía. No se nos da adiestramiento sobre cómo reducir a una persona o en el uso del arma. En mis ocho años, si fui a tirar tres veces es mucho”.
“Yo trabajo 12 horas diarias haciendo prevención, al otro día ocho horas de adicional. Tengo una familia, cuatro hijos… el poco tiempo libre se lo dedico a ellos o a descansar”.
El gobierno provincial jamás tomó nota de esta gravísima falencia. Al contrario, la minimizó. La redujo a una estrategia de defensa alejada de la realidad.
En respuesta a esas declaraciones vertidas en un juicio oral, el entonces secretario de Seguridad de Jorge Sobisch, Raúl Pascuarelli, dijo:
La fuerza está capacitada, por más que algunos digan, como estrategia defensista en algún proceso judicial, lo contrario” (ver aquí).
Siete meses después de estas declaraciones, el cabo José Darío Poblete asesinó al maestro Carlos Fuentealba disparándole por la espalda una granada de gas lacrimógeno.
Es inconcebible que los policías sigan portando armas fuera de todo control civil.
Sin capacitación sistemática y obligatoria, sin evaluaciones psíquicas y físicas periódicas, sin rendir cuentas ante nadie.
Así, se les van a seguir escapando disparos. Y siempre para el mismo lado.
Código Procesal Penal de Neuquén, publicado
Las dos noticias de Sodero Nievas
El único juez que queda en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Sodero Nievas, ventiló detalles hasta ahora desconocidos de las circunstancias que rodearon la muerte por un disparo de arma de fuego del ex gobernador de esa provincia, Carlos Soria.
¿Cuál es la noticia desde el punto de vista periodístico? ¿Lo que reveló Sodero Nievas, o la acción de haberlo revelado?
Los diarios de hoy martes reaccionaron de diferente manera. Para algunos fue lo primero, para otros lo segundo.
En estas primeras horas posteriores a la muerte de Soria hay necesidad de conocer qué pasó, cómo pasó y quién fue el responsable, si es que lo hay. La conmoción social y la gravedad institucional del caso así lo demandan.
De modo que la primera respuesta debería ser: lo más importante es lo que reveló Sodero Nievas, aún con sus claroscuros.
Pero no debe perderse de vista otro punto sustancial. ¿Cómo hizo Sodero Nievas para acceder a la información contenida en un sumario que, en teoría, aún es secreto?
La investigación está en manos de otro juez y de un fiscal. ¿A través de qué vía se enteró Sodero Nievas de sus detalles?
Esta es la pregunta que habrá que responder cuando las aguas se calmen un poco.
Todos sabemos que hay jueces y fiscales de primera instancia que realizan consultas a los de Cámara, e incluso a los del Superior Tribunal, cuando tienen una causa compleja en sus manos. Rara vez esas consultas quedan registradas en el expediente.
La costumbre no significa que sea aceptable, más bien todo lo contrario.
¿Qué garantía tiene el ciudadano común de que su situación la está resolviendo el magistrado que tiene enfrente? ¿Y si en realidad la decisión la tomó otro juez, que para más datos se ocupará de la instancia de apelación de esa decisión que lo está afectando?
La irrupción mediática de Sodero Nievas abre una gran oportunidad de instalar este debate.
Y agrego el imperdible cruce de Sodero Nievas con Ricardo Canaletti y Fernando Carnota en TN:
Neuquén tiene nuevo Código Procesal Penal. ¿Y ahora?
El nuevo Código Procesal Penal recibió elogios unánimes como regalo de nacimiento. Producto de un trabajo que con avances y retrocesos demandó diez años, se lo destaca como el más avanzado del país, pone en línea a la provincia con la Constitución Nacional, y en el terreno de las promesas se asegura que hará a la justicia más eficaz y más transparente. En buena hora si así sucede, porque fue sancionado en uno de los peores momentos de la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos: los diputados sesionaron con la Legislatura vallada y también tiene vallas el edificio donde funcionan las cámaras criminales.
El Código Procesal no es más que una herramienta. Un catálogo de derechos para la víctima de un delito y de garantías para el imputado, así como de obligaciones para los encargados de la investigación y del juicio.
Su puesta en vigencia demandará, al menos, dos años. En ese período habrá que sancionar un paquete de leyes complementarias tan importantes como el Código mismo, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias.
Pero ese no es más que el ajuste fino de la misma herramienta. La clave son los encargados de operarla.
Alfredo Alvarado Velloso, un destacado procesalista que dicta una maestría en Neuquén, dice que hace falta una nueva generación de jueces y fiscales para que la instrumentación del Código tenga una mínima garantía de éxito.
Se refiere a que los actuales están formados en el viejo sistema, el inquisitivo, donde el juez es el rey del proceso.
La afirmación cobra otro sentido en Neuquén, donde el grueso de los magistrados y funcionarios llegaron a sus cargos en una época en la que los ingresos eran en tropel, sin concurso y en muchos casos, sin control legislativo. Fue entre 2004 y 2006, los años más cuestionados del Poder Judicial, durante el último gobierno de Jorge Sobisch.
El nuevo Código pone el protagonismo en manos de los fiscales. Casi todos ingresaron o ascendieron en esa época.
Como dice Leticia Lorenzo, abogada del Inecip y asesora en el proceso de reforma, la próxima discusión que se debe instalar es quién elige a los que persiguen. El debate por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede ser uno de los escenarios apropiados.
El cuadro actual muestra que en la primera circunscripción hay 12 fiscales, 8 de primera instancia y 4 de Cámara.
Sólo 4 de ellos (una fiscal de cámara, tres de primera instancia) pasaron por el Consejo de la Magistratura y recibieron acuerdo legislativo.
El resto fueron designados por el sistema anterior, es decir, en forma directa por la voluntad de un Tribunal Superior de Justicia integrado por vocales elegidos por el ex gobernador Sobisch. Ninguno recibió acuerdo legislativo porque en esa época no se requería.
En el interior provincial la situación no es mejor: hay 3 fiscales en Cutral Co (uno de cámara); uno en Zapala; 2 en Junín (uno de cámara) y 1 en Chos Malal. Ninguno pasó por el Consejo de la Magistratura ni recibió acuerdo legislativo.
Puede argumentarse, y con razón, que así eran las reglas en aquellos años. El problema de fondo es que la mayoría de los fiscales en funciones no han hecho de la investigación de casos de corrupción una bandera; más bien parece interesarles poco ese capítulo del Código Penal.
La corrupción tampoco parece haber estado en la mente de los legisladores que aprobaron, por unanimidad, este Código: Le sacaron lustre a la chapa del juicio por jurados, la estrella de la reforma procesal, pero escamotearon la posibilidad de que ciudadanos comunes decidan si un funcionario cometió un delito desde el ejercicio de su cargo.
Así, sólo los delitos gravísimos serán ventilados por el jurado.
Si se mira a futuro, los nuevos magistrados y funcionarios surgirán de otro organismo bajo permanente controversia: el Consejo de la Magistratura, donde el poder político goza de mayoría y la representación ciudadana directa está ausente.
Los consejeros políticos que asumieron en 2011 fueron designados con los plazos vencidos y han tenido no pocos tropiezos: concursos en los que casi nadie se anota, deserciones masivas, participantes que impugnan las calificaciones, y una posibilidad cercana de que sus decisiones se judicialicen.
El Tribunal Superior de Justicia tendrá (debería tener, más bien) una fuerte responsabilidad en que la instrumentación del nuevo Código sea un éxito.
Un Tribunal que, a partir de este año, volverá a estar completo con las designaciones de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag quien de esta manera, en cuatro años de gobierno, instaló ya a cuatro de los cinco vocales.
La cifra record de diputados que votaron a Moya y Cancela para vocal y defensor respectivamente sepultó los cuestionamientos que recibieron. Quedó en evidencia, por primera vez de manera clara, que el decreto llamado de autolimitación es apenas un formalismo para alegar transparencia allí donde los acuerdos políticos son los que mandan.
Puertas adentro del Poder Judicial reverdecieron las nunca olvidadas divisiones que se remontan, justamente, a aquellos años en los que reinaba el sobischismo.
La conducción de la Asociación de Magistrados, que viene marcando distancia de los actos del gobierno de Sapag, cuestionó a los candidatos por su falta de antecedentes (caso Moya) y porque no responden al perfil que consideran más adecuado para alguien que ejercerá la jefatura de la defensa y, eventualmente, de la fiscalía (caso Cancela).
La Asociación hizo pública su postura. Más discretos, un grupo de magistrados y funcionarios se reunió por su lado y elaboró una serie de notas de respaldo a Cancela.
Un debate similar se produjo entre los abogados: la conducción del Colegio respaldó a los candidatos de Sapag, y un grupo de colegiados le pidió explicaciones por la ausencia de debate previo.
El nuevo Código Procesal Penal, tan elogiado y en el que están depositadas tantas esperanzas, cabalga sobre aquel citado divorcio entre los poderes públicos y los ciudadanos, y estas fracturas internas de los operadores del sistema.
Quizá haga falta algo más que un curso de capacitación para garantizar el éxito de su implementación.
Anexos: el texto del CPP , en formato pdf, y el folleto oficial que se publicó en los medios de comunicación, en el mismo formato.
Acefalía en Río Negro: lo que dicen la Constitución provincial y la ley (a propósito de la muerte de Soria)
Ante la muerte de Carlos Soria, gobernador de Río Negro, esto dice el artículo 180 de la Constitución Provincial (click para verlo mejor):
Que además está reglamentado por la ley 2239, que pueden descargar aquí en formato word.
En consecuencia, el vicegobernador Alberto Weretilneck completará el mandato hasta 2015.
Fundamentos de las condenas en la causa ESMA
Pueden descargarlo en formato pdf aquí abajo. Fuente: CIJ.
Esta fue la transmisión de la lectura del veredicto:
Texto completo y definitivo del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén
Después del post anterior, la Legislatura subió a su sitio web el nuevo Código. Pueden descargarlo aquí abajo, en formato pdf:
¿Por qué todavía no está publicado el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén?
Se la consideró una de las leyes más trascendentes de las aprobadas por la Legislatura. Sin embargo, todavía no se hizo público su texto definitivo.
El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado en general el 23 de noviembre pasado (por unanimidad), y en particular al día siguiente (por mayoría).
Sin embargo, hasta ahora no fue publicado el decreto de promulgación ni el texto completo.
Otras leyes, igualmente trascendentes y sancionadas por la Legislatura con posterioridad, ya están disponibles en el Boletín Oficial y en el sitio web de la cámara.
¿Y el Código Procesal Penal? ¿Quién es el responsable de esta omisión?
¿El Consejo de la Magistratura debe o no fundamentar las calificaciones que impone a los concursantes?
La Asociación de Magistrados planteó que la entrevista personal que el Consejo de la Magistratura le realiza a los concursantes es “de dudosa constitucionalidad”, y les pidió a los consejeros que fundamenten el puntaje.
La postura de los integrantes del Consejo sobre este tema no es unánime: algunos consideran que la valoración que se realiza en las entrevistas “es discrecional” y que se trata de actos “que no son judicialmente revisables”, y otros tienen la postura de que “ya no existen actos políticos no judiciables”.
Esta nueva polémica surgió a raíz de lo sucedido en el concurso para cubrir la vacante del juzgado Correccional de Zapala. El Consejo de la Magistratura designó como ganadora a Mónica Pizzipaulo, quien obtuvo el puntaje más bajo en la historia del organismo: 44,98 puntos sobre 100 posibles.
La perdedora, María Luisa Squetino, impugnó el puntaje que recibió en la entrevista personal por “infundado” y “arbitrario”.
La entrevista personal es la última etapa de la evaluación de los concursantes, y suele ser decisiva para establecer un ganador.
Al respecto, la Asociación de Magistrados salió en defensa de Squetino. Le envió una nota (ver aquí el texto completo) al presidente del Consejo, Oscar Massei, en la que planteó su preocupación “por la falta de fundamentación que se observa en las calificaciones que los consejeros dan a los postulantes en las entrevistas personales”.
“El Consejo no puede arrogarse facultades discrecionales en una entrevista que ni siquiera está prevista en la Constitución sino que fue incorporada en una reglamentación posterior”, afirmó la Asociación en la nota, firmada por María Dolores Finochietti y Alejandro Cabral. “Colocar antojadizamente un número para calificar a un postulante, sin mencionar qué hizo o dijo para merecer esa calificación, no es un fundamento aceptable para un acto administrativo de tamaña trascendencia” que además “es inapelable”.
Al rechazar la impugnación de Squetino, los consejeros se refirieron al tema. Por ejemplo Roberto Rodríguez Bello (representa a los abogados) dijo que los actos del Consejo “son de naturaleza institucional y gubernativa, derivados del propio mandato constitucional que los inviste y unge de absoluta discrecionalidad”.
En el mismo sentido Hugo Acuña (MPN) afirmó que los consejeros tienen “cierto margen de libertad para decidir la puntuación que se asigna a cada concursante” y no existe en la Constitución “una norma que establezca para actos de esa naturaleza una obligación similar a la exigida para la fundamentación de los actos administrativos”.
Para Pedro Quarta (el otro representante de los abogados) el Consejo “no debe justificar la constitucionalidad ni la merituación de la calificación individual”.
En soledad quedó Belén De los Santos (representante del peronismo). Si bien defendió “el carácter político de los actos del Consejo”, señaló que los concursantes tienen derecho a conocer y poder controlar “los hechos, el derecho y su interpretación, los criterios utilizados, los perfiles buscados, los razonamientos realizados para llegar a determinadas conclusiones, puntajes, clasificaciones y calificaciones. Ya no existen actos políticos no judiciables”, afirmó. Fue la única que votó por hacer lugar a la impugnación de Squetino.
En un año, en dos fiscalías, en la zona más poblada de Neuquén, abrieron 122 causas por cortes de ruta y calles
Leo en “Río Negro” sobre el siempre controvertido tema de los cortes de ruta: Este año, en solo dos fiscalías del área Neuquén capital, se iniciaron 122 causas judiciales por cortes de ruta. La mayoría de los casos culminan con la suspensión del juicio a prueba lo que implica el cumplimiento de alguna actividad comunitaria por parte del acusado. Organizaciones y gremios rechazan la “criminalización de la protesta social”, mientras que desde la Justicia aseguran que sólo cumplen con lo establecido en el Código Penal.
La Fiscalía Federal, a cargo de Cristina Beute, intervino en 37 causas por interrupciones de tránsito sobre la ruta nacional 22 incluyendo las localidades de Cutral Co, Senillosa, Plottier, Neuquén capital y el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.
Mientras tanto en el equipo fiscal 2 de la Primera Circunscripción (que incluye Neuquén Capital y ciudades cercanas), se registraron alrededor de 85 causas. “Desde el momento que toma intervención la policía y comienza a tener aspecto de delito ya hay actuación judicial”, explicó la titular de la fiscalía, Gloria Lucero.
Ambas fiscales explicaron que existe un protocolo de actuación que establece que en casos de interrupciones de tránsito primero se debe constatar el hecho, luego se identifica a las personas que lo llevan adelante, se los intima a que cesen la actividad, y si en un plazo determinado no se finaliza la medida se requiere al juez, quien por lo general libra una orden de desalojo.
Tanto Beute como Lucero coincidieron en señalar que la mayoría de estas causas finaliza con probation o suspensión del juicio a prueba, en donde los imputados asumen una obligación de servicio comunitario para alguna entidad pública. Esto sucede porque los acusados, en general, no poseen antecedentes policiales y porque la escala penal admite aplicar esta solución alternativa.
Los cortes de ruta y los piquetes se institucionalizaron como modalidad de protesta hace más de una década en la región. Cutral Co y Plaza Huincul fueron los escenarios desde donde el piquete cobró una relevancia que se expandió a lo largo de todo el país. En la zona es una de las medidas que se toman en situaciones extremas para peticionar a las autoridades por derechos como educación, trabajo, salud y vivienda.
Mariano Pedrero, abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, indicó que en los últimos dos años hay alrededor de 500 procesados en toda la provincia por causas de este tipo. A nivel país el número llega a 5.000, a lo que se suman los cerca de diez asesinados en situaciones de protesta por parte de la represión policial y para-policial.
Pedrero, en consonancia con organizaciones a nivel local y nacional, denunció la criminalización que se realiza de la protesta social. “Se persigue a los trabajadores que luchan y pelean por sus derechos”, sostuvo.
Desde la Justicia, las fiscales destacaron que no hay criminalización ya que lo que se hace es cumplir con lo que establece el Código Penal en su artículo 194. “En todo caso quien criminaliza es el legislador que redactó la norma”, agregó Beute.
“Se llenan la boca hablando de cumplir leyes, si así fuera en la Constitución de Neuquén se prohíbe los despidos en masa y no movieron ni un solo dedo cuando pasó lo de la cerámica Stefani”, replicó el abogado ceramista.
Sobre las causas en las que ha intervenido, Pedrero indicó que hay un total de siete en las que están procesados alrededor de 50 trabajadores de Stefani. Este año lograron el sobreseimiento de cinco obreros de Fasinpat. “Llegamos a esto porque se pone por encima el derecho a peticionar por el trabajo y no la interrupción momentánea del tránsito. Reclamar un derecho no es un delito”, explicó el letrado.
Sobre el tema, Beute opinó que existe una “falta de eficacia para atender a los reclamos y falta de gestión de los conflictos por parte de las autoridades. Pero en la instancia judicial es necesario que se dé el debate”, aunque son pocos los casos que llegan a juicio.
Por su parte, la fiscal Lucero sostuvo que la protesta cesa cuando se comete un delito. “Probablemente haya un problema de falta de conciencia democrática, porque un tema es la protesta social y otra la violencia. Mucha gente se esconde bajo la protesta social para cometer delitos”, manifestó.
La nota es de Melina Fit.
Reforma procesal penal: “Hace falta una nueva generación de jueces”, dice Alvarado Velloso
“En otras partes del país y de Latinoamérica, las reformas procesales fracasaron porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial. Hace falta una nueva generación, con mentalidad nueva. Y mientras tanto, mucha capacitación”.
Así lo afirmó Adolfo Alvarado Velloso, destacado profesor en derecho procesal y director de una maestría que se dicta en Neuquén por un convenio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados.
En una de sus últimas visitas lo entrevisté para el diario “Río Negro” sobre el nuevo Código Procesal Penal, recién aprobado por la Legislatura neuquina.
Señaló que la provincia “ha dado un paso muy grande hacia la constitucionalización del proceso. La ley que tienen en Neuquén es perfectible pero es la mejor de todas, no hay ninguna igual, porque además incluye el juicio por jurados que es una manda constitucional”.
Alvarado Velloso advirtió que “hay que hacer una capacitación extrema, importante, decidida, de los jueces que van a usar el sistema, porque no se trata de que cambió el papel, cambió la mentalidad. Si eso no se entiende no va a funcionar, como pasa en Colombia, México o Chile”.
Se puso como ejemplo al señalar que “yo soy formado en el sistema inquisitorial. Hay que dar un paso muy grande para entender esto. En el sistema acusatorio el juez es neutral y asegura la igualdad de los desiguales con su propia imparcialidad”.
Sobre el mismo tema, dijo que “en otras partes el sistema acusatorio fracasa porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial que no han sido capacitados”.
–¿Hace falta una nueva generación de jueces?
–Sí. En la provincia de Buenos Aires, hombres jóvenes de 30 o 40 años ganaron los concursos de jueces de garantía. Es la mentalidad nueva, nunca trabajaron en el sistema anterior, y se desempeñan perfectamente. No hay queja de ellos.
–¿Y en la universidad, cómo se forma a los abogados?
–En el sistema inquisitorial. En la Universidad del Comahue nadie enseña el sistema acusatorio. Ademas la provincia de Río Negro tiene el Código Procesal Civil más inquisitorio de la Argentina, es notable lo perverso que es, y los profesores de esa materia son de procesal civil, que dan la tónica de cómo es el proceso”.
–¿Y mientras aparecen las nuevas camadas de jóvenes jueces?
-Es imprescindible una capacitación obligatoria para todos. Algo hay que hacer, más que ir a una conferencia mía un ratito. En Buenos Aires se enseña la filosofía del sistema acusatorio, las técnicas propias, cuál es el papel del juez, el poder del fiscal, del defensor, y se trata específicamente el área de la libertad, cómo se trata la impugnación cuando se pierde la libertad.
Ricardo Kohon será el presidente del Tribunal Superior de Justicia en 2012
Lo decidió hoy el Tribunal Superior de Justicia.
Sí, ya sé, yo había dicho esto pero recién va a jurar el 1 de febrero del año que viene.
Kohon es el primer vocal que repite en la presidencia desde que empezó la renovación, por así llamarla, del Tribunal Superior, en 2004 (la ejerció en 2008).
Y estas son las razones por las cuales se postergó la asunción de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, según consta en el acuerdo del Tribunal:
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN SOBRE DESIGNACIÓN VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEFENSOR DE MENORES, POBRES, INCAPACES Y AUSENTES ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.-VISTO Y CONSIDERANDO: Las notas N° 407-H.L.- y 409-H.L. de la Honorable Legislatura Provincial remitidas por su Presidenta Dra. Ana María Pechen, en la que informa que en la Reunión nro.29, 25a. Sesión Ordinaria, realizada el 6 de diciembre del 2011, se ha prestado acuerdo legislativo para la designación del Dr. Ricardo Horacio Cancela para ocupar el cargo de Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Tribunal Superior de Justicia y del Dr. Evaldo Darío Moya para ocupar el cargo de Vocal el Tribunal Superior de Justicia, respectivamente. Que tomado conocimiento de dichas designaciones, corresponde fijar la fecha en la cual los señores Vocal y Defensor designados deberán prestar juramento en los términos del artículo n°13 de ley 1436. En tal sentido, se ha de considerar el inminente inicio de la feria judicial enero/2012, y la circunstancia de que los nuevos integrantes designados no podrán gozar de la misma por no pertenecer a la planta de personal de este Poder Judicial, y no contar en consecuencia, con la antigüedad requerida para ello. Que, siendo inveterado criterio de este Tribunal Superior de Justicia designar la menor cantidad de personal posible para actuar en los períodos de receso anual, habiéndose definido mediante Acuerdo n°4803, punto 22, los miembros de este Alto Cuerpo que cumplirán funciones en enero/12, y no existiendo razones de urgencia que ameriten la incorporación inmediata de los nuevos integrantes del Cuerpo, resulta oportuno fijar la fecha del juramento en el primer día hábil posterior al término de la mencionada feria judicial. Por ello, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Tomar conocimiento de la designación del DR. EVALDO DARIO MOYA, DNI: 12.680.642 en el cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. 2°) Tomar conocimiento de la designación del DR. RICARDO HORACIO CANCELA, DNI: 6.075.657 en el cargo de Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. 2°) Fijar como fecha para que presten juramento el día 1 de febrero del 2012, a las 12.00 hs..- 3°) Notifíquese. Cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales. Tome razón la Administración General.
Un agregado: Oscar Massei asumió el 19 de diciembre de 2008. Y en febrero de 2009 se hizo cargo de la presidencia. En esa ocasión no se invocó ninguno de los argumentos que ahora aparecieron.
Mano dura
Y yo que creía que el secretario de Seguridad del gobierno era un representante de la ciudadanía ante la policía. Parece que es al revés.
El cargo está vacante.
Los interesados saben ahora cuál es el perfil del candidato que se busca para cubrirla.
Nueve años de la cámara oculta, la causa que cambió al Poder Judicial de Neuquén
El expediente de la cámara oculta, de cuya foja 1 se cumplen 9 años, atravesó los despachos de casi todos los magistrados y funcionarios del fuero penal de Neuquén capital. Como un talismán, luego del contacto con la causa muchos tuvieron un ascenso; otros fueron al destierro. Sus efectos perduran hasta hoy y se proyectan sobre el futuro. No por casualidad, cuando al ex gobernador Jorge Sobisch lo filmaron con cámara oculta estaba intentando imponer a tres abogados de su confianza en el Tribunal Superior de Justicia. No lo pudo hacer en ese momento, pero sólo sería cuestión de tiempo.
Los planes de Sobisch para controlar el Tribunal Superior comenzaron a vislumbrarse en diciembre de 2001. Su objetivo, como él mismo admitió, era evitar que volvieran a pasearlo por los juzgados acusado de presuntos hechos de corrupción. Los números en la Legislatura, que presidía Jorge Sapag en su carácter de vicegobernador, no le eran favorables y en ese contexto se produjeron sus charlas con el entonces diputado radical Jorge Taylor, quien se aprestaba a renunciar porque había migrado a Recrear. Sobisch quería convencerlo de que antes de irse diera el quórum que necesitaba para imponer a sus candidatos a vocales.
Taylor filmó con cámara oculta esas conversaciones con Sobisch y Osvaldo Ferreyra, por entonces vicepresidente de la Legislatura, en las que se habla de un ofrecimiento de dinero (en Lecop) y créditos. Algunos tramos del video fueron difundidos por televisión y el 7 de diciembre de 2002 quien era fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte, abrió de oficio una investigación que todavía no llegó a juicio. Tuvo como imputados a Sobisch (luego sobreseído por la Corte Suprema), Ferryra, el ex asesor Martín Segovia y el ex funcionario Eduardo Carbajo.
Segovia entró al caso acusado de haber ofrecido dinero a una escribana a cambio de un acta antedatada que supuestamente Ferreyra pensaba utilizar para acusar a Taylor.
Al día de hoy, Ferreyra y Segovia son los únicos que siguen involucrados en la causa y a la espera de juicio oral.
La imputación de Telleriarte recayó en el despacho del juez Juan Gago, quien se apartó. Lo recibió entonces el ex juez Roberto Abelleira, quien sobreseyó a todos los imputados. (Abelleira fue luego ascendido a fiscal de Cámara y a juez de Cámara aunque nunca llegó a asumir el cargo, y se jubiló).
La fiscalía apeló el sobreseimiento y el expediente subió a la Cámara Primera que lo revocó sólo en parte ya que dejó firme el sobreseimiento de Sobisch. Fue un fallo por mayoría: a favor votaron Jorge Sommariva y Roberto Fernández y en contra lo hizo Cecilia Luzuriaga.
Hubo una nueva apelación fiscal, firmada por Telleriarte y Ricardo Mendaña, y el caso llegó al Tribunal Superior. Para entonces Sobisch había sido reelecto con una cómoda mayoría legislativa que le permitió instalar en el TSJ a Sommariva y Fernández. Más tarde les sumó a Eduardo Badano, quien ya como vocal del Tribunal, votó por mantener el sobreseimiento del gobernador.
Entre tanto, el ascenso de estos tres camaristas a vocales del Tribunal Superior provocó un corrimiento de cargos que, sumado a la creación de numerosos juzgados, fiscalías y defensorías en toda la provincia, permitió consumar lo que se conoce como la colonización del Poder Judicial.
Decenas de magistrados y funcionarios ingresaron o tuvieron ascensos meteóricos sin concurso y, en muchos casos, sin control legislativo, porque la legislación lo permitía.
Volvamos a la cámara oculta. Mendaña, fiscal de Cámara, y Alberto Tribug, fiscal del TSJ, lograron que el expediente llegara a la Corte Suprema.
En 2004, Tribug estuvo a punto de ir a juicio político. Mendaña fue sometido a un jury escandaloso y destituido (años después la sentencia sería anulada). En ambos casos la acusación la presentó el ex diputado Oscar Gutiérrez, ultrasobischista.
El tiempo siguió pasando y se ingresó en una zona roja: la causa de la cámara oculta estaba a punto de prescribir. Ya había otro fiscal al frente: Pablo Vignaroli, un ex deudor incobrable del Banco Provincia de Neuquén (Telleriarte había recibido lo que en esa época se llamaba un entierro de lujo: el ascenso a defensor de Cámara).
Vignaroli pidió la indagatoria de Ferreyra y Segovia, pero no había quien las tomara: ocho jueces se excusaron, la mayoría por amistad con Segovia. Algunos habían ascendido al puesto de magistrado en estos años de fenomenal recambio.
Por orden de la Cámara de Apelaciones las indagatorias las tomó Humberto Mazzitelli, quien elevó la causa a juicio días antes de jubilarse.
En cuanto a Vignaroli, fue ascendido a fiscal de Cámara y en 2008 se excusó de seguir interviniendo por amistad con Segovia, cuya indagatoria había pedido antes.
Tantos magistrados habían intervenido a lo largo de los años que no había quién realizara el juicio oral contra Ferreyra y Segovia, porque todos ya habían opinado o se habían excusado. Se logró reunir a tres: José Andrada, Héctor Dedominichi y Dardo Bordón. El primero de ellos se jubiló, de modo que habrá que reemplazarlo si se intenta hacer el juicio en 2012.
La frase
Sin saber que lo estaban filmando, Jorge Sobisch pronunció una frase que transparenta todo lo que sucedió: “yo salí de acá (de la gobernación que ejerció entre 1991 y 1995) pobre, hecho un desgraciado, y me pasearon por todos los juzgados. Entonces uno empieza a tener miedo. En el buen sentido de la palabra”.
Volvió al gobierno en 1999 y dos años después puso en marcha lo que ha sido descripto como un proceso de colonización del Poder Judicial. En diciembre de 2001, cuando el país estaba asolado por corralito y cacerolazos, desplazó a dos de los cinco vocales históricos del Tribunal Superior de Justicia: a Fernando Macome le dio por decreto una jubilación de privilegio, a Rodolfo Medrano lo presionó con un posible cambio en la ley de jubilaciones. Un tercero, Armando Vidal, se fue solo con su salud quebrada.
De inmediato envió ternas de reemplazantes, tal como contemplaba la Constitución vigente en esa época. Las encabezaban su ex abogado personal Juan Angiorama, el ex ministro felipista Carlos Silva (“amigo mío de toda la vida”, según dijo ante la cámara oculta) y Marcelo López Mesa (“me lo vendió el ministro Alfredo Pujante”, reveló también ante la cámara).
La resistencia que generaron las postulaciones impidió que Sobisch reuniera los 19 diputados que necesitaba (de acuerdo con el sistema vigente antes de la reforma constitucional) para habilitar la sesión secreta en la cual sus candidatos serían ungidos en las vocalías.
La Legislatura, que en ese entonces presidía Jorge Sapag, quedó paralizada. El bloque del MPN sobischista, que contaba con 14 votos, logró la adhesión de tres menemistas (Carlos Asaad, Carlos Machi y Marité Berbel) y un radical (Rubén Vandalda). El diputado 19, creyó Sobisch, podría ser Taylor. Por eso lo llamó para conversar.
Sigue el debate por las críticas y apoyos a la postulación de Cancela
La polémica empezó cuando la Asociación de Magistrados y Funcionarios se pronunció en contra de la postulación de los candidatos del gobernador Jorge Sapag para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
En lo puntual, respecto de Ricardo Cancela, la Asociación dijo que más allá de reconocer su trayectoria y cualidades, “su actuación reiterada en causas de corrupción como defensor de los imputados podría llevar a poner en tela de juicio la transparencia de la política judicial respecto de este tipo de delitos, en el caso de que deba subrogar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y desde allí dar los lineamientos para la persecución penal de los mismos”.
Hubo una polémica interna entre los asociados a la AMyF, parecida a la que se produjo entre los abogados cuando el Colegio decidió apoyar las candidaturas de Moya y Cancela.
Y dicen que en una fiscalía de Cámara se reunió un grupo de funcionarios simpatizantes con Cancela y organizaron la junta de firmas en su apoyo (aquí la lista completa, incluye abogados particulares que se expresaron en el mismo sentido).
Cancela maneja muchas causas penales. Pero para ceñirnos al cuestionamiento de la AMyF, van tres ejemplos: entre quienes prestaron su aval figura el juez de la demorada causa Temux (el flamante defensor del TSJ asiste a uno de los imputados), el juez de la demorada causa Fuentealba II (Cancela asiste a dos imputados) y el fiscal que no acusó a Luis Manganaro (también asistido por Cancela) en aquella vieja causa por enriquecimiento ilícito.
No figura en cambio el juez de la causa de la zona liberada, al que Cancela trató de “boludo” (ver aquí).
El martes en el debate legislativo, el diputado radical Marcelo Inaudi (quien años atrás votó con el mismo entusiasmo a los vocales propuestos por Jorge Sobisch, a los que luego acusó reiteradas veces) puso en tela de juicio la representativas de la Asociación de Magistrados:
Y remató:
Hoy Richard Trincheri, el presidente de la AMyF, le contestó:
El debate es bienvenido, como siempre. Lástima que por momentos se convierta en una cuestión personal y se siga dejando de lado la discusión de fondo: el perfil del juez (y defensor, y fiscal) que requiere un Tribunal Superior de Justicia.
Moya es vocal del Tribunal Superior de Justicia: lo que se dijo en el debate legislativo
Evaldo Moya se presentó el martes a la mañana a la comisión de Asuntos Constitucionales. Acusado de deudor alimentario, lo acompañaron dos de sus hijos. Tras las exposiciones que se sintetizan a continuación (son los apuntes que tomé de la sesión en vivo), el candidato de Jorge Sapag para cubrir una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia recibió el voto de 29 diputados sobre 35 (en contra votaron Ariel Kogan, Soledad Martínez, Paula Sánchez, Rodolfo Canini y Eduardo Benítez. Graciela Castañón se ausentó).
Soledad Martínez (Frente Grande): Moya “está propuesto para cubrir una vacante en la máxima magistratura. Ese lugar exige un análisis de antecedentes, aptitud y una valoración ética y moral que Moya no cubre”.
Ariel Kogan (PJ): Moya “no se acerca al perfil que esta banca tiene para un integrante del Tribunal Superior de Justicia. Por un lado, por la visión que Moya tiene de la posibilidad del secreto de las acciones desde el Poder Ejecutivo, respecto del Plan de Seguridad, donde ya actuó como Asesor General de la Gobernación y como presidente del Tribunal de Cuentas”.
“Segundo, autorizó en gastos corrientes el uso de fondos de la renegociación de los contratos petroleros. Por eso mi voto personal es en contra”.
Paula Sánchez (Libres del Sur): “en la reunión de comisión le hice preguntas y no nos terminan de conformar las respuestas. Tengo una visión crítica respecto de la comisión técnica que evaluó los antecedentes y las impugnaciones, en particular respecto de cuestiones que podrían haber sido corroboradas con algún dato de la realidad. La comisión técnica asumió como propio el descargo de Moya sin evacuar ninguna cita”.
“Hasta la fecha, sobre antecedentes académicos, menciona tres cargos como docente y sólo pudimos corroborar por nota del decano de la facultad de Derecho dos de ellos, el tercero pareciera no existir. Y Moya completó el formulario con carácter de declaración jurada”.
“Más allá de si fue jefe de trabajos prácticos en alguna materia de derecho, no puede un aspirante a un cargo en la administración pública dar datos que no se corresponden con la realidad. Esto no fue tenido en cuenta por la comisión técnica ni por algunos diputados que no se vieron interesados”.
“Por estas consideraciones no vamos a acompañar el pliego de Moya”.
Horacio Rachid (Opción Federal-MPN) “Moya cumple con las exigencias de la Constitución para ser vocal. Aparte existe la opinión del legislador, en cuanto a la aptitud del postulante”.
“Hay una confusión: el gobernador tuvo una actitud de profundización de su vocación democrática, autolimitándose en la designación”.
“Hoy nos encontramos con que esta autolimitación pareciera ser vinculante, que no lo es, y que le da una especie de manto sagrado a las opiniones que evidentemente tienen una liviandad de los aspectos jurídicos, políticos y legales de los propuestos que a uno le llama la atención que sean entidades intermedias las que opinen”.
“A ciertas entidades uno puede relevarlas de rigor, pero otras entidades como la Asociación de Magistrados y Funcionarios, su actitud corporativa cuando emite una opinión tiene tan poco que ver con su conocimiento profundo del defensor Ricardo Cancela, que él tuvo que casi decir verdades de Perogrullo (en su descargo) en función de esas acusaciones en cuanto a la razón técnica de un defensor en la elección de sus clientes”.
“Que nadie se sienta descalificado, pero en esto de que seamos responsables con la elección de personas en el TSJ, con estos argumentos, con esta obstrucción política, me llama mucho la atención pero sobre todo me duele mucho porque estamos deteriorando una responsabilidad institucional muy grande”.
“En estos momentos se ve la calidad de los que tenemos que decidir este tipo de responsabilidades institucionales. Esto tendría que ser una simple votación nominal”.
Rodolfo Canini (MUN): “Desde este poder se tienen que hacer esfuerzos para garantizar la independencia del Poder Judicial, así se garantiza el funcionamiento del sistema democrático”.
“El Poder Judicial les pone límites al poder político y al poder económico. En este punto se tiene que tener en cuenta mejorar la calidad institucional. Hoy este acto es la cúspide de mejorar la calidad institucional”
“Y se mejora garantizando la independencia. El Poder Judicial lo conforman hombres y mujeres de carne y hueso, con su historia política y sus ideologías. Que un miembro del TSJ tenga posición política no es para observar. Pero Moya ha sido solamente funcionario político en la provincia, y desde no hace mucho, 10 años, ha pasado por todos los niveles del Poder Ejecutivo y hoy preside el Tribunal de Cuentas”. Esto es condicionante para las futuras tomas de decisiones que tenga que abordar Moya en el TSJ”.
“Su currículum también es observable. No brilla, no reúne las condiciones y méritos que debiera tener una persona que aspira a este cargo”.
“Hay cuestiones que rozan lo ético, la falta de ética. Fue denunciado como deudor alimentario, hoy se sintió incómodo cuando una diputada lo planteó explícitamente (en la reunión de comisión)”.
“Por otro lado, yo jamás expondría a mis hijos como los expuso hoy Moya. Esto también me prendió una alarma, porque no lo considero ético. Mi voto será negativo”.
Alejandro Calderón (PJ): “Por suerte me manejo en lo político y en la vida con libertad de criterios. En esta cámara aprendí cosas buenas y cosas malas que uno no debe repetir. Una es la hipocresía”.
“Cito a mi amigo Martín Fierro: si ves alguno crecer a estorbarlo no te metas, cada lechón en su teta es el modo de mamar. Perón nos enseñaba que al rengo se lo conoce andando. Aquí hay algunos diputados que dicen una cosa y hacen otra. Como dijo alguien que se equivocó y que la historia lo juzgue, mi voto es afirmativo”.
Daniel Baum (Unión Popular): “A partir del decreto de autolimitación, Neuquén dio un salto cualitativo importante en el fortalecimiento institucional, permitió transparentar la elección de quienes deben conducir el Poder Judicial”.
Cuando se instrumentó el decreto “sabíamos que se estaba construyendo un Tribunal Superior de jerarquía, de prestigio. Se mantiene esta misma línea”.
“Se presentaron impugnaciones, transparentemente, y el gobernador podría haber mandado el decreto acá sin ese proceso, pero se cumplió, y esas impugnaciones fueron aclaradas a través del descargo. Hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales se tuvo la posibilidad de preguntar. Yo quedé satisfecho con las respuestas”.
“Cuando escucho algunas de las intervenciones de esta tarde, es increíble que uno sienta que escuchó algo tan distinto en las respuestas que se dieron. Las respuestas fueron sólidas”.
“Respecto del cuestionamiento muy mediático respecto de que es deudor alimentario, Moya presentó un certificado, y lo hizo en una situación conmovedora, acompañado de sus hijos, y fueron sus hijos los que le pidieron estar presente. Creo que mis hijos irían con orgullo a dar la cara por mí, como lo hicieron los hijos de Moya”.
Marcelo Inaudi (UCR): “Esta discusión la supimos tener de manera parecida cuando vino el pliego de (el fiscal) Di Maggio. La causa más importante de corrupción administrativa de los últimos tiempos involucró a una funcionaria del Consejo Provincial de Educación, y fue impulsada por Di Maggio. Yo deposité mi confianza en él, y no me defraudó”.
“A Moya no lo conozco, no conozco de cerca su capacidad. Reúne todos los requisitos constitucionales”.
“Da la sensación de que a través de diversas argumentaciones que se leen en los medios, lo que se pretende es meter miedo, criticando, denostando a distintos candidatos”.
“Estamos hablando de falta de ética, de independencia, que si los hijos vinieron, que si es deudor alimentario… Lo más insólito son los argumentos que hacen referencia a una intención del gobernador de colonizar el Poder Judicial, procurando tener jueces amigos que le garanticen impunidad. Si es así, lo viene haciendo muy mal el gobernador, porque es un gobernador que apoyó una reforma procesal única en el país, que va a transparentar los procesos judiciales”.
“¿Propicia impunidad proponiendo a Massei, a Labate, a Graciela Corvalán? ¿De dónde sacan colonización? Se busca infundir miedo, no sé si en los legisladores, o se busca prensa fácil”.
“No tengo ninguna objeción contra Moya, sí me parece que el gobernador dio clara muestra de pretender construir una justicia independiente”.
José Russo (MPN): “Durante toda esta gestión asistí a planteos y cuestionamientos de integrantes del Poder Judicial que requirieron acuerdo legislativo”.
Destacó “la enorme posibilidad que tenemos todos de asistir a las entrevistas, formarnos opinión con los dichos de cada uno, haciendo preguntas, obteniendo respuestas, dando opiniones. Pudimos leer las impugnaciones y sus respuestas. También pude leer los apoyos que recibieron”.
“Parece tendencioso que sólo se expliquen las objeciones, haciendo caso omiso de las explicaciones o de las adhesiones”.
“Muchos de los que participaron de esta selección de magistrados en esta Legislatura han visto el estricto cumplimiento de los ritos. Teniendo en cuenta no sólo las objeciones sino también el escrito de las impugnaciones y explicaciones sobre las mismas, tuvimos oportunidad de escuchar la misma respuesta al mismo tiempo, lo cual dejó un viejo sistema de errores de percepción. Lo que para unos es de una manera, para otros es diferente. Algunos hemos visto explicaciones contundentes y otros han visto sospechas”.
“La democracia es sabia, nos da la oportunidad de expresar nuestras opiniones. No sólo el gobernador dijo los pongo a consideración y ustedes definan en la sede del legislativo, sino que además nosotros nos dimos un procedimiento que permitió escuchar antes, tener nuestra propia reflexión, y después votar a conciencia”.
“La esencia de la democracia se cumplió. Para algunos será un formalismo, para otros una expresión acabada del sistema democrático, y para otros una forma de convalidar una colonización”.
La foto es de prensa de la Legislatura.
Cancela es defensor del Tribunal Superior de Justicia: lo que se dijo en el debate legislativo
A Ricardo Cancela, propuesto por el gobernador Jorge Sapag para defensor del Tribunal Superior de Justicia, lo votaron 31 de los 35 diputados (en contra votaron Ariel Kogan, Soledad Martínez, Paula Sánchez y Rodolfo Canini). También se presentó el martes a la mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales e hizo su descargo. Esto es lo que se dijo al debatir su pliego (y que tuvo continuidad respecto del debate por el caso Moya).
Como en el caso anterior, son mis apuntes de la sesión en vivo que seguí por el sitio web de la Legislatura.
Soledad Martínez (Frente Grande): “Quiero dejar en claro que entendemos desprolijo e innecesario el procedimiento que con la urgencia y celeridad dispuso el gobernador para cubrir estas vacantes, que llevan más de la mitad del año sin cubrirse”.
“La remisión en estas condiciones a la Legislatura nos obliga a tener una sesión que es inaudita para los tiempos que ha funcionado esta Legislatura”.
“El decreto de autolimitación es un salto cualitativo de la atribución del gobernador que establece la Constitución. Aún sin el decreto, los diputados tenían la posibilidad de expresarse”.
“Habiéndose dispuesto este mecanismo, recibió el reconocimiento unánime de esta cámara respecto de lo acertada de esta decisión, que inauguró Néstor Kirchner en 2003 con su decreto de autolimitación para los miembros de la Corte Suprema”.
“El gobernador, con esa tendencia, es la única respecto de la cual se moderniza, se mejora el esquema de organización de gobierno que propone nuestra Constitución, se abre el juego, transparenta, habilita la opinión”.
“En ese esquema, el gobernador transforma ese mecanismo valioso en un rito, un procedimiento en el que se cumplen las formas y en la Legislatura en el mejor de los casos se procede a la discusión, pero acá no se ha discutido nada, de modo que si además de esa situación las opiniones de estos diputados van a ser sometidos a la opinión de otros diputados, todos podríamos sentirnos con libertad de sentirnos sorprendidos de algunas adhesiones sí, otras no, y eso desmerece la discusión”.
“Si sólo se trata de verificar que si cumplen lo requisitos, no estaríamos en esta situación”.
“Lejos de ser ejercida con liviandad u obediencia debida, debe ser ejercida con responsabilidad”.
“No acompañaré con mi voto a Cancela. Fue un aporte sustantivo a este debate el de Convocatoria Neuquina. Las razones por las que se cuestiona a Cancela no tienen que ver con objeciones al ejercicio de su profesión o la libertad con la que la ejerce. Antes bien, a una serie de parámetros. Hay algunas definiciones previas de su vida profesional, que contaminan la necesaria transparencia que los lugares que estamos evaluando requieren”.
“Preguntada hoy su opinión sobre el juicio político a (el ex vocal Eduardo) Badano, (cuya defensa ejerció), nos pidió que lo eximiéramos de responder por cuanto está por resolverse un planteo ante la Corte que él formuló y en donde además de cuestionarse el mecanismo de la Legislatura, se cuestionan las razones por las cuales la Legislatura llevó adelante ese proceso”.
“A esas razones políticas profundas, Cancela las cuestiona, y por eso no puedo acompañarlo en un cargo de esa envergadura”.
Ariel Kogan (PJ): “Conozco a Cancela hae muchos años, lo aprecio, lo reconozco como profesional, espero que después de hoy ese aprecio siga siendo mutuo”.
“No menoscaban mis argumentos su trayectoria profesional. Cancela manifestó con claridad su visión respecto del proceso del jury a (el ex fiscal Ricardo) Mendaña, de la intervención de Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano, y al mismo tiempo su visión respecto del juicio político a Badano”.
“Dijo con una honestidad que le reconozco, que fue defensor de Badano y que este legislador conocía su opinión respecto del juicio político y del elemento central de la acusación, porque él las había expuesto en esta Legislatura (donde se realizó el juicio político)”.
“Hay una distancia insalvable entre la visión de una parte de la historia del Poder Judicial que tengo yo y la que tiene Cancela, que me hace imposible acompañar su designación”.
Paula Sánchez (Libres del Sur): “La necesaria transparencia e independencia del Poder Judicial empieza en este momento. Uno de los postulantes decía hoy ‘¿por qué quiero ser vocal del Tribunal? Porque es el sueño de todo abogado’. Como si fuera el sueño del pibe”.
“Probablemente para el abogado sea la aspiración mayor. Para nosotros debe ser la mayor responsabilidad prestar acuerdo legislativo o no a las propuestas del gobernador”.
“La modificación de las reglas de juego no empiezan con el decreto de autolimitación. Antes se modificó la Constitución, que permitió que estas designaciones se hagan en sesión pública, antes eran secretas”.
“La comisión técnica no hizo una buena labor de evacuar dudas o planteos, ni con Moya ni con Cancela. Eso hace que este decreto sea una mera formalidad”.
“Es cierto que no es vinculante, sí por lo menos merece un serio análisis de la comisión técnica, luego del gobernador, y tercero de la Legislatura”.
“¿Cómo vamos a querer meterle miedo a nadie? Tampoco queremos prensa fácil. Lo que hacemos aquí desde esta banca es argumentar con fundamentos, que pueden ser compartidos o no. Jamás planteamos cuestiones caprichosas”.
“Me parecen de mal gusto algunas consideraciones que se hicieron. ¿Por qué los que votamos en contra tenemos que ser considerados el demonio?. Hay consideraciones innecesarias, de mal gusto y rozan lo irrespetuoso de quienes pretenden hacernos creer que todos tenemos que votar igual”.
“La colonización del Poder Judicial no es una novela de ciencia ficción”.
Horacio Rachid (Opción Federal): “Parece que la profundización de la democracia los molesta. Por ejemplo, la autolimitación del gobernador. Con nula capacidad de autocrítica, nos dicen que la autolimitación que inauguró Néstor Kirchner originó la elección del mayor jurista del mundo, que es Zaffaroni”.
“Esa autolimitación parece que es buena allá y no es buena acá. A Zaffaroni le presentaron más de 900 impugnaciones. Acá en el caso de Cancela, el 80 por ciento de las presentaciones son apoyos”.
“Estamos eligiendo a uno de los tres penalistas más famosos de la provincia. El otro es compañero en la cámara, al otro le dicen el Máster”.
“Se ha mentido en esto por una razón que todo el mundo conoce: la mentira en la prensa tiene un gran espacio”.
“Están en su derecho las diputadas, los diarios, pero eso sí, las democracias funcionan con mayorías. Todas estas conspiraciones, profecías, después no tienen autocrítica”.
“Es la primera vez que veo objetar técnicamente el papel de un defensor. Cancela fue defensor de Badano y ya nos sentimos tocados porque esta Legislatura llevó adelante el juicio político (contra Badano). Pero resulta que Cancela ejerció la defensa, así que algún elemento en contra del juicio político habrá esgrimido”.
“Es lo mismo que en la defensa que ejerció de Sobisch, elegido tres veces gobernador de esta provincia”.
“Cancela también aclaró que él había defendido a Ricardo Mendaña en un jury anterior”.
“Estos sectores políticos dejan mucho que desear para un desarrollo acorde del sistema democrático, estén donde estén”.
Daniel Baum (Unión Popular): “Cancela fue claro y contundente en la entrevista, sentí que debía votarlo y nada más. Pero escuchando algunas intervenciones en que se plantea el voto negativo en función de los clientes que fueron tomados por Cancela, sentí la obligación de expresar una opinión”.
“El juicio político a Badano a nuestro criterio no merituaba la destitución. Cancela dijo ‘este es un juicio que todavía no terminó, está en la Corte, y por lo tanto no debiera responder. Muchas veces en mi carrera me ha tocado defender distintas personas de distintas ideologías’”.
“Cuando se hace este cuestionamiento, que un abogado debe elegir a quién defender y a quién no, se olvida que la Constitución consagra el principio de inocencia”.
“En este caso, Cancela respondió correctamente y no por eso tenemos que prejuzgar que él tendría que haber elegido no defenderlo a Badano”.
Marcelo Inaudi (UCR): “Esas voces que se levantan reivindicando el juicio político son las mismas que pronosticaban el fracaso de actuaciones, que decían que eso era un circo”.
“Cancela, en su hábil defensa de Badano, citó párrafos textuales del diario de sesiones donde estas diputadas pronosticaban su fracaso. Me alegro que ahora se hayan convencido de que las cosas estaban bien hechas”.
“A Cancela lo conozco hace mucho, compartimos múltiples causas penales. Lo he tenido al lado y al frente. No le conozco una sola intervención innecesaria, una sola sanción. Cancela ha demostrado ser un brillante abogado, estudioso, meticuloso, comprometido con sus clientes”.
“Cuando uno escucha ‘defiende casos de corrupción’, ¿qué casos le caerá bien al paladar de esta gente que critica? ¿Caerían bien las defensas de extorsionadores, de homicidas, de violadores? Los que hacemos penal tenemos una nómina de clientes muy pobre, en la mayoría de los casos son innombrables. Pero esta cuestión de mimetizar al abogado con el cliente se da de narices con la Constitución”.
“Este desconocimiento proviene no digo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, sino de la cúpula, porque entre los apoyos que recibió Cancela figuran altísimos funcionarios del Poder Judicial. Y los abogados de siempre, los estudios más reconocidos, también vieron a Cancela como una incorporación valiosa al Poder Judicial”.
“El Poder Judicial necesita abogados de la calle para tener una cuota más de sentido común”.
“Lamento que en nombre de la justicia se pisotean derechos fundamentales, se desconoce la estructura misma del proceso penal. Todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Recordemos de qué república venimos, cuando se prescindió de las garantías constitucionales”.
“Si estos (en referencia a los de la Asociación de Magistrados) son los jueces que nos juzgan, con estos prejuicios, Dios nos libre y guarde”.
José Russo (MPN): “Qué importante que es leer los expedientes. Esto del cuestionamiento de la Asociación de Magistrados, tengo una enorme cantidad de magistrados que dicen que avalan a Cancela. ¿quién será que está en contra?”
“Nadie va a poder decir que estamos defendiendo a un afiliado al MPN o ligado al MPN, quiero aclararlo porque si no parece que ser oficialista es un elemento de duda sobre la honestidad”.
“A Cancela se lo está cuestionando porque defiende, y se lo está postulando para defensor. Lo que mejor hace es defender. Es una obviedad tan grosera que no merecería una discusión”.
“Cuando uno ve que todas estas personas avalan a una persona para que sea defensor, y el cuestionamiento es que defiende, me queda claro ingenuamente por supuesto, porque no tengo tanta suspicacia, no soy persecutor de demonio, me queda claro que lo que estoy buscando es lo que me están ofreciendo. Me ofrecen capacidad, transparencia en el ejercicio de la función para la cual se lo contrata”.
“Soy médico y he tratado heridos de bala, y eran supuestos delincuentes. No me convirtió en delincuente. El que defiende violadores no se convierte en violador”.
“Este hombre es uno de los mejores defensores de la provincia, sería excelente que fuera el máximo nivel de defensa que tiene nuestro sistema judicial”.
“Es tan bueno que las cuestiones a las que aluden quienes lo denuestan, son las mismas que a mí me impelen a defenderlo, porque es justo, no porque sea de interés político”.
“Creo que va a prestigiar el TSJ con dos elemento básicos: con la vehemencia del convencido, la claridad conceptual, pero también con la idoneidad del técnico con las mejores condiciones, adquiridas defendiendo a indefendibles”.
Rodolfo Canini (MUN): “Al gobernador, cuando le preguntaban por qué no cubría las vacantes en el Tribunal, planteaba que todavía no le cerraba la ecuación. No se entendía pero era evidente: lo que no le cerraban eran los números de la cantidad de votos de esta cámara. Es evidente que ahora le cerraron los números”.
“Estoy de acuerdo con los consensos en base a ideas, objetivos. Cuando se cambian figuritas no estoy de acuerdo y más en estos temas, cuando se designa a un miembro del Tribunal, al defensor. Se cambian figuritas entre partidos políticos a conveniencia del futuro intendente de Neuquén capital, de no sé qué cosa del gobierno nacional”.
“Las políticas pragmáticas nunca llevan a buen puerto. No se construye la gobernabilidad cambiando figuritas”.
“No se dice la verdad de la milanesa, no se explicita y sería bueno: qué es lo que le conviene al nuevo Concejo Deliberante de Neuquén según el MPN, qué le conviene al radicalismo para el TSJ según el radicalismo. Así la gente empieza a entender qué se está votando”.
“A Cancela recién hoy lo conocí, escuché hablar de él, y hay algunas contradicciones que no me cierran. No se puede apoyar al defensor de quien este cuerpo ha echado del Poder Judicial, y lo echó por ser socio del poder político y económico de la provincia en un determinado momento, por colonizar la justicia a favor de un sector político y económico”.
“Uno no se convierte en violador si defiende a un violador, pero no quiero gente en el Tribunal Superior que ha defendido solamente en los últimos 10 años al poder económico y político de la provincia. No le hace bien a la democracia”.
La foto es de prensa de la Legislatura.
La Legislatura aprobó los pliegos de Moya y Cancela para integrar el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Evaldo Moya fue designado vocal del Tribunal Superior de Justicia con 29 votos de diputados, y Ricardo Cancela defensor del Tribunal con 31 votos.
Más tarde, la crónica de la sesión.
Lista completa de todos los que apoyaron a Moya y Cancela para el Tribunal Superior de Justicia
Evaldo Moya y Ricardo Cancela hicieron su descargo por escrito. El primero negó ser deudor alimentario, el segundo dijo que defendió al ex gobernador Jorge Sobisch “en lo estrictamente técnico”. Así consta en el expediente que llegó a la Legislatura con sus postulaciones para ser vocal y defensor del Tribunal Superior de Justicia respectivamente.
También se conocieron los apoyos que recibió cada uno, y que me parece que vale la pena reproducir (la ilustración, click para verla más grande, es uno de muestra).
A Moya lo respaldan:
Carlos Müller, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén.
Diputado nacional Hugo Prieto.
Carlos Coggiola.
Pablo Spieser Riquelme, Ignacio Gorostiza, Carlos Freixas, Alejandro Diez, Pedro Villar.
A favor de Cancela se presentaron notas colectivas e individuales. Los firmantes son:
Secretaria María Luisa Andrada; Juez de Cámara Mario Rodríguez Gómez; Jueza correccional María Gagliano; Juez de Instrucción Cristian Piana; Juez correccional Alejandro Cabral; Secretaria Claudia Tarifa; Fiscal Horacio Maitini; Juez de Instrucción Marcelo Benavides; Juez de Cámara Luis María Fernández, Secretaria Valeria Panozzo, Juez de Instrucción Marcelo Muñoz, Verónica Zingoni.
También firman respaldos José Kokic, Alfredo Maisonnave, Nicolás Tadeo, Alfredo Aparicio, Raúl Frechilla, Sergio Tarzia, Norberto López, Omar Raimondo, Adalberto Manestar, Cecilia Deltour y Martín Segovia.
Un grupo de fiscales se sumó a las adhesiones: Rómulo Patti, Pablo Vignaroli, Andrés Carrea, Marcelo Jara, Gustavo Barroso, María Célica González.
Siguen las firmas: Horacio Ronda, Jorge Neme, Juan José Marcos Quarta, Sandro Ochoa, Carlos Madarieta, Orlando Funes, Luis Cumini, Orlando Funes (h), Sebastián Cumini, Lucio Funes, Silvia Ayala.
También Pablo Spieser Riquelme, Ignacio Gorostiza, Carlos Freixas, Alejandro Diez, Pedro Villar, Carlos Muller y Gustavo Lucero.
Otras adhesiones son las de Jorge Brillo, Alejandro Lozano, Adolfo Manson, Gerardo Massei, Eduardo Allignani, Carlos Coggiola.
Completan la lista el Colegio de Abogados, Luis Martínez (Federación de Sindicatos de Empleados Municipales Patagónicos) y Jorge Izquierdo (Federación Judicial Argentina).
Muchos de los magistrados y funcionarios firmantes aclararon que lo hacían “en su carácter de asociados a la Asociación de Magistrados”, quizá para que no los confundan con la conducción, que se pronunció en contra de los candidatos. Es más, habría alguno que avaló los dos documentos (uno a favor y otro en contra).
Un último detalle: el decreto llamado “de autolimitación” establece que el nombre y los antecedentes de los candidatos deben ser publicados “en dos diarios de amplia circulación nacional”.
El Poder Ejecutivo eligió a La Razón, un diario gratuito que se distribuye en los subtes de Buenos Aires, y a Ámbito Financiero, un diario especializado en economía que no está auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones y cuya cifra de venta de ejemplares sólo se especula.
Neuquén tiene una nueva fiscalía federal
Contamos hace tiempo (ver aquí, aquí y aquí) que había proyectos para crear una segunda fiscalía federal en Neuquén.
Uno de los argumentos del Procurador General, Esteban Righi, fue “el alto grado de litigiosidad imperante” en la provincia, sumado a “las relevantes causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1976 y 1983 que se investigan”.
El proyecto fue tomado por el senador Horacio Lores (MPN) y ayer se convirtió en ley.
El texto completo, en pdf, está aquí abajo:
Zapala le sigue dando dolores de cabeza al Consejo de la Magistratura
Una situación inédita se le presentó al Consejo de la Magistratura con el concurso para cubrir una vacante en la Cámara de Todos los Fueros de Zapala: quedó una sola participante en carrera.
Aquí hay una excelente crónica de Laura Loncopán, encargada de seguir la actividad del Consejo de la Magistratura para Convocatoria Neuquina.
¿Qué pasará ahora? Gloria Martina es la única concursante que sigue adelante, y ya pasó por dos de las tres etapas.
Hay un pedido de jurado de enjuiciamiento pendiente en su contra, pero aun en el caso de que se abra el proceso en su contra, se resolverá antes del concurso que el jury de modo que no es motivo para sacarla de competencia.
¿Declararán desierto el concurso? ¿Con qué argumentación? ¿Cuál es el precedente que quedará? ¿Volverá a pronunciarse el Colegio de Abogados?
Pronto lo sabremos.
Criminalización de vendedores ambulantes: pronunciamiento de la APP y el caso de Neuquén
La Asociación Pensamiento Penal expresó su “absoluto rechazo” a sendos proyectos de ley en trámite ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienden a “criminalizar a los sectores más vulnerables”.
Se trata de proyectos para reformar artículos del Código Contravencional “eliminando las excepciones a la prohibición de venta en vía pública cuando se trate de venta de baratijas, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique una competencia desleal con los comercios”.
Además, dice la APP en un texto que pueden descargar completo al final del post, “se excluye el término ambulante, criminalizando de tal modo toda actividad lucrativa no autorizada en la vía pública”.
“Consideramos que la criminalización de la venta en vía pública bajo los parámetros propuestos tiene un claro objetivo; cual es, la neutralización de un segmento de la sociedad bien demarcado y delimitado -que padece de cierto grado de marginación- al negarle toda posibilidad de realizar alguna labor informal dentro de la comunidad para lograr su sustento diario, consagrando de tal modo un verdadero derecho penal de autor que profundiza la pobreza y la estigmatización de esta porción de la sociedad porteña”.
La polémica tiene su replique local. Días atrás el electo intendente de Neuquén, el ex radical K y ex cobista Horacio Quiroga dijo que la ciudad padece “una epidemia de contravenciones, con ambulantes que hacen lo que quieren y lavacoches que andan por cualquier lado”.
“Hay que cumplir con la legislación por lo que no pueden haber ambulante por todos lados”, dijo Quiroga, se supone en alusión al Código de Faltas municipal (ver artículos 181 al 184).
Los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén nacen tras las vallas
Los pliegos de Evaldo Moya y Ricardo Cancela, postulados por el gobernador Jorge Sapag para ocupar una vocalía y la defensoría del Tribunal Superior de Justicia, ingresaron este martes 29 a la Legislatura.
Para entrar debieron sortear tanto las vallas que rodean el edificio como el rosario de impugnaciones presentados en su contra (por los que hicieron uso del decreto llamado de autolimitación).
Así de simbólico es este momento: la Legislatura que aprobará esos pliegos está vallada (al igual que el edificio donde funcionan las cámaras criminales de Neuquén) pese a que la semana pasada se habló hasta el cansancio de que hay que acercar la justicia a la gente.
Se habló en esa misma Legislatura donde los diputados, también tras las vallas, aprobaron un nuevo Código Procesal Penal que, dijeron, logrará el milagro.
De acuerdo con la información publicada hasta el momento, Moya recibió seis impugnaciones y dos adhesiones, y Cancela cinco impugnaciones y una adhesión.
Se desconoce si hay otras presentaciones, porque no se lo informó hasta hoy martes a la tarde.
Las impugnaciones fueron de la CTA, Convocatoria Neuquina, el Partido Socialista, el abogado Hugo Del Pin, el ex comisario Julio Trepat y la APDH de Neuquén. Las adhesiones, del Colegio de Abogados (a los dos) y del diputado Hugo Prieto (sólo a Moya).
Se expresaron en contra, aunque no formalmente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios (que no fue consultada en forma oficial por el gobierno, como había sucedido con los tres vocales propuestos antes por Sapag) y el obispo Marcelo Melani.
Poca suerte correrán esas expresiones. Ya intentamos explicar aquí que entre la opinión ciudadana y “la ecuación” (léase el acuerdo político) ésta es la que triunfa.
Si quisiera, la Legislatura podría tratar los pliegos este miércoles 30, aprobarlos, y se acabó la historia. Políticamente sería un grave error, y pasivo de reproche hasta por los candidatos que todavía no tuvieron oportunidad de replicar las críticas.
Por afuera del decreto llamado de autolimitación se insinuó un interesante debate respecto del ejercicio profesional de la abogacía. Interesante pero que se merece una serenidad que en este momento escasea. Entonces se volvió inoportuno, porque la conyuntura lo enturbia y sólo logra distraer.
Antes bien, y ya que va a designarse de por vida a dos personas en los cargos más altos del Poder Judicial, debería discutirse cuál es el perfil del juez que quiere la sociedad neuquina.
Sólo voces aisladas intentan instalar, por ahora sin éxito, esa discusión. Como intentaron antes, en oportunidad de tratarse el Código Procesal Penal, que se debata un modelo de justicia que no persiga siempre a los mismos.
Para terminar, Convocatoria Neuquina publicó aquí los antecedentes completos y las declaraciones juradas de Moya y Cancela. El decreto llamado de autolimitación impone que las presenten, pero no contempla que tengan difusión para que la ciudadanía conozca más a sus futuros jueces.
Más vallas.
Juicio por jurados y reforma procesal penal de Neuquén: opinan Andrés Harfuch y Richard Trincheri
(Versión extendida de las entrevistas publicadas en el diario)
Andrés Harfuch, defensor general de San Martín, provincia de Buenos Aires, profesor de derecho penal en la UBA, y uno de las voces más autorizadas en materia de juicio por jurados, cree que todos los delitos con una pena prevista de más de 6 meses de prisión deberían ser juzgados con ese sistema. “No tiene sentido diferenciar entre los delitos. Creo que es cuestión de tiempo, cuando se pierda el miedo y crezca la confianza ciudadana hacia el sistema, cualquier delito con más de 6 meses de prisión debería entrar a un jurado”.
Esto incluiría los delitos cometidos desde la administración pública, que quedaron afuera del juicio por jurados aprobado en Neuquén la semana pasada como parte de la reforma procesal penal.
Harfuch dijo que “en el juicio por jurados que se implementará en Neuquén, que es el mejor lejos, la determinación de los hechos del caso corresponde al jurado, y todas las cuestiones técnicas, es decir cómo se califica legalmente, si hay circunstancias atenuantes o agravantes, y si hay condena cuál es la pena que corresponde, las responde un juez profesional”.
El especialista recordó que “al imponer el juicio por jurados la Constitución Nacional estableció que la única manera de que las resoluciones judiciales pueden ostentar legitimidad constitucional es si son construidas junto con los ciudadanos. Por ende las resoluciones judiciales tomadas exclusivamente por jueces profesionales tienen una legitimidad parcial”.
“Se puede hacer una encuesta: ¿usted confía en los fallos de los jueces? Y la mayoría va a decir que no, porque hay un conocimiento intuitivo en la sociedad, que tiene una sabiduría colectiva en las cuestiones básicas. ¿Qué va a pensar de un procedimiento en el que no participa para nada?”, agregó.
Respecto de la implementación del sistema en comunidades de poca población, donde puede ser difícil encontrar jurados que no estén contaminados por la información pública sobre un caso determinado, Harfuch señaló que “el juicio por jurados transfiere una porción del éxito del juicio en el defensor y en el fiscal. Hay una regla muy importante: los litigantes tienen amplias facultades de recusar sin causa a varios jurados en un gran interrogatorio antes del juicio. Ahí hay amplísimas posibilidades para evitar jurados parciales. Si hay un fiscal o un defensor incompetente, posiblemente se produzcan otros resultados, pero lo veo difícil”.
Añadió que “el legislador ha querido que el imputado sea juzgado por pares. Porque comparten sus mismos valores, su misma cosmovisión cultural. Lo más atractivo del juicio por jurados es que en el recinto de la deliberación no participa el Estado. Los únicos que van a determinar la culpabilidad o inocencia del imputado son los ciudadanos. Después vendrá la tarea del juez profesional, que antes tiene un poder muy importante al darle instrucciones al jurado”.
“Ahora, el esfuerzo de todos para la implementación”
“No debe perderse de vista que la sanción del Código Procesal es solo una etapa, si bien muy importante. La reforma requiere a partir de ahora el esfuerzo de todos para lograr la implementación del nuevo sistema. A no fallar porque la sociedad espera y el país mira”.
Lo afirmó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén, Richard Trincheri, a propósito de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén.
Trincheri aseguró que “el Código sancionado es superador de todos los existentes en el país y, a no dudarlo, Neuquén a partir de ahora será observado como espejo legislativo a seguir”.
Recordó que en 2003 escribió un artículo titulado “El proyecto olvidado” en el cual se lamentaba por la falta de tratamiento en la Legislatura del proyecto de nuevo Código Procesal Penal que había ingresado en diciembre de 2000.
“Lo más importante de aquél proceso fue el origen de la reforma y la metodología seguida hasta la elevación del proyecto. Se trató inéditamente de una decisión de reforma del Tribunal Superior de Justicia y, a partir de allí, se sucedieron el trabajo de la comisión redactora, la realización en toda la provincia de reuniones, foros, debates y la presentación de un texto preliminar. Luego hubo otra etapa de discusión, con superlativa labor de una comisión consultiva y revisora, de la que participaron abogados, funcionarios y magistrados judiciales, diputados provinciales, un representante de la policía provincial y la secretaria de seguridad ciudadana entre otros”.
Tras el fracaso de ese intento “siguieron largos años de desencuentros” hasta que “la actual composición de la Legislatura decidió hace más de dos años saldar esta deuda con toda la sociedad neuquina. Tomó como base otro proyecto con idénticos lineamientos al anterior, convocó a todas las instituciones relacionadas con la materia para que realizaran aportes y lo que fue la decisión más importante: promovió la conformación de una comisión interpoderes, con lo cual también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo participaron en la redacción final del proyecto que finalmente la Legislatura discutió y consagró por unanimidad como nuevo Código Procesal Penal”.
Trincheri consideró que “Neuquén cuenta ya con una normativa adaptada a las exigencias de la Constitución Nacional” que “servirá para devolverle credibilidad social y hacerla más eficiente a la hora de responder a las demandas de la ciudadanía”. Resaltó como puntos principales “el juicio oral y público como etapa central del proceso, el fiscal como único responsable de la investigación preparatoria, la víctima con derechos y protagonismo esencial, los jueces como terceros imparciales en todas las etapas hasta la resolución final del caso, y organizados en colegios lo cual traerá horizontalidad y democracia a la organización pero también les permitirá a los magistrados alejarse de las tareas administrativas, los imputados con un elenco de disposiciones respetuoso de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de la amplitud del sistema recursivo y de una regulación de las medidas de coerción adaptada a las exigencias de los Pactos Internacionales”.
Respecto del juicio por jurados, “la frutilla del postre” según lo definió, dijo que “es una línea central en la realización del programa de fortalecimiento de nuestra República”.
Por último, expresó su reconocimiento a los aportes realizados en las diferentes etapas de este largo proceso por Ricardo Mendaña, Oscar Pandolfi, Marcelo Otharán, Alberto Tribug y “a todos los diputados provinciales que definitivamente han quedado en la historia, especialmente a Marcelo Inaudi, José Russo y Soledad Martínez”.
Luis Niño y la muerte digna: “No todo lo que se puede hacer por la técnica médica se puede hacer en función de la ética”
Luis Niño, por si hiciera falta presentarlo, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, licenciado en Criminología en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de derecho penal en la UBA, juez de Tribunal Oral Criminal. Lo entrevisté sobre la muerte digna, tema de la charla que ofreció la semana pasada en Neuquén.
En este post está el audio de la entrevista completa, aquí algunas de sus definiciones:
Ninguno de los proyectos legislativos apunta al suicidio asistido. No está en nuestro horizonte ético ni jurídico programar cuándo nos vamos a morir”.
“No todo lo que se puede hacer por la técnica médica se puede hacer en función de la ética”.
“El código de ética vigente para la Asociación Médica Argentina, considera que la distanasia, la prolongación de la agonía, sólo se justifica en el caso de una mujer grávida y hasta tanto dé a luz. Si no sería contrario a la ética médica una prolongación innecesaria e infructífera de la agonía en un estado vegetativo permanente. O sea que ya hay un código deontológico, que está traducido a 12 idiomas, y sin embargo parece que acá no lo leyeron”.
Más información sobre el tema, aquí.
El caso del neuquino Marcelo Diez, aquí.
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